La herencia de la dictadura militar
A partir del golpe de Estado del 24 de marzo 1976 se produjeron profundos cambios en la estructura económica argentina, que terminaron por conformar un nuevo modelo económico basado en la acumulación rentística y financiera, la apertura externa irrestricta, comercial y de capitales, y el disciplinamiento social. La dictadura militar se propuso restablecer la hegemonía del mercado en la asignación de recursos, restringir la participación del Estado y abrir la competencia de los productos nacionales con los extranjeros, aunque ello significara sacrificar la industria local. En una primera etapa, de 1976 a 1978, se implementó un plan de ajuste ortodoxo, con devaluación, liberación de precios, congelamiento de salarios, facilidades para las importaciones, cese de la promoción de exportaciones industriales. En esta cuestión fue de vital importancia la reforma financiera de 1977, que ubicó al sector de las finanzas en una posición hegemónica en términos de absorción y reparto de los recursos. El nuevo Régimen de Entidades Financieras iniciaba un rumbo cuyo norte apuntaba a la liberalización del mercado interno y a una mayor vinculación con los mercados mundiales.
El terrorismo de Estado impidió toda resistencia social a la transformación regresiva de la economía. Las elites agropecuarias, los grandes grupos económicos y financieros locales, y los intermediarios de las finanzas y el comercio internacionales fueron los beneficiarios inmediatos y de largo plazo de estas políticas.
Una segunda etapa comenzó en diciembre de 1978, con la aplicación de la “tablita cambiaria”, que consistía en devaluaciones programadas inferiores a la inflación. Estas apreciaron el peso, agravaron el cierre de las industrias nacionales, imposibilitadas de competir con los productos importados, e impulsaron una gran salida de divisas, a causa de los déficit comerciales y de servicios, como los intereses pagados al capital extranjero y el turismo al exterior. Esos déficit se cubrieron con ingresos de capitales y crearon la enorme deuda externa que ya en 1981 produjo una primera crisis de graves consecuencias por la elevación de las tasas de interés internacionales.
De todas las medidas económicas tomadas en aquella época, el país heredó varias que no han sido hasta ahora modificadas, algunas de las cuales, incluso, se profundizaron en los años ’90. Las dos principales son la Ley de Entidades Financieras Nº 21.526, sancionada en 1977, y la Ley de inversiones extranjeras Nº 21.382, ambas nacidas como decretos de la dictadura militar.
La primera de ellas comenzó a regir desde la aplicación de otra medida que autorizaba al Banco Central a restituir a las entidades financieras la facultad de captar depósitos por cuenta propia y fijar las tasas de interés activas y pasivas, sobre la base de la garantía de los depósitos otorgada a esas entidades. La Ley Nº 21.526 establecía un nuevo régimen según el cual el Banco Central tendría la facultad de superintendencia mientras se valoraba la libre competencia como el medio idóneo para lograr un sistema más eficiente.
Los efectos de estos cambios con la legislación que los profundizó durante el menemismo produjeron localmente el predominio de las finanzas especulativas sobre la producción, en consonancia con la necesidad de los países centrales y las grandes corporaciones de colocar sus superávit de liquidez y obtener mayores rentabilidades aprovechando la diferencias entre las tasas de interés locales y las internacionales.
También, como señala un trabajo reciente del Cefid/ar, dio como resultado una notable extranjerización de los bancos, la concentración de los depósitos en los bancos privados –pero sobre todo en los extranjeros–, un sistema crediticio determinado por el mercado sin ninguna orientación pública, el predominio en la asignación de créditos a corto plazo y la ausencia de préstamos para el desarrollo. Esta ley constituyó sin duda una de las causas principales que provocaron la crisis del 2001 y, aunque los cambios económicos posteriores introdujeron modificaciones regulatorias que morigeraron sus consecuencias, los rasgos estructurales del sistema permanecen incólumes, especialmente la estructura crediticia. Sólo la acción de la banca pública es la que ha permitido suplir en parte estos problemas, pero todavía se hace necesaria una nueva ley que suplante la anterior.
En cuanto a la ley de inversiones extranjeras, produjo una liberalización de la entrada de capitales externos en el país, restringiendo al mínimo las áreas prohibidas para este tipo de inversiones y asegurando un trato igualitario a las inversiones extranjeras y a las nacionales. Esto acentuó el proceso de desindustrialización, porque ese capital no se ubicó en sectores industriales y, además, como la ley no obligaba a la reinversión de utilidades no se tradujo en una radicación local de las ganancias empresariales.
El gobierno de Menem liberalizó aún más esta norma al establecer que los inversores pueden colocar sus capitales sin aprobación previa y repatriar sus utilidades en cualquier momento. Una consecuencia posterior fue la aceptación de la intervención de instituciones internacionales como el Ciadi, que obliga a resolver los conflictos derivados de ese tipo de inversiones en juzgados del exterior, transgrediendo principios cardinales de la política exterior argentina, como las doctrinas Calvo y Drago.
Esta ley debe igualmente modificarse. Para ello existe un proyecto de los diputados Basteiro y Rivas en la cual se establecen nuevas normas regulatorias que restringen, por un lado, la radicación de capital extranjero a áreas claves de la actividad productiva, de los servicios y de la seguridad nacional y, por otro, establecen la necesidad de integrar esas inversiones a un plan estratégico de desarrollo industrial diversificado, priorizando el empleo de personal de nacionalidad argentina y determinando condiciones más estrictas para la repatriación de capitales.
