Honrar la deuda

La acepción de la palabra “honrar” es respetar, y para respetar se debe conocer, y en realidad la deuda externa argentina tiene un origen espurio y oscuro, engendrada en la dictadura militar, dio lugar a fabulosos negocios de empresas proveedoras y/o prestadoras de servicios con el corrupto gobierno del “proceso de reorganización nacional”, lo que se denominó la “Patria Contratista”, que permitió acumular capital a esos sectores beneficiados, y a la vez, mediante su posterior transferencia a cargo del Estado nacional, quedó como onerosa hipoteca del pueblo argentino.

Esto explica por qué la Nación Argentina reconoce una deuda externa de US$ 201.009,3 millones al 30 de septiembre de 2013 (último dato oficial), y que el Indec estime que se han creado riquezas que fueron dolarizadas y sacadas del circuito económico argentino (en cajas de seguridad, en cuentas bancarias del exterior, en acciones, bonos u otros activos fuera del sistema) por la suma de US$ 183.753 millones al 31 de diciembre de 2013.
Por lo tanto, no es casualidad que junto a los fondos buitre NML Elliot y Aurelius, litiguen en la causa de reclamo del total del pago adeudado, que diera lugar al fallo favorable del juez Thomas Griesa, trece argentinos. La deuda y sus acreedores pasarán a ser siempre uno de los grandes misterios de nuestra historia moderna, como tiene misterio la propiedad de la tierra en nuestro país.

Los visitantes

Se deja constancia de que estas líneas son escritas unas horas antes de la final contra Alemania, pero al firmante le parece que ni el resultado del partido ni el desempeño de nuestra Selección pueden alterar la opinión que aquí se vuelca. Y es que, aunque parezca mentira, en estos días argentinos se produjo algo aún más emblemático que la ya mítica actuación de Javier Mascherano: llegó a Buenos Aires una task force de los fondos buitre.

Buitres al acecho

De los discursos de la presidenta Cristina Fernández, los comunicados del Ministerio de Economía y la solicitada publicada por la Presidencia de la Nación Argentina en The Wall Street Journal (wsj) el 21 de junio, quedan claras dos cuestiones. 1) Argentina desea cumplir con el 100% de los acreedores, con el 92,4% que accedió a ingresar al canje de 2005 y 2010 y también con los que no ingresaron, pero en condiciones de negociación justas y de acuerdo con las leyes nacionales y los acuerdos que firmó el país. 2) El fallo del juez Thomas Griesa lleva necesariamente a nuestro país a un nuevo default, se cumpla o no se cumpla con éste.

Entrevista a Carlos Heller

Federica País: Estamos en línea con Carlos Heller, el señor Carlos Heller, columnista estrella de nuestro programa. Diputado Nacional por Nuevo Encuentro, presidente de la Comisión de Finanzas de la Cámara Baja, presidente del Banco Credicoop y nuestro columnista estrella. ¿Cómo va Carlos?

Carlos Heller: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día.

FP: Buen día. Cuánta cosa para charlar ¿eh?

CH: Uf, no te alcanza el programa.

FP: Por favor. Pero, además te juro cuando vi lo del escandalete de lo de la AFA, de las entradas y demás cuestiones, te juro que pensé en vos, dije qué pensará con respecto a esto, que opinión tendrá con respecto a esto.

CH: A ver, yo con todas las cosas que son escandaletes tengo siempre una precaución de ver cuánto hay de cierto, y cuanto hay de escandalete, habida cuenta también que al presidente de la AFA, el multimedio lo quiere mater desde hace rato porque no te olvides que a partir de una decisión de él, salimos del fútbol para pocos y fuimos el Fútbol para Todos. Y Grondona pasó de ser el tipo que Clarín le hacía una doble página, y donde él fijaba la línea y demás a un peligroso capo de mafia. Entonces, la verdad me cuesta creer que Grondona esté metido en una cosa de reventa de entradas, me niego a creer que sea posible. Porque, en definitiva Grondona está en cosas muy grandes. Puede ser que en estas cosas muy grandes se mueva muchísimo dinero. Los contratos de televisión. Vos pensá que es el presidente de la Comisión de Finanzas de la FIFA , digo entre otros cargos que tiene. Y no estoy haciendo un juicio de valor ni a favor ni en contra, estoy tratando de objetivizar. Entonces, me suena mucho a campaña, me suena mucho a campaña. Es probable, que las entradas de protocolo pueden tener el nombre de Grondona. Las entradas de protocolo se distribuyen. Yo no creo que se vendan. Ahora, puede haber algún pillo que agarró algunas que le dieron y laa fue a vender, qué se yo, puede ser.

FP: No, a ver, que hay reventa, hay reventa, sin lugar a dudas.

CH: Pero, una cosa es la reventa de los tipos que hay comprado y que venden, y otra cosa son las entradas de protocolo, porque las entradas de protocolo son atenciones institucionales y no tienen precio digamos, entonces, es una acción fraudulenta. Entonces, la reventa es una cosa reprobable, pero es alguien que compró por ahí cuando la FIFA puso la venta y ahora en vez de ir a la cancha las vende y hace la diferencia. Es un revendedor.

FP: Hablando de todo un poco. ¿Te vas a verlo?

