La política educativa de Cambiemos y las enseñanzas de Abraham Lincoln

Pablo Imen * (Especial para sitio IADE-RE) | El desmantelamiento educativo y la formulación de una política sobre la marcha restauradora del neoliberalismo.

“El Consejo Federal de Educación, reunido en Purmamarca, afirma la unánime voluntad de construir sobre lo construido a lo largo de estos años, en pos de concretar los desafíos pendientes…”. Así se iniciaba el texto de una declaración del órgano que reúne a las y los ministros provinciales y al Ministro de Educación Nacional el 12 febrero de 2016. Bajo la responsabilidad política primaria de Esteban Bullrich la primera acción pública de carácter nacional planteaba dos cuestiones relevantes. En primer lugar, que en el curso de los gobiernos kirchneristas hubo avances valiosos en materia de política educativa. En segundo, que tales conquistas serían respetadas por la nueva gestión de la educación.

En los años 2003-2015 el país –en consonancia con el rumbo regional- desarrolló cambios en su política pública. En materia de política educacional caben ser destacados[1] algunos elementos relevantes, entre otros: 1) la producción de una legislación abundante con una fuerte orientación a la ampliación de derechos (extensión de la obligatoriedad escolar, provisión de libros y notebooks, etc.) [2] ; 2) Creación de nuevos programas y dispositivos tendientes a democratizar y enriquecer la vida de la institución escolar (especialmente los programas socioeducativos como orquestas, clubes juveniles y radios, etc.); 3) Mejoramiento de las condiciones laborales docentes; 4) Tendencia a la reunificación del sistema educativo nacional; 5) Incremento sostenido del financiamiento educativo; 6) Definición de mecanismos compensatorios de financiamiento para las provincias más pobres; 7) Intensificación de la inversión en infraestructura y equipamiento escolar; 8) Generación de modelos de construcción de la política pública en diálogo con otros actores, especialmente los sindicatos docentes[3] y las universidades públicas.

Esta política educativa se inscribía, desde luego, en una política pública general fundada sobre unos valores, inspiradas en determinados principios que se expresaban en todos los campos del gobierno.

Es importante recordar que el proceso se inició en 2003, y fue un modo de salida de una crisis orgánica del orden neoliberal-conservador aplicado, con más o menos represión o consenso, entre el golpe de Estado de 1976 hasta su estallido, los días 19 y 20 de diciembre de 2001.[4]

El acotado triunfo de Cambiemos puede ser explicado por muchas razones, pero sin duda la eficacia comunicacional ha sido un elemento decisivo para dar cuenta del resultado final en la segunda vuelta en este acontecimiento. El discurso de campaña tuvo, en efecto, vaivenes contradictorios pero hay una serie de afirmaciones que no pueden ser obviadas en este análisis: la promesa de no quitar derechos y proteger a los más vulnerables; de conservar lo que se había hecho bien. En un spot, por ejemplo, el entonces candidato afirmaba que los maestros “son un ejemplo para los chicos” y agregaba: “Todos los maestros van a ser respetados, cuidados y bien remunerados: ese es mi compromiso”.

En materia de política educativa el encuentro de Purmamarca fue el primer ejemplo de la brecha entre discursos – en primer lugar- y entre discursos y hechos, por otro lado.

Si bien en la Declaración de Purmamarca se formulaba la inminente implantación de una “revolución educativa”, el primer párrafo parecía reconocer y respetar avances de los gobiernos anteriores. A pesar de esta promesa comenzó un proceso de desmantelamiento del orden educativo heredado para dar lugar a una reconfiguración novedosa que combinaba en dosis variables decires y (des)haceres.

Un discurso brutal

A mediados de septiembre de 2016, en Choele-Choel, Bullrich dijo que “hace muy poquito cumplimos 200 años de nuestra independencia y planteábamos con el presidente que no puede haber independencia sin educación, y tratando de pensar en el futuro, esta es la nueva Campaña del Desierto, pero no con la espada sino con la educación”.

Al mes siguiente, en octubre, el ministro vino a proponer una hipótesis que declaraba fuera de todo reconocimiento el legado político educativo de Julio Argentino Roca y Domingo Faustino Sarmiento. En un encuentro ante empresarios, Bullrich afirmó: “No tenemos que dormirnos en la leyenda del sistema educativo argentino, hay que cambiarlo, no sirve más…no sirve más…está diseñado para hacer chorizos, una máquina de hacer chorizos, todos iguales. ¿Por qué? Porque así se diseñó el sistema educativo, se diseñó para hacer empleados en empresas que tenían que repetir una tarea todo el día, que usaban el músculo, no el cerebro. Y nunca lo cambiamos”. Esto lo dijo en el marco del 52° coloquio empresarial de IDEA.

En noviembre el ministro intervino en la 22° Conferencia de la Unión Industrial Argentina y expresó: “Queremos que la educación argentina sea una de las mejores del mundo. Si tenemos la mejor educación tendremos las mejores empresas del mundo. Para eso debemos preparar recursos humanos de excelencia. Debemos recorrer juntos el camino. Estoy agradecido de estar parado acá. Me paro ante ustedes como gerente de recursos humanos, no como ministro de Educación”.

