Están nucleados en una asociación que agrupa en el país a unas 22 mil personas. Son los que quedaron afuera de YPF en el proceso de venta. Aquí cuentan cómo sobrevivieron. Y qué siguen reclamando.

Desde Cutral-Có y Plaza Huincul

Humberto López y Miguel Montt pertenecen a la raza de los “ypfianos” –así se llaman y los llaman en las “comarcas petroleras” de Cutral-Có y Plaza Huincul–, esos quijotes que en lugar de combatir contra molinos de viento, se trepaban a las torres petroleras, a 27 metros del suelo, para llegar a lo profundo de la tierra en busca de “leche”, nombre familiar que le daban al oro negro, porque sabían que era vital y nutritivo para el crecimiento del país y para darles a ellos todo lo necesario para vivir: trabajo, vivienda, salud, educación. Eso que se llama bienestar. Desde 1991, cuando comenzó el proceso privatizador de YPF comandado por el gobierno de Carlos Menem, los 36 mil “ypfianos” que había en todo el país se redujeron a menos de 7 mil. López y Montt, junto con otros compañeros de ruta, tuvieron que salir a cortar los caminos para tratar de frenar el desbande privatizador. No lo lograron y aún hoy se sienten culpables, aunque no tienen culpa, de no haber “luchado más” para defender sus torres en un juego de ajedrez que venía mal parido y con un ganador puesto a dedo. “Por suerte –se alegran hoy– nuestra Presidenta resolvió recuperar YPF para bien del país y nosotros podemos recuperar la alegría.”

A mediados del siglo XX, cuando se creó el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, hacer ciencia era considerado algo así como... un lujo. Investigadores que se lanzaban a aquella aventura recuerdan que Houssay, su primer presidente, solía disuadir a los potenciales ingresantes diciéndoles que si no tenían un sueldo extra no podían dedicarse a la investigación, "porque de eso no se podía vivir". Para Don Bernardo, como se lo llamaba reverencialmente, la institución que se convertiría en la columna vertebral de la ciencia local debía dedicarse exclusivamente a la investigación básica; es decir, a la búsqueda de conocimiento sin otra finalidad que la de dilucidar la intrincada maquinaria de la realidad.

El presente artículo pretende realizar un análisis del funcionamiento del mercado de petróleo y gas natural en la Argentina considerando particularmente los cambios que se produjeron entre 2002 y 2011 a la luz de la reciente recuperación por parte del Estado argentino del control sobre Yacimientos Petrolíferos Fiscales (en adelante YPF) luego de la expropiación del 51 % de la acciones de la compañía que se encontraban en poder de la multinacional de origen español Repsol.

La relevancia del sector petrolero radica en su carácter estratégico como insumo de uso difundido para el resto del sistema productivo (especialmente las actividades industriales y el transporte) en general y particularmente en la actual etapa de crecimiento económico de la Argentina. El análisis se focalizará en las actividades que comprenden el “upstream” haciendo referencia al “downstream” en los casos que se considere pertinente.

Con la decisión de recuperar el 51% del paquete accionario de YPF mediante la expropiación a su controlante Repsol, y la declaración de interés público nacional del autoabastecimiento de petróleo, así como su explotación, industrialización, transporte y comercialización, el Poder Ejecutivo dio un paso clave para enfrentar y revertir la decadencia del modelo energético de desregulación y privatización que desguazó la empresa estatal de hidrocarburos. En el contexto de una crisis anunciada desde hace varios años, con caídas bruscas o estancamientos en alguna de sus tres variables más importantes (producción, inversión y reservas), los mecanismos puestos en marcha para revertirla ya despertaron encendidos debates, aunque su tratamiento parlamentario revela hasta el momento un respaldo amplio a la renacionalización de la compañía que, aun cuando en algunos casos se expresaron disidencias parciales, incluye a casi todas las fuerzas políticas.