CH: Sí.

FP: Te vas. Por favor. ¡Qué lindo! ¡ Qué fiesta ¿eh?! Más allá que lamentablemente ha sido teñido no podemos dejar de mencionar el tremendo accidente del día de ayer, ese desplome, esta autopista que es como inentendible que haya pasado un horror así, más la desgracia de Tití que la verdad que en una fiesta deportiva estar mencionando tanta muerte es mucho dolor, mucho dolor.

CH: Bueno, son cosas que pasan. Accidentes de tránsito hay todos los días, lo que pasa que cuando está referido a alguien que uno conoce, que tiene cercanía o que es público y demás la cosa se potencia. Yo me imagino que en la Argentina y en Brasil todos los días muere gente de accidentes de auto, que no tienen la trascendencia pública que tiene este caso, porque bueno, digamos la notoriedad del personaje.

FP: A ver, vamos a trabajar un poquito, igual estamos trabajando a mí me gusta escuchar tu opinión. Cómo cuestión Fondos Buitres presentación ayer de Axel Kicillof y Timerman en la OEA, cómo lo podemos entender, cómo entendemos esta cuestión de apoyo unánime, desde dónde nos puede ayudar a la Argentina.

CH: A ver, la Argentina está a mi juicio, es lo que yo dije la semana pasada, está haciendo lo que tiene que hacer es actuar como un país soberano y llevando a cuanto foro es posible nuestra posición para pedir apoyo internacional. Y lo está haciendo con éxito notable. La semana anterior el mismo Kicillof había estado en el G77 que insisto son 133 países, llamado G77 porque es el grupo fundador. Ayer estuvieron en la OEA. Ayer se conoció el pronunciamiento de China a través de su canciller. Es decir, que hay como una ola de apoyo mundial a esta postura que creo que todos comprenden que excede el problema argentino porque como muy bien explicaba el ministro de Economía ayer en su intervención en la OEA si esto se consolida así como está planteado, los países quedan sin posibilidad futura de reestructuración de deuda, porque todas las reestructuraciones van a fracasar a partir del antecedente de la existencia de un fallo que permite que el que no quiere entrar no entra y cuestione todo el procedimiento.

FP: Sí, pero además Carlos, ahí algo que no entiendo porque a ver, si vos hacés este mecanismo que vos estás describiendo fundís un país, un país fundido no puede pagar nunca a nadie. No entiendo ese mecanismo, no entiendo.

CH: Primero, que la Argentina no es un país fundido y estos Fondos Buitres con el apoyo de un juez trabajan de eso. Por eso, ayer hay dos o tres cosas que dijo Kicillof que hay que repetirlas doscientas mil veces. No estamos hablando de gente que le prestó a la Argentina y se siente defraudada, estamos hablando de gente que compra conflictos para litigar y tratar de obtener ganancias fabulosas. Son buitres, son carroñeros, toda su actividad tiene que ver con cosas por el estilo. Ayer el canciller daba el ejemplo de alguna otra actitud desde empresas en crisis compradas con trabajadores afectados por la contaminación de esas empresas y la inescrupulosidad de estos empresarios. Es toda una conducta global contra la que hay que pelear, y por otro lado hay intereses poderosísimos por eso logran resultados a favor, o logran apoyos que le permiten obtener lo que están buscando. Argentina, se planta y dice, miren nosotros queremos arreglar con el cien por cien, pero desde el punto de vista de una solución justa, legal y equitativa. ¿Quién podría estar en contra de una solución justa, legal y equitativa? Ahora, evidentemente hay de por medio un fallo. Pero aquí también Argentina actúa creo yo con una gran finura y una gran inteligencia. Vos fijate que ayer intimó al Banco New York que cumpla con el mandato. Vos te acordás que yo comenté la semana pasada y explicaba esto que Argentina no hizo nada distinto de lo que ha hecho en cada uno de los pagos, y en el vencimiento fue y pago. Y lo hace en el marco de un contrato donde cada uno tiene obligaciones, la de Argentina es cumplir en fecha con las obligaciones que ha adquirido, y la del Banco que actúa de fiduciario, es agarrar esa plata y entregársela a los tenedores de los bonos.

FP: Clarísimo.

CH: Bien. Por eso Argentina sigue diciendo nosotros pagamos.

FP: Pará, eso nos sorprendió a todos, porque en realidad se suponía que no iban a depositar por el temor al embargo. Argentina desafía eso.

CH: Porque el juez, y ahí hay una de las claves también del discurso a la que hay que prestarle muchísima atención, el juez cuando le preguntan que hay que hacer, dice Argentina debería postergar el pago a los acreedores reestructurados hasta que arregle con los houldouts. Es decir, dice Argentina debería entrar en default voluntario. Es una trampa tremenda la que él plantea. Él en vez de decir habilito lo que Argentina pide, Argentina dice, mientras estamos negociando deme la protección y permítame seguir cumpliendo con los que tengo el acuerdo de hecho que son la inmensa mayoría y que por otro lado forman parte de este juicio, es un juicio con estos otros señores. Y Griesa contesta no, ustedes lo que tienen que hacer es postergar el pago con los acreedores reestructurados hasta tanto lleguen a un acuerdo con los otros. Es decir, muchachos entren en el default voluntario con lo cual volvemos al punto de partida porque entonces toda la deuda argentina pasa a quedar en situación de default, esa por la que hay litigio, y la otra porque voluntariamente Argentina decide postergar el pago. Argentina hace todo lo contrario, va y paga, y el Banco de Nueva York no retira los fondos, Argentina los deja ahí, dice yo ya pagué.

