¿Un futuro para las escuelas?

Pablo Imen * (Especial para sitio IADE-RE) | El siguiente análisis es una versión actualizada del trabajo publicado en mayo de 2017 en nuestro sitio web bajo el título La política educativa de Cambiemos y las enseñanzas de Abraham Lincoln.

“El Consejo Federal de Educación, reunido en Purmamarca, afirma la unánime voluntad de construir sobre lo construido a lo largo de estos años, en pos de concretar los desafíos pendientes…” Así se iniciaba el texto de una declaración del órgano que reúne a las y los ministros provinciales y al Ministro de Educación Nacional el 12 febrero de 2016: se reconocían expresamente avances valiosos en materia de política educativa durante el período anterior y se asumía un compromiso en su sostenimiento.

¿Cuáles fueron los rasgos de la “herencia kirchnerista” en esta materia? La política educacional 2003-2015 contiene[1] como elementos centrales: i. la producción de una legislación abundante con una fuerte orientación a la ampliación de derechos[2] ; ii. Creación de nuevos programas y dispositivos tendientes a democratizar y enriquecer la vida de la institución escolar (especialmente los programas socioeducativos como orquestas, clubes juveniles y radios, etc.); iii. Mejoramiento de las condiciones laborales docentes; iv. Una tendencia a la reunificación del sistema educativo nacional; v. Un incremento sostenido del financiamiento educativo; vi. La definición de mecanismos compensatorios de financiamiento para las provincias más pobres; vii. Una intensificación de la inversión en infraestructura y equipamiento escolar; viii. La generación de modelos de construcción de la política pública en diálogo con otros actores, especialmente los sindicatos docentes[3] y las universidades públicas.  Es importante recordar que el proceso se inició en 2003, y fue un modo de salida de una crisis orgánica del orden neoliberal-conservador aplicado, con más o menos represión, entre el golpe de Estado de 1976 hasta su estallido, los días 19 y 20 de diciembre de 2001.[4]

El triunfo de Cambiemos puede ser explicado por muchas razones, pero sin duda su eficacia comunicacional fue un factor relevante en el balance. El discurso de campaña tuvo vaivenes contradictorios pero hay una serie de afirmaciones que no pueden ser obviadas en este análisis: la promesa de no quitar derechos y proteger a los más vulnerables o de conservar lo que se había hecho bien. En un spot, por ejemplo, el entonces candidato afirmaba que los maestros “son un ejemplo para los chicos” y agregaba: “Todos los maestros van a ser respetados, cuidados y bien remunerados: ese es mi compromiso”.

Si bien en la Declaración de Purmamarca se formulaba la inminente implantación de una “revolución educativa”, el primer párrafo transcripto al inicio de esta columna parecía reconocer y respetar avances de los gobiernos anteriores. A pesar de esta promesa comenzó un proceso de desmantelamiento del orden educativo heredado para dar lugar a una reconfiguración novedosa que combinaba en dosis variables decires y (des)haceres.

Un discurso brutal

A mediados de septiembre de 2016, en Choele-Choel Bullrich dijo que: “Hace muy poquito cumplimos 200 años de nuestra independencia y planteábamos con el presidente que no puede haber independencia sin educación, y tratando de pensar en el futuro, esta es la nueva Campaña del Desierto, pero no con la espada sino con la educación”.

Al mes siguiente, en octubre, el ministro vino a proponer una hipótesis que declaraba fuera de todo reconocimiento el legado político educativo de Julio Argentino Roca y Domingo Faustino. En un encuentro ante empresarios, Bullrich afirmó que: “No tenemos que dormirnos en la leyenda del sistema educativo argentino, hay que cambiarlo, no sirve más…no sirve más…está diseñado para hacer chorizos, una máquina de hacer chorizos, todos iguales. ¿Por qué? Porque así se diseñó el sistema educativo, se diseñó para hacer empleados en empresas que tenían que repetir una tarea todo el día, que usaban el músculo, no el cerebro. Y nunca lo cambiamos”. Esto lo dijo en el marco del 52° coloquio empresarial de IDEA.

