Un proyecto de ley sobre derechos para las y los trabajadores rurales temporarios y otro de promoción de la agroecología: son parte de la agenda en el año legislativo que inicia este 1° de marzo. El primero, presentado en la Cámara de Diputados por el Frente de Izquierda y de Trabajadores, promueve la asistencia económica y de seguridad social a las y los trabajadores golondrina en los períodos en los que no se desarrolle el cultivo en el que se desempeñan. El segundo, del Frente de Todos, establece un impuesto a los agrotóxicos cuya recaudación será destinada a promover la transición agroecológica. En un año electoral, siguen a la espera los históricos reclamos del sector campesino e indígena respecto a leyes para el acceso a la tierra y a políticas para la promoción de otro modelo productivo.

La Mesa Agroalimentaria Argentina impulsa cinco proyectos de ley para fortalecer el trabajo y la producción campesina y cooperativa. Estos son: la ley de acceso a la tierra, que ya se presentó en cuatro oportunidades y propone la creación de créditos blandos para que las familias agricultoras puedan comprar terrenos propios; la ley de arrendamientos rurales para crear condiciones de estabilidad y equidad entre los trabajadores que alquilan la tierra que cultivan y los dueños de las mismas; la ley de protección y fortalecimiento de los territorios campesinos y la agricultura familiar para asegurar mejores condiciones respecto a la tenencia de la tierra; la ley de segmentación de las políticas impositivas agrarias y la ley de financiamiento y fomento del cooperativismo y la transición agroecológica.

_{Nicolas Pousthomis / Subcoop}

Derechos para las y los trabajadores rurales temporarios

Según el último Censo Nacional Agropecuario (2018), en Argentina existen 223.831 trabajadoras y trabajadores rurales permanentes. A su vez, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) estima que las producciones regionales emplean a 625.000 trabajadores temporarios en épocas de cosecha. Las y los trabajadores que sostienen la producción agropecuaria en Argentina atraviesan históricamente situaciones de precarización laboral. Muchas veces deben migrar de una provincia a la otra según la temporada, los sueldos son exiguos, las condiciones habitacionales son precarias y toda la familia se ve implicada en las labores para sostener el día a día en los campos.

En enero pasado, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolas Pino, reclamó la prórroga por un año del pago de las obligaciones de la seguridad social de los trabajadores del campo "con el objetivo de mantener el empleo y acompañar a los productores en este momento". Es decir, para disminuir las cargas a las que están obligados los empleadores. Argumentó la necesidad de esta medida aludiendo al impacto de la sequía. Además, a fin de año, otras asociaciones patronales del agro también protestaron por el pago de un bono no remunerativo de 26.000 pesos.

En este contexto el proyecto de ley presentado por los partidos de izquierda a fines de 2022 busca reconocer derechos y mejorar la situación económica de aquellos trabajadores que solo tienen empleo en épocas de cosecha. El mismo estipula una ayuda económica no remunerativa y mensual durante el receso estacional, que no podrá ser inferior al salario mínimo del peón rural, actualmente valuado en 107.000 pesos. También reconoce para ese sector una obra social durante todo el año.

La iniciativa propone que el ingreso sea financiado con un impuesto a la gran propiedad de la tierra y patrimonios. El texto señala que "considerando que los empresarios que hacen uso del trabajo temporario o los llamados 'permanentes de prestación discontinua' perciben beneficios, gracias a estos trabajos, que les permiten ingresos y beneficios anuales, deben recaer en ellos los costos del mantenimiento de los trabajadores contratados". Por lo tanto, para sostener el pago de la ayuda económica se aplicará anualmente un impuesto a todas las personas jurídicas y personas humanas que desempeñen actividades rurales o agroindustriales y sean propietarias de superficies de tierra que superen las 5000 hectáreas y/o cuyo valor catastral total sea superior a 600 millones de pesos o posean un patrimonio superior a los cien millones. El monto a pagar será del cinco por ciento sobre el valor total de la tierra y/o el patrimonio.

En caso de aprobarse el proyecto, los trabajadores golondrina deberán registrarse como tales ante el Ministerio de Trabajo de la Nación, sin más requisito que una declaración jurada. Ante la duda sobre la veracidad del documento, bastarán dos testigos para validarlo. Las trabajadoras y trabajadores se podrán postular personalmente o mediante gobiernos provinciales o locales u organizaciones sociales o sindicales.

