Un reciente fallo de la CSJN (sentencia del 30/06/2009, autos “Cerro Vanguardia SA (TF 22.172-I) c/DGI”, suscripto por los jueces Lorenzetti, Fayt, Petracchi, Maqueda y Argibay, con ejemplar disidencia de la jueza Highton de Nolasco) de consuno con su anterior “Candy” (que fuera motivo de nuestro comentario en “La Ley” del 03/08/09) nos da pie a preguntarnos acerca de la necesidad de una justicia constitucional que garantice la financiación de los cometidos constitucionales del Estado...

Nuestro extenso territorio cuenta con una amplia y diversa riqueza minera: salares, canteras y áridos, hierro, piedras preciosas, oro, plata, cobre, uranio y hasta los hidrocarburos, que también son minerales. Sin embargo el estado nacional a partir de la aprobación del código minero en 1887 a la fecha, tiene prohibida su explotación; es un derecho otorgado a perpetuidad sólo a particulares.

Organizaciones sociales y sectores políticos cuestionan la minería a cielo abierto por su impacto sobre el medio ambiente. También observan la existencia de exenciones impositivas privilegiadas para el sector. El secretario de Minería, Jorge Mayoral, respondió a las críticas a un negocio dominado por multinacionales. Sostiene que la minería frena el éxodo hacia las grandes ciudades. Asegura que existen estrictas normas de control para evitar la contaminación. Afirma que se trata de una actividad que permite el desarrollo nacional. Y reprocha a las compañías mineras por no mostrar a la sociedad cómo trabajan.