El trámite de ingreso al pabellón femenino 3 de la Unidad Penal de Alto Comedero, en las afueras de San Salvador, es engorroso: hay que sortear dos mesas de entradas, donde se controlan los documentos de los visitantes y se cotejan con unas tarjetas de cartulina donde constan los nombres de las personas que cada detenida ha autorizado. O donde deberían constar, porque a menudo faltan nombres que fueron consignados y el excluido debe volverse a casa. Luego es el turno de la requisa, que puede ser humillante o formal según el humor de quien la realice y la condición social y racial del requisado.

El martes 1 de marzo, el contador público Gerardo Morales accedió a discutir acerca de la situación de la dirigente indígena Milagro Sala, detenida por orden de su gobierno. Su franqueza es tan ostensible como la escasez de argumentos jurídicos para explicar un hecho tan escandaloso. Este es el diálogo grabado al regreso de Morales a Jujuy, luego de la Asamblea Legislativa en la que el presidente Maurizio Macrì inauguró el periodo de sesiones ordinarias del Congreso:

A veces se hace necesario recapitular y explicar. En el caso de la detención de Milagro Sala, que va adquiriendo la dimensión de un escándalo institucional sin precedentes en los treinta y dos años de vida constitucional continuada que por suerte tenemos, es menester hacerlo, aunque la explicación requiera meterse en cosas algo técnicas, pero que el público debe conocer.