Edenor reconoce como positiva la política de subsidios del kirchnerismo

Belen Ennis

 

En su último informe, "Memoria y Balance 2015", Edenor reconoce haber cerrado ese año "con un resultado positivo importante" y con "la reversión de la insuficiencia patrimonial con que se había concluido el ejercicio anterior [en referencia a 2014]". ¿La causa de la mejora? "Una serie de medidas gubernamentales que intentaron ser un paliativo de la grave situación por la que atravesaba la empresa debido al congelamiento de tarifas", explica la compañía. Sin embargo, aclara también que dichas medidas "ya no están vigentes a la fecha de esta carta".

La carta en cuestión es la carta del Presidente de Edenor con la que introduce los resultados de su último reporte. ¿Las medidas gubernamentales? La Resolución 32 o una política de subsidios que sumada al FOCEDE lograron que Edenor invierta como nunca en su historia, exhiba resultados positivos y mejore la calidad del servicio en todos sus indicadores (todo en un contexto de incremento de la demanda y sin un centavo de más en las tarifas), tal y como confirma en dicho reporte. El fallo de la Corte Suprema en relación al tarifazo gasífero -como analizó oportunamente nuestro Observatorio (ver bibliografía)- reivindica la política energética de los gobiernos entre 2003 y 2015, sobre todo en materia de subsidios. Este hallazgo que mencionábamos arriba de Edenor y su rescate de "una serie de medidas gubernamentales" se expresa en igual dirección y, lo que es más importante, explica desde una óptica insospechada de kirchnerismo cuándo es que una política de subsidios realmente cumple sus objetivos. ​​​​​​

¿Qué resolvía la "Resolución 32"?

La "Resolución 32" establecía un aumento transitorio en los ingresos de las empresas Edenor y Edesur, con vigencia a partir del 1° de Febrero del 2015, a efectos de solventar los gastos e inversiones asociados al normal funcionamiento de la prestación del servicio público de distribución de energía. Dichos ingresos adicionales surgirían de la diferencia entre un cuadro teórico presentado por el Estado y el cuadro tarifario vigente que aportaba la empresa para cada categoría de usuarios, de acuerdo con los cálculos realizados por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE). A su vez, esta diferencia sería cubierta con fondos provenientes del Estado Nacional (léase subsidios) y transferidos por CAMMESA a las distribuidoras, de acuerdo a los montos que informara el ENRE.

Asimismo, la "Resolución 32" autorizaba a Edenor y Edesur a compensar o condonar las deudas que estas empresas mantenían con el Estado Nacional, establecidas por Programa de Uso Racional de la Energía Eléctrica (PUREE), y convertirla en parte de sus ingresos a fin de cubrir los costos de la prestación del servicio, sin que dichos costos fueran trasladados a las facturas de luz.

En resumen, a partir de la "Resolución 32", el Gobierno Nacional ponía en marcha una serie de medidas para cubrir, con fondos provenientes del Estado (subsidios), las deficiencias que las empresas distribuidoras aseguraban tener en sus cuadros tarifarios a causa del "congelamiento de las tarifas".

No obstante, lo más interesante de la "Resolución 32" -y, por ende, de la política de subsidios del kirchnerismo- fue su amplio reconocimiento por parte de la propia Edenor. Veamos.

¿Qué dice Edenor sobre la "Resolución 32"?

En el informe "Memoria y Balance 2015", el presidente de Edenor, Ricardo Torres, afirma que "la necesidad de adecuar la situación económica y financiera de las distribuidoras eléctricas bajo jurisdicción federal motivó que, en el mes de marzo de 2015, la Secretaría de Energía de la Nación dictara la Resolución SE N° 32/2015 (la "Resolución 32"), por la cual aprobó un cuadro tarifario teórico para las Distribuidoras, cubierto con fondos del Estado Nacional y con vigencia a partir del 1° de febrero de 2015". En efecto, la "Resolución 32" dispuso "que a partir del 1° de febrero de 2015 los fondos percibidos por la Distribuidora como consecuencia de la implementación del Programa de Uso Racional de la Energía Eléctrica ("PUREE") (Resolución SE N° 745/2005) -hasta ese momento registrados como deuda de la Sociedad- fueran considerados como parte de sus ingresos destinados a cubrir los mayores costos de la prestación del servicio de distribución eléctrica", explica Torres.

En igual sentido, agrega: "la Resolución autorizó a las distribuidoras a compensar hasta el 31 de enero de 2015 las deudas establecidas por PUREE hasta su concurrencia con los créditos de la Sociedad resultantes la aplicación parcial del Mecanismo de Monitoreo de Costos ("MMC") previsto en el Acta Acuerdo de renegociación del Contrato de Concesión, aprobada por Decreto N° 1957/2006 del Poder Ejecutivo Nacional, que no fueron trasladados a tarifa". Hasta aquí el mismo dictamen que diera en sus artículos la ex Secretaría de Energía respecto de la "Resolución 32".

