La propagación de la pandemia de COVID-19 hacia nuestra región, se ha dado en un contexto de fuerte desaceleración económica, o de abierta crisis en algunos de sus países. Lo que ha vuelto a poner en el centro del debate una serie de temas que habían sido postergados en los últimos años. 

Cátedra Libre "Ing. Horacio Giberti | El COVID-19 llegó el 3 de marzo a la Argentina, con el primer caso detectado proveniente de Italia. El 20 de ese mismo mes el gobierno nacional estableció el confinamiento obligatorio, que experimentó flexibilizaciones posteriores en algunas áreas del país, pero aún continúa en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con un endurecimiento mayor previsto para las próximas semanas cuando se espera el “pico” de nuevos casos. En esta región de 13,6 millones de habitantes reside el 34% de la población argentina (INDEC, 2010).

De repente, la pobreza se ha vuelto noticia. Es imposible no ver el impacto absolutamente desproporcionado que el coronavirus está teniendo entre la gente pobre y marginada. Cientos de millones de personas abocadas al desempleo y a la miseria. Con un apoyo insuficiente en la mayoría de los casos, aumentan el hambre, la falta de vivienda y los trabajos peligrosos.

El gobierno de derecha de Sebastián Piñera vive una crisis masiva e inédita, con una abrupta paralización de la economía en el marco de una sociedad caracterizada por la precariedad de las condiciones de vida y del trabajo. Encabeza además el ranking de decesos por millón de habitantes en América latina provocados por el coronavirus.

La realidad ecuatoriana se encuentra atravesando por un momento de extraña incertidumbre. En la opinión pública, por medio de los medios hegemónicos, ahora aliados al Estado burgués, el Gobierno Nacional se esmera en crear un escenario de una aparente “vuelta a la normalidad”, insistiendo que los sectores productivos necesitan de una reactivación a toda costa, y las personas deben no solo acostumbrarse a vivir con el virus, sino que deben hacerlo volviendo a los espacios públicos, lo que implica una sobrexposición a un virus que poco o nada se encuentra controlado por las autoridades sanitarias. 

Con más de 250.000 casos confirmados y 4.505 fallecidos, según datos de la Universidad Jonhs Hopkins, el país sudamericano atraviesa una crisis sanitaria e institucional con fuertes cuestionamientos al gobierno de Sebastián Piñera por falta de transparencia en las cifras de fallecidos informadas tras la reciente salida del ministro de salud.