NUEVA YORK.- ¿La agitación del mercado lo ha llevado a sentir miedo? Está bien. Es claro que la crisis económica que empezó en 2008 no ha terminado en lo absoluto. Pero usted debería sentir también otra emoción: enojo. Porque lo que hoy vemos es lo que ocurre cuando las personas influyentes se dedican a explotar una crisis en vez de resolverla.

Durante más de un año y medio -desde que el presidente Barack Obama eligió crear déficits, no empleos, el tema central del discurso sobre el Estado de la Unión de 2010-, hemos tenido una conversación pública dominada por preocupaciones presupuestarias, que ignoraba casi por completo el tema desempleo.

El recorrido de la crisis económica de Estados Unidos y de la Eurozona provoca cierta incredulidad desde la mirada de la experiencia argentina de haber transitado un proceso similar. La debilidad de los liderazgos políticos no se origina simplemente por deficiencias en la gestión, en ingenuidad o negación de los responsables de la gestión. Están subordinados a los intereses de las corporaciones financieras, se asemeja a como aquí los gobiernos adquirían a libro cerrado planes económicos confiando el Ministerio de Economía a Bunge&Born, a Domingo Cavallo con la Fundación Mediterránea, a Roque Fernández con el CEMA o a Ricardo López Murphy con FIEL. El saldo fue la peor crisis de la historia económica argentina. Esos economistas con sus respectivos equipos eran asesores del sector privado, y luego de pasar por la función pública volvieron a sus conchabos originales o a revistar en la plantilla de organismos internacionales. Ese trayecto se conoce como la “puerta giratoria” de representantes de los intereses del poder económico, de quienes no habría que esperar otra cosa que medidas que beneficiaran a su grupo de pertenencia. En Estados Unidos se exhibe con mayor transparencia ese estrecho vínculo de funcionarios en áreas claves de la economía con el sistema financiero. Por eso es una ironía que los mismos que provocaron la crisis sean los que se presenten como los portadores de la solución para superarla.

La desregulación del sistema financiero estadounidense fue instrumentada por funcionarios que previamente trabajaron en instituciones bancarias, y ahora son los responsables de administrar la crisis precipitada por esa medida. Larry Summer, secretario del Tesoro de la administración Clinton, ocupó la presidencia del Consejo Nacional Económico de Obama. Fue el promotor de esa desregulación que incluyó la eliminación de la separación entre bancos comerciales y bancos de inversión. Esa medida había sido establecida en 1932 por la ley Glass-Steagall Act, como consecuencia del crac del ’29, y fue suprimida mediante la ley Gramm-Leach-Billey de 1999. En el siguiente cuadro se observa que esa red “puerta giratoria” tiene una continuidad en gobiernos demócratas y republicanos.

George W. Bush tuvo como secretario del Tesoro a Henry Paulson, quien trabajó en Goldman Sachs desde 1974, y era su director cuando ingresó en ese gobierno. En un esclarecedor documento del economista Julio Sevares publicado en la revista Realidad Económica (Nº 260), se explica que dos años antes de convertirse en funcionario Paulson encabezó un grupo de bancos de inversión que presionó por la reducción de los requerimientos de capital propio a las entidades. “La influencia de las finanzas sobre las regulaciones financieras se canalizó a través de los hombres del sector que participaron o participan en los gobiernos”, señala Sevares en “El poder financiero en la desregulación y liberalización de las finanzas”.

Las instituciones financieras tuvieron un papel central en promover la desregulación del sistema con sus ejecutivos convertidos en funcionarios, para luego también ejercer una impresionante capacidad de lobby para obtener el rescate por la crisis que provocaron. Después de la caída del banco de inversión Bear Sterns, las seis entidades más grandes de Estados Unidos (Goldman Sachs, Bank of America, JP Morgan-Chase, Citigroup, Morgan Stanley y Wells Fargo) ejercieron un activo lobby para influenciar en el Congreso y en el gobierno. Sevares revela que ese grupo ha contratado más de 240 ex funcionarios de gobiernos como lobbystas y gastaron centenares de millones de dólares en esa misión. Muchos de ellos “fueron arquitectos del régimen bancario que llevó a la crisis, cuando eran empleados en el Congreso o en puestos del gobierno federal”, afirma Sevares en base a la investigación de Kevin Connor Big bank takeover. How too-big-to-fail’s army of lobbyists has captured Washington, publicada por el Institute for America’s Future. El saldo que ofrece ese documento es impactante: en el conjunto de lobbystas de los seis grandes bancos y sus asociaciones, 243 trabajaron en el gobierno federal, 202 en el Congreso y el resto en la Casa Blanca, el Tesoro o en agencias gubernamentales de relevancia.

