Déficit gemelos

Horacio Rovelli

 

El déficit fiscal de 2016 fue de 481.920 millones de pesos, equivalente a 32.000 millones de dólares, según datos oficiales publicados en el Boletín Fiscal. Para 2017, con importaciones creciendo sostenidamente y exportaciones descendiendo, se estima un déficit comercial de 1866 millones de dólares, de 3800 millones en 2018 y de 4929 millones en 2019. Es una falacia que países periféricos como Argentina puedan financiar esos desequilibrios en forma constante con deuda. Déficit fiscal y déficit comercial, en una economía que no crece, adelantan situaciones de inestabilidad económica, política y social.

El gobierno de Macri ha financiado ese desequilibrio de las cuentas públicas con endeudamiento externo. Al respecto, el Ministerio de Finanzas informó que en 2016 la deuda externa pública nacional se incrementó en 65.744 millones de dólares, al subir de 222.703 millones de dólares (31/12/2015) a 288.447 millones de dólares (30/12/2016). Además, las Lebac (Letras del Banco Central) crecieron exponencialmente y suman 860.611 millones de pesos al 12 de junio de este año, a lo que se debe agregar los “pases pasivos” por 77.131 Millones de pesos. En total, 937.742 millones de pesos, monto que supera la Base Monetaria a esa fecha (805.071 millones de pesos) y devengan un intereses anual en pesos pero equivalente a unos 11.500 millones de dólares por año.

Las reservas internacionales en oro y divisas asciende según el Balance del Banco Central a 44.336 millones de dólares (a esa fecha), monto que es bastante más bajo que ese pasivo no monetario. Esa relación no es una cuestión menor en el mercado financiero argentino por la facilidad que tienen los bancos de capturar las reservas en poder de la autoridad monetaria.

Bicicleta

El mecanismo perverso del carry trade o bicicleta financiera prepara la bomba de tiempo, dado que el gobierno nacional (y también los provinciales) toman deuda en divisas y se la cambian por pesos al BCRA. Ese dinero es esterilizado por el BCRA con Pases y Lebac. Esos Pases son a siete días y el grueso de los Lebac se renueva mensualmente, generando una dependencia financiera extrema a la voluntad de sus tenedores, quienes reciben tasas altas (25,5 por ciento anual) para evitar que quieran irse a dólares. Es muy rápida la posibilidad de saltar de los Pases y de los Lebac al dólar.  

Lo que hace que no sea posible otro plan Bonex de 1989, canje compulsivo  realizado durante el gobierno de Menem de los plazos fijos que superaban el millón de australes por bonos externos que vencían en 1999, es que los tenedores de Pases y Lebac no son en su mayoría particulares, como los que poseían los plazos fijos de 1989. 

La situación financiera es peor porque ese endeudamiento es para cubrir los vencimientos de deuda y otra parte para financiar el gasto corriente de un Estado Nacional (y provinciales) deficitario ante la eliminación de casi todas las retenciones (disminución en soja) y la menor recaudación tributaria por la caída del nivel de actividad.  

Los mismos bancos que consiguen dólares afuera participan de la colocación de Letras y Pases (a su nombre o por terceros, pero ellos son los grandes operadores) y esto explica porque, por ejemplo, en mayo de 2017 las ventas mensuales de billetes totalizaron 1581 millones de dólares, máximo nivel histórico y, paralelamente, las compras de billetes se mantuvieron como en meses anteriores, al sumar 2358 millones.

La relación entre pasivos del Banco Central, reservas internacionales y la operatoria de los bancos demuestra la fragilidad financiera del gobierno y su dependencia de la banca. Esta ha nombrado a todos casi todos los más importantes funcionarios del área económica, desde Luis Caputo, ministro de Finanzas (ex JP Morgan y Deutsche Bank); Nicolás Dujovne, ministro de Hacienda (durante diez años jefe de economía del Banco Galicia); Francisco Cabrera, ministro de Producción (ex Gerente General de Máxima AFJP del grupo HSBC); Federico Sturzenegger, presidente de la autoridad monetaria y “partícipe necesario del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública” por resolución del juez federal de primera instancia Sebastián Ramos a fines de 2013, quien además había ordenado un “embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de 5 millones de pesos” por haber sido principal funcionario de Domingo Cavallo en el megacanje (en instancias superiores fue sobreseído cuando comenzó el gobierno de Macri); en la UIF (Unidad de Información Financiera) desembarcó María Eugenia Talerico, la abogada defensora del CEO del HSBC de la Argentina, Gabriel Martino.

