Desde el mismo 10 de diciembre de 2019, Alberto Fernández planteó que la prioridad de su gobierno era “empezar por los últimos para llegar a los primeros”. En ese mismo sentido, durante la pandemia se fueron tomando las medidas para cuidar a la población. El gobierno ha venido dando respuestas concretas a sectores sociales individualizados. Así se comenzó garantizando recursos para los sectores más desfavorecidos a través del Ministerio de Desarrollo Social y de la Anses que alcanza a perceptores de planes sociales, de jubilaciones mínimas, Asignación Universal por Hijo, y la exención del pago de la cuotas de las deudas con Anses, entre otras medidas.

Se busca apuntalar la actividad económica a partir de la postergación (o reducción) del pago de las contribuciones patronales, asignaciones compensatorias al salario en empresas, se refuerza el programa de Recuperación Productiva del Ministerio de Trabajo, se aumenta la inversión pública, y se propone asistencia financiera para capital de trabajo y compra de insumos. Además de la extensión del programa Ahora 12 incluyendo insumos, alimentos y medicamentos.

Frente a la previsión del agravamiento de la situación de los sectores informales se aprobó el Ingreso Familiar de Emergencia que comienza a implementarse.

Las medidas precedentes tienen el objetivo de dar respuesta a una situación temporaria, imprevista y, que se suponía, acotada en el tiempo. Los recursos involucrados surgen del fisco.

El problema que se afronta es inédito. Las soluciones dadas no alcanzan para resolver la emergencia sanitaria, la caída de la actividad económica y la interrupción de la cadena de pagos. Estamos iniciando una etapa diferente que exige respuestas de fondo para atravesar una crisis económica de envergadura que no sólo afecta a la economía doméstica sino al capitalismo a nivel global.

Aún los sistemas de salud de países desarrollados se han visto colapsados. Quienes se han negado inicialmente a establecer medidas de control privilegiando “la economía” debieron volver sobre sus pasos ante el avance del virus generando un doble daño.

No existe una receta para superar la crisis pero se empiezan a ver los trazos gruesos: medidas de aislamiento para achatar la curva de contagios hasta que aparezca una solución definitiva y medidas de asistencia social, cuidado del empleo y redireccionamiento del gasto a salud e investigación científica.

Para países como la Argentina, este tipo de acciones están más limitadas. El país se encontraba ya en una complicada situación económica, híper endeudado y con un fuerte desfinanciamiento de la salud pública y la seguridad social. A la vez, esta misma situación, con altos niveles de pobreza e indigencia, demanda una intervención estatal más activa y efectiva.

El espectro de medidas debe ser ampliado implementando nuevas soluciones a problemas ya existentes pero que se combinan en esta coyuntura explosiva. Por ejemplo, la falta de establecimientos de salud, el hacinamiento en que viven las familias más pobres y el riesgo que corren los empleos del sector de la construcción ante el parate tan fuerte y sostenido en el tiempo abren la posibilidad de un plan de obra pública dirigido a paliar las carencias de infraestructura sanitaria y vivienda que se vuelven urgentes pero que son una deuda estructural.

Pero no alcanza lo que pueda hacer el gobierno desde la política económica. Es necesario replantear las reglas con las cuáles ha funcionado la economía hasta ahora y establecer una dinámica económica acorde a los desafíos que enfrentamos. Nos referimos a que no sólo es necesario proteger la vida de los sectores desfavorecidos, ampliar capacidad del Estado para atender la crisis, sino que es necesario incluir entre las soluciones a los sectores empresarios, en particular los grandes empresarios.

Las nociones de “solidaridad” y “pacto social” que forman parte de las intenciones oficiales deben ser puestas sobre la mesa nuevamente. La gravedad actual nos pone ante la posibilidad de sentar a todos los actores políticos y productivos y avanzar en acuerdos explícitos que garanticen la viabilidad de las medidas estructurales que deben llevarse a cabo, con apoyo y contribución de todos los sectores sin excepción.

Por supuesto que en los primeros lugares aparecen el financiamiento de la salud pública y la implementación de sistemas de cuidado para garantizar la sostenibilidad de la vida. Pero aún así eso no es lo único ni es suficiente.

La cuestión de la deuda externa, la estructura productiva, la eficiencia del Estado y la efectividad de las políticas públicas, entre otras, deben ser rediscutidas bajo la evidencia de que la vuelta al sistema neoliberal nos llevará a que menos personas estén seguras, cuidadas y sanas.

No es simple ni sencillo. Pero no es momento de priorizar intereses personales ni sectoriales. No hay lugar para especuladores ni para que aquellos privilegiados que se han enriquecido en momentos oscuros para la mayoría de la sociedad sigan beneficiándose mientras sufren los pequeños empresarios, la clase trabajadora, los cuentapropistas y los “excluidos del sistema”. Es decir, los que viven “al día” no pueden seguir esperando y ser carne de cañón en cada crisis.

El comando de una situación como ésta no tiene manuales precisos escritos y el accionar del gobierno está sujeto a numerosas presiones, urgencias, falta de información, entre otras cuestiones que dificultan la tarea. Lo que está claro es que una prensa que se dedica -en un momento difícil- a la defensa a ultranza del interés económico de los sectores dominantes, a incitar a romper la cuarentena, a reiterar sistemáticamente imágenes e información catastrofista, noticias falsas, anécdotas intrascendentes que alientan el punitivismo en situación de aislamiento social, genera un clima y una base de sustentación a las salidas represivas y autoritarias antes que a los acuerdos de convivencia que permitan resolver la crisis y sembrar hoy la esperanza de una sociedad futura mejor para todos y todas. No hace faltar hurgar demasiado para ver las repetidas imágenes en países vecinos donde las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad asumen la conducción de forma directa o indirecta como respuesta reaccionaria a los reclamos sociales.

La acción de la administración gubernamental debe conducir el proceso para alcanzar un acuerdo explícito que permita no sólo superar esta crisis sin precedentes sino que debe pensar más allá, modificar el patrón de acumulación y la estructura productiva. Hay medidas urgentes que tomar pero el gobierno no puede seguir tapando baches sin una colaboración activa de los grandes actores del sector privado. Como dijo el presidente: “Estas decisiones no pueden quedar libradas a la lógica del mercado, ni reservadas a la riqueza de individuos o naciones. Es hora de aprovechar este momento único para crear soluciones económicas tan extraordinarias como extraordinarios son los problemas sociales que atravesamos”.

Es una tarea ardua pero el contexto nos pega de lleno en la cara y nos recuerda que no podemos seguir postergando estas discusiones. Como dijimos, no es simple ni sencillo pero es el momento de encontrar la vuelta a los problemas de hoy y de mañana.

* Presidenta del IADE, directora de Realidad Económica.
** Economista, integrante del IADE.

03-04-2020