La pandemia agudizó los errores de una red pública de salud desactualizada. La batalla contra el COVID-19 en la capital del país más desigual de América Latina tensiona al máximo la crisis social

Colombia ha permitido un nuevo ingreso de militares estadounidenses a su territorio, en el marco de la guerra antinarcóticos. Dados sus magros resultados en décadas, ¿cuáles son los reales objetivos?

Juana, una mujer madura, lleva en su pecho la foto del “Negro”, un tipo joven. Dice que es su marido y que desapareció días después de la toma del Palacio de Justicia, en 1985. “El ejército ocupó ese edificio de la esquina de la plaza y lo transformó en un centro de tortura”, dice. “A él lo secuestraron.” Los dos militaban en el M-19, la organización que tomó la construcción más grande de líneas simples que domina la escena de un conjunto de edificios públicos enormes, construidos con una piedra amarillenta que parece oxidada.

Imelda Daza Cotes es economista e impulsó la reforma agraria en Colombia. Fue concejala de izquierda y tuvo que escapar del país por grupos paramilitares que le mandaban coronas de flores para su velorio mientras ella amamantaba a su hija. Estuvo exiliada durante 26 años en Suecia. Y decidió volver a Colombia a la edad de jubilarse. Intentaron asesinarla y, de todos modos, acompañó la implementación del acuerdo de paz entre el gobierno y la guerrilla.