En términos económicos, los primeros 100 días del Gobierno de Mauricio Macri serán recordados por su abrupta contracción de la demanda interna. Para lograrla echó mano tanto a las políticas cambiaria (devaluación) y monetaria (menor emisión, suba de tasas de interés) como fiscal (echando trabajadores del Estado, avalando despidos en el sector privado y recortando subsidios). Estos ajustes se deben en parte a los desbalances acumulados en los últimos años del kirchnerismo (dólar y tarifas atrasadas, inflación elevada, crecimiento y empleo estancados) pero en buena medida se originan en una concepción ideológica de lo que el Estado “debe hacer”.

Han pasado algo más de 100 días del gobierno de la derecha en la Argentina y hay mucha gente que aún se ilusiona con sus promesas. Ello a pesar de los evidentes signos que demuestran que el rumbo real va en el sentido contrario a sus palabras, comenzando por el incremento violento de la inflación que se disparó desde el anuncio de la devaluación, el recorte de programas sociales y el despido de miles de empleados públicos que los atendían, una creciente desocupación en las actividades privadas, los entreguistas acuerdos con los fondos buitre con su usuraria carga de capital, intereses y endeudamientos potenciales.

En el marco de esta convocatoria a la reunión de voluntades para la construcción de una alternativa democrática y popular, el Instituto Argentino para el Desarrollo Económico (IADE) declara:

Toca opinar sobre una cuestión sensible en estos días: los arreglos institucionales y los efectos jurídicos del acuerdo con los holdouts (fondos buitres). Es una cuestión sensible, pero no nueva para la fiscalía que interviene en todos los eslabones que se han transformado en causas judiciales derivadas del endeudamiento externo desde 1976. Desde la causa iniciada por Alejandro Olmos hasta la hora presente.

Venimos, conforme el facultamiento contenido en el art. 174 y c.c. del CPPN, a promover denuncia dirigida contra todo el PEN y los senadores y diputados que presten su voto afirmativo para la comisión del obrar reputado delictivo, con domicilio legal en Balcarce 50 y Av. Rivadavia 1864 de esta C.A.B.A, respectivamente, para que se instruya causa respecto de un obrar que, “prima facie”, tipifica como traición a la patria (art. 215, inc. 1º, C. Penal), en concurso con defraudación especial (art. 173, 7º, C. Penal), con violación de los deberes de funcionario público (art. 248, C. Penal).

El principal argumento del Gobierno para justificar el acuerdo con los fondos buitre es la necesidad de volver a los mercados de deuda para financiar un plan de obras públicas. El Presidente y sus ministros sostienen que sin ese canal de crédito no será posible encarar proyectos de infraestructura indispensables para el país y, junto con ello, no se podrá recuperar el crecimiento económico. No hay plan B, descartó el jefe de Gabinete, Marcos Peña.

Resulta llamativo que el gobierno de Macri traiga a colación, en pleno plan para coronar la mayor victoria buitre de la historia, el acuerdo firmado con el Club de París en 2014 por la administración Kirchner. De acuerdo a las palabras del actual ministro de Hacienda y Finanzas, el acuerdo con el Club de París habría sido ruinoso para Argentina, a diferencia de la actual rendición con los buitres, que daría lugar a una lluvia de dólares que solucionará todos nuestros problemas. Ante tamaño sinsentido, nos parece importante señalar las siguientes 12 diferencias entre el Acuerdo con el Club de París (ACP) y lo que el actual gobierno planea pagarle a los buitres.

1- En 2001 se defaultearon 81.000 millones de dólares. El 92.4% se reestructuró en 2005 y 2010, es decir, 75.000 millones de dólares. Quedaron pendientes de resolución otros 6.100 millones (holdouts). De esos 6.100 millones, 900 (1,1% de la deuda no reestructurada) estaban en manos de los buitres (la demanda original en el juzgado de Griesa), mientras otros 5.200 millones se hallaban en poder de otros holdouts.

Horas después de que Argentina llegara a un acuerdo con los fondos de cobertura de Nueva York para poner fin a un engorroso litigio de deuda de 15 años, los principales funcionarios del área económica del gobierno hicieron el anuncio en Buenos Aires con total regocijo.

A más de dos meses de su asunción, los lineamientos económicos del nuevo gobierno están sobre la mesa. El conjunto de decisiones económicas adoptado por las nuevas autoridades del Estado argentino (maxidevaluación, disminución y reducción quita de retenciones a las exportaciones, apertura económica, desregulación, eliminación a las restricciones de compra de divisas, aumento de tarifas, quita de subsidios, eliminación del impuesto a los vehículos de alta gama, y “reinserción” en los mercados financieros internacionales previo acuerdo con los buitres y el FMI, etc.)