El gobierno popular del Frente de Todos asumió con la urgente necesidad de resolver una deuda con una estructura de obligaciones imposible de ser abordada y con vencimientos inminentes sin los recursos para afrontarlos. Un endeudamiento que se componía de compromisos con acreedores privados, pero combinada con un peso elevado de la asumida con el FMI.

Este modelo de financiarización, produjo desindustrialización, reprimarización, recesión, desigualdad y crecimiento de la pobreza y la indigencia.

A la semana de asumir el presidente Alberto Fernández envió un proyecto de ley de Solidaridad y Reactivación Productiva, con medidas destinadas a atender la emergencia, muchas de las cuales conllevan el objetivo de establecer condiciones para un proyecto centrado en la reindustrialización y en la desarticulación de las lógicas neoliberales.

La actualización de los niveles de las retenciones, pero en la forma de una tasa sobre el nivel exportado, y no como monto fijo por dólar cobrado, establece  tipos de cambio diferenciales con proporciones estables entre el sector de mayor productividad de la economía argentina y el más inmaduro. La diferencia entre la nueva modalidad y la previa, facilita que los derechos de exportación adquieran más que un carácter temporal, uno de tipo estructural, lo que se constituye en una de las claves fundamentales para el desarrollo del país. Nuevamente cabe destacar la triple virtud de las retenciones. Diferenciando tipos de cambio son un instrumento que favorece una estrategia de diversificación de exportaciones, necesario para el crecimiento de éstas e indispensable para una meta que se proponga morigerar y superar la restricción externa de la economía argentina. A su vez, al disminuir el precio efectivo en pesos percibido por los exportadores del sector más competitivo que exportan bienes salarios, y/o al de otros sobre los que tienen un peso decisivo en su conformación, inducen a una reducción de los precios relativos de los alimentos. Las retenciones son, entonces, un instrumento efectivo para combatir la pobreza. En tercera instancia, tienen un impacto fiscal considerable, siendo fundamentales para afrontar el nivel crítico de déficit que dejó el gobierno de Cambiemos, ocultado por el engañoso discurso de sus funcionarios, y los del FMI, que citan los niveles del déficit primario, cuando la condición de las cuentas presupuestarias es reflejada por el déficit que incluye las obligaciones financieras. La fijación de derechos de exportación de la soja en el orden del 30%, y su posibilidad de extensión a 33%, le dan adecuada potencia a los objetivos perseguidos por la adopción de este instrumento de política económica. Adoptando las clásicas y solventes reflexiones de Marcelo Diamand, los derechos de exportación requieren ser adoptados como una herramienta permanente de un proyecto de desarrollo nacional. Urgentes para la actual emergencia, son imprescindibles para un cambio estructural. Otro argumento favorable para las retenciones es comentado por Amico en La política fiscal en el enfoque de Haavelmo y Kalecki,(dt 51 del CEFID-AR): “la recaudación de impuestos a las exportaciones implica un efecto contractivo sobre la propensión a gastar de los exportadores, pero ésta es, sin embargo, mucho menor a la propensión a gastar del Estado. En otras palabras, el efecto contractivo de los impuestos a las exportaciones es sustancialmente menor que el efecto expansivo del gasto de gobierno.” Si esa recaudación, además, se utiliza en financiar transferencias a los sectores de menores ingresos con necesidades impostergables, y por lo tanto con elevada propensión a consumir, el nivel de actividad tiende a crecer y a generar endógenamente un crecimiento de la recaudación tributaria, construyéndose una lógica fiscal virtuosa. Siendo que los impuestos se recaudan en moneda local, por imposición del Estado, el aumento de recaudación generada por esa lógica, deviene en una mayor demanda de dinero que deberá ser atendida por una emisión de moneda que los empresarios requerirán para afrontar sus obligaciones.