FP: O sea, la plata hoy está ahí.

CH: Está ahí, está en la cuenta que el Banco New York tiene en el Banco Central y es la cuenta que el contrato dice que es donde se paga a los bonistas. Entonces, Argentina ya pagó y no se mueve de esa situación y me parece muy bien. Y me imagino que es lo que ahora en un rato va a explicar Kicillof en una conferencia de prensa que están anunciando.

FP: Carlos, a todo esto, esa plata depositada es este Banco Mellon que están hablando tanto o es otro Mellon.

CH: El de New York, sí el Bonix, es el banco que tiene a su cargo el pago de los bonistas que bajo ley americana han utilizado este banco y a un par de empresas que son digamos juntadoras de tenedores de bonos, esa Euroclear que es una empresa belga y otra más que son las dos que concentran digamos la tenencia de bonos y que también están pidiendo instrucciones al juez, y el juez a todas les dice, absténgase porque además los bonistas les empiezan los reclamos a ellos.

FP: Bueno, eso te quería preguntar, ¿qué pasa con los bonistas?

CH: Claro, y bueno.

FP: Claro, que son los que están esperando poder retirar la guita y no los están dejando, es así

CH: El Banco, y esas entidades intermediarias quedan en el medio de Argentina que dice yo ya pagué en los términos del contrato que ustedes y nosotros firmamos, los bonistas que le dicen págueme en el marco del contrato que yo firmé porque sé que mi deudor ya me pagó, entrégueme la plata. Y el Banco que dice el juez no me deja. Bueno, semejante problema tendrá que tener alguna solución. En esa situación todo esta catarata de declaraciones de apoyo me parece que formará parte de las cosas que tendrán que ir ayudando a que esto encuentre un carril de solución más razonable que el que ha querido generar el juez con este fallo.

FP: A ver, puntualmente y con esto cerramos porque Dalmiro te quiere pasar a otro tema que nos interesa también tu opinión. A ver, lo que sigue es hoy ahora en un rato va a estar el ministro explicando un poco de qué se trató la presentación y como sigue y el lunes se supone que hay una reunión con el mediador ¿verdad?, con este señor Pollack.

CH: El lunes Argentina ya ha anunciado que van a viajar funcionarios, creo que está el nombre incluso de los funcionarios, que van a viajar a responder a la citación que este mediador ha hecho para seguir avanzando o intentar avanzar en la búsqueda de una solución. Argentina lo que está diciendo es nosotros no nos negamos a negociar. Pero vos fijate que siempre, siempre cuando viste no nos negamos a negociar agrega una manera justa, legal y equitativa, justa, legal y equitativa. Es decir, en función de las cosas que tenemos firmadas, en función de los compromisos que tenemos asumidos con terceros y en función de que esto no termine dándole llevándolo al país a una situación otra vez de inviabilidad que nos haga caer en default y que haga fracasar todo este enorme esfuerzo que el país ha hecho hace más de una década para salir de una herencia que parecía inlevantable y que trabajoso y efizcamente hemos logrado revertir.

Dalmiro: Diputado, sabemos que ayer hubo un debate bastante encendido, la Comisión de Juicio Político rechazó abrir un proceso contra el vicepresidente Amado Boudou. Queríamos saber su opinión sobre este tema.

CH: Yo tengo opinión desde hace tiempo sobre el tema. Es decir, para mí las condenas mediáticas son inaceptables y el linchamiento mediático son más que inaceptables aún. Acá no hay ninguna novedad, estos mismos legisladores que están pidiendo juicio político ahora, empezaron a pedir juicio político el día que el juez dijo que estaba analizando o que el fiscal pidió que sea citado a indagatoria Boudou. A mí me parece que hay que separar el trabajo de la Justicia y hay que darle todos los espacios y garantía para que se haga lo que se tiene que hacer y que si Boudou es en definitiva culpable de algo me parece que tendrá que asumir las responsabilidades como cualquier ciudadano. Es decir, yo no creo que porque sea vicepresidente tenga que tener coronita. Pero, me parece que sancionarlo a priori por algo que no está probado ni mucho menos porque ni siquiera está en firme el procesamiento, es un procesamiento apelado, ni siquiera tiene todavía la firmeza del caso, marca una clara intencionalidad política. Y si se compara la actitud respecto de Boudou con la actitud respecto de Macri o la actitud respecto del diputado Sturzenegger. El diputado Sturzenegger estuvo procesado durante 10 años por el tema del megacanje. Fue desprocesado hace muy poquito. Sin embargo, incluso el fiscal, el fiscal Moldes apeló ese desprocesamiento porque en realidad no fue un procesamiento porque se probó que no tenía nada que ver, sino por prescripción de la causa. Y el fiscal lo ha apelado. Así que yo podría decir que la situación de Sturzenegger es similar a la de Boudou. Boudou tiene un auto de procesamiento y está apelado. Y Sturzenegger tiene un sobreseimiento y está apelado. El diputado Aguad, estuvo procesado no hace mucho. Y hay más para nombrar solo algunos, y en ningún caso hemos visto que se pida destituciones, juicios políticos, etc., etc. Es más en el caso de Macri que es el más flagrante es casi ridículo porque cuando uno le pregunta a alguien del PRO o el propio Macri, dicen no pero este es un juicio vergonzoso. Es decir, que ese procesamiento está mal porque ellos no lo aceptan y lo critican de vergonzoso, y entonces, esto es un procesamiento vergonzoso. Y el juez es un juez cuestionado. Así que yo no me doy por enterado y para mí eso no corre. Y además mienten porque el procesamiento de Macri que fue apelado, fue ratificado por la Cámara, está recontra firme, muchísimo más firme que el auto de procesamiento de Boudou que en este momento es un auto que está en proceso de apelación y de revisión.

