La memoria colectiva

Juan Carlos Junio * (Especial para sitio IADE-RE) | El dirigente y director del CCC Floreal Gorini traza un recorrido por los significados y disputas en torno del 24 marzo.

Cuando Mauricio Macri fue candidato a diputado por CABA en 2005 le preguntaron cuál había sido su intendente predilecto y contestó sin vacilaciones: “Osvaldo Cacciatore”.[1] Posteriormente tuvo otras expresiones con similares simbolismos ideológicos y luego, como jefe de Gobierno de la Ciudad, nombró entre sus funcionarios a reconocidos hombres comprometidos con aquel aciago período histórico. Un caso paradigmático había sido el segundo secretario de Educación de la Ciudad, Abel Parettini Posse quien fue embajador durante la dictadura militar, a la que nunca dejó de reivindicar, a la vez que declaraba públicamente su rechazo a los jóvenes roqueros drogadictos.  Duró apenas 12 días ya que Macri se vio forzado a echarlo. En la campaña electoral de 2015 a la presidencia Macri advirtió que iba a terminar con el “curro de los derechos humanos” y luego se asoció a Darío Lopérfido en la negación de los de 30.000 desaparecidos, en un vano e infamante intento por relativizar un símbolo esencial sostenido por los organismos de derechos humanos y una gran parte de nuestro pueblo durante cuatro largas décadas de lucha.

La política de derechos humanos del gobierno de Cambiemos tuvo una clara definición desde su primer día, a partir de la cual desplegó su poder político y mediático con el firme propósito de desandar el camino colectivo de Memoria, Verdad y Justicia. El desmantelamiento de muchas dependencias del Estado que hasta el 10 de diciembre de 2015 se ocupaban de investigar la herencia dictatorial fueron medidas cuyo fin es el de borrar la memoria y “dejar de mirar el pasado”.  O sea, la desaparición de la historia reciente, y borrón y cuenta nueva.

Para otras disposiciones en el mismo sentido, la resistencia social ha sido muy fuerte, de modo que la ofensiva de restauradores de la justificación del genocidio se ha ralentizado por la inmediata reacción colectiva.

Este 24 de marzo un inmenso pueblo se expresará en las calles y plazas de la Patria por la Memoria y por nuestros 30.000.  Será una de las movilizaciones más importantes ocurridas desde que nacieron como expresión de la lucha contra la impunidad y por la justicia.

Más allá y más acá del 24 de marzo, el propio campo de los derechos humanos es un territorio de disputa cultural. Si bien nuestro foco es la conmemoración del 24 de marzo, día de la Memoria Colectiva, es preciso contextualizar y conceptualizar elementos que eslabonan la historia y el sentido de la larga lucha por los derechos humanos.

Si realizamos una lectura de la historia desde la perspectiva de las víctimas en sus más diversas expresiones y grados, debemos comenzar señalando que la primera gran masacre se perpetró con la conquista del continente latinoamericano. No hay cifras exactas pero se admite el genocidio de millones de seres humanos, habitantes naturales del continente o que, a través del tráfico esclavista, provenían del África.  En realidad, se desplegó la matanza de los pueblos de dos continentes con el fin de nutrir de riquezas las fauces del proceso de acumulación originarias del capitalismo en ciernes. No es ninguna exageración advertir que en Nuestra América se perpetró el primer genocidio, en orden a su definición política y jurídica moderna. La Convención para la prevención y sanción del crimen de genocidio adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1948 lo define a partir de estas acciones:

- Matanza de miembros del grupo
- Atentado grave contra la integridad física o mental de los miembros del grupo
- Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial.
- Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo
- Traslado forzoso de niños del grupo a otro grupo.

Sancionada en 1948, es inevitable ligar la legislación internacional a los crímenes del nazismo contra sus opositores políticos, judíos, gitanos y población eslava entre otras víctimas, como el anterior perpetrado contra el pueblo armenio en 1915.

En nuestro país hay un segundo momento que, si de violación sistemática de derechos humanos se trata, habrá que rescatar para la memoria de la infamia. El proceso de construcción del Estado Nacional estuvo precedido y continuado por un genocidio que la hipocresía aristocrática denominó “Campaña del Desierto”. Tras los blasones de la naciente oligarquía agropecuaria corrieron ríos de sangre que se justificaron como una acción civilizadora, cuando lo que se consumaba era el robo de la tierra de la Pampa Húmeda.   

