El 23 y 24 de noviembre pasados se desató en la comunidad Lafken Winkul Mapu, lago Mascardi, Provincia de Río Negro, un operativo a cargo del grupo Albatros de la PNA. La violencia del actuar policial llegó al extremo de ver detenidos a niños Mapuches en la comisaría de la Policía Federal de Bariloche, separados de sus familiares y en franca violación de los derechos y convenciones internacionales que asisten a niños y niñas. De confirmarse que fueron balas federales las que acabaron con la vida del joven Rafael Nahuel durante dicho operativo, estaríamos ante una nueva muerte que no puede dejarnos inmóviles como sociedad civilizada.

Así las cosas, ya no caben argumentos para ocultar una secuencia donde se hilvanan el conflicto por la extranjerización de la tierra en la Patagonia, la estigmatización del pueblo Mapuche, la xenofobia más primaria, el actuar descontrolado de las fuerzas de seguridad, las violaciones a los derechos humanos y el debido proceso, y los dispositivos de la posverdad operando desde las corporaciones mediáticas para tergiversar hechos históricos, como la dinámica del poblamiento humano de la Patagonia, y actuales, como el actuar del Ministerio de Seguridad. Todo ello sin olvidar que largas extensiones de tierra patagónica están en manos del grupo Benetton, que destacadas amistades presidenciales como Joseph Lewis son actores de peso en la extranjerización de los campos, y que el propio Macri modificó por decreto (820/2016) la Ley de Tierras Rurales con el objetivo de quitar restricciones a la venta de campos a extranjeros.

Los científicos y tecnólogos nucleados en el grupo CyTA manifestamos nuestro rechazo y preocupación por esta grave situación, y nos sumamos al reclamo de vastos sectores de la sociedad que exigen el esclarecimiento de las muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, ambas ocurridas en el marco de operativos ilegales de las Fuerzas de Seguridad comandadas por la Ministra Bullrich. Que los hechos denunciados quieran teñirse de un pretendido “conflicto” con supuestos grupos armados sólo responde a la necesidad de ocultar la avidez inmobiliaria por tierras que deberían gestionarse de acuerdo al mandato constitucional y de la ley 26.160, recientemente prorrogada, que declara la emergencia territorial y evita los desalojos en comunidades de pueblos originarios de nuestro país.

Ante tan preocupante situación, que no dudamos en llamar una Nueva Conquista del Desierto, CyTA clama por el cumplimiento de los mandatos constitucionales en cuanto a los derechos de los Pueblos Originarios, por el fin de la violencia de Estado, y por el regreso de la paz social y el respeto a la diversidad étnica y cultural de nuestra Nación.

Ciencia y Técnica Argentina (CyTA) Investigación y Desarrollo para la Inclusión - 30 de noviembre de 2017