A tres meses de la asunción de Javier Milei como presidente, el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (Inafci) permanece acéfalo, los proyectos de financiamiento aprobados por la gestión anterior sin ejecución y los más de 1.000 trabajadores y técnicos —que asisten a los pequeños productores en todos el país— sin líneas de trabajo ni conducción. Este lunes, mientras el secretario de Agricultura, Fernando Vilella, asistió a la cena de apertura de Expoagro para asegurar que el modelo para los próximos cuatro años será “un sistema que promueve la iniciativa privada; la apertura al mundo, aumentando las exportaciones y recibiendo inversiones”, una comitiva de representantes de las organizaciones campesinas nucleadas en la UTEP-Agraria consiguió un primer encuentro informal con un funcionario de Agricultura, que les dijo “no hay plata”. 

Las organizaciones nucleadas en la UTEP-Agraria se movilizaron el lunes al mediodía al edificio de la Secretaría de Agricultura, comandada por Vilella. El MNCI-Vía Campesina, Frente Octubres, Movimiento Evita, Federación Rural, Asamblea Campesina Indígena del Norte Argentino (Acina), Federación Nacional Campesina, son algunas de las organizaciones nucleadas que también replicaron la acción en otros puntos del país con feriados de alimentos y bolsones agroecológicos para exigir la puesta en marcha del Inafci y la convocatoria al Consejo Nacional de Organizaciones de la Agricultura Familiar, órgano creado por la Ley de Agricultura Familiar y que debe reunir a todas las organizaciones representativas del sector.  La movilización fue acompañada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) ante el peligro que corren los puestos de trabajo de quienes se desempeñan en el Instituto.

“Parece que nuestro sector es una papa caliente”, graficó Mercedes Taboada, productora del cordón hortícola de La Plata e integrante del Movimiento Nacional Campesino Indígena-Vía Campesina. El Inafci fue creado por decreto a fines de 2022, durante la gestión de Alberto Fernández y, en ese movimiento, absorbió las tareas de la Secretaría de Agricultura Familiar, que pasó del Ministerio de Agricultura al de Economía y, con el decreto, a la Jefatura de Gabinete. Con la llegada de Milei, el Inafci fue reubicado primero en el Ministerio de Capital Humano —que lleva adelante una política de desarme y desfinanciamiento de los programa sociales— y, a fines de febrero, un nuevo decreto regresó el Instituto bajo la órbita de Economía.

^{Foto: Nicolás Pousthomis}

Sin embargo, hasta el momento, el Inafci sigue sin tener un presidente a cargo. Hasta el 10 de diciembre estuvo a cargo de Miguel Gómez (del Movimiento Evita), quien se había desempeñado desde el inicio de la gestión de Fernández como secretario de Agricultura Familiar. Frente a la inexistencia de autoridades y la falta de respuesta a los pedidos de audiencia con los funcionarios responsables, la protesta de la UTEP-Agraria puso el foco en la convocatoria urgente al Consejo Nacional.

La movilización frente a la Secretaría de Agricultura abrió una puerta. Un grupo de representantes de las organizaciones, entre ellos el ex titular del Inafci, fueron recibidos por el virtual jefe de Gabinete de Vilella y formalmente subsecretario de Fortalecimiento Productivo y Sustentable para Pequeños y Medianos Productores Agroalimentarios, Pedro Vigneau (ex presidente de Aapresid, organización empresaria central del agronegocio). Se trató, según dejó en claro el funcionario, de una reunión informal para abrir un canal de diálogo con las organizaciones.

“Nos dijo que no hay plata, que primero hay que bajar la inflación y que lo que va a hacer su gestión es generar renta para el productor. En ese sentido, por supuesto, no está contemplada la agricultura familiar”, resumió Taboada, en diálogo con Tierra Viva. Vigneau dijo desconocer quién podría ser nombrado como titular del Inafci y se comprometió a elevar el pedido de crear una mesa de diálogo con el Ministerio de Economía para establecer un interlocutor. 

^{Foto: Nicolás Pousthomis}

En paralelo, en la localidad bonaerense de San Nicolás, los gobernadores de la zona núcleo del agronegocio y las empresas del sector se acomodaban para abrir otra edición de Expoagro, la feria empresaria del Grupo Clarín y La Nación. En la cena de apertura, el Secretario de Agricultura les aseguró que "el compromiso es con la no intervención de los mercados, porque estamos convencidos de que solo así crecerán las inversiones, la producción, las exportaciones y el empleo". 

Como evaluación de los primeros 90 días de gestión, Vilella destacó la apertura de nuevos mercados, la informatización del Registro de Agroquímicos y Bioinsumos, la aprobación de un evento de desarrollo de biotecnología por semana y la reconfiguración del perfil de políticas del INTA (a cargo de Juan Cruz Molina Hafford, hombre del agronegocio cordobés) y del Inase (encabezado por Claudio Dunan, ex director de Estrategia de Bioceres-Indear, creadores del trigo transgénico). 