Las décadas siguientes conocieron nuevas formas de disciplinamiento social que tuvieron cobertura legal, como la Ley de Residencia que habilitaba la expulsión del país de inmigrantes revoltosos.

El 1 de mayo de 1909, día en que comienza la conocida Semana Roja, el Coronel Ramón Falcón disparó contra la multitud provocando decenas de muertos. La oligarquía y la naciente burguesía continuaron con sus masacres en 1919 con los talleres Vasena, y en 1921, contra los peones de la Patagonia. Ya se había instituido el gobierno de Hipólito Irigoyen por el sufragio universal. Como sabemos el “universal” en realidad, no era tal, ya que estaban excluidos las mujeres o sea la mitad de la ciudadanía.

En 1930 se perpetró el primer golpe de estado contra un gobierno constitucional. Entre sus medidas se cuenta la creación de una Sección Especial de la policía destinada a perseguir a los dirigentes gremiales, a militantes izquierdistas y a opositores en general. Para más datos, el comisario Leopoldo Lugones, mucho menos poético que su padre, introdujo el uso de la picana eléctrica en los interrogatorios. Un patético invento argentino de alcance internacional.

De tales actos de barbarie promovidos por gobiernos represivos o autoritarios, surge la necesidad de generar nuevas instituciones capaces de defender los derechos humanos básicos: el derecho a la vida, a la integridad física, a la libertad, etc. Y en tal sentido se crea en 1937 la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. La creación de este organismo debe leerse en clave contradictoria: se crea porque se violan los derechos humanos. Y si su fundación es un acto valioso, implica a la vez un reconocimiento de que el Estado actúa incumpliendo elementales obligaciones de protección de los miembros de la sociedad, incluso de los postulados liberales que les dieron legitimidad frente a las monarquías absolutistas preexistentes.

El golpe “libertador” contra el gobierno del general Perón multiplicó nuevamente la represión incluyendo fusilamientos. Los 18 años de proscripción de la corriente política más importante de la Argentina a partir de 1945, sostuvieron una impronta violatoria de derechos civiles y políticos acompañada de encarcelamientos y torturas instrumentadas por las fuerzas de la “libertad”.

Hasta el último cuarto del siglo XX se sucedieron en el gobierno fuerzas de distinta orientación y contenido.  En tal sentido las elites no trepidaron en recurrir a la vía expedita del golpe de Estado. Por su parte, los gobiernos elegidos democráticamente mejoraron las condiciones de vida de las mayorías sociales, a pesar de sus limitaciones ideológicas que en muchos casos los llevaron a restringir las propias condiciones de la democracia y de un justo reparto de la riqueza.

Este brevísimo raconto histórico, sufre un punto de reflexión, el 24 de marzo de 1976, que da inicio a un período aciago de nuestra historia, que finalizará el 10 de diciembre de 1983.

Una dictadura cívico militar genocida y las luchas en los gobiernos constitucionales

El 24 de marzo de 1977, un año después del golpe fascista, Rodolfo Walsh en su último pronunciamiento político, denuncia la puesta en práctica de un proyecto económico y cultural, de naturaleza criminal. En su célebre Carta a la Junta, declara: “El primer aniversario de esta Junta Militar ha motivado un balance de la acción de gobierno en documentos y discursos oficiales, donde lo que ustedes llaman aciertos son errores, los que reconocen como errores son crímenes y lo que omiten son calamidades”.  La enumeración de asesinatos y torturas no puede escindirse de un objetivo mucho más ambicioso. En palabras de Walsh: “Estos hechos, que sacuden la conciencia del mundo civilizado, no son sin embargo los que mayores sufrimientos han traído al pueblo argentino ni las peores violaciones de los derechos humanos en que ustedes incurren. En la política económica de ese gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada”. El profundo y valiente análisis de Walsh pone en evidencia cómo el uso perverso de la fuerza no era un fin en sí mismo orientado meramente a disciplinar a un pueblo díscolo sino que se trataba de implantar un orden económico-social profundamente desigual e injusto. Uno de los propósitos más tenebrosos y a los que nunca renunciaron los sectores dominantes fue el de lograr la aceptación de la injusticia y la violencia estatal, como un elemento natural de la organización de la sociedad. Represión genocida, desigualdad social y conformismo cultural han sido medios y fines para reconfigurar a la sociedad.   