Para culminar, la herencia de la dictadura no termina allí; paradójicamente una de las resoluciones que tomó Martínez de Hoz, porque afectaba sus propios intereses, fue la supresión del impuesto a la herencia, una decisión que ahora acaba de revertirse en parte en la provincia de Buenos Aires.
El país ha avanzado enormemente de un modelo rentístico financiero en lo económico y de exclusión en lo social a un modelo productivo e inclusivo, pero eso no se refleja todavía en el cambio de instituciones creadas durante la dictadura militar, una realidad que hay que reparar con urgencia, porque si las políticas son diferentes la persistencia de la instituciones constituye un palenque donde puede aferrarse de nuevo el fantasma del neoliberalismo.
Avanzar con la democratización económica, productiva, jurídica y social
A 38 años del golpe cívico militar de 1976 la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) reafirma su compromiso con la profundización de la democracia, el proyecto productivo nacional y las políticas por la verdad, la memoria y la justicia.
Es preciso recordar que el régimen dictatorial tuvo el propósito central de terminar con las experiencias populares y las orientaciones industrialistas en nuestro país, mediante el terrorismo de Estado y un plan criminal que incluía centros clandestinos de detención, tortura, secuestros y desapariciones forzadas de personas.
En abierta complicidad con el genocidio, Martínez de Hoz, junto con el Consejo Empresario Argentino, ADEBA y otras entidades de ideología afín, ejecutó un minucioso proceso de destrucción del aparato productivo nacional para dar paso a políticas de desregulación, especulación financiera, concentración y extranjerización de la economía que se plasmaron en la década del 90 y llevaron a la crisis de 2001 y 2002.
En estos días el Ministerio de Defensa ha puesto a disposición pública archivos hallados en dependencias de la Fuerza Aérea en los que consta la relación esencial entre el terror político y la reestructuración económica y social a favor de grandes grupos económicos locales e internacionales.
Esto nos lleva a recordar que aun con modificaciones y atenuantes, en esencia siguen vigentes normativas clave impuestas por la dictadura, como las leyes de entidades financieras y de inversiones extranjeras. Esas leyes permitieron desarticular la capacidad del Estado para regular la economía y dieron paso a un régimen basado sobre la especulación financiera y la libre circulación de capitales, lo que terminó por desmantelar la industria nacional y el vasto entramado Pyme que le daba sustento.
Logros recientes como la Ley de Servicios Audiovisuales, surgida de un amplio debate político, social y cultural con participación de múltiples sectores, así como la recuperación de los fondos de la ANSES, de Aerolíneas e YPF, nos alientan a impulsar mayores avances en la derogación de normativas establecidas a favor de monopolios, oligopolios y unos pocos grupos de privilegio.
Las pugnas contra la democratización de Poder Judicial y las reformas del Código Civil y Comercial y del Código Penal, también deben interpretarse en este sentido.
Esos sectores continúan ejerciendo, con la concurrencia de sus voceros mediáticos y políticos, diversas modalidades de extorsión a las instituciones democráticas y a la ciudadanía en su conjunto, a fin de restaurar las bases del neoliberalismo e imponer sus intereses en desmedro de las mayorías sociales, del trabajo y de la producción.
En contraposición con esos intentos, es preciso articular las acciones de los sectores que integramos las mayorías sociales, Pymes del campo y la ciudad, trabajadores, cooperativistas, estudiantes, profesionales, en pos de afianzar y profundizar un proyecto de desarrollo inclusivo, soberano y democrático, con políticas activas del Estado, en el marco de la integración regional con Latinoamérica y el Caribe.
Por este motivo convocamos a los pequeños y medianos empresarios a participar en los actos y movilizaciones que se realizarán el próximo lunes 24 de marzo en todo el país para decir otra vez Nunca Más a la dictadura y el neoliberalismo y pronunciarse por una Argentina con plena vigencia de los derechos humanos, económicos y sociales para todos sus habitantes.
Documentos revelan rol clave de civiles en leyes económicas de la dictadura
La Ley de Inversiones Extranjeras y la denominada Ley Acindar fueron impulsadas por Martínez de Hoz y Klein, pese al desacuerdo de un sector de las FF AA. Repatriación de utilidades e igual trato que empresas nacionales.
A 38 años del golpe de Estado de 1976, los archivos hallados en noviembre en el edificio Cóndor a los que tuvo acceso Tiempo Argentino detallan de manera novedosa el rol de las grandes empresas y de los sectores civiles en la confección de las políticas económicas de la dictadura. Dos documentos paradigmáticos que reflejan esta relación, cual viejos fotogramas de una película de terror, son el debate en torno a la Ley de Inversiones Extranjeras –aún vigente– y el salvataje de grandes compañías que estaban al borde de la quiebra, conocido como Ley Acindar. En la víspera de un nuevo aniversario de la asonada militar, el análisis de este material que se hará público hoy junto al resto de los archivos en un acto en la Biblioteca Nacional de Aeronáutica, se vuelve imprescindible.
