El contrabando y el comercio ilícito ganaron peso en la agenda pública durante 2025 y 2026, con estimaciones sectoriales que muestran un fuerte aumento en categorías como celulares, una creciente preocupación de las cámaras empresarias por la competencia desleal y proyectos de ley que atribuyen responsabilidad objetiva o solidaria, o el traslado de facultades de verificación y/o fiscalización, a plataformas digitales. Este informe analiza qué rol pueden cumplir esas plataformas y reconoce que algunos factores macroeconómicos, como la flexibilización cambiaria y la apreciación del peso, ampliaron la brecha de precios con otros mercados, pero se concentra en las oportunidades que ofrece el canal digital para transparentar las transacciones y contribuir a reducir el contrabando. 

En este contexto, el comercio electrónico todavía representa una proporción acotada de las ventas minoristas en la Argentina, pero su crecimiento sostenido le ha permitido alcanzar una escala económica significativa. En 2025, se estima que el canal digital representó cerca del 15,5% de las ventas minoristas -con las limitaciones y el posible sesgo de sobreestimación explicados en el anexo metodológico^[1] -: 15 de cada 100 pesos gastados en comercio minorista pasaron por el canal digital, sobre una base de 25 millones de compradores activos^[2] y con un crecimiento nominal del 55%^[3] que superó la inflación del período y se mantuvo positivo (+9% de crecimiento real en 2025) mientras el comercio físico acumulaba ocho meses consecutivos de caída^[4]. 

El ecosistema digital no es una categoría homogénea. Incluye marketplaces de terceros que organizan o facilitan entornos digitales en los que compradores y vendedores pueden encontrarse y celebrar operaciones; plataformas de soluciones comerciales que permiten a cada vendedor administrar su propio canal de venta; y canales conversacionales, como redes sociales y aplicaciones de mensajería, que facilitan el contacto entre las partes sin necesariamente registrar la operación. La intervención concreta de cada actor depende de su modelo de negocio y de los servicios que efectivamente presta. Por ello, la organización del entorno digital no implica necesariamente que el marketplace sea parte de la compraventa, intervenga directamente en su ejecución o ejerza un control integral sobre las conductas de sus usuarios. Cada arquitectura presenta capacidades diferentes de registro, visibilidad y generación de información, y esa heterogeneidad constituye el punto de partida para evaluar el rol y las obligaciones de cada actor.

La primera parte del informe contextualiza el crecimiento del comercio digital minorista en Argentina: su volumen de ventas y evolución reciente, la estructura de medios de pago, el comercio transfronterizo y el peso creciente del régimen courier. Incluye también una dimensión sobre el peso económico del canal en términos de empleo, ecosistema de vendedores y contribución fiscal. 

La segunda parte aborda el problema de la informalidad económica y la oportunidad que la trazabilidad del comercio electrónico ofrece para reducirla. La informalidad opera en tres dimensiones analíticamente distintas: la informalidad tributaria, el contrabando aduanero y los mercados de producto (grises y negros) con legislación, causas y soluciones diferentes en cada caso. La distinción importa porque el comercio electrónico produce trazabilidad que es estructuralmente relevante para la informalidad tributaria doméstica, pero tiene capacidades muy distintas frente al contrabando y los mercados grises. La sección documenta ese contraste, apoyada en la evidencia microeconométrica más robusta disponible sobre el rol de los intermediarios en el cumplimiento fiscal, y analiza cómo la heterogeneidad del ecosistema (marketplaces, plataformas de infraestructura comercial y canales conversacionales) produce capacidades regulatorias cualitativamente distintas.