FP: Clarísimo Carlos. Muchísimas gracias Gracias. Buen viaje.

El juez y la grasa de los capitales

El discurso del ministro Axel Kicillof y del Canciller Héctor Timerman ante la OEA, el jueves 3 de julio pasado, debiera ser leído y analizado en las escuelas, en las Universidades, en las fábricas, en las plazas, en las legislaturas, en las empresas, en los barrios y en los templos religiosos.

Es que esta batalla contra los buitres la ganamos juntos y movilizados; o no la ganamos.

La negociación con los buitres

La apertura de las conversaciones con los representantes de los Fondos Buitre requiere tener en claro las condiciones que determinan la posición argentina. La primera es que, desde la salida de la crisis del 2001, el Estado y los bancos se están financiando con recursos propios. El Estado está cumpliendo puntualmente los servicios de la deuda reestructurada sin pedirle nada a nadie. Acaba de ratificarlo, depositando los fondos para pagar los vencimientos del 30 de junio. A su vez, los bancos están rentables, con carteras sólidas, fondeados en pesos, sin burbujas especulativas ni descalce de monedas dependiente del crédito externo. Las reservas internacionales son genuinas fundadas en dólares, resultantes de la economía real, no de deuda externa.

Conviene recordar, sobre esto último, que la crisis mundial, iniciada con el derrumbe de las hipotecas norteamericanas y la caída de Lehman Bros., tuvo su origen en la insolvencia de los bancos “muy grandes para quebrar”. Nuestra propia crisis y el derrumbe de la convertibilidad fueron consecuencia de la dolarización y el fondeo externo del sistema bancario. Nada de esto sucede hoy en la Argentina.

Podríamos estar más fuertes, si la restricción externa se hubiera manejado mejor en los últimos años. De todos modos, la fortaleza que conservamos es suficiente para negociar sin miedo ni urgencias. Haya o no acuerdo, el país está parado en sus propios recursos, sin depender de las calificadoras de riesgo ni del salvataje internacional.

Si no hay acuerdo, se sumarán nuevos embargos a los 900, incluida la fragata, ya entablados, sin que se interrumpieran las relaciones normales de la economía argentina con el resto del mundo. Si, como está sucediendo, Argentina pone a disposición de los acreedores los servicios de la deuda reestructurada, los problemas son responsabilidad de quien interfiere en la interrupción de la cadena de pagos.

Si hay arreglo, en términos compatibles con la fortaleza y el interés argentinos, mejor. Se habrá resuelto otra de las herencias del neoliberalismo, como se acaban de resolver, los diferendos con Repsol, el Ciadi y el Club de París. Pero, en este caso, debe descartarse la fantasía de que van a llover los dólares y las inversiones, que sólo son realizables en una economía sólida y soberana.

Conviene no darle a esta cuestión más importancia de la que merece. Los problemas reales de la economía argentina siguen siendo exactamente los mismos el día antes, que el día después del fallo del juez Griesa. No se arreglan ni empeoran por el resultado de estas negociaciones, Por esto mismo es conveniente, como lo vengo sosteniendo desde el principio, que la negociación debe ser entablada al nivel jerárquico que corresponda. Alcanza con la Subsecretaría de Finanzas y el equipo jurídico necesario, sin involucrar a las máximas autoridades del Gobierno, que tienen otras cosas más importantes de que ocuparse. A este nivel superior, ya se ha dicho lo necesario. Es preciso que nos respetemos a noso-tros mismos, preservando el orden jerárquico.

¿Cuáles deberían ser los límites de la oferta argentina? Los mismos que los de los canjes del 2005 y 2010, que recibieron el apoyo de más del 90 por ciento de los tenedores de la deuda en default. No sólo por la cláusula RUFO sino, principalmente, por una cuestión de principios que nos compromete y ayudaría a implantar las reformas necesarias en el orden financiero internacional. Convendría una ley de nuestro Congreso, que fije una fecha límite para adherir al último canje posible. Después de esa fecha, Argentina debería desconocer los papeles no canjeados. Conviene señalar a la contraparte que corre el riesgo de no cobrar nunca.