“Permite que todos los argentinos puedan acceder a los documentos hallados de la dictadura cívico-militar”
El ministro de Defensa, Agustín Rossi, lanzó la página web archivosabiertos.com">http://archivosabiertos.com/]archivosabiertos.com[/url], plataforma virtual que contiene todos los archivos encontrados en noviembre pasado en el Edificio Cóndor, sede de la Fuerza Aérea. También, presentó una edición especial impresa de seis tomos que recopilan las 280 actas de la Junta Militar entre 1976-1983.
“Es uno de los hallazgos más importantes que se han recuperado en democracia”, aseguró Rossi en el acto desarrollado en el Hall central del Edificio Libertador. En ese marco, recordó que en el día de ayer se inauguró en la Biblioteca Nacional de Aeronáutica un espacio de acceso público a los archivos hallados. “A esta iniciativa se suman la página web, a fin de que el material pueda estar disponible para todos los argentinos, y la impresión de seis tomos destinados a bibliotecas militares y civiles para su consulta”, explicó.
"El sitio es de carácter dinámico, y en principio contiene las 280 actas halladas, listas negras, el documento de ADEBA que en su momento entregó a la Junta Militar, además de recortes periodísticos e informes sobre los 7000 legajos encontrados en enero pasado en el ex Instituto Penal de la Fuerzas Armadas de Magdalena”. Y continuó: “Iremos agregando la mayor cantidad de documentación posible”.
“Estamos conformes con todo lo que hemos hecho en estos últimos meses a partir de la documentación encontrada, cuyo objetivo es el mismo que propuso el Gobierno Nacional el 25 de mayo de 2003: trabajar bajo el paradigma de Memoria, Verdad y Justicia”, aseguró el ministro, y resaltó: “Es un paradigma que nos pertenece a todos como pueblo argentino”.
Durante su discurso, el titular de Defensa destacó “la colaboración y compromiso de los jefes de las Fuerzas Armadas”, y consideró que “estamos ante Fuerzas que piensan en la construcción hacia el futuro”.
Se realizó la entrega formal de los seis tomos que recopilan las 280 actas de la Junta Militar a representantes de las siguientes bibliotecas: Biblioteca Central del Ejército “Gral. Dr. Benjamín Victorica”; Biblioteca del Ministerio de Defensa “Generala Juana Azurduy”; Archivo y Biblioteca del Departamento de Estudios Históricos Navales de la Armada Argentina; Biblioteca Nacional de Aeronáutica; Biblioteca de la Escuela de Guerra Conjunta dependiente del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas; Escuela de Defensa Nacional; Centro Cultural de la Cooperación “Floreal Gorini”; Biblioteca Popular “Por Caminos de libros y Solidaridad”; Comisión Provincial de la Memoria; Comisión Nacional de Valores; Archivo Nacional de la Memoria y Archivo General de la Nación.
Acompañaron al ministro los secretarios de Estrategia y Asuntos Militares, Jorge Fernández; de Ciencia, Tecnología y Producción para la Defensa, Santiago Rodríguez; los subsecretarios de Asuntos internacionales para la Defensa, Roberto De Luise; de Formación, Javier Araujo; de Coordinación Administrativa, Germán Martínez; de Planeamiento Estratégico y Política Militar, María Fernanda Llobet; y el jefe de Gabinete del Ministerio, Sergio Rossi.
Asistieron también, el jefe del Estado Mayor Conjunto de las FFAA, general de División Luis María Carena; los titulares del Ejército, teniente general César Milani; de la Armada, vicealmirante Gastón Erice; y el subjefe de la Fuerza Aérea, brigadier mayor Rodolfo Centurión.
Estados Unidos y los golpes de estado en América Latina
La semana recién pasada, el gobierno bolivariano de Nicolás Maduro expulsó de su territorio a tres funcionarios de la embajada de Estados Unidos en Venezuela, por su abierto injerencismo en los asuntos internos de Venezuela.
El gobierno de Estados Unidos se lavó las manos y dio a entender que nada tiene que ver con las protestas estudiantiles y desórdenes callejeros que asolan Venezuela. Pero una mirada a la historia reciente de los golpes de estado en América Latina, confirma las denuncias del gobierno venezolano y contradice la posición del gobierno estadounidense.
En 1954 la Agencia Central de Inteligencia, CIA, en contubernio con la tiranía somocista, derrocó al gobierno legítimamente constituido del coronel Jacobo Arbenz Guzmán en Guatemala. Desde el aeropuerto Las Mercedes de Managua, despegaba cada madrugada un avión C-47 (conocido en Nicaragua durante la insurrección de 1979 como el “dundo Ulalio”), piloteado por el agente de la CIA, Jerry DeLarm y bombardeaba edificios gubernamentales en ciudad Guatemala.
El presidente Arbenz promulgó una reforma agraria que afectaba los intereses de la multinacional norteamericana United Fruit Company, vinculada a la oligarquía guatemalteca y grupos de presión en EE.UU. El títere de la CIA que derrocó a Arbenz, el coronel Carlos Castillo Armas, “abolió la reforma agraria, suspendió el programa favorable a los indígenas, impuso una severa censura, disolvió el Congreso y persiguió duramente a la oposición”.