Sevares informa que, según la investigación de una organización de defensa y educación del consumidor de los Estados Unidos, en la última década las organizaciones financieras invirtieron 5100 millones de dólares en comprar influencia política. De ese monto, 1700 millones fueron “contribuciones de campaña” a congresistas y candidatos presidenciales, y el resto como pago a los lobbystas del sector financiero en el Congreso y en otras instancias del Estado. “Los congresistas que apoyaron las medidas favorables al sistema financiero recibieron mucho más dinero que los que no las apoyaron”, revela Sevares. Bajo esas normas institucionales, esa práctica no se la denomina corrupción sólo porque está legalizado ese tráfico de influencias y dinero.

No se trata ya sólo de que la aplicación de teorías económicas incorrectas conduce a políticas incorrectas, como se demostró con el neoliberalismo en la década del noventa en Latinoamérica y ahora en Estados Unidos y Europa. Más aún, esas políticas han fomentado las crisis y exacerbaron su profundidad y duración. Ese resultado no es un “accidente”, como sostiene el mundo de las finanzas y sus propagandistas, sino que se explica en que los protagonistas principales de la actual fase del capitalismo dominado por las finanzas globales tratan de preservar y ampliar su poder sin importar los costos que ello implica. Para esa tarea cuentan con la suficiente capacidad de influir en las áreas sensibles de los gobiernos que les permiten mantener sus privilegios, sin importar que al mismo tiempo se desmorone lo poco o mucho de la estructura social de esos países que aún mantienen la categoría de potencias mundiales.

La aparición de un libro de Carlos Vilas constituye siempre un acontecimiento para celebrar. Cuando lo leemos comprobamos una vez más que defiende el interés nacional y las conquistas populares, y que lo hace con seriedad, rigor técnico y muy buena prosa.

Jean Touchard, legendario director del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Paris, solía recordar en su cátedra, que a escala internacional existían dos grandes escuelas de ciencias políticas: la norteamericana y la francesa. El rasgo distintivo de cada una -sostenía- era que la norteamericana estudiaba a fondo, exhaustivamente y con gran rigor en el método, problemas irrelevantes, que importaban a muy pocos. En cambio, la escuela francesa estudiaba con superficialidad temas fundamentales.

Europa está intentando sortear una crisis financiera derivada de la alta exposición de sus bancos a las deudas soberanas de los países de la región. Los problemas se desencadenaron en Grecia, Irlanda y Portugal, pero también se extienden sobre España e Italia, que tienen un peso específico mucho mayor.

Y en este entorno, debe lidiar con muchos problemas para evitar el mal más temido: el contagio de un país al resto de la región. Tarea difícil por partida doble, por un lado, por la acendrada concepción neoliberal que impera en los dirigentes de la UE, y por otro, por las decisiones indiscutidas del sector privado financiero, y dentro de éste, de las calificadoras de riesgo, que acentúan los riesgos sistémicos.
El ajuste es un callejón sin salida, puesto que además de sus altísimos costos sociales, lleva a una caída del producto y de los ingresos fiscales, intensificando aún más los déficits presupuestarios.

La atención de la opinión pública internacional está centrada en el acuerdo pírrico firmado entre Barack Obama y el Congreso mediante el cual el presidente se compromete a aplicar un duro programa de ajuste fiscal, centrado en el recorte de gastos sociales (salud, educación, alimentación) e infraestructura por 2,5 billones de dólares (2.500.000 millones de dólares) pero preservando, como lo exige el Tea Party, el nivel actual del gasto militar y su eventual expansión. A cambio de esto, la Casa Blanca recibió la autorización para elevar el endeudamiento de Estados Unidos hasta 16,4 billones de dólares (es decir, 16.400.000 millones de dólares), cifra superior en unos dos billones al PIB de ese país. Con esto se espera –confiando en la “magia de los mercados”– superar la crisis de la deuda pública y reactivar la languideciente economía norteamericana. Esta receta ya fue implementada a sangre y fuego en América latina y no funcionó; y tampoco lo hizo en la convulsionada Europa de estos días. Con este acuerdo, lo único seguro será el agravamiento de la crisis y, de su mano, la acentuación de la belicosidad norteamericana en el escenario mundial.

El acuerdo para elevar el techo de la deuda federal está a punto de ser aprobado. Si esto sucede, muchos comentaristas anunciarán que se ha evitado la catástrofe. Se estarán equivocando.

Porque el acuerdo en sí, según la información disponible, es una catástrofe, y no sólo para el presidente Barack Obama y su partido. El acuerdo perjudicará a una economía que ya está en recesión, probablemente agrave aún más el eterno problema del déficit norteamericano y, lo que es más importante todavía, al demostrar que la extorsión descarada funciona y no tiene costo político, arrastrará a Estados Unidos por el camino de las repúblicas bananeras.