En noviembre el ministro intervino en la 22° Conferencia de la Unión Industrial Argentina y dijo: “Queremos que la educación argentina sea una de las mejores del mundo. Si tenemos la mejor educación tendremos las mejores empresas del mundo. Para eso debemos preparar recursos humanos de excelencia. Debemos recorrer juntos el camino. Estoy agradecido de estar parado acá. Me paro ante ustedes como gerente de recursos humanos, no como Ministro de Educación”.

Estas intervenciones dejan entrever algunas claves del proyecto político educativo y pedagógico que se propone desplegar Cambiemos, cuya inspiración, contenido y método están lejos de las promesas de campaña del Presidente y también de las promesas de la Declaración de Purmamarca acerca de construir sobre lo construido. En orden de anuncios, y de hechos comprobables, la primera cuestión es su decisión de barrer – campaña del desierto educativo mediante- con todo lo que la propuesta oficial considera “bárbaro” (para ponerlo en términos de la dicotomía justificatoria contenida en el dilema “civilización o barbarie”). Veamos algunas acciones.

El despido masivo de equipos del Ministerio de Educación tuvo como uno de los efectos el virtual desmantelamiento de programas enteros que tenían una cobertura nacional pero no a través de su cierre formal sino  por vaciamiento, conservando un lugar en el organigrama ministerial. Desde julio de 2016 se procedió de modo sostenido a la reducción de las plantillas de los programas de Memoria, Coordinación de Publicaciones, Educación Sexual Integral, Educación y Prevención de Adicciones, Comunidad y convivencia escolar y Plan de Lectura y las modalidades educativas de Educación Intercultural Bilingüe, Educación Artística, Contextos de Encierro y Educación de Jóvenes y Adultos, entre otras líneas de acción.

La descalificación del sistema educativo tradicional, vigente hasta la gestión del propio Bullrich según la visión del propio Ministro, se reflejó en más acciones concretas, entre otras la restricción presupuestaria: ni actualizó la inflación desbocada en 2016 (se proyectó un 23 y fue más del 40%) y, adicionalmente, se subjecutaron 12.000 millones de pesos sobre un presupuesto de algo más de 100.000 millones.

Las jurisdicciones provinciales fueron depositarias de la decisión sobre qué programas sostener o cerrar tras la combinación de descentralización y desfinanciamiento. Hay un elemento importante más, que aunque no sea enteramente novedoso pasa a tomar relevancia en el marco de la actual política educativa: se trata de la introducción del mercado en la vida de los sistemas educativos. Programas como Junior Achievement – tendiente a la formación de emprendedorxs – o Enseñá por Argentina – un voluntariado docente que acompaña a educadores reconocidos en las aulas a un tercio del salario formal- son  expresiones claras de la orientación pro-mercado. En un mismo sentido se registraron reuniones del propio presidente Macri con los dueños de Microsoft, de Google, de Facebook – entre otros- para abrir nuevas oportunidades de negocios en el muy rentable campo de la educación.

¿Un gobierno dialoguista?

Otra de las promesas de Macri fue la de superar la “grieta” que divide a las y los argentinos a través de una actitud de diálogo frente a las diferencias. La desaparición de Santiago Maldonado no es un rayo en un día de sol sino un momento de la escalada creciente en la violencia estatal como recurso para administrar el conflicto social y político.

En el campo de la educación y de la política educativa ocurrió un mismo fenómeno: en lugar de diálogo hubo acciones de una violencia inusitada: despidos, descalificaciones públicas junto al incumplimiento de normas vigentes, el ingreso armado a Universidades Públicas en actitud amenazante e incluso la represión violenta como ocurrió con la instalación de la Escuela Itinerante.  