En la previa de su visita a San Nicolás, que este martes fue fortalecida por la participación del ministro del Interior, Guillermo Francos, en la apertura y la visita del presidente Javier Milei, Vilella se encargó de señalar que él nunca estuvo de acuerdo con la suba de las retenciones que intentó el Gobierno con la Ley Ómnibus y que no veía que el intento se repitiera en medio la política de ajuste sobre los sectores de menos recursos. 

“Estamos pidiendo que se convoque al Consejo de Agricultura Familiar y, desde allí, se discuten las políticas públicas para el sector campesino. Con la inflación, la suba del valor del combustible y del alimento para los animales, todas las organizaciones precisan de los fondos que quedaron sin ejecutar”, insistió José Luis Castillo, integrante de Acina y, hasta diciembre,  director de Apoyo a las Organizaciones de la Agricultura Familiar y Campesina durante la gestión de Gómez. 

^{Foto: Nicolás Pousthomis}

Castillo señaló que el primer paso para reactivar al sector sería que el Gobierno ponga en ejecución los proyectos que ya habían sido presentado, evaluados y aprobados por la Dirección de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales (Disprose), de la Jefatura de Gabinete de Ministros, durante los meses en los que funcionó el Inafci, y que contaban con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). También, desde la anterior gestión, quedaron pendientes de ejecución del Programa de Promoción del Trabajo, Arraigo y Abastecimiento Local. 

El dirigente y ex funcionario consideró positiva la reunión con Vigneau porque “él conoce de agricultura familiar, mucho tiempo discutimos con ellos. Nos conocemos, sabemos cada uno de su trayectoria y sabemos qué tipo de agricultura, campesina e indígena, queremos nosotros”. Vigneau fue presidente de la Sociedad Rural de  Bolívar y presidente de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid). Castillo lo recuerda por su participación en la Mesa de Diálogo impulsada por el Ministerio de Agricultura de la gestión kirchnerista, entre 2013 y 2015, con sectores de la agricultura familiar y el agronegocio, tras el asesinato de Cristian Ferreyra.  

Vigneau también fue parte del gobierno de Mauricio Macri —cuando bajo la conducción de Miguel Etchevehere se eliminaron políticas como el monotributo social para la agricultura familiar— como subsecretario de Mercados Agroindustriales. “Hay que ver si en Economía se hacen cargo”, adviertió Taboada sobre el paso del Inafci a ese ministerio y el futuro de las políticas. Castillo apuntó a lo ocurrido con agencia Télam para entender que el presidente Milei no tiene reparos en ajustar y cerrar organismos.

Otra señal de alerta se enciende por los más de 1.000 trabajadores del Inafci que, en todo el país, cumplen las tareas de asistir a los productores con los proyectos productivos y la sanidad animal y vegetal de sus producciones. Esos trabajadores, hasta el momento, no cuentan con ninguna autoridad que marque el rumbo en sus tareas ni recursos para desarrollarlas; mientras que desde la Disprose recomiendan cerrar los proyectos en curso a la espera de la decisión del Poder Ejecutivo sobre el destino del instituto. 

^{Foto: Nicolás Pousthomis}

“Echamos a 50.000 empleados públicos”, celebró Milei mientras reía y chocaba palmas con quienes lo recibieron en Expoagro. “Esto es licuadora y motosierra”, reivindicó, después de no lograr avanzar sobre el poderoso lobby exportador de commodities; que sí continúa exigiendo avanzar en el patentamiento de las semillas.

“La agricultura familiar, campesina e indígena es la alternativa productiva fundamental para enfrentar el hambre y el incremento del precio de los alimentos, contribuyendo a la resiliencia de los sistemas productivos y alimentarios. También es la única garante del mantenimiento de la biodiversidad en los territorios”, contrapuso el comunicado de la UTEP-Agraria. 

Desde Villa Ocampo, Santa Fe, donde tiene una chacra mixta agroecológica y es dirigente de Acina, que reúne cooperativas de productores de ganado, hortalizas y pescadores artesanales, Castillo marcó las consecuencias locales de la política de ajuste del Gobierno: “Al no funcionar nada a nivel nacional, los gobiernos locales también tienen argumentos para decir que todo está parado en materia de políticas para la agricultura familiar. Desde principios de año hemos mandado propuestas productivas y solicitamos audiencias”. 

“La reflexión que hacemos es que van a seguir con el vaciamiento de los ministerios, todavía no saben que van a hacer con nosotros. Seguimos en la incertidumbre de qué va a pasar con nuestros compañeros que ya no están pudiendo sostener la producción con los alquileres por las nubes, los insumos dolarizados, la suba del combustible y los servicios para la producción; y los útiles escolares y el transporte en la vida cotidiana”, resumió Taboada y sentenció: “Nos dicen que tenemos que estar mal para estar bien, pero la agricultura familiar campesina e indígena viene postergada e invisibilizada ya por más de cinco décadas. Seguiremos luchando”.

^{Agencia Tierraviva - 5 de marzo de 2024}