En lo que refiere estrictamente a la seguridad social, el autor considera que el proceso de legitimación es lento, posiblemente mucho más lento que la deslegitimación voraz que provocó el neoliberalismo. Sin embargo, se ha iniciado ese camino en pos de sociedades latinoamericanas en las que la garantía de derechos sociales y derechos humanos sea algo legítimo y, por ende, reclamable. Estima que la nueva seguridad social latinoamericana está dando cuenta de que las privaciones sociales no son sólo responsabilidad de los individuos carentes y sus familias sino, por el contrario, de la sociedad toda, y por ende es ella la que ha de dar respuestas adecuadas.

El proyecto de ley de “reparación histórica a los jubilados” propone la creación de una “Pensión Universal a la Vejez” en reemplazo de las actuales moratorias. Al respecto, proponemos un breve recorrido por la historia de las pensiones a la vejez no contributivas en el país.

Toda declaración de emergencia, sea por decreto de necesidad y urgencia o por ley, se traduce en una gama infinita, y por cierto imprevisible, de posibilidades de cercenamiento de derechos; siempre importa una restricción a los particulares y una correlativa ampliación de facultades del Poder Ejecutivo, y por ello, su declaración solo se justifica frente a una situación límite y extraordinaria. La situación previsional argentina en absoluto se encuadra en ese supuesto. La declaración de emergencia resulta para el caso, cuanto menos, innecesaria.

El intento liquidador de Propiedad Social para financiar el pago jubilatorio que propone el proyecto de Ley llamado de “Reparación Histórica de Jubilados y Pensionados”, la afectación de la sustentabilidad del sistema por confiar reformas pensionales sin flujos genuinos de financiamiento, la “reformita” tributaria que distribuye hacia los ricos y vincula sospechosamente a los jubilados a la patria fugadora y blanqueadora.