Con la excusa de “mejorar la seguridad y ordenar el espacio público”, el Gobierno porteño realizó operativos simultáneos en barrios pobres y dejó al descubierto prácticas sin control judicial y fuertes inconsistencias en las detenciones, además de situaciones de violencia y hostigamiento contra los habitantes. Bajo una lógica de estigmatización y cálculo político, el Gobierno de la Ciudad convierte la seguridad en una escena de marketing, en detrimento de políticas reales contra las economías ilegales.

La justicia bonaerense sentenció a dos años de prisión a la oficial Vanesa Núñez por incumplimiento de su deber policial al no “supervisar” la celda en la que la joven de 26 años, siendo la única detenida de la comisaría de Laprida, se ahorcó con su propia campera el 5 de junio de 2022.