Tal y como hemos afirmado desde este Observatorio, el material remitido al ENARGAS por el Ministerio de Energía de cara a la audiencia pública viola no sólo la Constitución Nacional sino también lo dispuesto por la Corte Suprema desde que resulta imposible para la ciudadanía participante en la audiencia opinar sobre la "razonabilidad" o no de la nueva tarifa del servicio público de gas.

La renacionalización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (16 de abril de 2012) estuvo acompañada de la implementación de un nuevo marco regulatorio hidrocarburífero en la República Argentina. Citamos a propósito: 1) la Ley 26.741 (4 de mayo de 2012) y con ella la creación del Consejo Federal de Hidrocarburos y la declaración de Interés Público Nacional al autoabastecimiento; 2) el Decreto 1277/2012 (25 de Julio 2012) o Reglamento del Régimen de Soberanía Hidrocarburífera, el cual crea el Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas y la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica; 3) vinculado a los dos anteriores, diversas medidas y programas contra-cíclicos como el Plan Gas (se sumó al Gas Plus, lanzado en 2008) y el Programa de Estímulo a la Producción de Petróleo Crudo (sumado también al Petróleo Plus, de 2008).

¿A qué se debe la insidiosa y sobreactuada invocación de Macri a la “pesada herencia”? La respuesta es simple: todos los argentinos somos testigos, o mejor dicho, víctimas del primer intento en toda nuestra historia de aplicar un durísimo plan de ajuste sin que antes se haya producido una crisis económica.

La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) expresa su rechazo a la megadevaluación anunciada por el ministro Prat Gay mediante la desregulación de la compra y venta de divisas y la aplicación de la llamada flotación sucia.

Esta medida significa una fenomenal transferencia de ingresos desde los sectores asalariados y las Pymes hacia el complejo agroexportador, grandes industrias transnacionalizadas y el sector financiero concentrado (en gran parte extranjero). Debe considerarse que se adopta en el marco de una situación externa negativa, sobre todo por la crisis en Brasil, y el aumento de tasas en EE.UU.

Eduardo Fernández, de Apyme, y Ariel Aguilar, de la cámara de manufacturas del cuero, analizan ante Página/12 las propuestas económicas de los candidatos que compiten el 22 de noviembre. Advierten sobre las consecuencias de la devaluación y la apertura comercial.

El mayor mercado de exportación para la industria argentina es Brasil. El 42,3 por ciento de los envíos fabriles en lo que va del año se dirigieron allí, por un total de 5418 millones de dólares. Muy atrás en el ranking quedan los demás destinos. El segundo, por ejemplo, concentra apenas el 7 por ciento de las compras externas a la industria nacional, por 878 millones de dólares. Se trata de un país inesperado: Suiza. Tercero y cuarto aparecen Estados Unidos y Canadá, con el 6,2 y el 5,5 por ciento de participación, 793 millones y 700 millones de dólares demandados, respectivamente. Luego se ubican tres socios regionales: Chile, con 578 millones de dólares (4,5 por ciento del total); Uruguay, con 480 millones (3,7 por ciento), y Paraguay, con 413 millones (3,2 por ciento). Los datos son oficiales y comprenden el período enero-agosto de 2015.