La matriz energética nacional depende en un 90% de combustibles fósiles, que son recursos no renovables: gas natural, 51%, y petróleo, 39%. Apenas un 7% está constituido por energías renovables, fundamentalmente la hidráulica, mientras que el 3% restante corresponde a la nuclear.

Esta fuerte dependencia nacional de los hidrocarburos contrasta con los porcentajes de consumo que se observan a nivel internacional. En 2008, el 58,9% de la energía consumida en el mundo tuvo a los hidrocarburos como fuente primaria, de acuerdo con el informe Statistical Review of World Energy 2009. Casi un 30% menos que en Argentina.

Vamos a suponer que el gobierno británico supiera que un accionista clave de Céntrica, nuestra última gran empresa energética británica, propietaria de British Gas, iba a vender su participación a Gazprom, verificando con ello su traspaso en propiedad al Estado ruso. Yo esperaría que, ante esta situación, el gobierno ampliara las disposiciones de la Enterprise Act [Ley sobre empresas], que permite a Gran Bretaña bloquear adquisiciones que van contra el interés nacional, para incluir el gas y la energía nuclear (la ley se limita en la actualidad a la defensa, servicios financieros y medios de información). Tengo fundadas certezas de que el presidente de Centrica, Sir Roger Carr, presidente también de la CBI [Confederation of British Industry, la patronal británica], comparte la misma opinión. Ningún país puede mostrarse indiferente a la propiedad de activos estratégicos y, por tanto, al uso que se haga de ellos. Su obligación primera se encuentra en el bienestar de sus ciudadanos.

Las obras realizadas desde 2003 hasta el momento en materia de energía potencian la decisión de nacionalizar el 51 por ciento de YPF”, señaló una fuente de la flamante intervención a la petrolera en diálogo con Miradas al Sur. “Sin lo hecho hasta ahora, no podríamos encarar esta nueva etapa como lo estamos haciendo.” La frase apunta a subrayar las inversiones concretadas en ese período en el marco del Plan Energético Nacional. No se trata de números pequeños. La cifra invertida hasta la fecha alcanza un total de 73.400 millones de pesos. En cuanto a las obras en ejecución, la cifra llega a los 52.358 millones de pesos. Una suma que rebate de manera contundente el argumento de la falta de inversión energética que desde 2003 pregonan amplios sectores de la oposición en conjunto con los medios dominantes del establishment económico.

Demanda China de hidrocarburos: Durante la última década, China logró reorientar su industria de manera tal que remplazó su posicionamiento como exportador mundial de manufacturas con bajo contenido tecnológico, por manufacturas intensivas en conocimiento.

Esto último, sumado a tasas de crecimiento económico que rondaron entre un 9 y un 12%, implican una creciente demanda de productos básicos que van desde alimentos a minerales e hidrocarburos. Para el gobierno de China, el aseguramiento de los mismos constituye una cuestión de Estado. Por este motivo, durante el último lustro alienta a sus firmas a realizar inversiones en el exterior con el propósito de garantizar para el país la provisión de energía y recursos naturales.

En el año 2008, el gobierno del país oriental publicó un documento titulado “El libro blanco de la política China hacia América Latina”, en el cual hace explícito su interés en que crezcan sus relaciones con la región en base a complementariedades económicas. En otras palabras, presentan a América Latina como su potencial proveedor de productos primarios.

Empresas petroleras chinas en América Latina

Las principales firmas de origen chino en América Latina son Sinopec, China National Petrolum Corporation (CNPC), Sinochem y la China National Offshre Oil Company (CNOOC)
La extracción de petróleo y gas requiere de cuantiosas inversiones. En este sentido, bancos estatales de China otorgan actualmente préstamos a tasas diferenciales a las firmas que realicen este tipo de inversiones en América Latina o África. Las firmas de los debilitados países de Europa y los EE UU no pueden competir con estas condiciones.

