Finalizada la Segunda Guerra Mundial y ante las atrocidades hasta entonces cometidas, uno de los primeros consensos de la comunidad internacional de posguerra se expresó a través de la aprobación de la Convención para la Prevención y Sanción del Crimen de Genocidio en 1948.

Fue en este clima histórico cuando Rafael Lemkin, quien escapó de las purgas raciales en Polonia y fue más tarde profesor de Derecho Internacional en la Universidad de Yale, elaboró el término "genocidio" y lo incluyó en su obra titulada: "Axis Rules in Occupied Europe", publicada en Washington en 1944.

Para ello tuvo especialmente en cuenta las prácticas del régimen nacionalsocialista, de conformidad a un plan trazado de antemano y plasmado con la finalidad de "germanizar" el territorio europeo.

A pesar de la prevención y de la sanción a la que aspiraba la Convención, lo cierto es que con posterioridad a su entrada en vigor se produjo una considerable cantidad de atrocidades susceptibles de ser definidas como actos de genocidio.

Así sucedió en Camboya, Bosnia y Ruanda, por citar tan sólo algunos casos que movilizaron a la opinión pública internacional y cuyos efectos éticos, políticos y judiciales propiciaron la creación de los tribunales ad hoc para la ex Yugoslavia, primero, y para Ruanda después. Y años más tarde, el establecimiento de la Corte Penal Internacional (CPI).

Sin embargo, la creación de Rafael Lemkin no sólo tenía un antecedente inmediato en las masacres perpetradas por el nacionalsocialismo alemán, sino también en los actos de exterminio llevados a cabo años antes en las proximidades de Europa oriental por parte de los turcos y sobre la población armenia.

En efecto, la masacre por parte de Turquía se inició el 24 de abril de 1915, lo que generó la muerte de más de un millón y medio de armenios, incluyendo ancianos y niños desprotegidos, así como la diáspora de otros tantos en aras de salvar sus vidas.

El entonces embajador de Estados Unidos en Turquía, Henry Morgenthau, pidió ayuda a su país y a la comunidad internacional para frenar lo que hoy se considera como el primer genocidio del siglo XX.

La búsqueda de la verdad histórica y el ejercicio de la memoria a través de un estudio comparativo de las masacres producidas, deben ser un elemento a tener en cuenta para la prevención de nuevos actos de genocidio.

Así lo destaca Vahakn N. Dadrian en su ensayo titulado "Configuración de los genocidios del siglo XX", al afirmar que "... sólo los estudios comparativos pueden producir generalizaciones cuidadosamente delimitadas acerca de la naturaleza y la mecánica del genocidio como un problema general de la humanidad. Generalizaciones de este tipo constituyen la esencia del esfuerzo científico que avanza hacia el objetivo final de prevenir los cataclismos genocidas".

Como una autocrítica por las omisiones pasadas, poco a poco se ha ido reconociendo el genocidio del pueblo armenio. En ese sentido se ha pronunciado el Tribunal Permanente de los Pueblos reunido en París en abril de 1984; el Parlamento Europeo en noviembre del 2000; el Parlamento francés en enero del 2001; recientemente el Consejo de la Provincia de Milán; el Parlamento de Lituania; la comisión de gobierno de Edimburgo.

El 11 de enero del corriente año se promulgó en nuestro país la ley 26.199, impulsada por el Consejo Nacional Armenio de Sudamérica, la cual fue aprobada por 175 votos sobre 179 diputados presentes, y por unanimidad en el Senado de la Nación.

La mencionada ley instituye el 24 de abril como "día de acción por la tolerancia y el respeto entre los pueblos", afirmando en su artículo primero que la memoria del genocidio del pueblo armenio debe constituir una lección permanente sobre los pasos del presente y las metas del futuro.

Y en función de ello, autoriza a todos los ciudadanos de origen armenio a disponer libremente de ese día para poder asistir a las actividades que a su respecto realizare la comunidad. Se trata de un gesto simbólico en torno de la identificación de aquellos episodios marcados por la muerte y la desdicha de un pueblo.

Un modo de traer al presente y de recordar que las formas genocidas habitualmente sobreviven en latencia, esperando por detonadores históricos, políticos, culturales y económicos que las desaten. De allí la imperiosa necesidad de educar para la paz y por la tolerancia.

(*) Abogada y miembro de la Asociación Americana de Juristas.

(**) Juez de instrucción y profesor de Derecho Internacional Universidad FASTA, Bariloche.

Fuente: Diario Río Negro / Argentina - 24.04.07