El impuesto a la compra de dólares tanto para la tenencia como para turismo al exterior, incluyendo los gastos realizados en dólares con tarjeta de crédito, es una medida virtuosa y que resulta consistente con la implementación de los derechos de exportación. Tiene una triple función también. Establece un tipo de cambio diferencial que desestimula el turismo al exterior y por lo tanto es ahorradora de divisas atacando el problema de la restricción externa. En segundo término, aumenta los recursos tributarios que aportan a construir un mayor espacio fiscal, sobre la base de los viajes al exterior que persistan a pesar de su encarecimiento en pesos. En tercer lugar, promueve la sustitución del turismo al exterior por el interior, desarrollando esa actividad que impacta en la recuperación económica y en la mejora del nivel de actividad, mientras también aporta al desarrollo de economías regionales. La significativa  tasa del 30% resulta necesaria para completar una estructura adecuada de precios diferenciales para las divisas. La compra de dólares está acotada por la vigencia de las actuales regulaciones a un máximo de 200 dólares mensuales. La regulación y límites a los movimientos de capitales y a las operaciones en el mercado de cambios, han permitido una disminución sustantiva de la fuga de capitales, exhibiendo la conveniencia de que no sólo adopte el carácter de una emergencia, sino que quede constituida en un elemento fundamental del proyecto de carácter productivo que sustituya el de valorización financiera.

Como cuarta medida de este conjunto dispositivo que se ha enunciado, se ha dispuesto la desgravación del impuesto a la renta financiera, de los depósitos en pesos en el sistema financiero nacional, lo que apunta a la desdolarización de la economía. Esta desdolarización es un objetivo clave para alejar los problemas de la restricción externa, para la que son necesarios tanto incentivos, como las regulaciones e intervenciones públicas. Las retenciones, el impuesto a la compra de divisas, las regulaciones al movimiento de capitales y cambiarias, como esta diferenciación tributaria entre depósitos en pesos respecto a los efectuados en divisas, contribuyen a construir un sendero de desdolarización. La vigencia de la obligación de liquidar las divisas de exportaciones con plazo adecuado y definido, ausente en la mayor parte del tercer gobierno neoliberal, tiene el mismo sentido. Otras medidas e incentivos de carácter interno deberán reforzar la búsqueda de la consecución de esa meta estratégica.

El aumento de la alícuota del impuesto sobre los bienes personales tiene el objetivo de mejorar el resultado presupuestario a través de una mayor imposición, con la característica de cumplir también con metas redistributivas, ya que este tributo es de una clara factura de redistribución progresiva. No es secundaria la facultad, que el proyecto establece, de aplicar hasta el doble de la tasa a los activos en el exterior, que persigue evitar la fuga de capitales.

Se ha dispuesto también el otorgamiento de un bono para diciembre y enero para los jubilados de menores ingresos, que en la práctica eleva el monto del mínimo para esos meses a más de $ 19.000. El ajuste de las jubilaciones del mes de diciembre se pagó de acuerdo a la legislación vigente. A partir del primer semestre se resolvió suspender el régimen de ajuste vigente y se dispuso un plazo de un semestre para la elaboración de un nuevo régimen de ajuste. Mientras rija esta transición el PE dispondrá aumentos por decreto que en los niveles inferiores apunta a ser mayores que la inflación. El régimen de ajuste actual fue concebido por el macrismo para reducir el ingreso de los jubilados, y comenzar el avance hacia un régimen de jubilación privada o mixto que anule o debilite el régimen de reparto. La erosión de los regímenes de reparto contribuye a la financiarización de la economía. El deterioro que el manejo de la lógica de endeudamiento y fuga produjo en Argentina, provocó un deterioro del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, cuya activos se encuentran concentrados en títulos públicos afectados por la iliquidez e insolvencia en los pagos externos que dejó el gobierno de Cambiemos.