En su libro “Bitter Fruit” [Fruta amarga], el periodista estadounidense Steven Kinzer, quien años después fuera el corresponsal del New York Times en Nicaragua, narra con lujo de detalles la estratagema de la CIA en contubernio con la bananera United Fruit Company y el calvario del pueblo guatemalteco. A partir del golpe contra Arbenz, Guatemala se vio sumida en la vorágine de una sangrienta y prolongada guerra civil que cobró más de 200 mil vidas y duró 35 años.
En 1961, la CIA organiza la invasión mercenaria de Bahía de Cochinos contra el gobierno de Fidel Castro en Cuba. El 17 de marzo de 1960, el presidente Dwight Eisenhower ordenó a la CIA la organización de una unidad paramilitar integrada por cubanos exiliados anti-castristas, con el objetivo de derrocar al presidente Fidel Castro. El papel de la CIA era el de coordinar acciones de inteligencia con grupos anti-castristas dentro de Cuba, que pudieran facilitar la invasión.
Se esperaban levantamientos populares contra Castro y deserciones masivas de sus fuerzas, pero esto jamás ocurrió. Por el contrario, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, aplastaron y derrotaron la invasión en menos de 65 horas. Un centenar de invasores murieron y más de 1200 fueron hechos prisioneros.
Tan solo tres años después, el gobierno de Estados Unidos participa activamente en el derrocamiento del presidente socialista Joao Goulart de Brasil el 31 de marzo de 1964. En un discurso pronunciado el 13 de marzo de 1964, ante 150 mil personas, Goulart anunció las reformas, como la nacionalización de las refinerías de petróleo y la expropiación de tierras para la aplicación de la reforma agraria.
Tanto las medidas promulgadas por el coronel Arbenz Guzmán en Guatemala en 1954, como las anunciadas por Joao Goulart en Brasil en 1964, que provocaron la ira del gobierno de Estados Unidos, eran muy semejantes. Los planes eran casi lo mismo: Reforma agraria para los campesinos y nacionalización de sectores de la economía que se encontraban en manos de empresas multinacionales.
En 1965 Estados Unidos invade República Dominicana para anular una rebelión popular la cual pretendía reinstaurar en el poder al presidente constitucional Juan Bosch, derrocado en 1963 por el títere de Washington, Elías Wessin y Wessin. 42 mil marinos norteamericanos desembarcan en San Domingo, junto a una simbólica “fuerza interamericana de paz” de tropas latinoamericanas, entre ellos 170 guardias nacionales nicaragüenses enviados por la tiranía somocista.
El 11 de septiembre de 1973, el general Augusto Pinochet da un golpe de estado contra el presidente constitucional de Chile, Salvador Allende Gossens. La toma del poder por Pinochet, fue el resultado de “una prolongada campaña de los E.E.U.U., de manipulación política y desestabilización en Chile”. En defensa de la “patria” y al grito de “libertad y democracia” la derecha chilena empujada por EE.UU. derrocó el gobierno democrático de Salvador Allende.
En 1964, un año antes de la invasión estadounidense a República Dominicana, la administración del presidente Lyndon Baines Johnson invirtió diez millones de dólares en una campaña secreta para garantizar la elección del demócrata cristiano, Eduardo Frei, como presidente contra el candidato del Partido Socialista, Salvador Allende.
Para 1970, Chile se convirtió en un problema para la administración de Nixon con Frei impedido para sucederse a sí mismo y Allende el favorito para ganar las siguientes elecciones. El Embajador de EE.UU. en Santiago, Edward Korry, recomendó una operación secreta urgente de la CIA para preparar un golpe de estado militar preventivo.
Desde antes que Allende jurara como presidente, la suerte estaba echada. En una reunión del Consejo de Seguridad Nacional el 6 de noviembre de 1970, Richard Nixon dijo: “Haremos chillar a la economía chilena”. Y la economía de Chile chilló. Nixon diría posteriormente estas palabras: “¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta… Me refiero a ese hijo de puta de Allende. Vamos a aplastarlo”.
En su libro “Storm over Chile” (Tormenta sobre Chile), el escritor estadounidense Samuel Chavkin, narra los trágicos eventos del sangriento golpe fascista de Pinochet. Fue particularmente crucial el papel jugado por el embajador de Suecia, Harald Edelstam, quien valiéndose de su inmunidad diplomática, salvo la vida de numerosos patriotas perseguidos por la junta golpista.
Capítulo aparte merece el papel de la Agencia Central de Inteligencia, CIA, en la ilegal e inmoral guerra de agresión mercenaria contra la Revolución Popular Sandinista. El periodista norteamericano Gary Webb, en su libro “Dark Alliance, the CIA, the Contras and the Crack Cocaine Explosion” [Alianzas Oscuras, la CIA, los Contras y la explosión de la Cocaína de Crack] narra con lujo de detalles todo el laberinto de vínculos entre ciudadanos somocistas como Juan Norwin Meneses Cantarero alias “El Perico”, Oscar Danilo Blandón Reyes, alias “Chanchin”, la contra, la CIA y los carteles colombianos de la droga.
En Honduras, las Fuerzas Armadas hondureñas derrocan al presidente constitucional, Manuel Zelaya Rosales el 28 de Junio de 2009. Desde Washington, el tristemente célebre cubano-americano batistiano Otto Reich y el venezolano Robert Carmona Borjas, quien fue abogado del dictador Pedro Carmona durante el golpe de Estado de Venezuela en abril de 2002, ayudaron a preparar la escena del golpe contra el presidente Zelaya.
