No es el COVID-19, es el neoliberalismo

Ariel García * (Especial para sitio IADE-RE) | América Latina y la oportunidad de reconstruir el estado para el pueblo.

En este artículo, consideramos que la pandemia del COVID-19 evidencia más que los límites de la ciencia para descubrir vacunas y anti-virales al ritmo frenético que precisaría la reproducción del capital.

Esta pandemia está mostrando la situación de crisis de las estructuras estatales, en todo occidente. Y más precisamente, la situación terminal que atraviesa la captura neoliberal de los instrumentos estatales.

Entendemos que el motor de ese ritmo frenético son las ganancias ficticias especulativas en forma de acciones, bonos, derivados, securitizaciones, etc. Eso sucede mientras gran parte de los programas de economía de las universidades occidentales tienen al credo neoliberal como regla a ser trasmitida. Allí todavía se presenta a la Economía Neoclásica como ciencia de la “escasez” y aséptica, mientras los hechos desencadenantes de esta pandemia evidencian que desde la Economía Política se puede comprender lo contrario. Hay una sobre-acumulación, concentración de la producción y la riqueza, consumo de bienes de lujo junto a necesidades básicas no satisfechas, búsqueda de valorización de todos los aspectos de la vida y destrucción consecuente de lo anteriormente invertido. De la crisis de 2008 se intentó salir profundizando el camino de la desigualdad. En la actualidad, este costo se paga con la crisis de la gobernabilidad neoliberal.

En América Latina tenemos una situación diversa. Luego de la larga década progresista (2002-2015) en el que desde gobiernos como los de Lula, Kirchner y Cristina Kirchner, Morales, Correa y Chávez se intentó con suerte diversa transformar las estructuras productivas, democratizando las rentas provenientes de las commodities (fundamentalmente petróleo, gas, minerales, granos y oleaginosas), el sub-continente entró en su tercera oleada de neoliberalización a partir de 2015 (las dos anteriores fueron en las décadas de 1970 y 1990).

En este texto observaremos tres formas de intervención estatal para atender la pandemia: Argentina, Brasil y Chile. Al día 24 de marzo de 2020, estas tres formas tienen impactos directos en la cantidad de camas hospitalarias y médicos disponibles y en la cantidad de contagiados por el COVID-19. Así, mientras Argentina con 44 millones de habitantes reporta 387 casos y 6 fallecidos; Brasil con 209 millones de habitantes registra 2202 casos y 46 fallecidos; y en Chile con 18 millones de habitantes se reportan 922 casos y 2 fallecidos. Más allá de las diferencias proporcionales, entre habitantes, proyecciones, casos confirmados y fallecidos, resulta clave agregar que según estadísticas del Banco Mundial de 2014, Chile y Brasil disponen de 2,2 camas hospitalarias cada 1000 habitantes, mientras que Argentina posee 5 camas hospitalarias cada 1000 habitantes. Asimismo, esta situación se repite al observar la cantidad de médicos cada 1000 habitantes según el Banco Mundial en torno a 2017: en Argentina el valor es 4, en Brasil 2,1 y en Chile 1,1. Esta diferencia resulta sustancial por lo que podrá acontecer en los próximos meses y en parte se explica por la relevancia que posee en Argentina el segmento de la salud brindada por los sindicatos a sus trabajadores. Un punto de referencia es lo que sucede en Italia y en la Unión Europea, con donde también según el Banco Mundial en 2012 la camas hospitalarias cada 1000 habitantes eran 3,4 y 5,6 respectivamente. Asimismo, para terminar de completar el cuadro, en 2017 en Italia y la Unión Europea, la cantidad de médicos cada 1000 habitantes era 4,1 y 3,6 respectivamente.

Más allá del contexto sanitario disponible para enfrentar la pandemia, amplios sectores sociales de Argentina, Brasil y Chile no poseen condiciones habitacionales y materiales para afrontar el aislamiento social necesario para evitar el contagio del COVID-19. Al observar estadísticas de 2014 del Banco Interamericano de Desarrollo, si bien los tres países poseen realidades muy distintas, la población urbana residente en barrios informales es un indicador directo de vulnerabilidad. De este modo, mientras en Chile se registra un 9% de la población urbana total en barrios informales, en Argentina esa participación asciende a 17% y en Brasil alcanza el 22% del total urbano.