El significado de reconocer la "Resolución 32"

Ricardo Torres sostiene, en su carta al comienzo del informe "Memoria y Balance 2015" de Edenor, que "como consecuencia de la implementación de la mencionada resolución, durante el año 2015 se produjo una reversión de la situación de déficit patrimonial con que la Sociedad había terminado el ejercicio anterior, no habiendo sido necesario convocar a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para considerar la reducción de su capital social". Es decir, gracias a la implementación de la citada resolución la empresa pudo revertir un mal año sin tener que convocar a sus accionistas para informarles una situación de pérdida en su patrimonio.

Y todavía más, ya que Torres explica que, gracias a los fondos provenientes del Estado Nacional "durante el ejercicio [en referencia a 2015] se registraron ingresos adicionales en carácter de subsidios complementarios al Valor Agregado de Distribución ("VAD") por $ 5.576 millones, de los cuales $ 3.961 millones correspondieron a la Resolución 32, $ 568 millones a los cobros del PUREE, $ 496 millones a la condonación de mutuos recibidos para el pago de aumentos salariales y $ 551 millones por reconocimientos de mayores costos no incluidos en las tarifas".

Por lo tanto, al reconocer la "Resolución 32", Edenor está reafirmando lo que dicha resolución sostiene en sus considerandos, a saber: 1) "Que justo es tener en cuenta que el ESTADO NACIONAL ha venido aplicando distintos mecanismos para garantizar la prestación del servicio público de distribución de energía eléctrica y, a su vez, evitar incrementos en la tarifa de los usuarios finales, priorizando la mejora en la calidad de vida de los ciudadanos; 2) "Que en el marco de las distintas políticas públicas que ha implementado el ESTADO NACIONAL con el fin de lograr la inclusión social y una eficiente distribución de los subsidios, esta SECRETARÍA DE ENERGÍA en el curso de los últimos DIEZ (10) años ha fijado las normas necesarias para el direccionamiento y asignación de los subsidios definidos por el PODER EJECUTIVO NACIONAL para los consumidores de energía eléctrica; y 3) "Que los ajustes a los ingresos de LAS DISTRIBUIDORAS no implican incidencia en los importes que abona el usuario en la actualidad por el servicio público prestado; no obstante, dichos ajustes serán tomados a cuenta del análisis que efectúe el ENRE al momento de efectuar la REVISIÓN TARIFARIA INTEGRAL (RTI)".

En otras palabras, se trata del reconocimiento empresario de la política de subsidios del kirchnerismo en materia de energía. Consecuencia de la "Resolución 32" y del FOCEDE, a pesar del retraso tarifario aludido por la empresa distribuidora, Edenor pudo mejorar la calidad del servicio, revertir un año negativo y cerrar con ganancias (ver bibliografía). En palabras del mismísimo Torres: "Son fundamentalmente estos ingresos los que permitieron reversar en el ejercicio económico 2015 de un déficit operativo de $ 3.335 millones al resultado positivo neto de $ 1.142 millones".

En suma, fueron los subsidios los que le permitieron a Edenor en 2015 mejorar absolutamente todos sus indicadores de calidad de servicio, incrementar su planta de personal en un 8% con unos costos operativos que subieron un 18%, invertir como nunca en su historia y cerrar el año con una ganancia neta de $ 1.142 millones (ver bibliografía). Todo en un contexto de retraso tarifario y de incremento de la demanda eléctrica por un lado y, por el otro y como fija la Resolución 32 reivindicada por Edenor, garantizando "la prestación del servicio público de distribución de energía eléctrica y, a su vez, evitar incrementos en la tarifa de los usuarios finales, priorizando la mejora en la calidad de vida de los ciudadanos".

¿La justificación del tarifazo?

No se justificaría en absoluto si no fuera porque en el Ministerio de Energía opera una cámara empresaria con poder ministerial, empezando por el propio Aranguren que continua como accionista de Shell -en lo que ya constituye una incompatibilidad flagrante en el ejercicio de sus funciones públicas-, y porque el Estado ha decidido alimentar los negocios minoritarios de algunas empresas privadas en lugar de buscar el bienestar energético del pueblo argentino y el desarrollo de la industria nacional. El fallo de la Corte fue categórico al respecto.

No obstante, lo que sí encuentra justificativo es la política energética del kirchnerismo que permitió mantener un sistema de subsidios, a partir de la presencia de un Estado activo, clave y regulador en materia de energía que no dio el brazo a torcer ante los reclamos y presiones constantes de las empresas distribuidoras privadas eléctricas y que siempre obró en función de los intereses de los 42 millones de argentinos. Y todo eso sin impedir que dichas empresas pudieran mejorar su funcionamiento y obtener ganancias millonarias, como ellas mismas reconocen.

El accionar de un Estado presente en materia de subsidios e interpretando a la energía como una variable de desarrollo ciudadano e industrial, no sólo beneficia a la gran mayoría de los argentinos sino que también puede dar respuestas genuinas a las problemáticas planteadas por las empresas sin necesidad de ningún tarifazo y con el aval empresario.

La Resolución 32/2015, dictada por el entonces Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios a través de la ex Secretaría de Energía de la Nación y recientemente derogada por este último organismo al adquirir carácter ministerial, mediante la Resolución 7/16 implicaba la continuidad de una política de subsidios a la energía que beneficiaba por igual a empresariado y a usuarios.