El “puto peso” y la campaña por derogar la Ley Reservada de las FFAA

Julián Alcayaga O.

 

En mayo de 1999, el candidato presidencial Ricardo Lagos Escobar, en una entrevista en EEUU para la Revista Latin Trade, declaró:

"Es muy importante introducir capital privado en Codelco para que pueda expandirse. Pero para privatizar Codelco tenemos que suspender la entrega del 10 % de sus ingresos a las fuerzas armadas. No creo que ningún inversionista privado esté interesado en Codelco hasta que superemos este problema”.

Han pasado 16 años desde que el candidato Lagos expuso ante los inversionistas estadounidenses que para introducir capital privado, o privatizar Codelco, era necesario con anterioridad, derogar la ley que destina el 10% de sus ventas a las FFAA.

Lagos fundaba su argumento en que ninguna empresa querrá comprar Codelco si tiene que entregar el 10% DE SUS VENTAS a las Fuerzas Armadas. Con esa mochila, la empresa que compre Codelco no podría competir con otras compañías mineras.

La derogación de la Ley Reservada de las Fuerzas Armadas no es pues un asunto de carácter ideológico o político, o de militaristas o antimilitaristas, sino una condición sine qua non para llevar a cabo el objetivo principal: la privatización parcial o total de Codelco.

A pesar que la derogación de la Ley Reservada no requiere quórum especial, y que siempre hubo mayoría para hacerlo, hasta la fecha no se ha concretado principalmente porque su derogación no tiene sentido si a la vez no se privatiza Codelco.

Este sí es un escollo difícil de pasar, porque para privatizar Codelco hay que reformar la Constitución, lo que exige una mayoría de dos tercios del Congreso Nacional, o sea 25 senadores y 80 diputados.

Además, los extraordinarios excedentes que Codelco ha entregado al país, –más de US$ 120 mil millones–, hacen prácticamente imposible lograr el quórum de dos tercios que exige la reforma constitucional para privatizar Codelco. Por la misma razón no prosperaron los proyectos para derogar la Ley Reservada, a pesar de no requerir quórum especial.

Ahora, con la espectacular declaración “no hay un puto peso en Codelco”, y luego el anuncio de pérdidas por US$ 97 millones en el primer semestre de 2016 (pérdidas que se producen por primera vez en la historia de Codelco), las transnacionales mineras creen que el viento sopla a su favor para derogar la Ley Reservada y abrir Codelco al capital privado.

Así, la derogación de la Ley Reservada ha adquirido carácter de urgencia, con apabullante publicidad mediática y apoyo transversal desde la derecha más conservadora hasta los más “progresistas” de la Nueva Mayoría.

La Ley 13.196 o Ley Reservada de las Fuerzas Armadas, fue promulgada como ley secreta por el Presidente Carlos Ibáñez del Campo en el año 1958, y disponía que una parte de las UTILIDADES de las empresas de la gran minería, se destinasen al equipamiento militar de las Fuerzas Armadas.

En 1976 la Junta Militar modificó esa ley mediante el DL 1.530, y dispuso que el 10% de las VENTAS, ya no de la gran minería, sino nominativamente de Codelco, debía ser destinado exclusivamente al equipamiento militar de las FFAA. A partir de ese año nadie se atrevió a sugerir la privatización de Codelco. La Ley Reservada es la trinchera que defiende a Codelco de su privatización.

Solo a partir de 1994, a raíz de las pérdidas de US$ 200 millones de Codelco en mercados de futuro, renacieron las propuestas transversales para privatizar la Corporación, sin encontrar apoyo suficiente en el Congreso precisamente por los importantes excedentes que Codelco le entregaba al país.

Ahora que Nelson Pizarro y sus predecesores Diego Hernández y Thomas Keller, “ejecutivos de clase mundial”, endeudaron hasta el cuello a Codelco dejando la empresa sin un “puto peso”, se generó un consenso panorámico de políticos y “expertos”, de la derecha conservadora a los “progresistas” de la Nueva Mayoría, para derogar la Ley Reservada con el pretexto que los recursos hasta ahora destinados a las FFAA se queden en Codelco para financiar sus proyectos estructurales.

El Mostrador (03/09) informa que la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, presidida por Jorge Tarud, convocó a los ministros de Hacienda y Defensa el martes 6, para escuchar sus explicaciones con relación a la compleja situación que atraviesa Codelco y para abogar en favor de la derogación de la Ley Reservada.

Dice la nota de El Mostrador:

“Para el diputado Tarud es primordial que el titular de Hacienda explique por qué este tema no es prioritario para el Gobierno, "ya que de verdad no se entiende que no se le ponga urgencia a un proyecto de ley de este tipo cuando el presidente de Codelco nos dice que no hay un peso, porque el 10 por ciento del presupuesto se va a las Fuerzas Armadas”.

Sostener que si se deroga la Ley Reservada el 10% destinado a las FFAA se quedará en Codelco es una falacia, ignorancia pura, o ambas a la vez. Si Codelco deja de pagar este tributo a las Fuerzas Armadas, esa suma se trasformaría en un aumento neto de sus utilidades. Por lo tanto tendría que pagar el 69% en impuestos al Fisco: 24% de impuesto de primera categoría (que el 2018 subirá a 28%), más 40% de impuesto del DL 2.398, y 5% de impuesto específico o royalty.

En consecuencia, el 69% (el 73% a partir del año 2018) del monto de la Ley Reservada no se quedará en Codelco sino que pasará directamente al Presupuesto Nacional, que financia… el equipamiento militar.

