Plan económico

Horacio Rovelli
En el sistema económico que vivimos, no es la ausencia de una capacidad objetiva que deba resolverse con el incremento de la riqueza, sino que es la consecuencia de una matriz de profunda desigualdad en la distribución, de ahí que es clave que el Estado, como guarda de los derechos sociales e individuales, articule modos de intervención en el proceso de producción y distribución del ingreso nacional para asegurar el crecimiento económico, con mejoras en la asignación de recursos y de gastos, y que a la vez preserve el medio ambiente, lo que se denomina desarrollo sustentable.

En el sistema que vivimos, existe, por un lado, la asignación de recursos por el mercado, que es el ámbito de oferentes y demandantes de un mismo producto (sea un bien o un servicio) y, por el otro, el Estado en lo que hace fundamentalmente a los llamados bienes públicos. En ese sentido, Joan Robinson afirmaba: “La base aceptada de una vida confortable es una vivienda decente. Una familia precisa, ante todo, un servicio médico digno de confianza y la mejor educación posible; pero el aumento de la riqueza siempre nos deja con una mayor deficiencia, precisamente en esos campos y no es casualidad que así suceda. La producción capitalista se muestra eficiente para producir artículos destinados a ser vendidos en las tiendas y, directa o indirectamente, los beneficios proceden de las ventas. Los servicios destinados a satisfacer las necesidades humanas fundamentales no se prestan a la producción en serie: no constituyen un campo en que sea fácil obtener beneficios, sobre todo cuando en nuestra idea igualitaria, éstos se deben ofrecer independientemente de los medios que se disponga para pagarlos. Por consiguiente, deben cubrirse en gran parte a través de los impuestos y con fuerte presencia estatal”.

Si a la definición de Joan Robinson le sumamos que le corresponde al Estado, como organización civil de una nación, la fijación de los grandes objetivos de una sociedad y su consecución, para lo cual debe elaborar un plan estratégico, que en los países de larga continuidad y ejercicio de la democracia se presenta en la plataforma partidaria, que es votada o no en elecciones libres y generales, que parte de un diagnóstico de la situación, de las correlaciones de fuerza en el seno de la sociedad, de la situación internacional, etc.

El Estado debe planificar, que es la herramienta para pensar y crear el futuro. Aporta la visión general, y con esa vista larga fundamenta las decisiones de cada día. Como dice el logo fundacional de la Universidad de Tucumán: Pedes in terra ad sidera visus (Los pies en la tierra y la mirada en el cielo). Combinar el conocimiento de lo que se analiza con su proyección, y con los objetivos proyectados. Se trata, por consiguiente, de conformar una herramienta imprescindible para actuar sobre la realidad. O sabemos planificar o estamos obligados a la improvisación. Es la mano visible que explora posibilidades donde la mano invisible (mercado) es incompetente o no existe.

El profesor Carlos Matus decía: “El mercado es de vista corta, no resuelve bien los problemas de mediano y largo plazo; es ciego al costo ecológico de los procesos económicos; es sordo a las necesidades de los individuos y sólo reconoce las demandas respaldadas con dinero, el hambre sin ingresos no vale; es deficiente para dar cuenta de las llamadas economías externas, es decir cuando hay costos o beneficios indirectos; es incapaz de lograr el equilibrio macroeconómico; opera torpemente cuando en el sistema dominan los monopolios, se cierra a la entrada a nuevos competidores y las economías de escala son discontinuas; no puede lidiar contra la falta de patriotismo, la corrupción y la deshonestidad; distribuye mal el ingreso nacional y puede hacer más ricos a los ricos a costa de los pobres, etc.”

Entonces vemos que va haber tareas que les son propias al Estado, digamos la provisión de bienes públicos (salud, educación bienestar social, y en este caso, llegar hasta garantizar la vivienda para cada familia), y otras que le compete como regulador de la actividad económica, esto es, el Estado establece las reglas de juego, sostiene qué es lícito y qué no es lícito, la economía en “blanco” o en “negro” (o “blue”) depende de decisiones del Estado.

En el caso de nuestro país, las funciones primordiales del Estado están determinadas en la Constitución Nacional, que ya desde su Preámbulo fija como metas: “…afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino”.

Y al final de su Art. 16 asevera: “La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas”.