Es de suma importancia resaltar que Robert Carmona Borjas, es el abogado que redactó el infame “decreto Carmona” o “Carmonazo” mediante el cual el 12 de abril de 2002, el golpista Pedro Carmona Estanga, disolvió el Congreso venezolano, la Corte Suprema de Justicia, la Defensoría del Pueblo y el poder ejecutivo, luego de derrocar al legítimo presidente constitucional, Hugo Rafael Chávez Frías.
Saltando una gran cantidad de eventos, hechos y situaciones en donde la mano de Estados Unidos está en todo, somos testigos hoy de la envolvente campaña estadounidense contra el gobierno democráticamente electo de Nicolás Maduro Moros. El interés estadounidense por recuperar el control del país con las reservas de petróleo más grandes del planeta, fue una constante durante todo los 14 años del gobierno de Hugo Chávez Frías.
La investigadora estadounidense-venezolana Eva Golinger, autora del libro El Código Chávez, hacienda uso de la denominada “Freedom of Information Act” [Ley de Libertad de Información], obtuvo una amplia gama de documentos clasificados, que revelan el profundo involucramiento de Estados Unidos en la desestabilización de la Revolución Bolivariana.
Con semejantes antecedentes que datan de más de medio siglo, consignando la autoría y paternidad de tantos golpes de estado promovidos por Estados Unidos en Latinoamérica, resulta ridículo que ahora la administración Obama diga no tener nada que ver con las revueltas callejeras en Venezuela, cuando por propia confesión del dirigente opositor Leopoldo López, dicen que su objetivo es derrocar a un gobierno legítimamente surgido de las urnas y reconocido por todos los gobiernos de la tierra.
Ilenia Medina: el pueblo venezolano ha sabido reconocer que la derecha intenta provocar una guerra civil
Ilenia Medina, Secretaria Nacional de Organización de Patria Para Todos asumió, en el día de hoy, la vocería declarando el más contundente respaldo al Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro quien “ha sabido conducir al país, para evitar una confrontación entre hermanos, desmontando, en el marco más riguroso de respeto a los derechos humanos, paso a paso, el golpe de estado continuado que viene desarrollándose en algunos de los municipios donde gobiernan algunos alcaldes de la derecha que en estos 15 años han estado vinculados a la desestabilización en Venezuela y persisten en su plan, por instrucciones del imperialismo norteamericano”.
El PPT quiere felicitar, con gran respeto, a todas las instituciones nacionales que tienen cumpliendo con sus competencias constitucionales en la preservación del orden público, sin caer en las provocaciones de la derecha, que buscan alimentar con falsedades el asedio, el cerco, que imponen a nuestra patria las empresas mediáticas internacionales que tienen como tarea legitimar invasiones a los pueblos soberanos que como Venezuela hemos decido ser libres y ser defensoras de sus recursos naturales.
Ilenia Medina agrego que son dignos de elogio y de absoluto reconocimiento el comportamiento cívico del pueblo venezolano, sin distingo de su posición política, que han sabido reconocer que ese grupete de la derecha busca una confrontación, “desean que el pueblo nuevamente pongan los muertos como sucedió el 11 de abril y cómo no hacer un reconocimiento a los colectivos y a los motorizados que están dando una demostración de civismo y conciencia patriótica revolucionaria, que en este preciso momento el movimiento de los motorizados, miles de ellos, cruzan Caracas, de punta a punta, para reunirse con el Presidente Nicolás Maduro para respaldar a su Gobierno en la construcción de la paz. Siguió diciendo que “la oligarquía venezolana desprecia cualquier forma de organización popular razón por la que tratan de criminalizar a los colectivos como una vez criminalizaron a los círculos bolivarianos”.
Medina dijo, por otro lado, vemos, contradictoriamente, que las autoridades regionales y municipales que tienen los partidos de la derecha que también son Gobierno y, por lo tanto, tienen responsabilidades en la preservación del orden público para proteger a la población, ellos incurren en delitos de lesa humanidad al permitir actos terroristas contra sus comunidades. Insistió Medina que el artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Publico Municipal señala claramente, entre otras leyes que se pueden citar, las competencias de los alcaldes en esta materia.
Además dijo, con gran firmeza, “que nadie se llame a engaño, los alcaldes de la derecha de San Cristóbal, de Mérida, de Chacao, de Sucre, de Baruta y de Los Salias están dando cobertura a los actos terroristas de un grupo de facinerosos para amedrentar a la población de sus respectivos municipios y me permito recordar que es un grave delito, con carácter internacional”.
Señaló Medina algunos de los actos terroristas ya cometidos, de una larga lista, como son la incitación permanente al odio que estos promueven, a través de los medios de comunicación y las llamadas “redes sociales”; el incendio de unidades de transporte, de pasajeros y de transporte de carga, tanto de gasolina como de alimentación; el incendio y destrozo de instalaciones públicas, e incluso privadas, que prestan servicio a la colectividad; preparación de armas blancas como los llamados miguelitos, -que son clavos envenenados recubiertos de plástico- para atacar a las personas que tratan de sortear las guarimbas, o trampas de la muerte.