La aplicación del plan económico de la dictadura constituida orgánicamente por las fuerzas armadas y sectores empresariales, eclesiásticos y culturales, fue cumpliendo su cometido.   A la finalización del régimen, el aparato productivo estaba devastado, los niveles de pobreza habían crecido hasta lo indecible, la deuda externa se potenció a un rango sin antecedentes y, además, habían llevado al país a una guerra irresponsable, liderada por una pandilla de aventureros, a un costo de centenares de jóvenes argentinos que dejaron su vida en esa guerra.  Su corolario más dramático y doloroso: una generación había sido diezmada en los campos de concentración de la dictadura.

En los años setenta se desató nuevamente la violencia política contra los luchadores populares tras la muerte de Perón y con la aceleración inédita operada tras el golpe de Estado fueron emergiendo una pléyade de organismos defensores de derechos humanos, nacidos como respuesta de la violación sistemática de los más elementales derechos civiles, políticos, culturales: Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, Familiares, Hijos, Hermanos, Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), etc.

La disputa alrededor de los derechos humanos se dio en diversos planos simultáneos.

Un eje central estuvo en la asignación de las responsabilidades por el baño de sangre en que fue sumido el país desde la actuación de la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A) en los prolegómenos de la dictadura, hasta su despliegue orgánico y total luego del 24 de marzo. Mientras el ala más dura de la derecha neofascista reclamaba la reivindicación de los crímenes de la dictadura, la otra versión de los beneficiarios de la política genocida levantaba la teoría de los dos demonios haciendo “tribuna de doctrina”: la violencia inadmisible del Estado sería una respuesta a la violencia guerrillera. 

Lo cierto es que nada es equiparable al accionar represivo sistemático de un estado terrorista que se propuso sustancialmente destruir todo vestigio de resistencia social, cultural y política a sus designios, que como luego se probó, formaba parte de un proyecto internacional elaborado y articulado por el Departamento de Estado para todo el continente.

De allí que las víctimas fueron militantes y dirigentes sindicales, estudiantiles, territoriales, de movimientos sociales, intelectuales, artistas, políticos y religiosos.

En los años de institucionalidad democrática la agenda de los organismos humanos no cesó en la búsqueda de Memoria, Verdad y Justicia. Los juicios a las Juntas Militares impulsados por el gobierno de Raúl Alfonsín constituyeron un avance inédito en el país. Sin embargo, las reacciones posteriores de militares y civiles involucrados en los crímenes terroristas, condujeron al gobierno radical a retrocesos con las leyes de Obediencia Debida y Punto Final que restringieron las posibilidades de la lucha por la justicia.

El gobierno de Menem claudicó en toda la línea con los indultos a los militares condenados En el vigésimo aniversario del golpe, en 1996, la magnitud de la manifestación fue impresionante.  El papel de la juventud fue notable, y las Madres y Abuelas ya habían logrado una enorme legitimidad en nuestro país y en el mundo.

La aplicación de las políticas neoliberal-conservadoras con mayor o menor radicalidad a lo largo de los gobiernos constitucionales en los años ochenta y noventa, trajo al debate la dimensión del derecho humano ligado con las condiciones de existencia que deben asegurar las necesidades básicas para acceder a una vida digna: trabajo, salud, educación, cultura, recreación, vivienda, alimentación, vestimenta, etc. Todos estos derechos fueron conculcados por una política pública de indudable sesgo excluyente y exclusivista que permite comprender el efecto devastador en términos del nivel de nuestro pueblo. Según datos del período, el 53% de la población estaba por debajo de la línea de pobreza y entre los niños y jóvenes el universo de pobres se elevaba al 73%. Será por esa razón que en los primeros 2000 el grito más escuchado en los recitales juveniles era “no hay futuro”.

Estas realidades trajeron otros nudos controversiales sobre los derechos humanos, incluyendo aquellos que tienen que ver con la planificación de la miseria que denunciaba Rodolfo Walsh, y tantos otros que fueron conculcados e invisibilizados. Es preciso entonces, tender un puente temporal, pues a la vez que se juzgan los hechos de violencia criminal del Estado, los gobiernos constitucionales tienen la obligación de asumir la integralidad de los derechos sociales y culturales, como parte indisoluble del concepto general de derechos humanos.

