Universidades, sindicatos y organizaciones sociales defienden la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual
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El escrito fundamenta la adecuación de estos artículos de la ley 26.522 a los parámetros de la Constitución Nacional y los estándares internacionales sobre libertad de expresión. En particular, alega que los Estados tienen la facultad de regular la actividad de radiodifusión, y que en el caso argentino, la Constitución reconoce esta facultad al Congreso de la Nación. Además, el dictamen recupera los estándares internacionales de protección de la libertad de expresión y el derecho a la información, y numerosa legislación comparada, destinados a garantizar el pluralismo y la diversidad informativa. Sostiene también la legitimidad de los límites legales a la concentración de la propiedad de los medios, de las restricciones a la conformación de redes permanentes de programación, y de la fijación de pisos mínimos de producción local e independiente.
Los firmantes recurrieron a la figura de amicus curiae –“amigos del tribunal”–, la cual permite a terceras personas participar de una disputa judicial cuando acrediten un interés legítimo en el resultado del litigio. Estas presentaciones consisten en la suma de aportes técnicos, opiniones de especialistas y ejemplos de legislación comparada que pueden resultar de utilidad para un enfoque completo de la problemática.
En los próximos días podrán sumarse nuevas organizaciones que adhieran al dictamen. Los firmantes también prevén presentar escritos similares en otras causas en las cuales se discuta la constitucionalidad de la ley 26.522.
La presentación fue realizada de manera conjunta por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), instituciones académicas como las facultades de ciencias sociales de la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de La Plata, y la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, el departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Quilmes y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús. A ellos se sumaron los principales sindicatos que reúnen a los trabajadores de los medios de comunicación, como la Confederación Sindical de Trabajadores de los Medios de Comunicación Social de la República Argentina, la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, el Sindicato Argentino de la Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos, el Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas, la Asociación Argentina de Actores, el Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina, la Federación Argentina de Trabajadores de Imprentas, Diarios y Afines, la Asociación Argentina de Trabajadores de las Comunicaciones, el Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público y Afines, el Sindicato Único de la Publicidad, la Sociedad Argentina de Locutores, el Sindicato Argentino de Músicos y el Sindicato de Prensa de Rosario. También se incorporaron organizaciones que nuclean a radiodifusores como la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, el Foro Argentino de Radios Comunitarias y la Asociación de Radiodifusoras Bonaerenses y del Interior de la República Argentina y otras ONG interesadas en la defensa de la libertad de expresión, como el Centro Nueva Tierra.
Algunos fragmentos de la presentación jurídica:
En síntesis, y conforme se detalle en el presente memorial, se fundamenta la constitucionalidad de la ley 28522 en relación ala facultad de Estado de regular en materia de radiodifusión, siendo por ende una norma de competencia federal. Asimismo, se proporcionan consideraciones acordes a los más altos estándares protectorios de la libertad de expresión y el derecho a la información sobre la necesidad legal de establecer un régimen de multiplicidad de licencias – incluyendo limites a la concentración de la propiedad de los medios de comunicación y a la conformación de redes permanentes de programación - y pisos de mínimos de producción local e independiente, todo ello con la finalidad de garantizar la pluralidad y diversidad informativa. Por ultimo se aportan elementos para evaluar la constitucionalidad de las disposiciones relativas al procedimiento, el plazo y las consecuencias , para ajustarse a la nueva normativa.
El objeto de presentaciones como esta – Amicus Curiae – consiste en que terceros ajenos a una disputa judicial – pero con un justificado interés en la resolución final del litigio - , puedan expresar sus opiniones en torno a la materia, a través de aportes de trascendencia para la sustentación del proceso judicial.
Cabe destacar que la presentación de los Amicis Curiae de ninguna manera constituye un perjuicio para algunas de las partes del litigio. Por el contrario, su finalidad es colaborar en la sustentación del proceso, aportando conocimiento, argumentos, experiencia y opiniones que puedan servir como elementos de juicio a tener en cuenta a la hora de resolverse la disputa.
Asimismo, la presentación de memoriales en derecho garantiza la participación de la sociedad civil y terceros interesados en ciertas cuestiones de trascendencia pública que se debaten ante los tribunales. Esta participación – que el Amicus Curiae vehiculiza- hace al principio republicano de gobierno consagrado en la Constitución Nacional. La transparencia del debate publico y el acercamiento del poder judicial a los ciudadanos contribuyen al fortalecimiento de las instituciones republicanas y a la calidad del sistema democrático.
*El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) es una organización no gubernamental que trabaja desde 1979 en la promoción y protección de los derechos humanos y el fortalecimiento del sistema democrático en Argentina.
Fuente:">http://www.cels.org.ar/comunicacion/?info=detalleDoc&ids=4〈=es&ss=46&i... CELS - 15.03.2010
