"No puede haber una única política para todo el sector agrario"

Entrevista a Alejandro Rofman
Los hijos y nietos de los protagonistas del Grito de Alcorta eran arrendatarios, y hoy los chacareros son arrendadores. Ese cambio refleja según el economista Alejandro Rofman las profundas transformaciones económicas y sociales del agro argentino, una realidad hetereogénea compuesta por "dos campos": el de la pampa húmeda, dirigido por el capital financiero y dominado por el cultivo de soja, y del resto del país, basado en la pequeña producción agropecuaria familiar. Para el también investigador del Conicet ambos modelos pueden coexistir, pero necesitan políticas diferenciadas.

El doctor Alejandro Rofman visitó el 17 de diciembre la Facultad de Ciencias Económicas para recibir el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Nacional de Rosario. Antes de esa distinción, el fundador del Grupo Fénix realizó una entrevista con La Capital, en la que analizó los cambios económicos y sociales ocurridos en la estructura agraria argentina y cuestionó la forma se levantó el cepo cambiario y se eliminaron las retenciones, ya que impactan sobre sectores con distinto nivel de rentabilidad. De todas maneras, evitó caracterizar al nuevo gobierno como neoliberal, pero advirtió que la única manera de evaluar la política económica es ver "a quién favorece y a quién perjudica".

—En su conferencia y estudios anteriores hace referencia a "los dos campos", ¿Cuáles son sus características?

—Son profundamente diferentes, y ambos merecen ser considerados. Uno es el campo tradicional, del cual hablan exclusivamente los medios, los dirigentes políticos, las organizaciones empresariales. Es el campo de la pampa húmeda, que no está organizado como hace treinta, cuarenta años. Ha cambiado radicalmente la estructura productiva: ya no hay predominio de la ganadería ni del cultivo de maíz. La soja cubre más del 50 por ciento de la superficie sembrable. Además, ha cambiado el perfil social: ya no es el chacarero con su familia viviendo en el campo y sembrando, incluso con tecnología y maquinaria novedosa para la época; hoy es un espacio productivo cooptado en gran proporción por el capital financiero. Eso no lo puede negar nadie: el que diga otra cosa miente a sabiendas. El 70 por ciento de la superficie de la pampa húmeda básicamente dedicada a soja está alquilada. Pertenece a alguien que no vive en el campo, sino en la ciudad cercana o lejana. Que ha cobrado en los últimos quince años niveles de ganancia y de renta de la tierra volcados básicamente a depósitos en el exterior en dólares, en fuga de capitales, y en inversiones inmobiliarias. Es un campo en el que el capitalismo financiero juega un rol determinante: contrata la tierra, personal especializado, cosecha y vende. Y le entrega al dueño de la tierra el alquiler que pactó inicialmente en quintales de soja. Cada vez resulta menos factible el viejo chacarero del sur de Santa Fe. Es una paradoja: los hijos y los nietos de los que hicieron el Grito de Alcorta en 1912 eran arrendatarios, hoy son arrendadores.

—¿Y el otro campo?

—Es el inmenso campo argentino, sobre todo de la pequeña producción agrícola, pero también pecuaria en leche, cerdo, aves. Produce lo que la gente come en su comida cotidiana. Tiene que ver con una forma de ocupación del territorio muy especial. Está protagonizada por el dueño o el principal de la actividad con su familia, que le presta fuerza de trabajo gratuita para producir en superficies generalmente pequeñas en relación a lo que son las superficies de las grandes explotaciones de la Pampa Húmeda. En la Patagonia es más grande: un minifundio son mil hectáreas. En nuestro campo un minifundio tiene entre 5 y 20 hectáreas. Lo que produce en parte lo consume, en parte lo vende hacia afuera. A veces incluso no tiene recursos y tiene que buscar trabajo fuera de la finca. Es un productor con el que hay que hacer un enorme esfuerzo para que no emigre, lo cual implica una verdadera transformación de la forma de vida económica y social.