Por lo tanto, el objetivo central del gobierno popular que tiene un programa contrario a una reforma que modifique el carácter estructural del régimen previsional, es garantizar la permanencia del régimen de reparto y evitar su cambio por uno de capitalización o su mixtura con uno de este carácter. Esta es una cuestión central en términos de entender la importancia que tiene la recuperación de la sustentabilidad del sistema. A esto apunta el dispositivo de emergencia adoptado. La vigencia de un régimen de reparto público es clave para el desmonte del régimen de valorización financiera. Esto es fundamental, y es el centro de las medidas tomadas, cuidando los ingresos de los sectores con jubilaciones más bajas. En términos de los debates controversiales con relación al período de transición, resulta imperioso atender las necesidades de los sectores de menores remuneraciones por su situación de emergencia. Siendo la lógica de la medida esta emergencia y no el ajuste, son injustificadas las dudas respecto a que al final del período de regularización, los recursos globales destinados a atender las jubilaciones – o sea, el monto destinado globalmente a la atención de éstas-, será igual o mayor en términos reales al vigente al 31 de diciembre. El achatamiento de la pirámide es un objetivo de justicia necesaria ya que la estructura de 1 a 7 entre la jubilación máxima y mínima no responde a los criterios de solidaridad de un régimen de reparto, pero el sustento fundamental del achatamiento debería fundarse en el crecimiento de las jubilaciones inferiores, apuntando a conservar una tasa de sustitución (percepción del jubilado en relación a su sueldo cuando se encontraba activo) adecuada en toda la escala. Lo urgente y primordial  es recuperar la solvencia intertemporal del régimen de reparto mediante una gestión adecuada de los activos del FGS.

Una medida desdolarizadora clave es la suspensión de los ajustes tarifarios y el comienzo de la reestructuración de los criterios para su conformación. Los estudios académicos demuestran la alta sensibilidad del presupuesto de las familias de menores ingresos a los niveles tarifarios, como así también la del nivel de actividad económica frente a la misma variable. En  Fiscalidad y Equidad en Argentina: un enfoque de equilibrio general” (dt 47 CEFID-AR), Ramos y Serino -coordinados por Gaggero- sostienen que “es importante señalar que una reforma que incluya la eliminación de subsidios  a los combustibles y el transporte puede afectar la dinámica macroeconómica , por la vía de su incidencia sobre los precios, el consumo privado y el empleo, principalmente de empleados asalariados”. Esta conclusión del año 2012 se verificó en la práctica con el fuerte impacto regresivo socialmente y contractivo de la economía que se verificó con la política tarifaria y de eliminación de subsidios del macrismo. El inicio de su revisión recorrerá, con seguridad, un camino inverso.

El aumento de los impuestos dispuesto por el conjunto de medidas de la Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva, en tanto sean volcados a atender las necesidades de los sectores de menores recursos, proveerán a la expansión de la economía. Siendo los impuestos de carácter progresivo, los sectores que tributan tienen una propensión marginal a consumir marcadamente inferior a los que recibirán las transferencias para gastar, siendo esta la condición expansiva de un régimen de gastos financiados con impuestos.

El argumento que adjudica a los impuestos un carácter contractivo y entiende su eliminación como expansiva es erróneo. Esa corriente del pensamiento económico (el ofertismo) es promotora de una distribución regresiva del ingreso, como prueban las experiencias que han adoptado sus recetas. En realidad, la recaudación en impuestos progresivos, las retenciones, el impuesto a la compra de dólares o el de bienes personales retiran recursos de sectores con altos ingresos que si se revierten en gasto social a los deciles más populares devienen en un impulso del nivel de actividad. También es inexacto que la reducción de la tasa de ganancia se traduce en disminuciones de la inversión. La existencia de ganancia es una condición necesaria para la inversión, pero el nivel de ésta depende de la demanda y no de esa tasa de ganancia. Por lo tanto, los impuestos progresivos son reactivadores y no depresores de la producción. Crecimiento y distribución van articulados con ese tipo de articulación y conceptualización de la estructura tributaria. Sentido que impregna la ley en tratamiento actual por el Congreso.

- Guillermo Wierzba, Profesor de la UBA , ex director del CEFID-AR

^{El Cohete a la Luna - 22 de diciembre de 2019}