Por ende, el Estado debe dar respuesta a las tareas específicas de gobernar, de impartir justicia, poder de policía, contralor de la sociedad en nombre del bien común y la ejecución de las tareas propias de la administración: el Estado debe procurar equilibrar inequidades, cobrar impuestos progresivos a los que tienen manifiesta capacidad contributiva, habilitar a la población a acceder a determinadas prestaciones que no podría pagar si ellas fuesen provistas a través del mercado por empresas privadas, como la educación, salud, pensión para la vejez y enfermedad, e impidiendo la explotación de la mano de obra mediante la reglamentación de la jornada laboral y condiciones de trabajo, en general, y de mujeres y niños, en particular, la fijación del Salario Mínimo, Vital y Móvil, etc. A la par de instrumentar políticas económicas (fiscal, monetarias, cambiarias, comercial, de ingresos, etc.) que impulsen el trabajo y la producción nacional.

Mal o bien tras doce años continuos en el gobierno y con también doce proyectos de presupuestos presentados, todos sabemos cuáles son las metas y cuáles los medios en que se basa el kirchnerismo, que priorizó el consumo interno, el apuntalamiento de la obra pública, los derechos en defensa del trabajo, de la movilidad previsional y de la inclusión, y determinadas inversiones en la infraestructura económica y social, incrementando la provisión de bienes y servicios públicos de forma tal que en la actualidad se pagan 6.470.000 jubilaciones; 1.550.000 pensiones no graciables; 3.863.000 asignaciones universal por hijo; 16.000.000 kilogramos de leche en polvo para lactantes de 0 a 2 años de hogares carenciados; la distribución de 43.378.000 vacunas para el Calendario Nacional de Vacunación que pasaron de 8 vacunas en el año 2003 a 19 vacunas en la actualidad; que se enseña a 1.487.000 alumnos en las universidades nacionales; que la ayuda escolar alcanza a 15.000.000 de alumnos primarios, secundarios y terciarios; etc.

El aumento del gasto público se financia básicamente con recursos tributarios, de manera tal que, en el año 2002, la presión fiscal nacional era de sólo el 16,52% del PBI, el que se fue acrecentando año tras año para ser un 100% superior en la actualidad, y la presión tributaria nacional pasó a ser del 28,06% del PBI en el corriente año y se pronostica del 30,02% del PBI en el año 2015.

Dentro de la estructura tributaria (que este año supera el billón de pesos) cabe aclarar que los impuestos que se cobran en el país (IVA, Ganancias, Débito y Crédito Bancario; Monotributo y otros) representan el 64,10% de la recaudación; las contribuciones de seguridad social el 25,47%; y los gravámenes al comercio exterior el 10,43% restante, de los cuales las retenciones (derechos de exportación) son el 7,73%, mejorando sustancialmente el financiamiento público.

Sin embargo, y a menos de un año de las elecciones nacionales, no se sabe, o se sabe muy poco, de cuáles son los planes de los partidos opositores, y lo poco que se conoce, como al pasar, sostienen que van a reducir o a eliminar directamente las retenciones, o que elevarán el mínimo no imponible para la liquidación del Impuesto a las Ganancias, que implica un 6,25% del PBI en la actualidad, sin decir qué gastos van a recortar, o que otros ingresos van a tener.

Es más, no existe un plan de obra pública o de metas en educación, en salud, en asistencia social, qué se va hacer con las AUH, o con los planes de vivienda.
En fin, la experiencia de nuestro país ha sido nefasta con respecto a la falta de planes, basta con recordar que Menem llegó a presidente de la República prometiendo “revolución productiva y salariazo” e hizo todo lo contrario, así como sus presupuestos y posterior rendición de cuenta no fueron aprobados por la Comisión Mixta Revisora por severas inconsistencias y se autorizaron en una ignota noche en el gobierno de De la Rúa.

El nivel de conciencia de una sociedad depende de su nivel de organización, por ende, para elevar ambos, se debe presentar un plan que permita discutir cuál es el proyecto del país que se quiere y qué caminos se eligen para llegar a él, amén de distinguir quiénes se benefician y quiénes se perjudican para saber a ciencia cierta qué intereses y qué objetivos se atacan y se defienden, de otro modo se compra el producto por el envase y no por el contenido, sin tener en cuenta lo que le hace decir Shakespeare a Hamlet: “Nada tiene más bella apariencia que la falsedad”.

Miradas al Sur - 26 de septiembre de 2014