El país que viene se construye desde hoy

Martín Töpf


La presente fase de implementación del modelo neoliberal y neocolonial llevado adelante por el gobierno de Cambiemos está desencadenando una crisis social en la Argentina. Esta situación configura un escenario que acrecienta la posibilidad para la llegada de un próximo gobierno constitucional con un proyecto de garantías ciudadanas, soberano e independiente.

Ese proyecto, plasmado en un programa y referenciado por dirigentes que guardan compromiso con sus principios podría contribuir a traer a la política y a la realidad nuevamente al centro del debate, y ser una buena salida que un partido político puede ofrecer a todos los sectores de la sociedad que necesitan y buscan una opción que se oponga a este modelo y le dé un horizonte a la sociedad y al país.

La implementación del actual modelo político y económico en la Argentina ha llevado a una crisis. La persistencia y profundización en su aplicación puede conducir a que este gobierno y su modelo terminen en debacle.

La eventual salida de este gobierno neoliberal y neocolonial, en situación de crisis y fracaso, configura un escenario que acrecienta la posibilidad para la llegada de un nuevo gobierno constitucional, con un proyecto de garantías ciudadanas, soberano e independiente. Esta grave crisis, por ende, abre una posibilidad mayor que otras para hacer una transformación estructural, en concepciones y en relaciones; un cambio que no tenga por objeto solo menguar los efectos de la aplicación del modelo neoliberal, sino producir un salto cualitativo en la calidad de vida de la población y en el sistema institucional del país, sentando además las bases para que las garantías ciudadanas y la democracia real puedan ser permanentes. Dentro de las construcciones políticas que se están dando hoy, el espacio que tiene posibilidades de convertirse en gobierno y parece más cerca de estas definiciones es el que está conformando la coalición de Unidad Ciudadana.

La próxima gestión recibirá el país en una condición económica, financiera y social de profundo deterioro y ahogamiento, y estará además fuertemente condicionada por los compromisos de la deuda externa. Sería difícil que pueda revertir esta situación y conducir al país a un nuevo estatus si el gobierno que llegue no está conformado sobre la base de un programa destinado a ese fin, y más aún, si sus conductores hubiesen formado parte o apoyado la implementación del actual modelo o guardan algún compromiso con sus beneficiarios.

Las alianzas pueden ser convenientes e incluso necesarias, pero sin dudas merecen ciertos cuidados; sobre todo a la luz de algunas experiencias cercanas que terminaron en fracaso, como la de Fernando de la Rúa con Chacho Alvarez, la de Cristina Fernández con Julio Cobos, o más actualmente y con otras particularidades, la de Fernando Lugo con Horacio Cartés  o la de Dilma Rousseff con Michel Temer. Por eso, entonces, parece muy conveniente que la conformación de una alianza o unidad se establezca sobre el acuerdo de un proyecto antes que en base a una estrategia electoral.

Un proyecto, construido sobre objetivos, debe poder plasmarse en un programa. Si, como aquí se propone, se trata de construir un país socialmente equitativo, independiente, soberano y latinoamericanista, será indispensable abordar los aspectos que lo hagan posible. Revertir el ajuste, recomponer el poder adquisitivo del conjunto de la población y producir mejoras sustanciales en seguridad social, servicios públicos, salud, educación, vivienda y trabajo, por citar algunas áreas esenciales, sólo podrá lograrse si, entre otros factores, se cuenta con los recursos necesarios para hacerlo.

Para obtener los recursos y lograr esta transformación será necesario modificar la distribución del ingreso y reformar el marco normativo de las instituciones. Nos referimos, básicamente, al sistema tributario, especialmente en relación con los grandes productores y exportadores agropecuarios, a las operaciones financieras y las grandes fortunas personales; al comercio exterior en general; a la política exterior; a las políticas sobre los recursos naturales; al desarrollo industrial; a la normalización de la justicia y las instituciones del Estado; a la democratización de los medios de información y comunicación; y a una reforma constitucional, capaz de representar y garantizar los derechos de los sujetos de todas las condiciones sociales, a la vez que de dar respuesta a las herramientas que ha desarrollado el capitalismo trasnacional para burlar las viejas y formales definiciones de democracia y estado-nación.

Por otra parte, y debido al grave avasallamiento en que el actual gobierno ha incurrido sobre los derechos, el patrimonio, la soberanía y la democracia en nuestro país, se torna imprescindible revisar la totalidad de leyes, acuerdos, deudas y compromisos que éste ha suscrito en nombre del pueblo de la Nación Argentina, tanto en los niveles externo como interno, para determinar su legitimidad o ilegitimidad. Este proceso, además de determinar las responsabilidades correspondientes, deberá servir para determinar su vigencia o nulidad.

La consideración de estos aspectos es vital para la concreción de cualquier proyecto para las mayorías. El riesgo que se corre, si no, es que los objetivos sólo lleguen a ser enunciados.

Según los datos de los principales factores que determinan la marcha de la economía y si el rumbo del modelo implementado no se corrige, la situación de nuestro país no hará más que empeorar. Se reduce el consumo interno, no hay créditos accesibles, no hay inversión extranjera y se planea un ajuste para el Estado y para el gasto y la obra pública de por lo menos 300.000 millones de pesos en 2019, proyectándose para ese período un crecimiento mínimo o incluso negativo. Además, continúa la fuga de capitales y la caída de las reservas, agravando los vencimientos de lebacs y de pagos de la deuda; continúan la devaluación, la inflación y el deterioro de los salarios e ingresos familiares, y además hay programados nuevos aumentos en los servicios públicos. Como consecuencia, se dan de baja programas sociales, caen las economías regionales y cierran pequeñas y medianas empresas; y con todo ello el comercio y el consumo. Hay reducciones de jornadas, suspensiones, despidos, cierre de fábricas y comercios; alteración de la cadena de pagos; falta de fondos para pagar los sueldos; incumplimiento de paritarias; paros y movilizaciones constantes y en aumento; y represión de la protesta social.

La crisis económica, financiera, política y social que ha causado el actual modelo no hace más que aumentar, y con ella el descrédito sobre el gobierno y quienes lo acompañan. En este contexto y como ya viene sucediendo, muchos sectores que han apoyado al macrismo buscan abandonarlo para encontrar una opción política que les permita recomponerse.

Un proyecto, plasmado en un programa y conducido por dirigentes que han guardado compromiso y coherencia con los principios que enuncia es una buena salida que un partido político puede ofrecer a los gobernadores e intendentes, a los sindicatos y a todos los sectores de actividad; a los movimientos y las organizaciones sociales, a la militancia y a un número en constante aumento de ciudadanas y ciudadanos que necesitan y buscan una opción política que se oponga a este modelo y le dé un horizonte a la sociedad y al país.

Un proyecto y su programa, a su vez, contribuirían a poner nuevamente a la política y a la realidad en el centro del debate, comparando y contrastando datos, métodos y paradigmas; y  desplazaría de la escena la descalificación y demonización que de toda oposición intenta hacer el gobierno, asociado con un sector del Poder Judicial y los medios de comunicación hegemónicos.

En otro orden de cosas y concluyendo, es ineludible señalar que además de trabajar en la construcción de un futuro, no se puede ceder ni un paso en la lucha que cada día grandes sectores de la sociedad dan para que este gobierno no siga avanzando sobre los derechos y la democracia.

El país que viene se construye desde hoy, en todos los frentes.

 

7 de septiembre de 2018