En el sur global, el neoliberalismo es más que una racionalidad política de las elites económicas en su avance en ciclos ofensivos y concesivos sobre los estados. Es también la colonización de las subjetividades. Décadas de frustraciones han abonado el terreno para que el marketing político construya y venda a candidatos de la derecha, sin preparación ética, teórica y política alguna para ejercer la responsabilidad que requiere la función pública. Y el marketing político fue efectivo en construir enemigos internos, los inmigrantes de países cercanos, los desclasados, los indios, los pobres.  A estos grupos vulnerables se dirigió la construcción del odio de las clases subalternas que aún gozan de ingresos para sostener su vida cotidiana. Mientras se construía ese odio a través de los aparatos ideológicos, se ha saqueado a los estados. La frustración social se dirigió pacientemente hacia los vulnerables, mientras las elites económicas gozaban de la indiferencia social. La pandemia es el neoliberalismo, el COVID-19 la expone.

Los mecanismos que pusieron en marcha las elites económicas (usualmente grupos financieros, de telecomunicaciones y exportadores de commodities) fueron diversos. Pero al tradicional patrimonialismo asociado a detentar grandes contratos con los estados para obras públicas y provisión de insumos, se sumaron otros dos: la financierización de las pensiones y los servicios públicos, otrora públicos. En el caso chileno se privatizó hasta la educación y la salud. En el caso argentino, el mecanismo predilecto ha sido también la toma de deuda externa, utilizada para fuga hacia paraísos fiscales (los dólares se van y la deuda le queda al estado, en un pase de magia con consecuencias trágicas).Las pensiones fueron privatizadas entre mediados de la década de 1990 hasta 2009, cuando en medio de la crisis de las hipotecas subprime, el gobierno de Cristina Kirchner tomó la decisión trascendental de estatizar los fondos de pensión y volver al sistema de reparto inter generacional. Estos procesos de reestructuración económica se dieron junto al desguace de los estados, en un auténtico proceso de acumulación por desposesión. Con cada especificidad nacional este mecanismo se repite desde 2015 en nuestro continente.

Las acciones de Argentina, Brasil y Chile

Pues bien, veamos cómo abordaron Argentina, Brasil y Chile la problemática que emergió con el coronavirus.

El estado argentino ha tenido desde el inicio un papel activo a favor de los sectores populares. El contrato electoral entre el gobierno peronista de Alberto Fernández y Cristina Kirchner y sus votantes se cumplió. Si bien todos los días hay medidas de estilo keynesiano (que en América Latina está contenido en un pensamiento económico propio -el estructuralismo latinoamericano), hasta el momento se lanzaron incentivos superiores a 11 mil millones de dólares (2% del PIB) destinados a: i) aumentar los ingresos de jubilados (cerca de 46 dólares) y crear un ingreso familiar de emergencia para 2 millones de autónomos mientras perdure la crisis (153 dólares mensuales); ii) financiar con créditos a tasa subsidiada para capital de trabajo a las pequeñas y medianas empresas y posponer el vencimiento de tarjetas de crédito; iii) otorgar a empresas y comercios de los rubros más afectados por la cuarentena un aporte estatal para pagar la mitad de los salarios (en principio se impuso entre el 19 y 31 de marzo la obligación de quedarse en casa, con salidas posibles para comprar bienes básicos y asistir a personas en edades vulnerables); iv) la reedición de un plan de viviendas que tuvo gran impacto económico hasta 2015; v) el control de precios para bienes básicos mediante la Secretaría de Comercio, el Ministerio de Trabajo y la Administración Federal de Ingresos Públicos; vi) la construcción de 8 hospitales con tecnología modular para atender la previsible explosión de la demanda; vii) la reorientación de la fabricación militar y cooperativa a insumos médicos y de higiene; viii) la continuidad de la percepción de los salarios para los trabajadores del sector público y privado, mientras se les posibilita posponer el pago de servicios públicos.