Durante los últimos años, Sinopec ocupó siempre uno de los primeros diez lugares en el ranking de empresas de la revista Fortune. Actualmente es propietaria del 40% de Repsol Brasil. En 2010 adquirió Oxy Argentina haciéndose de más de 23 concesiones para la extracción de petróleo y gas en Santa Cruz, Chubut y Mendoza, que superan unos 1500 pozos en operación. CNPC posee inversiones en petróleo y gas en Venezuela, Ecuador y Perú, en muchos casos en sociedad con firmas locales. Por su parte, la estatal China Sinochem, realiza importantes inversiones en Brasil y Colombia.

La firma estatal CNOOC se especializa en la exploración y explotación de petróleo offshore. En la actualidad es propietaria del 50% de las acciones de la empresa Bridas, a su vez propietaria del 40% de Panamerican Energy (PAE). Esta última posee la concesión de Cerro Dragón, el yacimiento petrolífero más importante de nuestro país. Recientemente, Bridas ha intentado adquirir el 60% restante de PAE, cuyo propietario, British Petrolum, se niega a venderle.

EL INTERÉS POR YPF. Días antes del anuncio de expropiación estatal de las acciones que la empresa española Repsol posee en YPF, circuló una versión que indicaba que CNOOC estaría dispuesta a ofrecer unos U$S 12 mil millones por las mismas. También se escuchó en Madrid que Sinopec habría realizado una oferta aun mayor por ellas.

Ante la oficialización de la expropiación, las empresas mencionadas estarían estudiando la elaboración de una propuesta de inversión conjunta con el Estado argentino para la exploración y explotación de áreas concesionadas a YPF.
Si consideramos que entre las causas de expropiación de las acciones de Repsol, se encuentra la falta de inversión, nula reinversión de utilidades y presiones por incrementar los precios, a priori, una eventual participación de empresas chinas en YPF –prometiendo permanentes inversiones en exploración e incrementos de productividad–, no resultaría incoherente con estos propósitos. Sin embargo, requeriría controlar que efectivamente el destino de la producción resulte el mercado interno y no la exportación a China sin refinamiento y garantizar el manejo soberano de los recursos energéticos de nuestro país.

Diversos interrogantes y críticas insidiosas se han planteado respecto del proceso de intervención y expropiación de Repsol-YPF. En este trabajo nos proponemos contestarlos.

1 ¿Es legítima la expropiación del 51 por ciento del capital accionario de Repsol-YPF, equivalente al 88 por ciento de las acciones del grupo controlante?

Sí. La expropiación constituye un procedimiento de derecho público que cuenta con la base del artículo 17 de la Constitución argentina: “La expropiación por causa de utilidad debe ser calificada por ley y previamente indemnizada”. El artículo 2511 del Código Civil describe la viabilidad de la expropiación –por causa de utilidad pública, previa disposición de una justa indemnización–. La ley 21.459 de expropiación prescribe que “la utilidad pública que debe servir de fundamento legal a la expropiación comprende todos los casos en que se procure la satisfacción del bien común”. La Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 17) establece: “Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad”, norma de derecho internacional de 1948 constitucionalizada en 1994 correctamente interpretada por Arturo Sampay cuando dice que “sólo prohíbe el desposeimiento arbitrario de la propiedad, y arbitrario es la abierta infracción de lo justo. Consiguientemente, la norma de referencia autoriza sin condiciones a transformar en bien público a los bienes particulares cuando lo requiere la efectuación de la Justicia”. En línea con la última norma citada, el Concilio Vaticano II expresó que “el traspaso de los bienes privados a la propiedad pública sólo puede hacerse ofreciendo una equitativa compensación, teniendo en cuenta todas las circunstancias” –entendiéndose éstas, con arreglo también a las precisiones de Arturo Sampay, “el estado de las finanzas públicas, la situación personal del afectado por la expropiación y, sobre todo, el grado de necesidad colectiva que la ocasione”, (que) significa que nada puede ser un óbice que malogre el destino natural de los bienes, esto es efectuar el bien común–.