Por último, recordemos que operamos dentro de un orden mundial, dentro del cual la inmunidad soberana de los Estados pone límites a la extrapolación de la jurisdicción de tribunales nacionales sobre terceros países. En este escenario mundial, la razonabilidad de la posición argentina ha recogido un consenso prácticamente unánime. Podemos estar tranquilos, no somos el “patio trasero” de nadie.

El hobby del lobby

La Argentina no acepta el fallo absurdo de Griesa, pero está dispuesta a negociar un acuerdo justo, equitativo y legal. Como ése es el camino que le negó aquella sentencia de cumplimiento imposible, queda el recurso a la Corte Suprema argentina y/o a la Corte Internacional de La Haya. Lo que está descartado es la posibilidad de aceptar las condiciones que desde afuera y adentro intentan imponerse a una nación soberana, que tiene la consistencia política y económica de que carecía en 2001 y 2002.

El fallo de la Corte Suprema estadounidense no es sólo contra la Argentina sino parte del conflicto político, económico y cultural interno de los Estados Unidos, una dimensión que aquí no se conoce lo suficiente. Eso abre una brecha que el país puede aprovechar. La mayoría conservadora de ese tribunal hostiga en forma sistemática al gobierno del presidente Barack Obama, con ataques dirigidos al corazón de sus políticas. En su amicus curiae ante la Cámara Federal de Apelaciones de Nueva York, el Departamento del Tesoro había cuestionado la caprichosa interpretación de la cláusula de pari passu que formuló el juez del distrito de Wall Street, Thomas Griesa, alegando que de ese modo un solo acreedor podría amenazar un proceso de reestructuración de deuda con amplio apoyo internacional. Pero cuando se aproximaba la decisión del tribunal supremo no insistió, porque conocía que con alta probabilidad la decisión sería opuesta a la Argentina. La fórmula que encontró fue sugerir que sólo presentaría un escrito si la Corte Suprema le hiciera llegar una consulta. Pero eso no ocurrió y Obama se reservó su escaso músculo para otras batallas de mayor importancia en el último tramo de su administración, cuando lucha por aquello que en Estados Unidos se conoce como el legado de un gobierno, aquello por lo que será bien o mal recordado.

Una Corte hostil

Obama no la tiene fácil. En las dos semanas siguientes al fallo que dejó firme la orden de Griesa contra la Argentina, la Universidad de Ciencias Empresariales de Quinnipiac, en Hamdem, Connecticut, realizó una encuesta de opinión entre mil quinientos votantes de todo el país, en la que fue catalogado como el peor presidente de los Estados Unidos desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial y Ronald Reagan como el mejor. Al mismo tiempo, la mayoría de la Corte Suprema firmó tres fallos significativos del estado de las hostilidades contra el gobierno:

- declaró constitucional el hostigamiento de organizaciones fundamentalistas contra mujeres vulnerables frente a las clínicas a las que recurren para realizarse un aborto.

- interpretó que al obligar a las empresas a incluir sin costo para sus empleadas todos los métodos para el control de la natalidad aprobados por la Food and Drug Administration, el plan de salud de Obama violaba la libertad religiosa de las empresas con propietarios cristianos. En consecuencia, las habilitó a eliminar todo servicio anticonceptivo en los planes de salud de sus empleadas. Ese fallo escandaloso, redactado por el juez supremo Samuel Alito, sostuvo que las personas jurídicas pueden tener creencias religiosas y que la Corte debe protegerlas. El caso fue planteado en 2012 por la cadena Hobby Lobby, cuyos supermercados de artículos para decoración y artesanías son musicalizados con himnos religiosos y su página de Internet está encabezada por la bandera de las rayas y las estrellas con un cartel que proclama la fe en Dios, con citas de los Evangelios, de George Washington y de James Madison, quien proclamó que todo hombre debe ser considerado un súbdito del Gobernador del Universo antes que un miembro de la sociedad civil.

- dijo que no es constitucional obligar a miles de trabajadores domiciliarios de sanidad a pagar una cuota sindical si no están afiliados. También este caso fue fundamentado por Alito, con la idea de que el descuento sindical atacaría la libertad de expresión, al subsidiar en forma obligatoria las opiniones de un tercero. El gobierno de Illinois sostenía que como los asistentes personales reciben su salario del Estado, son empleados públicos. Pero la Corte consideró que sólo eran semipúblicos, porque sus verdaderos empleadores son los pacientes a los que cuidan en sus hogares. Este caso abre espacio para la reversión de una jurisprudencia que desde 1977 enfrenta a los gobernadores republicanos con los sindicatos demócratas, al permitir que los trabajadores del sector público paguen la cuota sindical aun sin estar afiliados. Obama fue puesto a la defensiva en estas materias. Ayer, el The Washington Post informó que el presidente ha dejado de hablar de la lucha contra la desigualdad, que había llamado “una amenaza fundamental contra el sueño americano, nuestro estilo de vida y aquello que defendemos en el mundo” y sólo se refiere a elevar a la clase media, mientras el Partido Demócrata discute sobre lo que llama “el populismo y sus límites”.