El estado brasileño ha tenido una respuesta ambivalente. Si bien no es cierto que un presidente es responsable de todo, en América Latina con nuestros sistemas presidencialistas, la orientación de los estados tiene vinculación directa con la capacidad o incapacidad (cuando no, la imbecilidad) de anticipación de los presidentes y de cómo manejan la relaciones de fuerza al interior de cada bloque de poder. Como Trump y Johnson, Bolsonaro se burló inicialmente de las potenciales consecuencias del virus, pero a diferencia de los otros dos no dispone de recursos económicos para atender la demanda que supone el crecimiento exponencial de contagios. Su reacción tiene relación con el fantasma de la destitución, que cada vez parece más clara en el horizonte. Para empeorar el escenario, visible en la cantidad de contagios y muertes por el COVID-19, no se registra una coordinación federal de la emergencia, quedando bajo responsabilidad de los gobernadores estaduales las medidas de cuarentena y suspensión del período escolar. Entre las medidas tomadas hasta el momento, se lanzó un paquete de medidas por 35 mil millones de dólares (2% del PIB) que contempla, i) un anticipo de 40 dólares para autónomos que se queden sin medios de subsistencia (proveniente del propio fondo de desempleo); ii) el pago por parte del estado de la primera quincena de baja laboral a los enfermos de coronavirus; iii) disponer de recursos extra presupuestarios para reforzar las estructuras sanitarias, así como para sostener a empresas y trabajadores; iv) flexibilizar la ley laboral para reducir hasta 50% las jornadas de trabajo y los salarios de forma proporcional así como permitir suspender los contratos de trabajo por cuatro meses, con el objetivo explícito de salvar puestos de trabajo. Sin embargo, en medidas como esta última se observa cómo funciona un programa neoliberal: el shock está destinado a desmontar derechos laborales. Con la parálisis económica resulta claro que crecerá el endeudamiento de las familias impulsado por el desempleo. En Brasil, el único privilegiado es el capital financiero.

El estado chileno ha sido testigo de un semestre convulsionado. Un semestre que dio por tierra con el supuesto milagro chileno. Un semestre que desmitifica que se puede lograr gobernabilidad neoliberal eternamente a costa de bajar los salarios e ingresos de las grandes mayorías. Al gobierno de Piñera le quedan dos años por delante, pero queda claro que su legitimidad está agotada desde octubre de 2019. Las Fuerzas Armadas están en las calles por 90 días desde el 19 de marzo, para hacer cumplir las restricciones de desplazamiento. Las medidas estatales contemplan un 4,7% del PIB (unos 12 mil millones de dólares) y comprenden: i) un nuevo plan de capitalización de Banco Estado por 500 millones de dólares para que otorgue más créditos y la ampliación de garantías estatales para préstamos; ii) un Fondo Solidario de 100 millones de dólares para atender emergencias económicas y sociales de las pequeñas y medianas empresas, a través de los municipios y los ingresos familiares, con un bono que beneficiará a dos millones de personas que reciben el bono de Subsidio Único Familiar (SUF); iii) se garantizará el pago de salarios de aquellas personas sin posibilidad de realizar las labores a distancia (para esto, debe haber mutuo acuerdo con el empleador, y que haya un mandato de la autoridad sanitaria para que el trabajador reciba el seguro de cesantía); iv) suspensión de pago de impuestos a la renta. Recordemos que en Chile las personas deben pagar por obtener los servicios de salud y educación. Esta situación coloca al país en una condición de significativa vulnerabilidad para afrontar la pandemia.

En suma, resulta claro que no hay margen para la moderación ni para dogmas. Queda evidenciado que cada país toma las medidas con el prisma que conforma su elite gobernante. Evaluar el porcentaje que representan las intervenciones en el PIB no dice mucho. Cada medida tiene ganadores y perdedores, dirime relaciones de fuerza. La teoría económica tiene que estar al servicio de la política, no al revés.

Entre los tres países, Argentina dispone de la triste ventaja de haber atravesado crisis (1975, 1982, 1989, 2001, 2018-2019) producidas por el fanatismo de los gurúes del neoliberalismo. Resulta evidente que de los laberintos se sale por arriba. Si se quiere cambiar las estructuras económicas habrá que valerse de la autonomía política construida en torno a los estados. El pueblo argentino conoce la experiencia y puede marcar el camino, para que los pueblos brasileño y chileno salgan de sus frustraciones pandémicas y comiencen también a escribir su historia post-neoliberal, a su manera.

 

* Doctor en Geografía (Universidad de Buenos Aires -UBA-) y profesor de Economía Política y de Geografía Económica (UBA) | 26-03-2020.

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