En la 50 sesión sobre la condición jurídica y social de la mujer que se reunió en Nueva York, en marzo pasado, los temas de agenda fueron: el refuerzo de la participación de las mujeres en el desarrollo, propiciando la igualdad en las áreas de educación, salud y trabajo. El segundo tema de análisis fue transversalizar la perspectiva de género en todas las estructuras decisionales de los Estados, así como también en las organizaciones civiles y políticas.

Paralelamente se organizó una mesa redonda de alto nivel sobre políticas y programas en las cuestiones de género, a fin de tratar el tema migratorio, el cual se abordó en principio en términos generales y luego específicamente.

Según el informe presentado por la relatora especial sobre derechos humanos de los migrantes en la LX Sesión de la Comisión de Derechos Humanos, en esta década los flujos migratorios se han incrementado notablemente en relación directa con el alto crecimiento de la brecha económica entre los países pobres y ricos.

La respuesta de los Estados desarrollados hasta ahora ha sido la deportación, sin garantías de ningún tipo, o en otros casos la construcción de muros fronterizos y mayores controles para evitar el ingreso de los pobres en sus territorios.

En el 2002, 'unos 175 millones de personas vivían fuera de sus países de origen, lo que representa un importante porcentaje de la población mundial y se espera que esta cifra alcance los 230 millones en el 2050' (UNFPA, 2004).

Estados Unidos, otros países desarrollados y organismos internacionales, como el Banco Mundial, comenzaron a analizar el fenómeno no sólo en términos humanitarios sino también económicos.

En este nuevo escenario mundial, nos encontramos con países en estado de precariedad tal, que se transforman en los principales generadores de masas migratorias hacia los países centrales. Se observa la falta de responsabilidad de aquellos expulsores de sus poblaciones, ya que entre otras causas no se analiza que los perjuicios de la migración se reflejan en la descapitalización humana: la fuga de cerebros.

La persona que abandona su lugar de nacimiento, crianza y cultura no sólo busca una salida para su supervivencia, sino también ayudar al resto de la familia que quedó en el país de origen, producto de los fuertes lazos de solidaridad y reciprocidad que siguen manteniendo. Surge así la idea de remesa, que conceptualmente es el ahorro del migrante, pero para quien lo recibe se convierte muchas veces en el único medio económico para cubrir sus necesidades alimentarias, de salud, vivienda, educación.

El Instituto Internacional de Investigación y Capacitación de las Naciones Unidas para la promoción de la Mujer, en un trabajo realizado por Carlota Ramírez, Mar García Domínguez y Julia Miguez Morais señalan que en la última década, las remesas se han constituido en la segunda fuente de financiación externa para los países en vías de desarrollo y su volumen sigue en aumento. Destacan también que en la actualidad más del 54% de las remesas de América Latina son enviadas por mujeres, lo que marca otro aspecto importante en la migración internacional: 'la feminización.' Ya hoy la mujer no es una migrante forzosa sino autónoma, junto con sus hijos; por ejemplo en España el 48% de los inmigrantes son mujeres provenientes de Africa y América Latina.

Económicamente, casi el 40% del total de remesas del mundo lo recibe América Latina y el Caribe, con mucho más peso que el turismo o la ayuda al desarrollo.

Otro aspecto no menos importante en este flujo de dinero tras fronteras, es lo relativo a los costos de envío. Dicha cuantificación sólo se puede visibilizar cuando se realiza a través de los canales formales, esto es empresas privadas o el sistema bancario. Según los informes aportados, los costes rondan entre un 20 y 23%.

Además, algunos Estados norteamericanos pretenden dar como respuesta a esta realidad, la necesidad de tasar dichos envíos, con el consiguiente perjuicio que ello conlleva en una doble imposición tributaria para el trabajador.

Por ello el tratamiento de los inmigrantes se debería resolver globalmente. No sólo económicamente, sino desde los derechos que protegen la dignidad de todo ser humano.

En principio la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 otorga a toda persona el derecho a la libertad de movimientos y residencia dentro de los límites de cada Estado; el derecho a salir de cualquier país, incluido el propio, y volver a su país; el derecho al trabajo, elegido de forma libre y con un salario digno.

También la Convención Internacional para la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migrantes y Miembros de Sus Familias, aprobada en diciembre de 1990 por la Asamblea General de Naciones Unidas, reconoce que muchos trabajadores migrantes y sus familias se encuentran desprotegidos en las legislaciones nacionales, establece definiciones internacionales de trabajadores/as migrantes y fija normas de tratamiento de los derechos humanos específicos de toda persona en estas condiciones, cualquiera sea su origen y situación legal. Su objetivo es eliminar la migración irregular, que abre la puerta al tráfico ilegal de hombres, mujeres y niños, lo que beneficia sólo el arca de los inescrupulosos organizados y desprotege a la vez los derechos fundamentales de los migrantes.
Como bien señaló la delegación de la misión argentina, es importante establecer una política de apertura. Cuando se restringe el derecho a entrar o salir de un determinado país, los flujos migratorios se canalizan hacia la inmigración irregular, ya sea por medios propios o recurriendo a los mecanismos de tráfico y trata de personas. Todo Estado, cuando legisla sobre la materia, debe reflexionar para quién lo hace y los resultados que producen las medidas restrictivas, sean físicas, económicas o penales.

Fuente: RIO NEGRO ON LINE / Argenpress