Ahora que sí nos ven

Ingrid Beck


Al final, el presidente Alberto Fernández anunció el envío del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo en su discurso de apertura de la Asamblea Legislativa. Y lo de al final es casi literal, porque el eje vinculado con cuestiones de género y derechos humanos quedó para el cierre.

Aunque esperado, el anuncio precedido de la frase “en el siglo XXI toda sociedad necesita respetar la decisión individual de sus miembros a disponer libremente de sus cuerpos” –y sucedido por la primera gran ovación de pie en el recinto– habla de que la perspectiva del Presidente tiene que ver con los derechos, además de con la salud, el argumento más fuerte para quienes defienden el proyecto como política pública.

A lo largo de su vida política, Fernández se pronunció varias veces a favor de la despenalización del aborto y fue mucho más claro a partir de su presencia en la presentación del libro Somos Belén, de Ana Correa, cuando aún no había asumido la Presidencia y luego de entrevistarse privadamente con la protagonista del libro. Este domingo no hubo grises: fue claro al hablar de legalización y de acceso a la práctica en el sistema de salud. Sin embargo, el contenido del proyecto del Ejecutivo aún no salió a la luz y, por ahora, está guardado bajo siete llaves. Sólo Ginés González García, el ministro de Salud (y promotor de la actualización del Protocolo de Aborto No Punible, la primera publicación de esta gestión en el Boletín Oficial) mencionó la discusión sobre la objeción de conciencia institucional, aunque la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, frente a una pregunta de Noelia Barral Grigera en C5N, dio a entender que el proyecto no contemplaría esta cuestión: “Una vez que se establece una política, necesitamos que se garantice la práctica”.

El proyecto que ya está en Diputados y con estado parlamentario es el de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, con la firma de 70 diputadas y diputados. No sería la primera vez que convivieran varios proyectos sobre un tema y se articulase la ley en función de necesidades y acuerdos. El proyecto del PEN tiene, claramente, el peso de la firma del Presidente, algo que debería ser ordenador a la hora de votar favorablemente. El proyecto de la Campaña tiene el apoyo de las más de cien organizaciones que la componen y de la movilización popular que llevó a que, por primera vez, un presidente decida enviar un proyecto de legalización del aborto al Congreso Nacional.

Con menos caracteres que la interrupción voluntaria del embarazo, el texto que leyó el primer mandatario en la Asamblea Legislativa incluyó el proyecto de ley para instaurar el “Plan de los 1000 días”, destinado a garantizar “la atención y el cuidado integral de la vida y de la salud de la mujer embarazada y de sus hijos o hijas en los primeros años de vida”. Nada se sabe del articulado de este proyecto, aunque se especula con que se trata de una política de carácter universal para reducir las tasas de mortalidad y desnutrición. Y, también, como una respuesta para aquellos sectores que se oponen a la legalización del aborto con argumentos como que debe priorizarse la atención a niñas y niños en situación de vulnerabilidad, una premisa inventada para la ocasión con el objetivo de oponerse a la interrupción legal y voluntaria del embarazo y de establecer jerarquías en las responsabilidades del Estado, o como si una política excluyera a la otra.

Estos anuncios, acompañados de otros vinculados con programas de Educación Sexual Integral y Prevención del embarazo no deseado, más la profundización en la implementación de la Ley Micaela (de capacitación a funcionarias y funcionarios públicos en perspectiva de género), el relanzamiento del Plan Nacional de Acción contra las Violencias por razones de Género y el proyecto de Ley para la ratificación del Convenio 190 sobre Violencia y Acoso en el Mundo del Trabajo, conformaron el bloque que podría llamarse “de temas de género” en el discurso presidencial.

Hubo dos momentos más en los que el Presidente mencionó la palabra “género” (fueron ocho veces, en total): al hablar de América latina (“nuestro compromiso es dar continuidad a los valores esenciales de defensa de la paz y la seguridad internacionales, la solución pacífica de controversias, el apoyo al multilateralismo, el respeto al derecho internacional y a los derechos humanos, la equidad de género y la protección del medioambiente”) y al principio del discurso, cuando mencionó, entre las modificaciones que le harán a la ley de Economía del Conocimiento, la inclusión de la perspectiva de género. No es llamativo si se tiene en cuenta que, también por primera vez en la historia, el Ministerio de Economía creó una Dirección de Economía y Género (a cargo de la economista Mercedes D’Alessandro) que, entre otras cosas, trabaja sobre la necesidad de reducir las brechas en la distribución de ingresos.

En el mismo sentido, la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad (con Elizabeth Gómez Alcorta a la cabeza y un gabinete enteramente integrado por mujeres, lesbianas, travestis, trans y no binaries), anunciado por el Presidente en su discurso de asunción, habla de la decisión política de no desoír los reclamos del movimiento de mujeres y diversidad sexual, quizá el actor político (o la actriz política) más novedoso y relevante de los últimos años, no sólo en la Argentina.

Con un gabinete que no es paritario pero con algunas funcionarias feministas en puestos clave, el Gobierno camina sus primeros pasos en la pelea contra la desigualdad. 

Desde ese Ministerio se impulsa la Mesa Interministerial de Políticas de Cuidados. La desigual distribución de las tareas domésticas y de Cuidados representa la principal causa de la brecha entre varones y mujeres. La decisión de que este tema esté en la agenda de políticas públicas es un dato sobre la perspectiva que tiene el Gobierno en este sentido.

Con un gabinete que no es paritario pero con algunas funcionarias feministas en puestos clave (como Vilma Ibarra o Cecilia Todesca), el Ejecutivo camina sus primeros pasos en la pelea contra la desigualdad. 

La multiplicación de las demandas de las mujeres y los colectivos de diversidad sexual, reflejado en las multitudinarias movilizaciones callejeras, presencia en redes sociales, trabajo territorial y de incidencia política, no va a disminuir. Quizá en los fallidos del Presidente (Volvimos mujeres por Volvimos mejores y Vamos a terminar con el hombre, por Vamos a terminar con el hambre) esté parte de sus preocupaciones como gobernante: dar respuestas contundentes a las voces que hasta ahora no habían sido escuchadas con atención.

 

Letra P - 2 de marzo de 2020

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