La instigación al odio a través de los medios y las redes sociales
Ilenia Medina, a modo de ejemplo, interpelo a los periodistas presentes: Qué opinión les merece el comunicado en el cual el estudiante, no tan joven, reconoce su gravísimo error al invitar al asesinato de la hija de Diosdado Cabello, reconociendo,a su vez, que fue incitado por lo que lee en los medios de comunicación, y en las redes a ese arrebato de odio.
Vemos hoy también, continuó Medina, que el Gral. En situación de retiro, Angel Vivas, se convierte en autor intelectual de un crimen, sin atenuante, el degollamientode varios motorizados, con consecuencias fatales, cuando asesora a los facinerosos para que monten trampas mortales, con guayas, con el único propósito de asesinar a los motorizados y provocar una reacción violenta de este sector. Esto es instigación al odio. Un crimen atroz.
Manifestación pacífica o la protesta criminal
Reitero Medina, la manifestación pacífica es un derecho y deja de serlo cuando se convierte en manifestación violenta, recordando que los derechos no son absolutos y que sus límites son los derechos de terceros. Es por eso que entendemos que las comunidades donde operan esos facinerosos, que cuentan para estas fechorías, con la complicidad, pública y notoria, de los alcaldes de la derecha, están secuestradas y expuestas a máximos peligros y, estas mismas comunidades, deben denunciarlos ante la Fiscalía General de la República para que respondan por esos hechos criminales. Citó la Secretaria Nacional de Organización de Patria Para Todos el audio que ha sido presentado, recientemente, en la cual la hija de un general golpista, una tal Irene, en conversa telefónica, comenta a otra mujer, que ella está haciendo miguelitos y que las mascaras que también están preparando las mando a buscar el alcalde Blyde en clara alusión a los desmanes terroristas que, alevosamente, se preparan en Baruta, con la complicidad de Gerardo Blyde.
Convocatoria al Consejo de Estado
La Secretaria Nacional de Organización de Patria ParaTodos expreso el respaldo a todas las iniciativas promovidas por el Presidente Nicolás Maduro para proteger la paz de la República como el Plan de Pacificación; la Conferencia Nacional por la Paz; la solicitud a la Asamblea Nacional para crear una Comisión Nacional que investigue los sucesos de violencia.
Además Patria Para Todos le propone al Presidente Maduro que convoque al Consejo de Estado, que es el más alto organismo de Consulta de Rango Constitucional para que evalúe la situación del país y le haga recomendaciones.
Dijo Ilenia Medina, quien le haga seguimiento a las declaraciones de PPT recordará que nuestra organización activo, desde el año pasado, y de manera permanentemente los Comandos Populares en Defensa de la Patria con el propósito de identificar, y neutralizar, con el dialogo y la persuasión política, a quienes pretenden atacar la paz de la República y atentar contra sus instituciones.
Colapso nervioso del Gobernador Vielma Mora ante acoso de los paracos uribistas
Por último, en respuesta a una pregunta de los periodistas, Medina dijo en relación a las supuestas declaraciones de Vielma Mora, Gobernador del Táchira, que de ser así, PPT entendía como lo se refleja en las más recientes declaraciones que Vielma Mora ha estado sometido al acoso de los paracos que lo amenazan, que atacan su residencia y han puesto en constante peligro a la población del Municipio San Cristobal, aupados, subrayo Medina, por el Alcalde de la MUD que les permite la actuación alevosa contra ese municipio.
Saludamos, agrego, la intervención valiente de la fuerza aérea venezolana que han mandado un mensaje CLARITO para los paracos uribistas que acechan del otro lado de la frontera que incursionan en nuestro territorio, atacan nuestra moneda con sus casas ilegales de cambio de moneda, queman camiones de transporte de alimentos, patrocinan el contrabando de extracción de productos regulados, y de gasolina, entre otros graves delitos.
Culmino diciendo ella: “La soberanía de nuestra patria se respeta y el pueblo venezolano no permitirá que nadie la violente; este es el pueblo de Bolívar, nosotros somos sus hijos, que supimos derrotar a los imperios de ese entonces y no será distinto ahora”, concluyo.
De Allende a Maduro: la historia no se repite
Tenemos a Venezuela al borde de un colapso democrático, a juzgar por la prioridad e intensidad que los medios de comunicación en Colombia le asignan a las marchas de protesta contra la administración de Maduro, encabezadas por millares de estudiantes.
Sea que haya exageración en las noticias o que en verdad se venga gestando un desenlace político de hecho, dos claros respaldos ofrecidos a Maduro en este trance dejan la sensación de que detrás de todo el conflicto venezolano, el Imperio mete baza.
Primero fue Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) que dijeron respaldar al gobierno de Venezuela "ante los recientes actos violentos y los intentos de desestabilizar el orden democrático"…
Y en las últimas horas, China, que hasta hace poco ni se asomaba por estas tierras latinas, confía en que "el gobierno venezolano y su pueblo tienen la capacidad de gestionar adecuadamente sus asuntos internos, mantener la estabilidad nacional y promover el desarrollo social y económico", dice la canciller, Hua Chunying.
El respaldo de Mercosur no menciona para nada a Estados Unidos pero entre líneas del comunicado se desprende que le dice algo así como "no te metas ahí"…
Pero China sí se refiere concretamente al Imperio occidental y le insta a mejorar el diálogo y las relaciones con Venezuela a la que le "otorga gran importancia a su cooperación y tiene voluntad de intensificarla".
