“Allí donde está mi fortuna, está mi corazón”. (Evangelio según San Mateo.)                                                                                                            

Los protagonistas cruciales del mundo offshore son cinco en la actualidad: las guaridas fiscales (piadosamente llamadas ‘paraísos’ por los medios masivos); la banca global; las restantes corporaciones multinacionales; las grandes consultoras globales en auditoría e impuestos (denominadas Big Four); y los estudios legales especializados. Estos son los facilitadores (enablers) de la fuga de capitales, la evasión tributaria y el lavado de activos por parte de las grandes corporaciones y los ricos globales. Argentina no podía ser una excepción, dada su historia. Por el contrario, ha estado y se mantiene en la vanguardia de estos desarrollos. En particular, el reciente desempeño del país a propósito del desafío que plantean las guaridas fiscales al ejercicio de su cada vez más menguada autoridad soberana resulta digno de análisis. De esto trata el texto que sigue.

1.- El arraigo y la gravedad de la fuga de capitales

Entre los países del Sur, Argentina muestra un desarrollo temprano del fenómeno de la fuga de capitales, con su primer caso relevante –el ligado a la exportación de carnes al Reino Unido— verificado durante los años ’30 del siglo pasado. Si nos limitamos a un período más cercano (1976-2017), después de más de cuatro décadas de persistente flujo de recursos hacia el exterior, las últimas estimaciones confiables de los stocks de riqueza offshore de origen argentino representan —relacionadas con la magnitud de su PIB anual— un récord en América Latina, que comparte con Venezuela. Las estimaciones ubican también al país en los primeros puestos del ranking global: una magnitud de recursos cercana a un PIB se ha acumulado offshore. Alrededor de 500.000 millones de dólares salieron fuera del sistema económico (hipótesis para 2017); más de un 90% de modo ilícito. El flujo de fuga anual representa unos 5 puntos del PIB, una cuarta parte de la inversión total que se realizaba en el país en los años que precedieron al último quinquenio (y cerca de un tercio de la verificada en 2016).

El arraigo de culturas favorables al incumplimiento fiscal y la fuga de capitales entre los residentes argentinos y las empresas que operan localmente es un dato crucial. Las tres décadas y media de restauración democrática no han logrado favorecer la limitación de estos fenómenos. En paralelo, se han agravado las circunstancias externas que los propician, tales como: la extensión de la globalización económico-financiera; el retroceso de las facultades tributarias del Estado-Nación; y, en particular, la expansión del sistema planetario de guaridas fiscales.

En el plano interno se acentuaron características dañinas de la estructura económica de la Argentina, su estructura tributaria y gestión fiscal, a las que se sumó —en los últimos dos años— una gestión económica de cuño neoliberal que terminó de destruir la frontera financiera nacional al establecer la libre circulación de capitales. Esto propicia actividades especulativas locales y la acumulación acelerada de deuda externa que agravan el proceso de fuga de capitales y están llevando a la economía a una situación de extrema vulnerabilidad externa.

Para peor, el pasado mes de junio la OECD —el club de países ricos al cual el Presidente ansía entrar de contrabando—  dio a conocer una lista vacía de guaridas fiscales. Vale decir, para este organismo todas las jurisdicciones del globo serían colaboradoras en materia de información tributaria. En otras palabras, la OECD acaba de renovar las patentes de corso de las guaridas fiscales del mundo con un doble efecto: la continuidad de la piratería económica global (favoreciendo a grandes bancos y corporaciones multinacionales) y la promoción de la vida carnavalesca de los ricos planetarios.

2.-  Retrocesos en la regulación, el control y la acción de la justicia

La difusión de los Papeles de Panamá y sus secuelas podrían haber sido aprovechadas en todo el mundo para impulsar una seria discusión acerca del grave daño que las guaridas ocasionan a nuestras sociedades y los modos más serios de acotarlas y –en definitiva— terminar con ellas. Esto no ha sido así y de nada ha servido poner el acento, como se ha hecho, en los ricos y famosos de la Argentina y el resto del mundo que han caído esta vez en la volteada. Estos documentos han revelado información que complicó al Presidente de la Argentina, a miembros de su gabinete, al secretario de un ex Presidente y a nuestro jugador-estrella de fútbol. Sin embargo la Justicia, fuertemente presionada por los poderes político y económico, ha congelado las causas iniciadas, las ha desestimado o ha sobreseido a sus protagonistas.

Los escándalos destapados ofrecen una oportunidad inmejorable para analizar las razones que sitúan al país como caso crítico de cara a las guaridas. Han cobrado estado público los vínculos de negocios non sanctos de pocos y muy poderosos argentinos, con capacidad de propiciar y concretar reformas legislativas basales que despejan su camino.Y lo que es más importante aún, las redes de guaridas fiscales deben entenderse como un engranaje clave de las finanzas internacionales y del modo de hacer negocios de las más grandes y poderosas corporaciones globales. Por ello las regulaciones –o, mejor, su inexistencia— que permiten la expansión de estas redes no sólo forman parte de una legalidad internacional supuestamente consensuada. Presionan además y amenazan a los autoridades de los países que tratan de oponerse a los cambios que apuntan al lavado de cara de las guaridas, con el apoyo incondicional de los gobernantes que son usuarios directos o representan los intereses de los usuarios (personas, bancos y corporaciones). Esto explica por qué la legislación vigente hoy en la Argentina es sustancialmente permisiva y, por ende, cómplice.