Bajo el húmedo y caluroso cierre de la Cumbre de mandatarios, el domingo pasado y desde Cartagena, la corresponsal de La Nación escribía para que los lectores del diario de los Mitre dijeran el lunes “¡qué barbaridad!”. El texto aseguraba que Cristina había dejado la hermosa ciudad tropical al mediodía porque estaba muy molesta. El monotema de una cadena de medios norteamericanos en español y de distintos países del sur del Río Bravo repetían “¡qué barbaridad!”. Muchos de los que leían el lunes 16 a Silvia Pissani o a muchos otros articulistas, apenas un par de horas después escuchaban la realidad por cadena nacional. Se había cumplido lo dicho por el canciller Héctor Timerman desde el centro de prensa de la Cumbre: “La Presidenta tiene una reunión impostergable hoy a la noche”. Los que desoyeron a Timerman no fueron los únicos en enterarse por televisión. El ex presidente de Repsol YPF Antonio Brufau había dejado su departamento de Puerto Madero el sábado y diez horas después el lear jet de Repsol lo dejaba en el aeropuerto de Barajas. Una vez más se había ido con las manos vacías. Al día siguiente por la tarde madrileña, desde el edificio de Repsol en el Paseo de la Castellana, cerca del estadio Bernabeu, hablaba en teleconferencia con Antonio Gomis y otros ex directivos de la compañía. Hablaban de lo que sucedía en ese momento: la Presidenta anunciaba por cadena nacional que el 51% de las acciones eran expropiadas en los términos establecidos por el Acuerdo para la Promoción y la Protección Recíproca de Inversiones entre Argentina y España de 1992. Ese acuerdo, con fuerza de ley, establece que la nacionalización o expropiación que pueda ser adoptada por una Parte contra las inversiones de la otra Parte en su territorio deberá aplicarse exclusivamente por causas de utilidad pública conforme a las disposiciones legales y en ningún caso deberá ser discriminatoria. Agrega que “pagará al inversor o a su derecho-habiente, sin demora injustificada, una indemnización adecuada, en moneda convertible”. Tanto Brufau y Gomis como los Ezkenazi conocían muy bien el artículo 5 del convenio que caía sobre su cabeza. Lo que no sabían era que la Presidenta no estaba molesta el domingo: ella se estaba concentrando para el paso más trascendente desde que inició su segundo mandato al frente del gobierno. Cristina se estaba preparando para el gran desafío, consistente en emprender el camino de la soberanía energética cuyo primer paso era sumamente arriesgado. No sólo había que redactar la ley para ser tratada en el Congreso: era decisivo tener el panorama de cómo tomarían ese proyecto las diez provincias con recursos hidrocarburíferos que quedarían asociadas a la expropiación, era preciso saber cómo podía reaccionar la sociedad, la oposición y el empresariado. Pero, como en el ajedrez, sabía que después de las blancas mueven las negras. Y sin dudas, Cristina debía estar preparada para la jugada de Repsol. Por eso, no debe haberle incomodado que La Nación y el coro de medios se autocomplacieran con “el enojo de Cartagena”. El anuncio por cadena fue tan sorpresivo como la firma, un rato antes, del decreto de necesidad y urgencia que designaba como interventor y subinterventor, por un plazo de 30 días, a Julio De Vido y Axel Kicillof. Mientras Brufau veía el verde primaveral del Paseo de la Castellana, la nítida imagen que le devolvía el plasma de la amplia mesa del salón de conferencias donde estaban Gomis y el resto de los directivos, algo pasó en ese lunes caluroso de Buenos Aires que descolocó al ex presidente de Repsol YPF. Se colaba en cámara una gente que ingresaba al salón y comunicaba que las nuevas autoridades se hacían cargo de la operación de la compañía.