El falso progresismo del gobierno de la Alianza estalló los días 19 y 20 de diciembre de 2001.  Luego, durante el Duhaldismo la represión culminó con el asesinato de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, la razón por la cual se debió convocar a elecciones.

En los años de gobiernos kirchneristas la política de derechos se expandió como definición de gobierno. No sólo se impulsaron los juicios de lesa humanidad, sino que una gran cantidad de nuevos derechos fueron promovidos a través de la legislación: matrimonio igualitario, protección integral de las mujeres, nuevos derechos a favor de minorías y muchos otros.  

Se instituyeron órganos del Estado para la atención de tales conquistas y se asignaron recursos para que cumplieran su cometido. También hubo una prolífica producción bibliográfica y audiovisual, y la enseñanza de la memoria se convirtió en parte sustancial de la política educativa nacional asumida por el Estado.

Hubo así una articulación virtuosa entre los poderes del Estado, los organismos de derechos humanos, los movimientos sociales y culturales alrededor de la reivindicación de la memoria que sembró una plataforma de conciencia, organización y militancia. 

Las políticas de Memoria, Verdad y Justicia se hicieron realidad.  Los asesinos fueron enjuiciados (proceso inconcluso) y centenares de ellos purgan sus condenas a cadena perpetua en la cárcel.  El mundo entero valora los logros de nuestro país en la materialización del acto de justicia.

¿Qué cambió con Cambiemos?

Resulta claro que el gobierno de Cambiemos ha tenido una política cuyo fin es el de conculcar derechos de toda índole, desandando el camino que las políticas públicas fueron generando en la década previa.

Las señales en relación con la política de Memoria, Verdad y Justicia son prístinas: desmantelamiento de los organismos del Estado tendientes a apuntalar el trabajo de denuncia y esclarecimiento de los crímenes dictatoriales, discurso oficial negacionista de los 30.000 desaparecidos, nombramiento de funcionarios ligados con la dictadura o grupos que la defienden, intento fracasado de modificar el 24 de marzo como día de feriado fijo. Una política coercitiva se despliega de modo creciente y, el caso paradigmático de la detención de Milagro Sala y sus compañeras de la Tupac Amaru a pesar de los reclamos de organismos internacionales, refleja un intolerable estado de excepción y un laboratorio represivo y persecutorio contra todo ensayo de autonomía y oposición. La descalificación de Roberto Baradel en el mensaje presidencial a la Asamblea Legislativa es un paso más en la escalada de recorte de derechos sindicales.

Según la UCA, en un año se crearon 1.500.000 nuevos pobres y un tercio de ellos están en la indigencia, o sea en el hambre.  Se destruyeron alrededor de 300.000 puestos de trabajo, se redujo la capacidad adquisitiva del salario y. en la otra punta. se engrosó la ganancia de los sectores privilegiados de la economía: financistas, extranjeros y locales, sojeros de la SRA, mineros extranjeros, grandes corporaciones empresarias. Este es el pequeño universo beneficiario de la actual política, más allá de los latrocinios a favor de clan familiar del presidente y sus ministros, frente a mayorías cada vez más empobrecidas de trabajadores y miembros de las clases medias.

Las movilizaciones de los días 6,7 y 8 de marzo revelan un cuadro de reacción social que busca encontrar un cauce para la contienda electoral de octubre.

Lo cierto es que este 24 de marzo asistiremos a un pronunciamiento masivo y a una de las movilizaciones populares más trascendentes de las últimas décadas.  Junto al reclamo de Memoria, Verdad y Justicia y el imprescindible juicio a sus responsables, ya se incorporaron las exigencias sociales frente a una política pública que, en lo esencial, no cesa de profundizar la injusticia y la desigualdad.

Tal orientación va gestando una creciente resistencia que deberá, para lograr sus objetivos democráticos y emancipadores, imbricarse con la lucha específicamente política. Este 24 de marzo cobra vigencia aquella potente consigna que nos propuso Eduardo Galeano: “Luchar y crear son el modo de decirle a los compañeros caídos: tú no moriste contigo”.

30.000 detenidos desaparecidos: Presentes, ahora y siempre.

 

[1] Cacciatore fue intendente de la Ciudad de Buenos Aires entre el 2 de abril de 1976 y el 31 de marzo de 1982, es decir, durante prácticamente todo el gobierno de la dictadura genocida que se extendió en la Argentina entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983.

 

* Diputado nacional (MC) y director del Centro Cultural de la Cooperación.