La Argentina ya perdió más del 70% de sus bosques nativos, y el proceso continúa. En 1914 cubrían 106 millones de hectáreas; en 2009 esa cifra bajó a 31 millones. Reforestar apenas cambia este balance, porque los bosques son ecosistemas con miles de especies distintas, mientras que las plantaciones artificiales solo multiplican una especie por vez, en su mayoría no nativas, como pinos y eucaliptos. Se pueden plantar árboles, pero no ecosistemas. Cada trozo de ambiente autóctono que se pierde tiene algo de único y no es recuperable.

La REDAF trabaja desde hace 20 años con la voluntad de contribuir a los procesos de cambios sociales, políticos y científicos-tecnológicos, que conduzcan a un desarrollo sustentable, especialmente con las familias rurales y pueblos originarios que habitan en la región chaqueña.

Todos los productos que consumimos necesitan agua en su proceso de elaboración. Esa cantidad de agua invisible, presente en cada producto, se denomina huella hídrica. El sector agrícola es responsable del 70% del uso de este recurso.

Más de 1.100.000 hectáreas forestadas se destruyeron desde que se sancionó la Ley de Bosques, en 2007, y “lo más grave es que la mayor parte de la pérdida se produjo en las zonas amarilla y roja, donde está prohibido deforestar”: así lo advierte un documento de las entidades Greenpeace, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y Fundación Vida Silvestre. En su evaluación, al cumplirse cinco años de vigencia de la norma, las entidades critican, entre otras cosas, los desmontes en zonas prohibidas, donde “retiran todo el sotobosque y dejan unos pocos árboles, como si fuera una plaza”; esto sucedería sobre todo en “Santiago del Estero, Salta, Chaco y Córdoba”. Las provincias más cuestionadas son Santiago del Estero, donde el incumplimiento de la ley se vincula con “conflictos cada vez más violentos entre empresarios y comunidades campesinas” y Salta, donde “a sola solicitud del propietario se autorizan desmontes”. Las entidades critican también “la falta de financiación para hacer cumplir la ley: en 2013 el presupuesto es diez veces menos que el que la ley ordena”. Reconocen como “positivo” el hecho de que, desde la sanción de la ley, los desmontes bajaron un 20 por ciento.

La Ley 26.331 fue sancionada en diciembre de 2007. Según el informe, “hasta fines de 2012 se deforestaron 1.145.044 hectáreas, lo cual promedia 229.009 hectáreas por año, 627 hectáreas por día y 26 hectáreas por hora”. Y “lamentablemente, no existe información oficial para discriminar qué proporción de esos desmontes fue realizada con autorizaciones de las administraciones provinciales y cuál fue hecha en forma ilegal”. Según Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace Argentina, “lo más preocupante es que la mayor parte de la deforestación se produjo en las zonas amarillas y rojas”. La ley distingue entre áreas verdes, donde –informe ambiental y audiencia pública previos– se permite desmontar; amarillas, donde se permite tala controlada y ganadería de bajo impacto; rojo, donde no se permite ningún desmonte. El ambientalista reconoció como “positivo el hecho de que el promedio de deforestación bajó un 20 por ciento desde que se promulgó la ley, aunque sigue siendo alto”. La única provincia que no registra pérdida de bosque en estos años es San Juan.

Otro aspecto positivo es que “veinte provincias establecieron por ley el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos”, que define dónde se puede desmontar y dónde no. “A partir de esto, Chaco, Misiones y San Luis disminuyeron en un 50 por ciento la deforestación”, observó Giardini. Pero “los ordenamientos de Corrientes, Córdoba y Formosa están judicializados porque permiten desmontar en zonas que la Ley 26.331 prohíbe”.

“Santiago del Estero, Salta, Chaco y Córdoba” autorizaron “desmontes violatorios de la ley nacional: retiran todo el sotobosque y dejan sólo árboles maduros, a menudo sólo 20 o 30 por hectárea, con lo cual lo que resta es más bien parecido a una plaza; allí ponen pasturas altas y meten las vacas. Esto implica la pérdida de gran parte de los servicios ambientales que suministra el bosque, como la regulación climática y la conservación de los suelos”, explicó Giardini.

“En Santiago del Estero han aumentado los conflictos de tierras vinculados con la deforestación y se han vuelto cada vez más violentos”: enfrentan a los empresarios de la ganadería y la soja con las comunidades. Y “en Salta se efectuaron desmontes en zonas protegidas e incluso en los cuatro departamentos donde se habían suspendido por un fallo de la Corte Suprema de la Nación”. Además la provincia hizo recategorizaciones en las que, “a sola solicitud del propietario, se autorizan desmontes”, denunció el representante de Greenpeace.