Tampoco se plasmó el diálogo prometido en (inexistentes) paritarias nacionales  están establecidas en la Ley de Educación Nacional y en la Ley de Financiamiento Educativo. Tal definición abrió una serie de conflictos, dado que la paritaria: i. tiene elementos de alcance nacional, como los fondos provistos a provincias con mayores dificultades o inversiones que se realizan desde el propio ministerio; ii. Además de discutir un piso salarial se han planteado y acordado políticas de formación docente; iii. La no realización de la paritaria generó profundos conflictos en las provincias, que carecían de parámetros para negociar las respectivas condiciones en cada lugar.  La negativa del Ministro a entablar negociaciones establecidas por ley agudizó el conflicto que ya venía marcado por un techo salarial inaceptable de 18%. El año pasado las paritarias rondaron el 30% y la inflación fue de más del 41%, generando una pérdida de alrededor del 10% del poder adquisitivo del salario. Este año se prevé una inflación que puede llegar al 30% pese que el gobierno ha definido metas de inflación que varía entre un 12 y un 17%.

La síntesis de toda esta política es evidente: se avanzó en el desmantelamiento de lo construido en los últimos doce años. No es que la política educativa realizada entre 2003 y 2015 haya resuelto todos los problemas de la educación entendida como derecho humano, social y ciudadano. Tampoco se logró avanzar en un modelo pedagógico propio, endógeno, liberador tal como requiere la segunda emancipación americana. Pero se dieron pasos en esa dirección. Lo que se hizo fue insuficiente pero marcaba un rumbo que privilegió a los sectores más vulnerables e interpeló a la sociedad –y a los y las docentes- para ampliar de modo persistente la ampliación de los derechos y una transformación política y cultural que plasmara una democracia protagónica y participativa.

El camino emprendido por Cambiemos ha decidido volver sobre la marcha restauradora del neoliberalismo pero en un lenguaje contradictorio que oscurece mensajes y lecturas. El Plan Maestro – un documento contradictorio que el Ejecutivo presenta para su tratamiento parlamentario como norte de la política educativa- define a la educación como “derecho humano fundamental”. Tales palabras nunca hubiesen salido de la boca de los neoliberal-conservadores que gobernaron este país en el último cuarto del siglo XX. El uso de palabras seductoras para políticas con efectos contrarios parece ser un recurso de gran eficacia de Cambiemos. Las Escuelas del Futuro como reforma del nivel secundario en CABA atraviesan una misma modalidad esquizofrénica.

CABA como caballo de Troya: ¿qué escuelas para qué futuro?

En un sólido artículo publicado en Revista Anfibia, Naimid Cirelli advierte que hubo una mesa de trabajo conjunta en diciembre de 2016 para algunos puntos centrales planteados por los estudiantes: la situación edilicia, la aplicación de la Ley  de Educación Sexual Integral, problemas de becas y viandas así como problemáticas de género. En esta nota titulada “Los pibes se plantan” Cirelli advierte que tales encuentros “se repitieron cada tres semanas, las galletitas dejaron de estar en la mesa y las discusiones se pusieron tensas con actas sin firmar. La ministra Soledad Acuña no participaba de los encuentros y los asesores no daban respuestas concretas. Desde que se filtró el documento de la reforma en julio hubo dos reuniones. En ambas los jóvenes pidieron información.”  La respuesta de los asesores fue “es un proyecto que está muy verde”. Pero los medios se enteraron antes que la comunidad educativa, y circuló un PDF en el que se afirmaba: “El 50% del tiempo escolar destinado a la aplicación de los aprendizajes en empresas y organizaciones según talentos e intereses de cada alumno y 50% de tiempo escolar destinado a desarrollar habilidades y proyectos relacionados al emprendedurismo”.

Como reguero de pólvora, sonaron las alarmas que desataron las primeras respuestas del movimiento estudiantil. Frente al silencio ministerial se optó por la alternativa de la movilización y las tomas de establecimientos educativos. Ciertamente, no era un recurso novedoso: en 2008 tales acciones lograron frenar el recorte de becas escolares; en 2010 que la justicia emplace al gobierno a realizar impostergables reformas edilicias; en 2012 hizo retroceder una imposición de reforma curricular inconsulta. Las de 2017 se inscribían así en un método que había sido el único modo de frenar avances de inspiración neoliberal-conservadora con un gobierno que, lejos de  practicar el diálogo, ha entablado más bien relaciones de persecución y represión frente a la emergencia del conflicto.

