Lo que no se puede olvidar

Horacio Rovelli
Corría el año 1983, estertores de la dictadura más sangrienta y asesina que asoló en nuestro país, en el Colegio de Graduados de Ciencias Económicas se reunían los economistas afines al radicalismo alfonsinista, y allí se planteó una fuerte y central discusión entre Bernardo Grinspún y Adolfo Canitrot sobre cuál debería ser el eje de la política económica de ganarse las elecciones: mientras el primero sostenía que había que incrementar la demanda interna para poner en funcionamiento la economía que venía en claro declive desde 1975, y que ese estímulo de la demanda debía provenir de aumentar los salarios y el número de trabajadores; el segundo afirmaba en cambio que la economía argentina de esa manera crecía, pero que al aumentar más las importaciones que el producto, se generaría el estrangulamiento del sector externo, por lo que se debía poner límites al consumo interno para tener menores importaciones y mayores exportaciones.

Esa discusión la ganó Bernardo Grinspun que logró que Alfonsín en la campaña proselitista dijera que íbamos a levantar las cortinas de las fábricas, que íbamos a poner la economía de pie, y que con la democracia se come, se educa y se cura. Pero la victoria duró de mayor a menor en el año 1984. El gobierno aumentó los salarios por decreto, concedió créditos blandos, e impulsó por todos los medios posibles a la producción; sin embargo, la fuerte concentración económica y el objetivo de trasladarle la deuda externa al pueblo argentino hizo que los empresarios incrementaran más los precios que la oferta, de manera tal que en diciembre de ese año la inflación fuera del 40% mensual.

Paralelamente, la presión de los acreedores (bancos y organismos internacionales) y de los deudores (grandes empresas locales y extranjeras que operaban en nuestro país) para que Alfonsín “legitimara” la deuda externa heredada de la dictadura militar, a la que Grinspun quería investigar cómo se había generado y no pagar la deuda espuria (en realidad casi toda la deuda), hizo que en 1985 se aceptara la propuesta del equipo dirigido por Juan Sourrouille, con Adolfo Canitrot de segundo, que habían acordado con los empresarios y con los acreedores externos que el Estado admitía toda la deuda legitimándola, pero a cambio ellos, los grandes endeudados, debían invertir para aumentar la producción. Por supuesto que los empresarios le dijeron que sí, y por supuesto que no cumplieron, produciéndose una brutal transferencia de recursos del pueblo argentino a favor de los grandes deudores, condicionando severamente el futuro del país.

Salvando las distancias, la historia parece repetirse cuando observamos la propuesta de Miguel Bein (quien fuera funcionario del equipo de Sourrouille y segundo del ministro Machinea en el comienzo de la gestión de De la Rúa), que afirma: “La canasta se reparte en el 60% de bienes y el 40% de servicios. Consideramos que el 50% de los bienes relevados siguen los movimientos del dólar y el resto se rige por los salarios, mientras que 38 puntos porcentuales de los servicios se mueven según sueldos y sólo dos puntos por política regulatoria, es decir, tarifas. Así, el cálculo es que tomando un dólar de 9,33 a fin de año (devaluación del 43%) y con un aumento de tarifas del 100%, si el promedio de los salarios sube 28%, la inflación rondará el 33,6%, mientras que si se homologan convenios del orden del 33% en promedio, la inflación estará en 37%. Esos números, que serían récord para la era K, implicarían una pérdida de poder adquisitivo de la gente del 4,2% en el primer caso, y del 2,9%, en el segundo”.

Esto es, una vez más los administradores del capital adjudican al salario la “culpa” de la inflación. No ponen en consideración la devaluación esperada del 43% de nuestra moneda (a la que hay que sumar el 60% de los últimos doce meses), ni que proponen que las tarifas de luz, gas, y agua suban un 100%. Al contrario, ocultando quiénes se benefician con la devaluación (los exportadores y los que tienen guardados dólares, como los US$ 214.000 millones que estima el Indec que tienen residentes argentinos fuera del circuito económico local), ni que se perjudican los que tienen ingresos en pesos y activos en el país (casa, auto, máquinas y equipos, etc.). En fin, toman la economía donde solo hay una variable de ajuste, el empleo y el salario, pero jamás plantean lo que se apropian los empresarios subiendo los precios, de la ganancia y de los generosos márgenes de ganancia, de eso no se habla.
Otro economista, menos recatado, plantea que en realidad no hay que sacar los subsidios, sino lisa y llanamente reducir la cantidad de empleados públicos y sus remuneraciones.