El libro recientemente publicado del periodista Diego Ramírez "Horacio Giberti: Memorias de un imprescindible" ha tenido una significativa aceptación, no solamente entre los lectores familiarizados con la temática sural, sino con el publico en general.
El volumen –que repasa y contextualiza los principales acontecimientos desde los años previos a la crisis de 1930, hasta el mayo conflicto agropecuario desatado en el país en el 2008- fue editado por el Centro Cultural de la Cooperación y la Universidad Nacional de Quilmes, con los auspicios del Fondo Nacional de las Artes, la Fundación Estado Trabajo y Producción, y el Instituto Argentino para el Desarrollo Económico.
En el nº257 de Realidad Económica se reprodujo como anticipo algunos fragmentos del capítulo 10 “Un período intenso: 1973-1974”. En esta oportunidad publicaremos una parte del capítulo 11 “El avance de la derecha 1975-1983”.

Autopartista

La empresa API SA se encuentra ubicada en Romang, Santa Fe, una ciudad que cuenta con apenas diez mil habitantes. Nació hace sesenta años, a partir de incorporar una técnica que sus primeros dueños llevaron desde Buenos Aires para fundición de hierro. “En ese momento sólo había un cubilote (horno) y trabajaban apenas ocho personas”, explica Julio Erro, responsable actual de la firma. Con esa estructura la empresa incursionó en 2005 en el sector de autopartes. “Gestionamos un crédito Fonapyme del Banco Nación para nuestra primera máquina hoyera automática y mixturador para autopiezas. Fuimos de los primeros”, relata. Hasta el momento se manejaban con financiamiento propio. La máquina costó en el exterior 230 mil dólares y le permitió a la empresa entrar el Grupo Fiat, a quien abastece de 30 piezas para la división de camiones Iveco y tres piezas para los modelos Palio y Siena, tanto los que se producen en el país como en Brasil. Actualmente cuentan con una planta de 90 empleados y gestionan un nuevo crédito para ampliar su capacidad productiva. Ya fueron tentados por el país vecino para instalar la planta allá. “No hay chances, el desarraigo de nuestro pueblo sería terrible”, se sincera Erro. Las firmas Volkswagen y General Motors se contactaron con la empresa para tenerla como proveedora de autopiezas. En estos momentos trabajan con el Grupo Fiat en el desarrollo de los modelos que fabricará la terminal en 2014

Pocas veces en la historia económica argentina se conjugaron altos niveles de crecimiento económico con una mejora sustancial de la matriz productiva. En los últimos años, se exhibe un escenario novedoso: aumento record de la actividad, tanto en porcentaje como en permanencia, y recuperación del aparato productivo. En este marco, la protección de la pequeña y mediana empresa dejó de ser un discurso para ser el centro de las políticas oficiales. Este segmento es vital en el desarrollo económico, lo que puede verificarse en su participación en los países desarrollados. Las pymes constituyen las organizaciones con mayor capacidad de adaptación a los cambios tecnológicos y de generación de empleo, con lo que representan un importante factor de política de distribución de ingresos a las clases media y baja. El principal escollo del sector es la falta de crédito bancario. En un relevamiento realizado por Cash se observa que el Gobierno destinó más de 21 mil millones de pesos en distintas formas de financiamiento y acceso a préstamos.

Las pymes en general, y las dedicadas al sector industrial en particular, comenzaron a adquirir mayor relevancia en la economía argentina en los ’50 y ’60, durante la vigencia del modelo de sustitución de importaciones. Ese desarrollo se vio obstaculizado en las tres décadas subsiguientes, producto de una política que privilegió la importación por sobre la fabricación local, sumada a las recurrentes crisis que vivió el país en esos años. Tras la debacle económica y social de 2001-2002, se inició un nuevo proceso productivo en el que las políticas públicas pusieron a este segmento de empresas en el centro de la escena.

La agencia de calificación Moody’s vaticinó que Portugal necesitará pronto un segundo rescate financiero. Paralelamente, la Bolsa de Valores cayó en picada esta semana y ensombreció más el panorama.

Las agencias de calificación de riesgo estadounidenses parecieran decididas a desestabilizar el euro sea como sea. Si diez días atrás era contra Grecia contra quien volvían a centrar sus ataques, igualando al valor de los bonos de su deuda externa con los “bonos basura”, estos últimos días los golpes fueron lanzados contra Portugal, equiparando sorpresivamente también el nivel de su solvencia para pagar la deuda externa con los “bonos basura”.

“Es como un puñetazo en el estómago”, dijo el flamante primer ministro portugués, el conservador Pedro Passos Coelho, sorprendido por la actitud asumida por una agencia de gran referencia para ‘los mercados’.