Deuda y emisión

En el corto plazo existen dos maneras de financiar el déficit fiscal: tomar deuda pública o emitir moneda. El mecanismo del endeudamiento fue impulsado por la dictadura militar con José A. Martínez de Hoz, amigo y socio de la banca internacional. El plan de la dictadura fue de una estructura muy sencilla y se instrumentó en tres medidas básicas, que se vuelven a repetir con el Plan Austral, con el Plan de Convertibilidad y con el de Macri:

1. Retrasar el tipo de cambio.

2. Baja generalizada de los aranceles y disminución de medidas para arancelarias.

3. Tasas de interés positivas y por encima del aumento del dólar.

De esa manera, se propicia el ingreso de capitales especulativos atraídos por tasas de interés más altas que el aumento de precios y muy superior a la evolución del tipo de cambio. A su vez, se encare el crédito a las empresas y a las personas, generando una muy fuerte transferencia de ingresos hacia el sector financiero. En los años de la dictadura, la burguesía pedía préstamos en dólares en el exterior a tasas bajas y compraban títulos públicos, acciones o colocaban el dinero a plazo fijo en pesos, ganando la diferencia en dólares cuando terminaban con la operación especulativa. Renta que se cubrió con más endeudamiento público externo y cuando la carga de intereses de la deuda era cada vez más pesada se cedieron los más preciados activos públicos: YPF, Ferrocarriles, Segba, Gas del Estado, Somisa, rutas nacionales, puertos y hasta el sistema previsional.

La deuda pasó de 5189 millones de dólares en diciembre de 1975 a 28.6216 millones de dólares en 1982 y, por los seguros de cambio que transfirieron la deuda privada al Estado, subió a 43.610 millones de dólares en diciembre de 1983 cuando asume el gobierno constitucional encabezado por Raúl Alfonsín. El descomunal endeudamiento benefició a un sector muy concentrado, se extranjerizó la economía, y se transfirió la deuda al Estado, incrementando la dependencia del país con el capital financiero internacional.

Default y salida

La cesación de pagos a fines de 2001 y la megadevaluación licuó parte del gasto público, combinación que hizo reaparecer el superávit fiscal. El saldo positivo de las cuentas públicas se apuntaló con la renegociación de la deuda pública en 2005 por la quita de capital y la extensión de los plazos. A esto se sumó la mayor recaudación tributaria por las retenciones a las exportaciones y el mayor nivel de actividad que impulsa el gobierno de Néstor Kirchner.

La crisis internacional, la sequía local y el conflicto con el “campo” en 2008 que encareció fuertemente los alimentos, más la política de seguir subsidiando la energía  y el transporte, derivó en la reaparición del déficit fiscal, desequilibrio que fue financiado casi exclusivamente por el Banco Central.

El otro frente de tormenta fue el déficit comercial. En 2016 hubo un superávit de 8093 millones de dólares porque se aplicó una brutal devaluación (el tipo de cambio pasó de 9,70 pesos el 9 de diciembre de 2015 a 13,90 pesos el 31 de enero, y a 15,80 el 28 de febrero de 2016) y una quita de retenciones a las exportaciones (disminuyendo la de la soja). Sin embargo, se registró un fuerte déficit en la cuenta corriente, que alcanzó los 15.024 millones de dólares.

Pagar

Para 2017, con importaciones creciendo sostenidamente sustituyendo producción local y exportaciones descendiendo, se estima un déficit comercial de 1866 millones de dólares, de 3800 millones en 2018 y de 4929 millones en 2019.

Déficit fiscal y déficit comercial, en una economía que no crece, adelanta situaciones de inestabilidad económica. Y la economía no podrá crecer si existe una política oficial de empujar para abajo el principal componente de la demanda agregada: el consumo (que representa el 75 por ciento del PIB). Las inversiones dependen del crecimiento y están condicionadas por una tasa de interés muy elevada. 

La pregunta es cómo se pagará el endeudamiento o, de otro modo, por qué los financistas le siguen prestando al país en moneda dura. La respuesta la brinda la historia argentina: se pagará con los activos más preciados del patrimonio estatal (YPF con Vaca Muerta, las acciones del FGS de la Anses, y otros activos, como Aerolíneas Argentinas) y “con sangre, sudor y lágrimas” como dijo en 1877 el entonces Presidente de la Nación, Nicolás Avellaneda.  

Es una falacia que países periféricos como Argentina pueda financiarse en forma constante con deuda. Si lo pudieron hacer Corea del Sur y Australia por determinadas razones geoestratégicas e históricas, pero esos países invirtieron en producción y en generación de trabajo. Lo opuesto a los realizado por la burguesía local que privilegia el negocio financiero. Lo hicieron antes y lo hacen ahora en el gobierno de Mauricio Macri.

La deuda genera rápida y fácil riqueza al capital financiero y sus intermediarios y, a la vez, miseria a la mayoría de la población 

* Economista de Economía Política Para la Argentina (EPPA), especialista en Presupuesto y Administración Pública.

 

Suplemento CASH de Página/12 - 2 de julio de 2017