Las opciones son limitadas para gran parte de la población, y los dilemas centrales radican entre vivir cada vez más lejos de las áreas de centralidad, del trabajo, y de los bienes y servicios básicos (un 63% sin acceso a desagüe cloacal en el Conurbano) o vivir en el centro, pero en condiciones de hacinamiento crítico (más de 3 personas por cuarto) que afecta a 21.000 hogares. Un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) relevó que aproximadamente 140 mil personas viven en hoteles en condiciones precarias y hacinamiento. El común denominador: un precio demasiado alto, en tiempo y dinero, a cambio de un lote o una pieza, emplazados en condiciones de precariedad urbanoambiental.

A pesar del crecimiento económico sostenido de los últimos años, y de que se ha construido la mayor cantidad de viviendas de la historia –unas 1.076.430 según las Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación, más las 400.000 viviendas estimadas para 2015 a partir del Pro.Cre.Ar– las dificultades de acceso al suelo y a la vivienda bien localizada por parte de los sectores populares constituye el mayor problema a resolver.

Una insuficiente oferta de suelo servido a precios accesibles conforma el dispositivo de activación de un círculo vicioso entre especulación inmobiliaria y exclusión sociourbana, que es preciso frenar. En otras palabras, el aumento del precio del suelo, a partir de las prácticas especulativas unidas a una distribución inequitativa del espacio coadyuvan a la reproducción de la pobreza.

Sucede que la cuestión urbana ha estado regida, históricamente, por las reglas del mercado. Se han propiciado inversiones sólo en aquellos lugares que otorgaran mayor rentabilidad. Y, en este marco, las políticas de hábitat han sido soslayadas por políticas habitacionales que sólo se remitieron a resolver las demandas de vivienda en términos cuantitativos, donde hubiera espacio disponible y barato. Es decir, en la extrema periferia.

Los costos de vivir en la periferia.

David Harvey sostiene que la Ciudad es una “máquina generadora de desigualdades” y que además crea un terreno fértil para el empeoramiento acumulativo de dichas injusticias. Sin ir más lejos, incluso aquellas familias de sectores medios ven dificultada la compra de un lote o la construcción de una vivienda en suelo relativamente bien localizado. Y para las familias de bajos ingresos, cualquier tipo de suelo que se pueda conseguir constituye la “mejor alternativa”.

Ante la urgencia y la necesidad de contar con un espacio para vivir, la opción que les queda es la periferia o los espacios rururbanos. Se está hipotecando el futuro de manera absurda. En efecto, pueden pasar hasta 50 años para que verdaderamente eso espacios cuenten con las condiciones necesarias para la vida urbana.

Mientras tanto, no sólo tendrán que resignar el acceso a los bienes, servicios y oportunidades, sino que también deberán autoconstruir sus casas y autoabastecerse de los servicios básicos que la ciudad no les proporciona: agua de pozo, gas envasado, entre otras. En este sentido, la extensión sin límites de la Ciudad propicia la desigualdad social. Vivir en la periferia implica un gasto mayor para quienes menos tienen, contribuye a reproducir la pobreza y a perpetuar los indicadores de NBI generación tras generación, atravesada por la estigmatización.

Cuando la ciudad es sólo un negocio.

8:00 hs. Ciudad de Buenos Aires. Dinero. Movimiento. Caos. Gente, más gente. Las inversiones y la especulación requieren velocidad! El Ferrocarril se detiene en “la ciudad global”, aunque la más injusta, la más fragmentada. De un lado, la Villa 31, hacinada, y del otro, Puerto madero, una gran maqueta vacía. “Gente sin casas y casas sin gente”, la desigualdad en cuanto al hábitat.

Por un lado, el déficit habitacional en CABA afecta a casi medio millón de personas; a razón de 200 mil viviendas, sumado a que durante el último período intercensal ha crecido en un 50% el número de población viviendo en Villas y asentamientos. Por otra parte, y paradójicamente, la superficie cubierta residencial solicitada en los permisos de construcciones nuevas creció en un 100% en las comunas donde el aumento poblacional en los últimos diez años ha sido el menos significativo, y un 400% en las construcciones lujosas y suntuosas.

El barrio de Palermo es un claro ejemplo de la construcción como reserva de valor y especulación. El boom inmobiliario continúa, sólo que se construyen propiedades que nadie necesita a un valor cada vez más alto, cuestión que produce, inevitablemente, un proceso de expulsión progresiva de la población tradicional hacia otros barrios de menor valor, y que los urbanistas denominamos gentrificación.