Las causas de la movilización estudiantil expresaron un rechazo rotundo a su carácter inconsulto, a su estilo ciertamente improvisado y a la existencia de definiciones controvertidas como la formación en emprendedurismo.  La discusión sobre el emprendedurismo remite a la idea – traducida en el término “emprendizaje” – que el sistema educativo debe dar herramientas para que cada quién resuelva, según una mezcla de suerte, audacia, tesón y resignación, sus propias condiciones de existencia. En esta teoría, el problema del empleo no responde a unas definiciones establecidas por la política pública económica sino al empeño de cada quién en forjar su destino. Neoliberalismo en estado puro.

Más allá del carácter inconsulto, improvisado, autoritario y mercantilista de esta reforma hay un rasgo más que lamentar en un proceso de final abierto. Es que hay una cantidad de conceptos vertidos en sus páginas que aciertan en la crítica a la secundaria tradicional. Y junto a la crítica –y al reconocimiento de la legislación existente- emergen interesantes propuestas orientadas a la reformulación en el uso del tiempo y del espacio, al uso de dispositivos pedagógicos innovadores, al trabajo docente colectivo, a una epistemología que supere la fragmentación del conocimiento. La enumeración no es exhaustiva, pero el texto se desborda de ideas de gran calado transformador aunque existe un silencio estruendoso alrededor de temas sustantivos. ¿Con qué recursos se hará esa propuesta? ¿qué mecanismos de formación docente permitirá reconfigurar el modelo de trabajo individualista y más bien teoricista?¿en qué espacios de han de inventar las formulaciones que se sugieren allí? Nada de esto está en el documento, que se legitima en investigaciones de intelectuales de claro posicionamiento crítico, progresista, emancipatorio. Entonces hay un juego de formulaciones aspiracionales profundas y ningún recurso, proceso ni tiempo que hagan posible avanzar en esa dirección.

Cabe consignar que el modelo de trabajo docente promovido no tiene previsto en La Escuela que Queremos los más elementales recaudos para impulsar las novedades que propone el Ministerio. Por el contrario, muchos de los cambios promovidos impactarán negativamente en las seguridades laborales que otorga el Estatuto del Docente. La propuesta, tal como está, pone en riesgo las propias condiciones laborales de los y las educadoras. Entre promesas evanescentes y riesgos muy ciertos discurre un futuro difícil para el profesorado. Los sindicatos lo ven y lo denuncian.

Todos estos elementos revelan un modo de construcción de la política pública: el ministerio diseñó una reforma de gran calado, con aspectos muy controvertidos que se fueron modificando conforme aumentaba el descontento en la comunidad educativa. Se difundió a los medios antes que en el sistema educativo, se lo realizó a través de un power point que fue mutando en sucesivos documentos con cambios importantes entre una y otra versión. El carácter improvisado del texto no estimuló a convocar a la participación, más bien al contrario. Con la elevación de la oposición a la reforma se intentó judicializar el conflicto – estrategia impugnada por la jueza Elena Liberatori- y acallar las cada vez más masivas oposiciones.

Se pronunciaron en contra los sindicatos docentes, pedagogxs, el Consejo Superior de la Facultad de Filosofía y Letras donde está la carrera de Ciencias de la Educación, asociaciones de padres, organizaciones sociales y nada de esto fue tenido en cuenta por el gobierno que hasta el día de hoy – octubre de 2017- se sigue amenazando con la aplicación a partir de marzo del año próximo.

Este modelo de imposición se da de bruces con el documento ministerial titulado, paradójicamente, “La escuela que queremos” en el cual se plantea que “la propuesta de cambio organizacional debe hacerse con la participación de las instituciones y los actores que la conforman”. La formulación no puede ser más contradictoria con los hechos y decisiones que impone autocráticamente el Poder Ejecutivo de la Ciudad, avalado por el Gobierno Nacional.