Ese lunes 16 de abril se iniciaba una nueva etapa en la historia de la energía argentina. Con el correr de los días, la energía soberana sumaba aliados. Radicales, Socialistas, de Proyecto Sur y también de peronistas opositores. Mauricio Macri ensayaba el puesto de representante del Partido Popular español en Argentina, quizá conmovido por algunas declaraciones del presidente Mariano Rajoy que prometía amplios apoyos. El entusiasmo de Macri fue decayendo a medida que veía que ninguna empresa de capitales españoles radicada en Argentina se solidarizaba con el vaciamiento y la desinversión causada por Brufau. Tampoco otras empresas de capitales italianos o alemanes o estadounidenses o brasileros hacían ademán de mencionar el tema. La realidad es que Telefónica o el Banco Santander o Volkswagen o Camargo Correa y decenas de otras habían recibido los mismos mensajes en las reuniones con ministros y secretarios de Estado en noviembre pasado, apenas reasumida la Presidenta: las cuentas del flujo de capital del país necesitan sintonía fina y las altas rentas de las multinacionales no se corresponden con los niveles de reinversión de las compañías. Si los números de las remesas de utilidades eran preocupantes en general, el caso Repsol YPF era escandaloso. Por datos brindados por la misma compañía, en 1999, ganaba 477 millones de dólares, los beneficios trepaban a 1.076 en 2002 y, en 2003, llegaba a 1.596 millones. Desde entonces y hasta 2011 ese fue el promedio de ganancias. Los niveles de inversión fueron bajísimos: el 85% del dinero emergente del subsuelo de la Patria volaba al exterior. En noviembre, el entonces CEO de Repsol YPF, Sebastián Eskenazi, se reunía con funcionarios del más alto nivel del Gobierno y recibía el mismo pedido que los otros directivos. Lo transmitió en la reunión del Consejo de Administración de la compañía. Cabe consignar que Eskenazi era el socio local, tenía el legado de actuar como algo que en la Argentina se mencionó hasta el hartazgo y parece una rara avis: un burgués nacional. El burgués nacional, hijo de un gran burgués y hasta el lunes pasado vicepresidente de la petrolera. Los socios españoles decidieron hacer oídos sordos al pedido y los socios argentinos decidieron acompañar a los españoles en la remesa de utilidades al exterior. La suerte estaba echada. Tal como había dicho Julio César al cruzar el Rubicón. Pero Brufau y Esquenazi no tenían las legiones atrás. El primero vio, ese lunes, como se terminaba abruptamente la videoconferencia. El otro tenía un plazo perentorio para retirar sus pertenencias. Una nueva etapa se iniciaba. En los otros pisos de la inmensa torre de la avenida Macacha Güemes la gente seguía trabajando. Enfrente, en el campo de deportes del Colegio Nacional de Buenos Aires, los chicos y las chicas seguían con sus clases de gimnasia, en la vereda seguían desfilando las vecinas elegantes y los que se entrenaban para alguna maratón. Los ejecutivos desplazados fueron hasta el subsuelo y se retiraron sin hacer declaraciones en autos de vidrios polarizados. Buenos Aires estaba buena ese lunes. La Argentina también.

La única manera de entender las razones que provocan el furor con que el gobierno español, los medios de comunicación y tantos tertulianos de toda laya defienden a Repsol no puede ser otra que comprobar el amplio listado de ex autoridades del Estado, incluyendo actuales ministros, que han estado en su nómina, las miles de páginas y horas de su publicidad que financian a los medios y quién sabe qué otro tipo de influencias más inconfensables e inconfesadas.

Defender la españolidad de Repsol es algo demasiado forzado y olvidar que los que ahora lo hacen con tanto ímpetu fueron, en su gran mayoría, los que promovieron y llevaron a cabo la privatización de empresas que entonces sí que eran efectivamente españolas, no solo porque la totalidad o la inmensa mayoría de su capital era español, lo que quizá incluso sea lo de menos, sino porque la estrategia empresarial que perseguían respondía a intereses nacionales y no globales que apenas si repercuten en el progreso de España y en el bienestar de sus ciudadanos.