“La ley continúa desfinanciada”, advierte el informe, y explica que el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y Conservación de los Bosques Nativos, que establece la Ley 26.331, consiste en el 0,3 por ciento del Presupuesto Nacional, a lo cual se suma el 2 por ciento del total de las retenciones a exportaciones de productos procedentes de la agricultura, la ganadería y el sector forestal. En función de esto, “en 2013 los fondos deberían llegar a 2300 millones, pero, de acuerdo con el Presupuesto aprobado en el Congreso nacional, serán sólo de 230 millones, diez veces menos”. Además, “falta información sobre el nivel de ejecución de estos fondos a nivel provincial. La Secretaría de Ambiente de la Nación estima que sólo el 10 por ciento de los fondos fueron rendidos y ejecutados”. Esos fondos hubieran permitido “fortalecer la capacidad de control de las provincias, compensar a los titulares que hagan tareas de conservación y fomentar las actividades productivas de los pequeños productores rurales y comunidades indígenas”. Según Giardini, “la responsabilidad por la desfinanciación del Fondo es tanto de la Nación como de las provincias”.

Los bosques nativos concentran más de la mitad de la biodiversidad terrestre del planeta, juegan un papel fundamental en la regulación climática, el mantenimiento de las fuentes y caudales de agua y la conservación de los suelos. Son hogar y sustento de comunidades indígenas y campesinas; y de ellos obtenemos bienes y servicios indispensables para nuestra supervivencia, como alimentos, maderas y medicinas.

Actualmente Argentina cuenta con cerca de 30 millones de hectáreas de bosque nativo, lo
que equivale sólo al 30% de la superficie forestal original. Claramente, nuestro país se
encuentra en una verdadera emergencia forestal, acentuada fuertemente en los últimos
15 años por la expansión descontrolada de la actividad agropecuaria.

El día 22 de abril de 2009 la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 63ª sesión aprobó por unanimidad el proyecto presentado por el Presidente de Bolivia, Evo Morales Ayma, de que todo 22 de abril sea celebrado como el Día Internacional de la Madre Tierra. Ya no se trata del Día de la Tierra, sino del Día de la Madre Tierra.

La crisis alimentaria azota el mundo. Se trata de una crisis silenciosa, sin grandes titulares, que no interesa ni al Banco Central Europeo, ni al Fondo Monetario Internacional, ni a la Comisión Europea, pero que afecta a 870 millones de personas, que pasan hambre, según indica el informe 'El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo 2012', presentado esta semana [09/10] por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).

El hambre, creemos, cae muy lejos de nuestros confortables sofás. Poco tiene que ver, pensamos, con la crisis económica que nos afecta. La realidad, pero, es bien distinta. Cada vez son más las personas que pasan hambre en el Norte. Obviamente no se trata de la hambruna que afecta a países de África u otros, pero consiste en la imposibilidad de ingerir las calorías y proteínas mínimas necesarias, y esto tiene consecuencias sobre nuestra salud y nuestras vidas.

Dos de las mayores crisis planetarias que vivimos, la crisis alimentaria y la crisis climática, tienen como causa principal el sistema alimentario agroindustrial: desde la agricultura y pecuaria industrial a los supermercados forman una cadena que oprime a la gente y exprime al planeta, con Monsanto firmemente tirando de un extremo y Walmart del otro. México es un triste ejemplo de ello (Ver Comer o no comer ¿quién decide? La Jornada, 25/8/12)

El proceso judicial iniciado en Córdoba por la contaminación por fumigación de agroquímicos en cercanías a áreas urbanas merece ciertos planteos.

En primer lugar, sorprende y enorgullece la entereza y conciencia ciudadanas con que las Madres de Ituzaingó han encarado y sostenido su lucha y denuncia contra el glifosato durante los últimos once años.

Por otro lado, el caso posibilita volver a insistir sobre dos dimensiones clave asociadas a la aplicación de los desarrollos de la ciencia y la tecnología: la democratización del conocimiento y la evaluación del riesgo.

En el debate actual en Bolivia y en América Latina se ha posicionado intencionadamente el dilema entre ambientalismo versus extractivismo, orientado especialmente a valorar y criticar los procesos políticos y económicos de algunos países, en particular los casos de Perú, Bolivia y Ecuador, dejando de lado otras contradicciones que son fundamentales en relación a las condiciones históricas y sociales de nuestros países y a los desafíos para enfrentar los graves problemas de atraso, dependencia y pobreza.

Estos problemas no son solamente del presente, sino que provienen de causas que se han establecido estructuralmente tanto por la opresión colonial e imperialista más que centenaria, como por las relaciones internas marcadas por grandes desigualdades sociales y económicas. Los pueblos y países oprimidos, como los de nuestra región, han sido y son víctimas del capitalismo internacional que ha impuesto una división internacional del trabajo en la que las potencias consiguen grandes riquezas y recursos a costa de la pobreza, expoliación y marginalidad de millones de seres humanos, en el contexto de la relación centro-periferia del sistema mundo.