Somos las que sostenemos la vida cuando todo se derrumba. Las que paramos la olla, hacemos la fila en el comedor, cuidamos a lxs pibes, buscamos changas, vendemos lo que podemos. Las que trabajamos por monedas, las que estamos en la economía popular, en el barrio, en la comunidad. Somos las que resistimos, pero también las que más sufrimos cuando el ajuste se ensaña con los de abajo.

El juez dictó sentencia en el amparo colectivo que iniciamos con la UTEP en febrero pasado. Desde diciembre, el gobierno de Milei dejó de entregar comida a los espacios comunitarios a pesar del fuerte crecimiento de la pobreza y la indigencia.

¿Qué había exactamente en los galpones? ¿Qué dijo la Justicia y cómo se defendió el gobierno? ¿Milei dijo lo que dijo en Stanford? Explicaciones cruzadas, chivos expiatorios y compras turbias para entender el tema más picante de los últimos siete días.

“El Ministerio de Capital Humano está violando garantías constitucionales básicas y sus funcionarios incurriendo en delitos graves”, sostiene el autor. Se refiere a la decisión de retener alimentos destinados a asistencia social pero también a la forma en que se realizan los relevamientos de los comedores comunitarios, uno de los argumentos del oficialismo en su embestida contra las organizaciones sociales.

Organizaciones que administran comedores populares denuncian un fuerte recorte en la raciones de comida. Este ajuste, como la eliminación de asignaciones a estudiantes pobres, “se da en una ciudad con el 61% de niñas y niños mal nutridos”.