Sobre los cambios en el RIGI

CIPIBIC

CIPIBIC advierte que el 66,9% de las importaciones relevadas corresponde a rubros con producción argentina. La Cámara propone aplicar criterios verificables de origen, publicar los cronogramas de compra e iniciar ahora la homologación de fabricantes para los proyectos con compromisos de inversión en 2027 y 2028.

El Decreto 1366/2026, publicado hoy en el Boletín Oficial, modifica la reglamentación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). La norma amplía el universo de empresas que pueden actuar como proveedoras locales y precisa las reglas sobre plazos de inversión, reorganizaciones societarias y financiamiento externo. Para la Cámara de Industriales de Proyectos e Ingeniería de Bienes de Capital (CIPIBIC), el alcance industrial de estos cambios dependerá de cuánto logren incorporar los proyectos en fabricación, ingeniería y empleo calificado en la Argentina.

Los cuatro cambios y su impacto en las PyMEs

  1. Proveedor local y origen de los bienes. Las sociedades constituidas y domiciliadas en la Argentina pueden calificar como proveedoras locales con independencia de la nacionalidad de sus accionistas o del origen de su capital. Para los bienes, el decreto mantiene los criterios de origen del Mercosur y encomienda a la autoridad de aplicación precisar cómo se verificarán. Una filial extranjera puede ampliar la oferta y aportar capacidad productiva si fabrica en el país. Si opera principalmente como importadora, su domicilio dice poco sobre dónde se fabricó el equipo, se desarrolló la ingeniería o se decidió la compra.
  2. Plazos de inversión. Para los Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo se distingue la fecha límite para alcanzar la inversión mínima total de los compromisos exigibles en cada etapa. La precisión ayuda a planificar capacidad y entregas. Para una PyME, esa previsibilidad se traduce en una oportunidad comercial cuando el proyecto comunica con anticipación qué equipos comprará y cómo homologará a sus proveedores.
  3. Reorganizaciones empresariales. El decreto precisa las condiciones para transferir acciones de un Vehículo de Proyecto Único (VPU), incorporar miembros a una unión transitoria que actúe como VPU o reorganizar una sucursal dedicada preservando los derechos del proyecto. Esto puede facilitar alianzas industriales. Para una PyME que se integra a una estructura mayor, las condiciones de participación y la autonomía comercial pasan a ser parte de la negociación.
  4. Aportes de divisas. A efectos del acceso al mercado de cambios de determinados VPU, podrán computarse aportes y financiamiento externo canalizados por los socios, accionistas y demás sujetos previstos en el decreto. Los fondos deben ingresar, liquidarse en el mercado de cambios y aplicarse al proyecto con respaldo contable y trazabilidad. La medida amplía las opciones de financiamiento del proyecto. El crédito y el acceso a divisas de la PyME proveedora siguen sujetos a las reglas que le corresponden.

La ventana para homologarse ya está abierta

Según el relevamiento de CIPIBIC, USD 362,7 millones de los USD 542,2 millones importados hasta septiembre corresponden a posiciones arancelarias en las que existe producción argentina. Esa coincidencia señala dónde buscar fabricantes y verificar su capacidad para cumplir las especificaciones, los volúmenes y los plazos de cada proyecto.

De los 25 proyectos aprobados incluidos en el relevamiento, 11 registraban importaciones directas a su nombre.El 55% de la inversión comprometida en activos computables, equivalente a USD 20.272 millones, tiene vencimientos entre 2027 y 2028.

Como los procesos de compra y homologación pueden comenzar entre 12 y 18 meses antes de esos hitos, las PyMEs necesitan conocer ahora los requisitos técnicos y los paquetes de compra. Perder esta ronda puede postergar durante años el acceso a contratos de escala comparable. Por eso también importa diversificar clientes y mercados mientras se desarrollan esas oportunidades.

Qué está en juego para la industria argentina

Si los incentivos del RIGI se traducen principalmente en importaciones de equipos y los proyectos avanzan sin integrar a fabricantes locales, se corre el riesgo de consolidar enclaves productivos. Son proyectos que construyen, producen y exportan, pero cuyo impacto sobre el empleo se concentra en la obra. Una vez en operación, especialmente en actividades intensivas en capital, el empleo directo puede reducirse y el efecto sobre la industria local puede ser limitado.

Se pueden perder capacidades industriales difíciles de reconstruir. La actividad metalúrgica cayó un 3,3% interanual en septiembre, según ADIMRA. Si las compras de equipos se concentran en el exterior, se desaprovecha una oportunidad para sostener talleres, matricería, equipos de ingeniería y empleo calificado. Recuperar esas capacidades, una vez perdidas, requiere tiempo e inversión.

La medición del compre local debe mostrar dónde se fabrican los equipos. El Gobierno informó que el 82% de las compras se realiza a proveedores locales. Para evaluar su impacto industrial, CIPIBIC plantea que se publique la metodología y se desagreguen los bienes de origen nacional, los servicios prestados en el país y los equipos importados comprados a través de intermediarios radicados en la Argentina.

La dependencia tecnológica puede profundizarse. Si las PyMEs quedan fuera de los procesos de ingeniería, homologación, certificación y transferencia tecnológica, tendrán menos oportunidades de fabricar bienes de capital y escalar como proveedoras. Su participación puede quedar concentrada en servicios auxiliares, mientras los contratos de mayor contenido tecnológico se resuelven en el exterior.

El propio régimen puede perder respaldo político y social. La discusión en el Senado sobre el llamado Súper RIGI refleja la preocupación por cuánto de la inversión se transforma en actividad local. Allí se debate un piso del 20% para compras de bienes locales y una propuesta para considerar competitiva una oferta nacional hasta un 15% más cara que la importada, siempre que las condiciones técnicas y comerciales sean equivalentes. Ambas medidas forman parte del debate legislativo.

Para las PyMEs, esperar también tiene un costo. Con el 55% de los compromisos de inversión relevados concentrado en vencimientos de 2027 y 2028, la homologación y la definición de proveedores ya están en marcha o pueden comenzar antes de que se materialicen las compras. Quedar fuera de esta ronda puede demorar durante años el acceso a contratos de escala comparable. Conviene preparar desde ahora la oferta técnica y comercial para esos proyectos y, al mismo tiempo, diversificar clientes y mercados.

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