La conducta respecto de los mercados financieros es un tema amplio y complicado en Europa. La discusión gira en torno a qué nivel de participación tendrán los inversores privados, y comenzó a zanjarse tibiamente en la Cumbre de Jefes de Estado de la Zona del Euro en la cual se otorgó un enorme paquete de financiación contingente a Grecia, Portugal e Irlanda, con condiciones algo más ventajosas que las actuales y una fuerte extensión de plazos. En el caso de la reestructuración de la deuda griega, la participación de los acreedores privados será voluntaria, y si bien deberán hacerse cargo de alguna pérdida, mejorarán los hoy alicaídos valores de su deuda. Pero los Jefes de Estado se preocuparon por aclarar que Grecia era un caso excepcional y único.

No obstante, las calificadoras de riesgo han salido a hablar de «impago restringido» y aplicarle las calificaciones del default, aunque reconocen que la reestructuración ofrece a Grecia una «oportunidad» de recuperar la solvencia. Esta postura les ha valido ciertos enemigos dentro de Europa, hecho que ha sido avivado por las caprichosas y fuertes reducciones de nota a los países con problemas, en especial Grecia y Portugal. A nivel de las más altas autoridades de la Unión Europea la oportunidad de esas rebajas ha sido criticada, pues entienden que, de manera impropia, estarían intentando influenciar a los funcionarios involucrados en las decisiones financieras.
Suelen bajar la calificación porque los países no aplican los ajustes, y luego, cuando el ajuste es puesto en práctica, la bajan aún más porque el mismo no ayuda a generar mayores ahorros fiscales.

Todas estas acciones de las calificadoras tienen, sin duda, un impacto directo sobre los mercados, agregando mayor volatilidad, que resulta un maná para los especuladores. De hecho, en la declaración de los Jefes de Estado se expresa que «debería reducirse la dependencia de las calificaciones crediticias externas en el marco regulador de la UE».
Dado que las tres grandes calificadoras son originarias de Estados Unidos, se habla de crear una agencia de calificaciones europea, idea que llegó a los labios de la Canciller alemana. Sin embargo, la cuestión no está en la nacionalidad, sino en la conformación; las calificadoras son privadas, y tienen por misión asesorar y defender los intereses de los inversores, por lo tanto, están necesariamente sesgadas por este objetivo.

Lo que se requiere es la existencia de agencias calificadoras dirigidas por las autoridades regulatorias, que tengan en cuenta todos los intereses involucrados y no sólo los de los inversores. Aquí se presenta una cuestión fundamental de toda crisis financiera cuya discusión hoy día resulta esencial y que se puede desplegar en dos preguntas. ¿Quién es el que regula, el mercado o el Estado? Y cuando la normativa emana del Estado o algún organismo supranacional, ¿para beneficio de quién regula, para el conjunto de la sociedad o para los inversores?

Hasta ahora las condiciones las está poniendo el sector financiero y las regulaciones defienden a los inversores, un paradigma que tímidamente aborda la Cumbre de Jefes de Estado del 21 de Julio. De cómo evolucionen los enfoques sobre este tema dependerá el sendero de la crisis actual.

Revista Acción - Primera quincena de agosto de 2011