En su redacción original le da la posibilidad al Gobierno de pedir a un juez la "detención preventiva de los presuntos responsables por el término de hasta 48 horas, cuando sea necesario para el esclarecimiento de la infracción", así como fijar precios máximos o márgenes de utilidad.

Pero la discusión sobre la vigencia o no empezó años después. En 1991, cuando se promulgó el decreto de desregulación económica, después ratificado por el Congreso, se dispuso la derogación de esta ley. "Se suspende el ejercicio de las facultades otorgadas por la ley 20.680, el que solamente podrá ser restablecido para utilizar todas o cada una de las medidas en ella articuladas, previa declaración de emergencia de abastecimiento por el Congreso", dice el decreto. Para que vuelva a tener vigencia la ley se debe promulgar, previamente, la emergencia de abastecimiento, requisito que jamás se dio.

Pero aquella derogación no fue total: quedó en pie el inciso "C" del artículo 2° donde "el Poder Ejecutivo podrá (...) dictar normas que rijan la comercialización, intermediación, distribución o producción", dice. Ésa fue la base que utilizó en abril de 2006 el entonces secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, cuando dictó una resolución mediante la cual intervino en el mercado de la carne vacuna fijando precios de referencia.

Unos años antes, en 2002, el entonces presidente Eduardo Duhalde también desempolvó la vieja ley como una suerte de amenaza a los empresarios por si se producían distorsiones en el convulsionado mercado interno. Duhalde actualizó las penas por infracción a la ley de abastecimiento y las llevó a un mínimo de $ 500 y a un máximo de un millón de pesos. Ese decreto de Duhalde fue criticado, ya que fue dictado pese a un dictamen de la Procuración del Tesoro que concluía que no estaba vigente esa norma. Pero la Justicia no se expidió sobre la legalidad o no de actualizar montos en una ley ya derogada.

En octubre de 2006, Moreno intervino en el mercado de los combustibles mediante una resolución que obligaba a las petroleras a vender un mínimo que contemplara lo que había expedido el mismo mes del año pasado más el crecimiento del PBI. Sólo en el último párrafo hace referencia a la ley de abastecimiento.

La ley fue la espada con la que Moreno atacó a Shell. Entre 2006 y 2008 inició alrededor de 119 sumarios. En 11 de ellos, la petrolera fue absuelta. En otros 83 Moreno le aplicó multas a la compañía y todas fueron apeladas a la justicia ordinaria.

Hasta octubre del año pasado, último reporte al que tuvo acceso LA NACION, hubo 42 sentencias en las que se falló con la ley de abastecimiento, pero en 37 la razón la tuvo la petrolera; 32 de esas ya estaban firmes a fines del año pasado. Alrededor de 60 causas más están aún en trámite.

Hoy los senadores iniciarán el debate sobre una ley que la Justicia jamás dijo si estaba vigente o no.

La Nación - 19 de agosto de 2014