La tercera parte analiza los desafíos y oportunidades de política pública que abre ese diagnóstico. El punto de partida es el reconocimiento de que el contrabando y los mercados grises generan pérdidas fiscales significativas, distorsionan la competencia entre el canal formal y el informal y perjudican a quienes operan dentro del marco legal. Frente a esos problemas, algunas propuestas legislativas en Argentina han buscado ampliar las obligaciones y la responsabilidad de las plataformas de comercio electrónico respecto de los productos comercializados por terceros. Para evaluar estas iniciativas es necesario distinguir entre la responsabilidad por infracciones aduaneras ajenas y los deberes propios de identificación, información o actuación frente a irregularidades de las plataformas. El argumento central de esta sección es que esa vía no resulta suficiente para resolver esas problemáticas y puede generar costos desproporcionados cuando se aplica de manera general e indiferenciada, por tres razones: no ataca las causas del fenómeno, que son de naturaleza aduanera y de diseño regulatorio; puede asignar incorrectamente funciones de control cuando exige al intermediario verificar circunstancias ajenas a su intervención o información razonablemente disponible y genera efectos regresivos sobre los vendedores de menor escala, que son quienes más dependen del canal digital para acceder al mercado formal. Esto no excluye obligaciones específicas de identificación de vendedores, información sobre productos, reporte y actuación ante irregularidades. Su justificación debe evaluarse según el riesgo, la intervención de la plataforma y la posibilidad efectiva de cumplimiento, distinguiéndose de la atribución automática de responsabilidad por el contrabando cometido por terceros. Cuando se comercializan localmente bienes previamente importados, la irregularidad aduanera puede anteceder a la intervención de la plataforma y su constatación requerir información que ésta no posee. En las operaciones transfronterizas, en cambio, la plataforma puede intervenir antes del ingreso del bien y disponer de datos útiles para su control. Los mercados grises, por su parte, responden a brechas de precios generadas por cargas tributarias asimétricas y barreras de homologación que hacen del canal informal una opción más conveniente para los compradores y vendedores que el formal. Frente a ello, existe una vía con mayor potencial para producir resultados: aprovechar la información que el Estado ya recibe a través de los regímenes de información vigentes, desarrollados de manera incremental desde 2018, y de distintos esquemas de cooperación con actores del ecosistema digital (procesadores de pago, billeteras virtuales y plataformas). Esa información ya está disponible. El desafío es construir la capacidad institucional para integrarla con los registros aduaneros y tributarios y orientar así el control hacia los operadores y las operaciones de mayor riesgo. La sección 3.1 desarrolla el análisis de los modelos de responsabilidad de intermediarios y explica por qué ninguno resuelve los problemas de informalidad e ilegalidad que motivaron su discusión. La sección 3.2 describe los regímenes de información, los mecanismos de recaudación anticipada y los esquemas de cooperación vigentes. La sección 3.3 analiza el caso específico del contrabando y sus límites frente a la trazabilidad digital. La sección

3.4 propone cuatro líneas de política concretas: 

1. Fortalecer la inteligencia aduanera mediante una mayor interoperabilidad entre ARCA, la Dirección General de Aduanas y los organismos técnicos de control a la información transaccional que el ecosistema digital ya produce, para construir perfiles de riesgo por operador y pasar de controlar paquetes a identificar patrones.
2. Redefinir los incentivos que alimentan el contrabando y los mercados grises, alineando el régimen courier con el régimen comercial, garantizando el reconocimiento recíproco de certificaciones internacionales y evaluando periódicamente la proporcionalidad de regulaciones técnicas que operan como barreras de entrada.
3. Acompañar la formalización de vendedores pequeños mediante procedimientos simplificados y materiales oficiales de asistencia desarrollados por ARCA, con la eventual colaboración voluntaria de las plataformas en la difusión de información general, recordatorios y enlaces a canales oficiales, cuando ello resulte técnica y operativamente viable. 
4. Construir un sistema de observación permanente del comercio digital, encomendando a INDEC, con la eventual participación voluntaria de ARCA, la CACE y otros actores privados, una estimación anual de la distribución del comercio minorista por canal siguiendo la metodología del Manual OCDE-UNCTAD-FMI-OMC de 2023. 

Tratar la economía digital como un sector separado de la economía real es cada vez más costoso en términos de política pública. El canal digital ya produce trazabilidad, ya retiene impuestos y coopera con organismos del Estado. La pregunta que guía este informe es cómo institucionalizar esa integración de manera que contribuya a fortalecer la recaudación, reducir la informalidad y preservar el acceso al mercado formal de productores, vendedores y consumidores. 

Nota sobre las fuentes. El informe utiliza estadísticas oficiales, literatura académica y estudios de cámaras empresariales y empresas. Estos últimos aportan información relevante, pero sus resultados se interpretan considerando su cobertura, metodología e interés institucional. Los indicadores corporativos de actividad, empleo o moderación no equivalen por sí solos a estimaciones de impacto causal o de prevalencia del comercio irregular.