Farsa y tragedia

En tal contexto, no es difícil entender por qué el gobierno de Estados Unidos se opuso a la declaración de la OEA en respaldo de las negociaciones legales y justas que reclama la Argentina, alegando que no podía hacerlo porque se trataba de un caso judicial (el de Canadá se abstuvo). Cuando el gobierno argentino de Carlos Menem invocaba la división de poderes para rechazar alguna decisión del Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos, sonaba como una farsa. Cuando Obama hace lo mismo, la historia se repite pero como una tragedia, porque Menem terminó entrando en razones, pero es inverosímil que el gobierno estadounidense lo haga. Su Corte Suprema es muy sensible al lobby de las grandes empresas y en especial aquellas del sector financiero. Por eso, además de la impresionante acumulación de apoyos en todo el mundo, la estrategia argentina incluye la erosión de Nueva York como plaza financiera segura, lo cual a su vez explica la amplia solidaridad que ha encontrado en el parlamento británico y refleja el carácter sistémico de la cuestión. El depósito del pago a los tenedores de bonos reestructurados en la cuenta que el Banco de Nueva York abrió para ello en el Banco Central argentino surgió por descarte de otras tres posibilidades:

- Pagar en la Argentina. Era impracticable, ya que un alto número de acreedores no tenía posibilidad legal y/o voluntad de cambiar la sede del contrato, de Nueva York, Bruselas o Tokio a Buenos Aires.

- Acatar en forma literal el fallo y pagar la totalidad de los bonos anteriores al default de 2001, emitidos bajo la ley de Nueva York y que no ingresaron en los canjes de 2005 y 2010 más los intereses acumulados. Eso podría haberse hecho con divisas o mediante la emisión de nuevos bonos. Pero hubiera dado lugar al reclamo judicial de igual trato por parte del resto de los holdouts y de quienes sí canjearon sus títulos, recreando el marasmo de 2001/2002, con sus terribles consecuencias.

- No pagar la deuda reestructurada e interpretar el fallo como un mandato de negociar con los holdouts. Esa parece ser la línea de interpretación de Griesa, cuya afirmación de que el pago que hizo la Argentina es ilegal, equivale a subrogar la soberanía del Estado Nacional: esos bonos surgen de un contrato celebrado por la Nación con particulares de distinto origen. Ni el contrato ni los títulos canjeados fueron sometidos jamás a la jurisdicción de aquel magistrado. Acceder a su pretensión y no pagar pese a que existen los recursos para hacerlo hubiera implicado una violación deliberada a los términos de esos contratos y generado responsabilidad penal de los funcionarios que lo decidieran. En la Argentina es un delito que el deudor le pague más a un acreedor que a otro que está en igual condición. Que Griesa no haya embargado los fondos, sino dispuesto su devolución no cambia el fondo: en cualquier caso prohíbe a la Argentina cumplir con sus obligaciones.

La decisión argentina de depositar el pago en la cuenta del BoNY tal como lo hizo con todos los vencimientos anteriores de la deuda reestructurada rompió la comunidad de intereses que el fallo había creado entre bonistas de todas las especies y bancos intermediarios y en cambio introdujo una cuña entre ellos. Con un dejo de realismo, Griesa autorizó al Citibank a pagar en dólares a los bonistas del canje en Buenos Aires. Pero como era de esperar, la Caja de Valores Euroclear reclamó lo mismo, para cumplir con los europeos que poseen bonos argentinos emitidos según la ley de Londres y Cardiff. Hasta este fin de semana, Griesa no había resuelto la cuestión, lo que testimonia su complejidad. Si se negara, provocaría un aluvión de reclamos por esa extralimitación, cosa que la Argentina se encargó de recordar en su comunicación a Euroclear: la cadena de pago de esos bonos emitidos en euros no pasa por Estados Unidos y el Banco de Nueva York que interviene está constituido en Luxemburgo, por lo que el juez de Wall Street no debería tener voz ni voto en la cuestión. Pero si aceptara que los bonistas europeos cobren su parte, igual que los que se rigen por la ley argentina, los únicos que no recibirían nada serían aquellos que reestructuraron su deuda según la ley de Nueva York. Si éste fuera el efecto no buscado del torpe fallo de Griesa que la Corte Suprema confirmó, la crisis se instalaría en el lugar menos deseado por ellos. Como lo advirtió el diario The New York Times, si los países prefirieran endeudarse en Londres se generaría un gran problema. Esto menoscabaría el rol de Nueva York como centro financiero mundial y podría tener “un efecto perjudicial sobre el rol sistémico del dólar estadounidense”. Es decir que la Argentina tiene cartas fuertes en la mano y hasta ahora las está jugando con habilidad. Lo hace a partir de una convicción basada en la experiencia de la última década, pero que tiene raíces mucho más remotas. Si la Argentina mantiene la misma firmeza, el propio sistema monetario internacional deberá poner en caja a los fondos buitres, ya que los defaults le son orgánicos y no contingentes.