El 31% restante pasaría también al Presupuesto en forma de ganancias del dueño, es decir del Estado. Sólo una parte ese 31% podría destinarse a la recapitalización de Codelco, previa autorización del Ministerio de Hacienda. Por consiguiente, es una falsedad absoluta, o ignorancia supina, que al derogar la Ley Reservada dichos recursos podrían, automáticamente, financiar las inversiones de Codelco.

Hay otros argumentos que, en el pasado y en la actualidad, se barajan para justificar la derogación de la Ley Reservada.

1.- Se sostiene que si se deroga esta ley, se limitaría el gasto en armamento para destinar más recursos al gasto social.

Es un argumento inconsistente: para limitar el gasto en equipamiento militar no es necesario derogar la Ley Reservada. Basta con modificarla para que incluya no sólo un piso para los aportes, sino también un techo. Todo lo que sobrepase ese techo sería destinado al Presupuesto Nacional.

La Ley Reservada ya ha sido modificada en varias ocasiones, para aumentar el piso de los aportes. Nada impide que también se le fije un techo.

2.- Se sostiene que esta ley no permite que el Congreso Nacional discuta y apruebe el gasto en armamento, ni la prioridad de su distribución entre las tres ramas de las Fuerzas Armadas.

También es un falso argumento: sin derogar la ley, solo modificándola, –es una ley ordinaria–, se puede establecer que comisiones tripartitas –FFA, gobierno y Parlamento– planifiquen a largo plazo las inversiones en armamento y fijen las prioridades entre sus diversas ramas. El Congreso Nacional aprueba cada año los Presupuestos generales. Por consiguiente, en el marco de la misma Ley Reservada se puede efectuar el debate parlamentario sobre el gasto en defensa.

3.- Otro argumento utilizado para justificar la derogación de la mencionada ley dice que es discriminatoria para Codelco: “el costo” extraordinario de esta contribución la dejaría en pésimas condiciones de competitividad frente a otras empresas mineras.

Históricamente, este argumento no tiene ninguna lógica ni sustentación real.Todas las mineras extranjeras, hasta el año 2004, declararon pérdidas y no pagaron ni un solo peso de impuesto al Fisco, salvo Escondida.

Declaraban pérdidas, aún cuando no pagaban el 10% de sus ventas a las Fuerzas Armadas. Mientras tanto, Codelco nunca dejó de entregar excedentes al Fisco, a pesar del tributo del 10% de sus ventas a las Fuerzas Armadas.

Ahora bien, es evidente que es discriminatorio que este tributo afecte sólo a Codelco. Hasta el año 1976 lo pagaba toda la gran minería, aunque la base de cálculo eran las utilidades y no las ventas. Sin embargo, esa arbitraria discriminación es fácil de evitar.

La solución no pasa por derogar la Ley Reservada, sino por la extensión del dominio de su aplicación a todas las empresas de la gran minería. Así, toda la Gran Minería quedaría afecta al mismo tributo del 10 % de sus ventas en favor de las Fuerzas Armadas.

Jurídicamente nada impide que este tributo a favor de la Defensa Nacional se aplique a las mineras extranjeras. Se trata de un tributo autorizado expresamente por el Nº 20 del art. 19 de la Constitución, y no está afecto a la invariabilidad tributaria de la Ley 20.026 de Impuesto Específico a la Minería. Por lo demás, es de plena justicia que todas las empresas de la gran minería queden afectas al mismo régimen tributario como fue el caso hasta 1976.

Así se cumpliría un elemento sustancial del libre mercado: la competencia libre, sin trabas y no distorsionada.

Al ampliar la aplicación de la Ley Reservada a todas las mineras, el producto del tributo se triplicaría. Pero fijándole un techo en la ley, todo lo que sobrepase ese techo iría directamente al Presupuesto Nacional, aportando recursos para satisfacer las diferentes necesidades sociales. Toda la nación sería la directa beneficiaria.

Esta es la ocasión para que la aplicación de la Ley Reservada se extienda a toda la gran minería. Tal modificación de la ley debe apoyada por los partidos y actores políticos que otrora apoyaron al Presidente Allende. Incluyendo a los que migraron al PPD, y por cierto la Presidente Bachelet.

En suma, no es necesario derogar la Ley Reservada. Ningún argumento a favor de tal derogación tiene sustento real. Las cuestiones evocadas pueden ser resueltas modificando la ley. In fine, con o sin Ley Reservada, el Estado debe financiar el equipamiento militar.

Son las transnacionales mineras las que están detrás de la idea de la derogación. Porque miran el fabuloso botín: apropiarse de las colosales reservas de cobre de Codelco, que representan UN CUARTO DE LAS RESERVAS MUNDIALES.

Las transnacionales mineras no pierden el tiempo. Impulsan la idea de la derogación de la Ley Reservada, con el concurso de sus esbirros y sicarios políticos. El proyecto ya tiene fecha: diciembre próximo. El proyecto privatizador cuenta con la venia del mismísimo Oscar Landerretche, Presidente del Directorio de Codelco: el zorro a cargo del gallinero.

En una noticia del Diario Financiero de 28.08.2016, se puede leer:

"Hay que calmarse un poco con las palabras. Porque cuando uno dice privatización significa vender todo Codelco y que lo controle un privado. La entrada de capitales privados a invertir en Codelco es una cosa completamente distinta", dijo el ejecutivo en entrevista en radio ADN. Según Landerretche "es perfectamente posible tener un esquema en el cual la abrumadora mayoría y el control lo tiene el Estado pero tiene capitales privados".

Es claro que derogar la Ley Reservada no es sino la puerta abierta a la privatización de Codelco. Una traición caracterizada a los intereses de todos los chilenos.

 

Politika

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