Las principales espadas oficialistas –funcionarios, periodistas, académicos- han defendido la propuesta detrás de  la crítica furibunda a la vieja escuela, la exigencia de una renovación imperiosa y la idea de que tal renovación sólo puede ser una: la sugerida por los expertos de Cambiemos. Toda otra definición es errónea, y, peor aún, es “política”. Es lógico, el modelo neoliberal, neoconservador y neocolonial que sostiene el programa de gobierno de Cambiemos se funda en una perspectiva tecnocrática que niega -en nombre de una política incuestionable y necesariamente verdadera- el lugar de la política y del conflicto. Es sabido que las fórmulas neoliberales aplicadas en los años noventa han despreciado y obturado cualquier objeción a unas políticas que llevaron al país y a la región a una catástrofe social, política y productiva sin precedentes. En los primeros años de este siglo XXI en Argentina, como en toda la región, aquella perspectiva presuntamente neutral fue impugnada de hecho por la instalación de la política como sustancia de una democracia verdadera. En los gobiernos progresistas, la política era y es parte de una educación  verdaderamente emancipadora, es requisito para una sociedad que se potencia con la formación de ciudadanos-gobernantes capaces de defender sus derechos y un proyecto colectivo. Entre los jóvenes ese espíritu se revive en la resistencia a esta reforma. Al decir de Abru – protagonista del artículo de Cirelli arriba citado: “En las aulas se habla de política y ahora hay una idea de que las pibas y los pibes no sabemos nada o que cualquiera puede meternos ideas en la cabeza. Cuando desapareció Santiago Maldonado lo hablamos todos los días, porque era un joven y eso a nosotros nos toca de cerca. Nosotros tenemos debates, paneles, reuniones y asambleas como espacios donde informarnos y discutir, no siempre estamos de acuerdo. Pero sabemos que cualquier colegio que este organizado y tenga un centro de estudiantes va generar un pensamiento crítico”. De eso se trata, para nosotros, la escuela del futuro: de una institución que forme para la libertad y la participación.

 

* Centro Cultural de Cooperación (CCC) – Universidad de Buenos Aires (UBA).


[1] Aquí nos remitimos a una mera enunciación de lineamientos y propuestas principales, sin ahondar en el análisis de la política educativa del período 2003-2015. Más bien es un diálogo con la afirmación del Consejo Federal de Educación del respeto a lo construido y, en tal sentido, aportamos algunos de los aspectos de la política educativa que fue objeto de reconocimiento discursivo.

[2] Son las regulación más importantes: Ley25.864 de fijación de un ciclo lectivo de 180 días de clase anuales; Ley 26.058 de Educación Técnico Profesional; Ley 26.075 de Financiamiento Educativo; Ley 25.150, Programa de Educación Sexual Integral; Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes; la Ley 26.206 de Educación Nacional y la Ley 27.204 de Implementación Efectiva de la Responsabilidad del Estado en el nivel de Educación Superior.

[3] El caso más relevante es la  compleja negociación paritaria docente que fue trascendiendo la negociación por los salarios y se proyectó a iniciativas conjuntas, como las propuestas de formación docente. El Plan Nacional de Formación Docente se desplegó en este marco y promovió interesantes creaciones que iban constituyendo una modalidad diferente de construcción de la política pública.

[4] Algunos indicadores nos eximen de mayores comentarios: 24% de desocupación; 53% de hogares por debajo de la línea de pobreza (y si el foco se ceñía al universo de niños y jóvenes, la pobreza trepaba a más del 70% de niños, niñas, adolescentes y jóvenes); un aparato productivo destruido, un Estado vaciado, la subordinación explícita a los poderes internacionales, etc. Tal mapa permite comprender que los límites de una política pública antipopular sólo pueden ser impuestos por la decidida resistencia de las mayorías populares, como ocurrió a fines de 2001.