La investigación "Los señores de la tierra" revela el accionar de diez corporaciones que controlan 40 millones de hectáreas y acumulan denuncias por vulneración de derechos. Figuran tres empresas que operan en Argentina: Benetton, Cresud y Arauco. El rol de los fondos de inversión, la complicidad de los gobiernos y la necesidad de reformas agrarias para devolver la tierra a campesinos y pueblos indígenas.

Un informe del INTA procesó los datos de los últimos censos agropecuarios y resaltó la importancia de la agricultura familiar, campesina e indígena. Destacó el rol en la producción de alimentos para el mercado interno y confirmó la injusta distribución de la tierra en Argentina: el sector representan al 64% de las explotaciones agropecuarias pero accede solo al 13% de la superficie productiva.

Los trabajadores y trabajadoras del campo llevaron su reclamo al centro porteño. Denunciaron el accionar del gobierno nacional, que atenta contra la producción y la vida rural. Realizaron un verdurazo junto a los jubilados y llegaron hasta el INTA, para cuestionar el vaciamiento del organismo. La única respuesta gubernamental fue un amenazante operativo policial.

La crisis que atraviesan los productores de yerba mate por estos tiempos, acompañadas de un clima creciente de malestar social y manifestaciones conflictivas, no son una novedad.

Se trata de un episodio recurrente bajo distintos signos de las fechas del tiempo, de la memoria de gobernantes y políticas económicas implementadas.

Si las distintas crisis de la yerba mate fueran una efeméride, podríamos tener cada tanto alguna conmemoración negativa de los efectos que conlleva. La película ya la vimos, de las sucesivas crisis: 1936, 1966, 1975, 1989, 2001, 2008, ¿2024-2025? 

El aumento de 5,9% en alimentos registrado en marzo dejó en evidencia los magros resultados conseguidos por la política de apertura de importaciones como única variable. En paralelo, sectores productivos como la yerba, la cebolla, el limón o el vino son puestos en peligro por una política que abre la competencia mientras desarticula las políticas públicas para pequeños productores y desregula el mercado.

El Ministerio de Economía publicó en 2008 la fórmula de las retenciones móviles a la exportación de soja, girasol, trigo y maíz, lo que llevó a múltiples cortes de ruta y un enfrentamiento que todavía resuena.

Comenzaron por exigir que se deje de fumigar, lograron una ordenanza que establece 800 metros libres de venenos y ahora producen alimentos sanos. Es la historia de vecinos y vecinas de Hersilia, un pueblo en el noroeste de Santa Fe, donde cuentan con huerta, vides, elaboración de lácteos, harinas y panificados. Buscan generar fuentes de trabajo en base a la producción de alimentos de consumo local y accesibles para toda la comunidad.

“El campo argentino necesita urgente medidas y políticas agropecuarias de largo plazo”, dice un comunicado firmado por la Mesa de Enlace de la Provincia de Córdoba que reclama una urgente rebaja de retenciones y que se sumó a otros dos de tono similar firmados por las entidades rurales de Entre Ríos y de Santa Fe. “La prolongación de este impuesto pone en grave riesgo la supervivencia de los productores y sus empresas que año tras año apuestan por el futuro de la Argentina”, advirtieron los cordobeses.

Dos empresas –Surcos y Agrofina– ingresaron en cesación de pagos y en el sector agroindustrial y financiero aparece una pregunta recurrente. ¿Se trata de dos casos aislados, producto de gestiones poco profesionales, o de un fenómeno sistémico que, como tal, seguirá expandiéndose en los próximos meses?

La pregunta está lejos de tratarse de una curiosidad intelectual porque estamos hablando de un sector proveedor de la principal “máquina” generadora de divisas de la economía argentina, que es la producción agrícola.