Estas intervenciones dejan entrever algunas claves del proyecto político educativo y pedagógico que se propone desplegar Cambiemos, cuya inspiración, contenido y método están lejos de las promesas de campaña del presidente y también de las promesas de la Declaración de Purmamarca acerca de construir sobre lo construido.

En orden de anuncios, y de hechos comprobables, la primera cuestión es su decisión de barrer –campaña del desierto educativa mediante- con todo lo que la propuesta oficial considera “bárbaro” (para ponerlo en términos de la dicotomía justificatoria contenida en el dilema “civilización o barbarie”).

Del dicho al hecho

Más allá de las promesas de construir sobre lo construido o, por el contrario, de denunciar la inviabilidad del viejo sistema educativo y su necesidad de modernización en clave neoliberal, hay hechos que marcaron evidentes novedades en materia de recomposición tecnocrática y mercantilista.  Veamos algunas acciones.

El despido masivo de equipos del Ministerio de Educación tuvo como uno de los efectos el virtual desmantelamiento de programas enteros que tenían una cobertura nacional. Digamos además que tuvo un formato novedoso que se expresó no en el cierre formal de los programas sino en su vaciamiento conservando un lugar en el organigrama ministerial: desde julio de 2016 se procedió de modo sostenido a la reducción de las plantillas de los programas de Memoria, Coordinación de Publicaciones, Educación Sexual Integral, Educación y Prevención de Adicciones, Comunidad y convivencia escolar y Plan de Lectura y las modalidades educativas de Educación Intercultural Bilingüe, Educación Artística, Contextos de Encierro y Educación de Jóvenes y Adultos, entre otras líneas de acción.

La descalificación del sistema educativo tradicional, vigente hasta la gestión del propio Bullrich según la visión del ministro, se reflejó en más acciones concretas. Además de la reducción de muchos programas nacionales a una mera presencia en el organigrama, se acompañó esta medida con la restricción presupuestaria doble. Por un lado, el presupuesto 2015-2016 preveía una inflación algo mayor al 20% y los incrementos reales de inflación -ocurridos a partir de la política económica de Cambiemos- casi duplicó el costo de vida, hecho que no se tomó en cuenta a los fines de actualizar los fondos destinados a educación. Pero como si todo esto fuera poco, se subejecutaron 12.000 millones de pesos sobre un presupuesto de algo más de 100.000 millones.

El desmantelamiento –no total pero sustantivo- de los programas nacionales tuvo su contracara financiera (con la subjecución presupuestaria) y se completó con la decisión de depositar en cada provincia la definición acerca de continuidad o no de los mismos. Esta descentralización que expresa la voluntad de correr al Ministerio Nacional de Educación de darle una perspectiva nacional a la política educativa y, al mismo tiempo, responsabilizar a las provincias por la continuidad de los programas tiene un tercer aspecto poco explorado pero tangible. Se trata de la introducción del mercado en la vida de los sistemas educativos. Programas como Junior Achievement –tendiente a la formación de emprendedorxs– o Enseñá por Argentina –un voluntariado docente que acompaña a educadores reconocidos en las aulas a un tercio del salario formal- son expresiones claras de la orientación pro-mercado. En un mismo sentido se registraron reuniones del propio presidente Macri con los dueños de Microsoft, de Google, de Facebook, entre otros, para abrir nuevas oportunidades de negocios en el muy rentable campo de la educación.

¿Un gobierno dialoguista?

Otra de las promesas de Macri fue la de superar la “grieta” que divide a las y los argentinos a través de una actitud de diálogo frente a las diferencias. Un problema significativo de esta definición es que presupone que habiendo intereses antagónicos la disputa se resuelve hablando. Esta declaración resulta un modo poco sutil de gestión de conflictos estructurales e históricos. Si apreciamos las medidas tomadas por el gobierno de Cambiemos veremos que tal diálogo no existió o ha sido formal. En los primeros meses se avanzó en políticas de megadevaluación, quita de retenciones, despidos masivos en el Estado, elevación de las tarifas de servicios públicos, apertura de la economía, contención de las luchas salariales. Tales decisiones tuvieron efectos, ganadores y perdedores muy claros que implicaron un cambio de dirección radical de la política pública. Si en el modelo previo el mercado interno tenía un papel central en el régimen de acumulación, aquí se privilegia la ganancia empresarial como clave para un posterior derrame. ¿Con quién se habló para este giro copernicano de la política? Sabemos que las organizaciones de trabajadores y muchas fuerzas políticas opositoras no acuerdan ahora ni antes acerca del rumbo económico emprendido. Macri esgrimió como argumento que él ganó las elecciones y tiene derecho a establecer el plan económico. Y si es cierto que ganó elecciones, lo hizo prometiendo que no iba a quitar derechos, que iba a cuidar a todos, al empleo, a los más vulnerables, etc.