—¿Pueden coexistir esos dos campos?

—No tienen por qué no coexistir. Lo que tiene que haber es políticas diferenciadas. Una política igual para todos funde a algunos y hace millonarios a otros.

—¿Cuál es su balance de las políticas públicas para esos dos campos?

—La política publica para el sector privilegiado de la pampa húmeda -incluso para extensiones fuera de esa zona con el mismo modelo- es la que primó en los 90, tuvo cierto intento de control en la década pasada con poco éxito, y ha vuelto ahora en todo su esplendor. Los dueños del negocio ocuparon el Estado: el ex principal referente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) es ministro de Agricultura. No es un profesional del Inta, como era antes. En cuanto a la política para la pequeña producción familiar, comenzó con algunos atisbos luego del restablecimiento de la democracia con Alfonsín, prácticamente quedó congelada durante los noventa, y tomó mucho ímpetu a posteriori. Pero el camino que hay transcurrir es tan largo y complejo, que aun cuando existía vocación de hacerlo e instrumentos adecuados, se avanzó relativamente poco. Se avanzó como experiencia de organización institucional, con la Secretaría de Agricultura Familiar, el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Pequeña Agricultura Familiar (Cipaf) y la ley que establece un marco de referencia global para apoyar a la agricultura familiar, aprobada poco antes de terminar el periodo anterior.

—Un momento clave fue la disputa por la resolución 125. En ese momento el gobierno nacional utilizó un discurso según el cual se estaba enfrentando a la vieja oligarquía, ¿Cree que había un desconocimiento de las transformaciones del mundo agrario? ¿O era un discurso para demarcar campos políticos y efectivamente había un diagnostico preciso?

—El diagnostico era preciso, y los instrumentos que se intentaron poner en práctica por lo menos apuntaban a algo importante: reconocer que la estructura agraria argentina es profundamente heterogénea. No puede haber una única política para todos. La experiencia más rica en este aspecto fue la que se puso en marcha hace tres años con los productores de trigo de menor volumen. Se estableció una política de devolución de retenciones, de acuerdo al tamaño del establecimiento triguero. Cuanto más chico, más porcentaje de devolución. Eso le permitió al Estado primero conocer realmente quiénes son los que producen, saber si pagan impuestos, y ser justo y equitativo en la disminución de las retenciones.

—Pasando a la coyuntura, ¿Qué evaluación hace de las medidas del nuevo gobierno nacional?

—Las decisiones sobre el dólar expresan lo que estoy criticando: una sola medida para todos. O sacar las retenciones para todos. Hay sectores que efectivamente merecen tal política porque tienen capacidad económica limitada, pero hay sectores que tienen muy buena rentabilidad. La soja era muy rentable ya antes de la devaluación y antes de la eliminación de las retenciones.

—En la campaña electoral se hizo mención a una posible vuelta a los noventa, ¿Cree que puede definirse este gobierno como neoliberal? ¿O debería caracterizárselo de otra forma?

—Las etiquetas no me agradan. Me parece que hay que ver como evoluciona. Hay cosas que quizás recuerden a los noventa, y cosas que no existían en los noventa y ahora se ponen en marcha. Como economista que mira objetivamente la realidad nacional me interesa ver a quién favorece y a quién perjudica la política económica. No hay otra manera de juzgarla.

—¿Cuál es su mirada de la situación de América Latina y las dificultades de los gobiernos posneoliberales? ¿Hay un fin de ciclo?

—Sí, creo que es complejo. Forma parte de la enorme dificultad de operar en dirección contraria al viento dominante, si no se avanza más decididamente o no se articula un frente interno que respalde adecuadamente la política. El caso brasileño es paradigmático: las políticas que se han aplicado en el último semestre han producido fuerte caída en el ingreso y en el empleo.

La Capital - 27 de diciembre de 2015