Cualquiera puede ya imaginar qué se desprendería de un derrocamiento de Maduro y qué reflejos tendría el hecho político en el espejo latinoamericano y mundial.
Algo va de 1975 al 2014 entre Allende y Maduro. "No estamos solos", pudiera decir ahora el mandatario venezolano, al contrario de lo que pasó con el chileno cuando fue masacrado por el Imperio sin que la comunidad latina de entonces, derramara una lágrima.
Fin de folio. En estos últimos años, desde que Chávez asumió el poder y le siguió Maduro, Colombia ha estado muy activa del lado de los conspiradores. Podría caerle algo del mensaje de Mercosur y China: "no te metas en el asunto".
Guerra de información en Venezuela
En el manual La Guerra de la información en Venezuela se explora una serie de conceptos de la guerra media?tica (por lo tanto psicolo?gica) en los que se concentran los mayores esfuerzos desestabilizadores e intoxicantes de la informacio?n y el entendimiento sobre el Proceso Revolucionario Bolivariano y sus frentes de ataque.
Todos los conceptos y te?rminos incluidos en este manual esta?n vinculados a procedimientos especi?ficos, estudiados, realizados mediante me?todos establecidos en las escuelas de formacio?n militar y en los manuales de los servicios de inteligencia de la OTAN.
Conocerlos, revelar las mentiras o medias verdades orientadas que empotra es el principio para irlos desmontando. Al nombrar lo oculto, al exponerlo, darle nombre a tal o cual procedimiento, traerlo al mundo visible, es desactivarlo. Conocerlos es quebrar al enemigo.
Este manual es una publicación de la Misión Verdad que fue creada en el año 2013 con el fin informar y desenmascarar, dicho texto no tiene autor ni datos de publicación, pero posee 46 términos y conceptos.
América latina es el blanco móvil de los nuevos golpistas
Fundaciones que se apropian de la palabra “libertad” reúnen a la derecha más granada. Los “golpes blandos”, que han afectado a Venezuela, Argentina, Honduras o Ecuador, sin fuerzas militares a la vista pero con la ofensiva de poderosos medios informativos y presiones sobre la economía, tienen origen y entramado común.
La entrega del agitador ultraderechista Leopoldo López en Caracas el pasado martes 18 fue escenificada mediáticamente para desviar la atención de los graves atentados que impulsó siguiendo la estrategia de “revolución pacífica” y utilizando francotiradores para crear el caos.
“Nosotros tenemos que ser los constructores de la paz, seguir resistentes”, expresó este miércoles el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en rechazo a la violencia promovida por grupos de la derecha. Para deslegitimar la propaganda opositora, subrayó que “llegó el momento de la paz”.
Por su parte, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, aseguró el mismo miércoles 19 que en su país la democracia está amenazada por una alianza conformada por la extrema derecha latinoamericana y mundial. “Los procesos de desestabilización recaen siempre sobre gobiernos progresistas”, agregó. “Miren con detenimiento lo que está pasando en Venezuela y Argentina”, añadió.
El 28 de junio de 2009 había sido derrocado en Honduras el presidente constitucional y democrático Manuel Zelaya. En esa ocasión, Correa había definido el hecho como una “prueba piloto”. El 22 de junio de 2012, en Paraguay, esa misma “alianza de la extrema derecha latinoamericana y mundial” puso fin al gobierno democrático de Fernando Lugo.
A su vez, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, declaró también el miércoles que “estamos trabajando en una legislación para desalentar toda forma de violencia en las marchas” en una entrevista con una radio de Alagoas. Rousseff insistió en que defiende el derecho a manifestarse, pero repudia los “actos de vandalismo practicados por personas que esconden el rostro”.
En todos los países latinoamericanos gobernados por movimientos reformistas se observa una combinación de masivos ataques mediáticos, maniobras de desestabilización económica, alzamientos policiales, boicot de la Justicia a las reformas y manifestaciones opositoras que rápidamente escalan hacia actos violentos, utilización de las redes sociales para organizar acciones opositoras “espontáneas”, etc. Para entender el entramado que sostiene estas campañas, es conveniente conocer las organizaciones incumbidas.
Una siniestra red mundial.. La National Endowment for Democracy (NED, Fundación para el Desarrollo de la Democracia), fue creada por Ronald Reagan en 1983. Cuatro corporaciones constituyen su base: una rama de la central sindical, la American Center for International Labor Solidarity (Acils), el Center for International Private Enterprise (CIPE) de la Cámara de Comercio, el International Republican Institute (IRI) del Partido Republicano y el National Democratic Institute (NDI) del Partido Demócrata. Aunque jurídicamente es una organización no gubernamental, se financia por el presupuesto del Departamento de Estado, librando al gobierno de responsabilidades y con un grado de credibilidad superior al de una agencia del gobierno.
Aunque la NED nació como parte del arsenal ideológico de la Guerra Fría, desde la caída del socialismo intervino en 90 países para ayudar a “construir la democracia”. El presidente de la NED rinde regularmente cuentas ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense, caso único para una ONG. Los informes de la NED insisten en entender la “democracia” como mecánica electoral. En ese marco apoya a unos 6.000 proyectos de ONG en el mundo y es sede de la Network of Democracy Research Institutes con “eruditos y activistas de la democracia” en todo el mundo. La NED alberga también al secretariado de The Center for International Media Assistance, “un proyecto que se propone reforzar a los medios libres e independientes”.