Además se propone que se brinde contención socioeducativa de las y los hijos menores de las trabajadoras y los trabajadores destinatarios, como herramienta de prevención y erradicación del trabajo infantil en el ámbito rural, y establece la creación de comisiones de seguridad e higiene electas por los propios trabajadores para determinar qué trabajos afectan su salud e integridad, pudiendo determinar que esas labores no se realicen hasta que las condiciones sean adecuadas.

El proyecto establece también un plan para poner fin al trabajo temporario. Propone la reconversión productiva de grandes territorios ociosos hacia cultivos alternativos para garantizar el acceso al empleo todo el año. El objetivo es demostrar que el trabajo temporario obedece a un esquema económico determinado, que puede ser revertido. El proyecto estipula que toda propiedad donde su dueño se niegue a llevar adelante una transformación que garantice el trabajo permanente (del conjunto de sus empleados) pasará a ser gestionada por sus trabajadores, a fin de garantizar que se cumpla con lo establecido.

La propuesta busca convertir en ley y ampliar los alcances del Programa Intercosecha, política de alcance nacional destinada a trabajadoras y trabajadores temporarios del sector agrario. La misma brinda una ayuda económica no remunerativa durante el receso estacional, pero por un período máximo de hasta cuatro meses. La iniciativa fue ingresada a la Cámara Baja por Alejandro Vilca, Myriam Bregman, Nicolás del Caño y Romina Del Plá del Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad (FITU) y la legisladora Natalia Zaracho del Frente de Todos. 

_{Foto: Nicolas Pousthomis / Subcoop}

Un impuesto a los agrotóxicos para promover la agroecología

También a fines de 2022 se presentó un proyecto de ley que busca crear un impuesto al uso de agrotóxicos para "promover la agroecología". Fue firmado por la diputada Florencia Lampreabe y sus pares del bloque oficialista Leonardo Grosso, Marisa Uceda, Tanya Bertoldi, Juan Manuel Pedrini, Juan Carlos Alderete, Leila Chaher, Eber Pérez Plaza y Aldo Leiva.

El impuesto a los insumos de síntesis química se destinará, de aprobarse el proyecto de ley, a un Fondo Nacional de Promoción de la Agroecología. La alícuota será fijada por el Ejecutivo Nacional de manera progresiva, de acuerdo a la clasificación por su nivel de toxicidad. El monto no podrá ser menor al diez por ciento del valor del producto. Para los herbicidas importados el valor se duplicará.

La Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) estimó que en Argentina se utilizan tres veces más pesticidas por hectárea cultivable que en Estados Unidos o España. Existe sobrada evidencia científica sobre el impacto negativo de los agrotóxicos en la salubridad del agua y de los suelos cercanos a los campos donde se utilizan por efectos de la deriva. En su estudio más reciente, el Instituto de Salud Socioambiental de la Universidad Nacional de Rosario confirmó que vivir en pueblos fumigados aumenta el riesgo de padecer cáncer. Pero el Gobierno no prohíbe su uso. En cambio, el Frente de Todos en la Cámara de Diputados busca financiar la promoción de la agroecología sosteniendo un modelo que ya mostró sus consecuencias.

El Fondo Nacional de Promoción de la Agroecología se financiará con el impuesto a los herbicidas; con el 0,25 por ciento de lo recaudado por derechos de exportación de los commodities soja, maíz y trigo y sus respectivos productos derivados; con los recursos asignados anualmente en el presupuesto nacional; con aportes y donaciones de empresas o personas físicas y/o jurídicas y con rentas, multas y otros ingresos que resulten de la administración del Fondo. Este mecanismo servirá, según los impulsores, para promover la transición hacia la agroecología en los campos de todo el país y su implementación estará a cargo del Ministerio de Agricultura.

El proyecto de financiamiento y fomento del cooperativismo y la transición agroecológica, que promueven las organizaciones que integran la Mesa Agroalimentaria Argentina, establece que los fondos para apuntalar otro modelo agropecuario sean parte del presupuesto nacional (y no por la venta de agrotóxicos).

^{Agencia Tierraviva - 28 de febrero de 2023}