En el campo de la educación y de la política educativa ocurrió un mismo fenómeno: en lugar de diálogo hubo acciones de una violencia inusitada – que ya reflejamos parcialmente-: despidos, descalificaciones públicas junto al incumplimiento de normas vigentes, etc.

Tal es el caso de las paritarias nacionales que están establecidas en la ley de Educación Nacional y en la ley de Financiamiento Educativo.

La negativa persistente del gobierno nacional se ha fundado sobre dos argumentos: que en la última paritaria se incluye una cláusula automática de actualización salarial y que el Ministerio no tiene escuelas y el financiamiento está efectivamente descentralizado. Tal definición abrió una serie de conflictos, dado que la paritaria: 1) tiene elementos que poseen carácter nacional, como los fondos provistos a provincias con mayores dificultades o inversiones que se realizan desde el propio ministerio; 2) además de discutir un piso salarial se han planteado y acordado políticas de formación docente, hecho que, como se dijo, ha significado una innovación valiosa en el modo de construir la política pública; 3) la no realización de la paritaria generó profundos conflictos en las provincias, que carecían de parámetros para negociar las respectivas condiciones en cada lugar.

La negativa del ministro a entablar negociaciones establecidas por ley agudizó el conflicto que ya venía marcado por un techo salarial inaceptable de 18%. El año pasado las paritarias rondaron el 30% y la inflación fue de más del 41%, generando una pérdida de alrededor del 10% del poder adquisitivo del salario. Este año se prevé una inflación que puede llegar al 30% pese a que el gobierno ha definido metas de inflación que varían entre un 12 y un 17 por ciento.

La síntesis de toda esta política es evidente: se avanzó en el desmantelamiento de lo construido en los últimos doce años. No es que la política educativa realizada entre 2003 y 2015 haya resuelto todos los problemas de la educación entendida como derecho humano, social y ciudadano. Tampoco se logró avanzar en un modelo pedagógico propio, endógeno, liberador tal como requiere la segunda emancipación americana. Pero se dieron pasos en esa dirección. Lo que se hizo fue insuficiente pero marcaba un rumbo que privilegió a los sectores más vulnerables e interpeló a la sociedad –y a los y las docentes- para ampliar de modo persistente los derechos y una transformación política y cultural que plasmara una democracia protagónica y participativa.

El camino emprendido por Cambiemos ha decidido volver sobre la marcha restauradora del neoliberalismo, pero en un lenguaje discordante que oscurece mensajes y lecturas. El Plan Maestro –un documento contradictorio que el Ejecutivo presenta para su tratamiento parlamentario como norte de la política educativa- define a la educación como “derecho humano fundamental”. Tales palabras nunca hubiesen salido de la boca de los neoliberal-conservadores que gobernaron este país en el último cuarto del siglo XX. El uso de palabras seductoras para políticas con efectos contrarios parece ser un recurso de gran eficacia de Cambiemos. Así ganaron las elecciones. El gran interrogante es cuánto tiempo podrán prolongar una política fundada sobre el engaño. Al decir de Abraham Lincoln: se puede engañar a muchos poco tiempo, a pocos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo.

 

* Centro Cultural de Cooperación (CCC) – Universidad de Buenos Aires (UBA)


[1] Aquí nos remitimos a una mera enunciación de lineamientos y propuestas principales, sin ahondar en el análisis de la política educativa del período 2003-2015. Más bien es un diálogo con la afirmación del Consejo Federal de Educación del respeto a lo construido y, en tal sentido, aportamos algunos de los aspectos de la política educativa que fue objeto de reconocimiento discursivo.

[2] Son las regulaciones más importantes: ley 25.864 de fijación de un ciclo lectivo de 180 días de clase anuales; ley 26.058 de Educación Técnico Profesional; Ley 26.075 de Financiamiento Educativo; ley 25.150, Programa de Educación Sexual Integral; ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes; la ley 26.206 de Educación Nacional y la ley 27.204 de Implementación Efectiva de la Responsabilidad del Estado en el nivel de Educación Superior.

[3] El caso más relevante es la compleja negociación paritaria docente que fue trascendiendo la negociación por los salarios y se proyectó a iniciativas conjuntas, como las propuestas de formación docente. El Plan Nacional de Formación Docente se desplegó en este marco y promovió interesantes creaciones que iban constituyendo una modalidad diferente de construcción de la política pública.

[4] Algunos indicadores nos eximen de mayores comentarios: 24% de desocupación; 53% de hogares por debajo de la línea de pobreza (y si el foco se ceñía al universo de niños y jóvenes, la pobreza trepaba a más del 70% de niños, niñas, adolescentes y jóvenes); un aparato productivo destruido, un Estado vaciado, la subordinación explícita a los poderes internacionales, etc. Tal mapa permite comprender que los límites de una política pública antipopular sólo pueden ser impuestos por la decidida resistencia de las mayorías populares, como ocurrió a fines de 2001.