Carl Gershman, su histórico presidente, de orientación neoconservadora, postula el objetivo de “crear un movimiento mundial pro democracia” como una “red de redes” cuyo centro es la NED. En 1996, justificó de modo significativo el pedido de aumento del presupuesto ante el Congreso: “La guerra global de las ideas sigue con ímpetu y Estados Unidos no puede permitirse entregar el campo de batalla ideológico a los enemigos de una sociedad libre y abierta. La NED necesita un financiamiento continuo para salvaguardar el futuro”.
De acuerdo con un artículo publicado por la periodista Stella Caloni en 2010 la lista de las ONG dependientes de las fundaciones “centrales” como la Usaid o la NED es interminable. En Argentina actúa la Fundación Libertad (FL), con sede principal en Rosario, que entre el 26 y el 28 de marzo de 2013 realizó allí el “Seminario Internacional sobre los Desafíos en América Latina” con personajes como Roger Noriega quien fue subsecretario para América latina del gobierno de George W. Bush; Mario Vargas Llosa, José María Aznar, los ex presidentes Vicente Fox, de México; Francisco Flores, de El Salvador; Luis Alberto Lacalle, de Uruguay; Osvaldo Hurtado Larrea, de Ecuador; Jorge Quiroga, de Bolivia; el presidente Sebastián Piñera, de Chile, y otros. Ya en marzo de 2008 había congregado a lo más granado de la derecha mundial para apoyar el paro ruralista.
A fines de 2008, el gobierno de Evo Morales demostró el involucramiento de la Usaid en el reparto del dinero enviado para proyectos de desarrollo a los opositores de la Media Luna que protagonizaron el derrotado golpe “civilista” en agosto-septiembre de ese año.
Entre los días 12 y 14 de diciembre de 2008 se creó en Colombia la Unión de Organizaciones Democráticas de América (UnoAmérica), conformada por militares y policías de las pasadas dictaduras, para oponerse a la Unasur. Libertad y UnoAmérica, así como la Fundación Pensar –que nuclea a la plana mayor del PRO– tienen lazos con la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (Faes) que dirige José María Aznar y con la Fundación Internacional para la Libertad, presidida por Mario Vargas Llosa. UnoAmérica está acusada por el intento de magnicidio en Bolivia en abril de 2009 y de participar en el golpe en Honduras, lo que fue confirmado por el ex presidente de facto Roberto Micheletti.
La NED participó en el golpe contra el presidente Hugo Chávez en 2002, como surge de documentos desclasificados del gobierno estadounidense.
Reacciones ambivalentes. Para protegerse, los gobiernos progresistas de América latina están recurriendo crecientemente a sus fuerzas armadas. El gobierno brasileño promueve la aprobación de una ley de seguridad nacional que incluye la intervención militar en el control del orden interno. En Argentina el gobierno de Cristina Fernández nombró al general nacionalista e industrialista César Milani como jefe del Ejército. En Bolivia, a su vez, el presidente Evo Morales forjó una alianza militar-obrera-indígena-campesina de gran eficacia en momentos cruciales como las recientes inundaciones. En Ecuador y Venezuela, finalmente, las fuerzas armadas son leales a las respectivas revoluciones.
¿Es la militarización la alternativa para defender los procesos populares en el continente? Indudablemente no basta. Las reacciones de las clases medias, el desencanto popular y las conspiraciones imperiales impactan en la legitimidad de estos gobiernos, porque los casos de corrupción, la burocratización y la ineficiencia han mellado su credibilidad. Sin embargo, sólo la ampliación y fortalecimiento de la democracia pueden ayudarles a afrontar el golpismo. Sólo el control democrático de la gestión pública puede recuperar la confianza. A la vez, si los procesos reformistas no profundizan su integración monetaria, seguirán a merced de la especulación. Sólo una mayor integración del transporte y las comunicaciones puede reducir los costos, asegurar el abastecimiento y aprovechar las posibles sinergias entre las economías. Finalmente, los servicios de inteligencia deben coordinarse, para detectar tempranamente las maniobras desestabilizadoras.
El relanzamiento de la economía norteamericana agudiza su necesidad de recuperar el control sobre los recursos primarios del continente y de aventar concurrentes. Para ello requiere sustituir los gobiernos reformistas por regímenes que abran sus economías. El futuro de los movimientos reformistas depende de su capacidad de adaptación.
Las falsas fotos sobre Venezuela
“Esto fue hecho por los ‘Humanistas’ pacíficos del Criminal fascista Régimen Asesino del PSUV. Merecen perdón?”, tuiteó esta semana, junto con una foto, Pedro Alvarez, cuyo perfil tiene la bandera venezolana. Las fotos son dos, en realidad, un antes y un después. El “antes” es de una foto carnet de un joven delgado y pálido. El “después” es el mismo joven pero completamente edematizado, hinchado hasta reventar, con los ojos cerrados por los moretones que lo vuelven morado. La foto, en realidad, no pertenece a un estudiante venezolano, sino a un joven español, Unai Romano, a quien en 2005 la policía de su país detuvo y torturó."