El acuerdo al que llegó el Ministerio de Economía con los principales tenedores de títulos de más de 7 billones de pesos de deuda pública, que vencían entre marzo y junio del 2023, para canjearlos por nuevos títulos con vencimientos durante los años 2024 y 2025, con aceptación del 64%, desactiva la posibilidad de una crisis financiera que podía provocar la incertidumbre de que el Estado no pudiera pagar y/o refinanciar esa deuda, posibilidad muy fogoneada por economistas de una oposición más interesada en provocar crisis económica y política, para mejorar sus chances electorales, que en pensar en el bien del país y mucho menos del sector popular mayoritario.