3.- Barranca abajo

Peor aún, los principales funcionarios de las áreas responsables y sensibles en las cuestiones relacionadas con el mundo offshore han sido seleccionados entre los usuarios de las redes de guaridas fiscales y/o sus asesores y facilitadores. Desde el inicio de la gestión del actual gobierno la Unidad Antilavado (UIF) fue puesta en manos de abogados vinculados a bancos con causas por lavado en Argentina y el mundo (HSBC) y con el FMI, organismo que es funcional a este sistema en sus medidas y documentos difundidos. Y a fin del mes de marzo de 2018 pasó de mano la conducción de la AFIP, el otro organismo clave en la lucha contra el lavado y central en el combate de la evasión y la elusión. Este último cambio ha supuesto la sustitución de un funcionario con realizaciones serias en el campo de la administración tributaria por un funcionario sin historia en esta cuestión, excepto en la relacionado con la administración de fondos en el exterior utilizando la red de guaridas (vale decir, con experiencia del otro lado del mostrador) y cuyo mérito adicional resaltado por el gobierno es que juega en equipo.

Debe señalarse, sin embargo, que el retroceso en la lucha contra las guaridas resulta hoy muy grosero pero comenzó hacia 2013, durante el gobierno precedente. Es necesario hacer un poco de [breve] historia para entender esto. En el año 2000, al definirse el texto ordenado de la Ley de Impuesto a las Ganancias mediante el Decreto 1037/2000, se creó una lista taxativa negativa de 88 guaridas fiscales (denominadas en la norma jurisdicciones de baja tributación). Este listado negativo habilitaba medidas especiales de control y exigencia de documentación de las operaciones en la AFIP, el Banco Central y el sistema financiero que apuntaban a controlar actividades de evasión y elusión fiscal, manipulación de los precios de transferencia con que las multinacionales registraban sus operaciones, fuga de capitales, lavado de dinero (y financiación del terrorismo). En mayo de 2013, por iniciativa de Ricardo Echegaray (entonces titular de la AFIP) y mediante el Decreto 589/2013, se eliminó la lista negativa y se la reemplazó por un listado positivo integrado por las ahora denominadas jurisdicciones cooperantes. La condición fijada para que un país-guarida fuese definido como cooperante es que hubiese firmado un convenio de intercambio de información con la AFIP o que, a criterio de la AFIP, hubiera iniciado con el Gobierno las negociaciones necesarias a los fines de suscribir un acuerdo de intercambio de información en materia tributaria. Panamá, por ejemplo, se encuentra en el listado positivo de Países Cooperadores de la Argentina derivado del Decreto 589/2013, a pesar de que no ha tenido un Acuerdo de Intercambio de Información con el país: sólo coopera por haber estado negociando dicho acuerdo desde el año 2009. (Ya van nueve años de “negociación infructuosa” que asegura la impunidad de esta guarida.)

La lista vigente de países cooperantes incluye a más de la mitad de los que estuvieron en el pasado en el listado de guaridas fiscales de nuestra legislación. En consecuencia, las normas de resguardo anti-evasión, así como las referidas al lavado de activos y la financiación del terrorismo, en relación con las actividades económicas de personas físicas y jurídicas que operan en la Argentina y tienen como contraparte a otras domiciliadas en países como Panamá, Bahamas, Suiza, Jersey, Seychelles, Luxemburgo, Islas Caimán, Bermudas, Isla de Man, Islas Vírgenes y otras reconocidas guaridas fiscales, suponen para con estas últimas un tratamiento similar al que se verifica respecto de los países desarrollados con un nivel de tributación razonable y sin máculas relevantes en materia de  opacidad bancaria y societaria.

A estas graves circunstancias debe sumarse además el blanqueo y moratoria que el presente gobierno implementó en 2016, con gran generosidad y casi nulo control. Incluyó insólitas facilidades: decretos presidenciales fueron emitidos para habilitar el ingreso de fondos de familiares de los funcionarios políticos; se permitió el blanqueo de fondos que permaneciesen en el exterior; se eliminaron elementales controles acerca del origen de fondos en los bancos, mediante normas simultáneas de la AFIP y la UIF; se permitió la creación de empresas-express en 24 horas; y, finalmente, se ofrecieron tasas de interés en dólares exorbitantes con un tipo de cambio planchado, libre ingreso/egreso de dólares y finalmente –tal como ya se señaló— se aseguró el nombramiento en los organismos claves anti-lavado y anti-evasión de funcionarios provenientes del riñón de los facilitadores de las redes de guaridas fiscales.

Parece claro que la Argentina está haciendo entonces, bajo el actual gobierno y con la complicidad de la mayor parte del Congreso Nacional, los mejores esfuerzos para convertirse en una guarida fiscal, al menos para beneficio de los usuarios locales respecto de una porción de sus activos porque para atraer usuarios de otros países carece de un requisito central demandado a las jurisdicciones que ofrecen este tipo de servicios: estabilidad política, la cual resulta muy difícil que pueda ser asegurada por las autoridades nacionales en el corto y mediano plazo ( dadas las condiciones sociopolíticas imperantes y sus perspectivas).

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El precedente texto es una síntesis, realizada por sus autores, del artículo que con el mismo título publicará la revista Voces en el Fénix Nº 67,dedicada a las Relaciones internacionales en el mundo de hoy, en el número que será presentado el martes 24 de abril a las 18 en el salón SUM de la Facultad de Ciencias Económicas (UBA).

El Cohete a la Luna - 27 de abril de 2018