En esta línea, las políticas implementadas son aquellas que acompañan a las inversiones privadas, mientras que las políticas de hábitat, suelo y vivienda son prácticamente nulas. Lo más perverso de todo esto es el discurso, ni siquiera eso, los slogans que pretenden tapar la realidad. Como si fuera poco, se criminaliza a la pobreza planteando proyectos de ley de “pacificación”, esas ideas importadas que además han fracasado. Las ocupaciones y tomas producidas son la solución que encuentran los sectores vulnerables ante la falta de soluciones habitacionales concretas, inclusivas, complejas y articuladas.

16:00 hs. Mientras tanto, en el Conurbano, los chicos también deben ir al colegio, las personas deben reproducir sus vidas de alguna manera. Sólo que esto se dificulta bastante, cuando la escuela queda a más 30 cuadras, cuando la salita no existe o cuando para llegar hasta allí hay que sortear algunos countries.

Nordelta, Haras del Sur, o los 174 countries –sin contar los que no se encuentran declarados– que existen en Pilar, son algunos ejemplos de la forma en la que se concentra el suelo en manos de unos pocos. Hay 650 Urbanizaciones cerradas en la RMBA, ocupan una superficie 2 veces mayor a CABA con densidades promedio de 3 viviendas por Ha: no sólo una clara expresión de inequidad en el acceso a la Ciudad, sino además, la más evidente manifestación de los mecanismos que reproducen la desigualdad sociourbana.

¿Qué beneficios traen al conjunto de la sociedad? Ninguno: encarecen el precio del suelo, obstaculizan las posibilidades de circulación, ocupan terrenos inundables, ocupan el periurbano productivo, tienen energía subsidiada, y en general, el valor fiscal de las propiedades –que figura en los catastros municipales– tiene poco que ver con los valores de mercado. Las inundaciones cada vez más frecuentes y el aumento extraordinario del valor del suelo no son pura casualidad, y las consecuencias, son padecidas más fuertemente por la población de menores recursos.

¿Qué se puede hacer desde las políticas urbanas? Paradójicamente, en Malvinas Argentinas, un municipio del Conurbano en el que podría pensarse que todo está perdido, con sólo un 2,1% de hogares con cobertura cloacal (Vicente López tiene 98,7%), es interesante la capacidad de anticipación del Estado local a las lógicas del mercado: compró suelo ocioso a un precio de anticipación, orientó el desarrollo urbano y capturó las plusvalías urbanas derivadas del proceso, creando condiciones de centralidad. Se planificó una “Nueva Ciudad”, incluso con un parque de carácter metropolitano, delegaciones, hospitales y viviendas.

Siguiendo con el razonamiento, si esto se pudo hacer sólo con los instrumentos que plantea el Decreto-Ley 8.912/77, una ley de la dictadura, obsoleta y elitista, es factible pensar que con la aplicación la Ley 14.448 de Acceso Justo al Hábitat, recientemente reglamentada en la Provincia de Buenos Aires, se podrá lograr una política urbana más equitativa. Esta Ley trae consigo un conjunto de instrumentos para resolver el déficit urbano habitacional, fomentando proyectos habitacionales, urbanizaciones sociales e interviniendo sobre prácticas especulativas respecto a la valorización del suelo.

Concretamente, el Estado puede y debe regular el mercado del suelo haciéndolo accesible al conjunto de la población, y de esta manera propiciar la inclusión social.
Para ello es preciso:

Recuperar parte de las plusvalías generadas a partir de las inversiones del Estado para redistribuirlas en otras zonas de alta vulnerabilidad.

Garantizar, no sólo el derecho a la vivienda, sino el derecho a la ciudad, considerando al suelo como portador de una función social.

Articular políticas de suelo tendientes a la generación suelo servido bien localizado a un precio accesible, priorizando las condiciones de cercanía a las áreas de centralidad, dejando de extender la mancha urbana, aspirando a cierto nivel de consolidación.

Propiciar la cobertura de servicios y equipamientos urbanos básicos considerando facilidades de accesibilidad, movilidad y conectividad.

7:00 hs. Y el sol desaparece. Al regreso, entre quienes viajan sentados e intentan ganar unas horas de sueño, y entre quienes se sostienen como pueden de los asientos, se respira y se percibe esa pregunta latente: ¿sólo tendrán acceso a la ciudad quienes puedan pagar por ella?

Miradas al Sur - 11 de mayo de 2014