Una posición nítida

El nítido planteo que el gobierno llevó al Grupo de los 77+China hace diez días, a la OEA esta semana y que reiterará la próxima ante la Asamblea de la Unctad en Ginebra, refuta la descripción de un gobierno que varía su posición cada semana porque no sabe qué hacer, como lo presentan buena parte de la prensa argentina y los hombres de negocios financieros. Desde el primer día la presidente CFK, su jefe de gabinete Jorge Capitanich, el ministro de Relaciones Exteriores Héctor Timerman y el de Economía Axel Kicillof han dicho que el país desea pagar la totalidad de sus deudas, en el curso de una negociación legal y equitativa y que no aceptará ninguna extorsión. Estos términos no son contradictorios sino complementarios y su comprensión muy fácil, salvo para quienes plantean la aceptación sin reparos del fallo de Griesa (lo que redundaría en un default dispuesto por el juez) o las imposiciones de los fondos buitre, que pretenden cobrar sin quita alguna los papeles que compraron por monedas después del default y de la reestructuración de 2005 y a lo sumo aceptarían bonos a largo plazo por el total de su reclamo, más los intereses devengados. Este aspecto de la situación no es conocido por el público de los Estados Unidos, donde el intenso lobby de los fondos buitre ha instalado la idea de que la incorregible Argentina abusa de quienes le prestaron dinero de buena fe. Argentinos residentes en Nueva York se desesperaron tratando de encontrar la defensa del país, en inglés y en Internet. Hasta la semana pasada sólo había un facsímil escaneado de la solicitada que se publicó en diarios de Estados Unidos, de lectura dificultosa. Según uno de esos navegantes solitarios, ese texto “no dice que los hedge funds compraron los bonos después del default. Ese es un detalle crucial. El argumento razonable de los comentarios críticos a la Argentina es que si pedís plata prestada tenés que pagar a los que te prestaron. Y por eso hay que enfatizar que los hedge funds nunca fueron prestamistas, y por qué sí son buitres. La solicitada está muy bien para el lector ya informado. Pero es tediosa e incompleta para el ignorante”. Luego de recoger esos comentarios, Kicillof dispuso que un Twitter de la embajada argentina comience a difundir la perspectiva argentina con la tecnología (gratuita) del siglo XXI y no sólo con las costosas solicitadas del siglo XIX. Hay una comparación obvia que hacer si se busca alguna forma de empatía con quienes fueron arruinados por el mismo sector financiero, en lo que se sintetiza como la pugna de Wall Street con Main Street. El mensaje es que, tal como la clase media estadounidense, la Argentina quiere trabajar y pagar sus deudas, no que le remate la casa un banco que compró su hipoteca el día después del crash.

Camino a La Haya

En aquella solicitada, el Estado Nacional advirtió “a los Estados Unidos por la responsabilidad internacional que le cabe por las decisiones de su Poder Judicial, al agente fiduciario, a las entidades financieras involucradas, a los litigantes y al mismo juez Thomas Griesa” sobre eventuales acciones judiciales ante la OEA, la ONU, el FMI, el Tribunal Internacional de La Haya y los tribunales argentinos. Adelantó que la prórroga de jurisdicción con que se emitieron los títulos que los fondos especulativos compraron por monedas luego del default no implica “la aceptación de actos jurisdiccionales de cumplimiento imposible”, ya que el fallo vulnera el principio de inmunidad soberana e interpreta en forma absurda el principio de pari passu, como también fueron absurdas e ilegítimas las 900 acciones que los fondos buitre promovieron en distintas instancias y países, como los embargos a la Fragata Libertad, a un satélite argentino, al avión presidencial y a los fondos provisionales, que fueron uno tras otro rechazados o revocados. A la Corte Internacional de Justicia de la Haya (CIJ) es posible llegar por dos caminos: un caso contencioso, para lo cual Estados Unidos debería aceptar la competencia de ese tribunal, o una opinión consultiva que podría ser solicitada por algún órgano de los Naciones Unidas, como la Asamblea General, donde la Argentina tiene asegurada una cómoda mayoría. Estados Unidos aceptó en 1946 la jurisdicción compulsoria de la CIJ, pero la revocó por dos años en 1984 en relación con Centroamérica, cuando supo que en pocos días más la Nicaragua sandinista recurriría a la Corte por los actos militares y paramilitares realizados en su territorio por el gobierno de Ronald Reagan, como la organización de los Contra y el minado de los puertos. La Corte procedió de todos modos y en 1985 le dio la razón a Nicaragua: los actos de Estados Unidos violaban el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación entre ambos países. Entonces Estados Unidos notificó a las Naciones Unidas que repudiaba la competencia obligatoria de la CIJ, cosa que entró en vigencia seis meses después, en 1986, y se negó a pagar las reparaciones económicas que estableció la condena. En otra causa, iniciada por Irán a raíz del bombardeo de plataformas petroleras en el Mar Caspio, la CIJ resolvió en 2003 que como Estados Unidos no había sufrido un ataque armado de Irán, su ataque no había sido en defensa propia. La CIJ volvió a fallar en contra de Estados Unidos en el caso Avena, presentado por México debido a la imposición de la pena de muerte a medio centenar de mexicanos, sin revisión judicial pese a la violación de los derechos consulares y de información. Pese a la preocupación expresada por el secretario de Estado John Kerry, sobre el trato que podrían recibir ciudadanos estadounidenses en otros países, el Estado de Texas ya ejecutó a tres mexicanos incumpliendo la decisión de la CIJ. La Opinión Consultiva, que no produce una sentencia obligatoria, puede solicitarse sin el consentimiento de la otra parte. Ignorarla tiene un alto costo para la reputación internacional de un país. Estados Unidos lo hizo en 1988, cuando la CIJ dijo que no podía cerrar la representación de la OLP ante las Naciones Unidas sin pasar por un proceso de arbitraje con la ONU. La Asamblea General, que todos los años emite resoluciones sobre la deuda soberana que coinciden con la posición argentina, podría preguntarle a la CIJ si es consistente con el derecho internacional que un juez de un Estado impida a otro Estado pagar su deuda pública con acreedores que no son parte de aquel proceso judicial. Hay pocas dudas acerca de cuál sería la respuesta.