Todos ellos se olvidan de que la Argentina crece cuando los trabajadores son más y mejor remunerados, y la economía se reduce cuando se reduce el consumo interno. Que es cierto también que cuando crece el PIB, crecen más las importaciones, para el período 1980-2013 da tres a uno, por cada punto que crece el producto crecen tres las compras externas, pero el verdadero trabajo, la inteligencia estratégica está en sustituir importaciones, esto es producir nosotros lo que importamos en gran manera, y lo demostró el primer y segundo peronismo, y en algunos segmentos el kirchnerismo, y lo confirman los casos de todos los países que crecieron sistemáticamente, donde acordaron con sus industriales que se debía producir cada vez más con trabajo, con más conocimiento, y con más insumos del país.

Otra estadística, más actual, en base a sondeos de opinión, demuestran que un alto porcentaje de ciudadanos está de acuerdo con el control de precios, el rol activo del Estado, el mantenimiento de la Asignación Universal por Hijo, de los planes Pro.Cre.Ar y Progresar, de la estatización de YPF, y la necesidad de que la Presidenta de la Nación cumpla su mandato en tiempo y en forma. Y no es un tema menor, se ha ganado en conciencia social, pero sin embargo, los supuestos expertos, los economistas que defienden el capital contra el trabajo, en su necedad, afirman que no se puede avanzar en su plan porque las condiciones políticas no se cumplen. Y gracias a Dios que no se cumplen, porque si se hiciera lo que ellos proponen, habría desocupación caída del PIB, endeudamiento externo para financiar ese país que siempre prometen, que nunca se va a lograr (y lo saben), y una inflación sostenida, como fue durante la dictadura militar, o conteniéndola para que estalle en las hiperinflaciones de 1989-90 y 2001-02.

El camino es otro, es por ejemplo el de Resolución General 3.593 de la AFIP, de febrero 2014, que crea un registro de existencias de granos para un adecuado seguimiento del traslado y de control de las operaciones, por lo que los productores deben informar “la existencia inicial de granos –a partir de la vigencia del presente régimen–, debiendo identificar por cada planta habilitada por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca: grano, kilogramos y cosecha a la que pertenece. Obliga a informar al fisco las existencias al 1º de abril de 2014 o fecha de inicio de actividades, comprendiendo a los acopiadores y consignatarios, fraccionadores de granos y aquellos productores que adquieran granos para consumo propio (incluye a los feedlots), y abarca también a las industrias de biocombustibles, cerveceras, arroceras y molineras.

El camino es de la Comisión de Defensa de la Competencia que les hace llegar una nota a las cadenas de supermercados, laboratorios y empresas de consumo masivo, exigiéndoles que presenten los estados contables de los últimos cinco años, margen bruto y canales de distribución por línea de producto, condiciones de venta, descuentos y bonificaciones por tipo de cliente, costos, participación de mercado por rubro, ventas mensuales y proyección de uso de capacidad instalada para los próximos dos años.

Es el que tomó el Gobierno, que aplicó unos seis millones de pesos de multas a supermercados que violaron el acuerdo de precios. Aunque es cierto que no cobró ni un centavo, porque todos los infractores que o aumentaron el precio o desabastecieron, apelaron, lo que debería ser más difundido y explicitado para ver qué rol juega cada uno en nuestra sociedad.

El camino es que el Estado cumpla su rol de garante social, impulsando la producción y que todos tengamos trabajo, y en este año 2014 se define claramente la situación, si se adoptan medidas férreas para todos, donde no haya hijos ni entenados, sino que seamos realmente todos iguales ante la ley.

Todas las experiencias exitosas de los países que crecen a tasas sostenidas se lograron disciplinando a los empresarios para que cumplan con la obligación de invertir y producir, y no en especular con la tasa de interés o la depreciación del tipo de cambio (que debe ser castigada tributaria y penalmente). Es por el bien de todos y no que se beneficie una minoría a costa de la exclusión social y empobrecimiento del resto de la sociedad. La década de los ’90 nos enseñó qué significa la mentira de la productividad y de la eficiencia sin inversión que la acompañe y empuje.

Productividad del trabajo pero con remuneraciones e inversión acorde, con fortalecimiento del mercado interno y profundización y busca de nuevos en el exterior. Todos los acuerdos deben tener ese fin, y todas las medidas que se adopten deben subordinarse a ese objetivo superior, formando parte de un plan sistemático; recordemos que si nosotros no planificamos, otros lo harán por nosotros y a su provecho, como ha pasado tantas veces en nuestro país.

Miradas al Sur - 16 de marzo de 2014