¿Y por casa?

En una de sus conferencias de prensa, Capitanich objetó que la Justicia argentina no hubiera intervenido en el tema. La posibilidad de remediarlo está al alcance del Poder Ejecutivo. La prórroga de jurisdicción a favor de árbitros o tribunales extranjeros sólo es admisible si la Corte Suprema argentina retiene la posibilidad de revisión. Así lo dictaminaron en 1919 el Procurador General de Yrigoyen, José Nicolás Matienzo, y hace 40 años el último Procurador Fiscal de Perón, Oscar Freire Romero. Esta interpretación del artículo 100 de la Constitución histórica (idéntico al 116 de la reformada en 1994) no cede ante ninguna ley. Pero mientras se presenta el caso ante un juzgado y asciende hasta la Corte Suprema (nunca tan justificado el acceso per saltum), sería recomendable que el gobierno nacional comenzara a revisar en serio las prórrogas de jurisdicción que autorizó la dictadura militar en su primer mes, al reformar el artículo 1 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que las vedaba. Esa fue la base de los Tratados Bilaterales de Inversión firmados a partir de la década de 1990, que han arrastrado a la Argentina a la jurisdicción de árbitros del Banco Mundial (eso es el Ciadi) y de la Cámara de Comercio de París. No renovar esos tratados a medida que vencen, prohibir nuevas prórrogas de jurisdicción en todo tipo de contratos (el de YPF con Chevron, el de la provincia de Chubut con Panamerican por Cerro Dragón, los de varias empresas con capitales nacionales entre sí) es una cuestión de puro sentido común. El artículo inicial del CPCC puede ser modificado por el Congreso, ya que no responde a ninguna obligación constitucional. Pero aun con su texto actual la jurisdicción sólo puede prorrogarse en jueces o árbitros extranjeros cuando el tema es de “índole internacional”, lo cual excluye la disputa por el precio del gas entre Panamerican Energy y Aluar, por ejemplo. También es momento de repensar las características de la estructura económica local que permitieron que reapareciera la restricción externa, con la abultada factura de las importaciones energéticas, automotrices y de la armaduría electrónica fueguina y la clase de consumos sofisticados que siguen recibiendo estímulo oficial. Esto tiene una lógica difícil de modificar, ya que sin los planes de financiación de automóviles las suspensiones de trabajadores metalúrgicos y mecánicos se convertirían en despidos, favoreciendo que los principales sindicatos industriales que apoyan al gobierno se sumen a las algaradas que planean Hugo Moyano y Gerónimo Venegas. Plantear en forma explícita estas cuestiones también contribuiría a levantar el penoso nivel del debate público suscitado por el caso de los holdouts, donde hubo quienes llegaron a estimar el aspecto nominal del endeudamiento en vez de su porcentaje sobre el Producto y a equiparar deudas en divisas con acreedores externos con deudas en pesos intra sector público; a pretender que había un acuerdo para que Griesa embargara los fondos y con ello se pagara a los holdouts en forma vergonzante; a atribuirle la línea del documento oficial a Gustavo Nielsen, cuya propuesta totalmente diferente fue desechada; a recomendar el acatamiento de cualquier disposición del juez neoyorquino y a tergiversar la palabra presidencial, cuando dijo que la Argentina pagaría todas sus deudas pero “con seriedad y responsabilidad”, algo de lo que nunca se apartó. Una vez más, CFK rehúsa plegarse al sentido común de las clases dominantes y asume todos los riesgos de la defensa del interés y la dignidad argentinos. No será fácil y requerirá de una fuerte movilización y organización políticas.

Los fondos buitre, una plaga global

Tiempo después de que surgiera como modo de representar valor, el dinero comenzó a utilizarse como una mercancía más, y así trabajaban los primeros banqueros: recibiendo ahorros de los ciudadanos y prestándolo a cambio de un interés. Con el paso de los siglos, los gobiernos entendieron que estas actividades debían ser reguladas. Entonces los bancos, y luego las bolsas de valores y de materias primas, tuvieron que adaptarse a ciertas normas de funcionamiento, ratificadas tras la crisis de 1929 con el objetivo de prevenir nuevos crash de la economía.

En los años 80, en el contexto del ascenso del pensamiento ortodoxo, las presiones de los sectores neoliberales generaron modelos financieros no regulados: en 1985 surgió la International Swaps and Derivatives Association (ISDA), que se ocupó de establecer un contrato tipo para las operaciones de derivados, es decir, instrumentos financieros que cotizan en relación con un activo subyacente (el inversor no compra acciones, bonos o materias primas, sino que especula sobre la variación de los precios de esos activos; por eso se dice que el valor "deriva" del activo).