El próximo 25 de mayo asumirá, seguramente, una nueva administración gubernamental elegida por el voto popular que deberá enfrentarse, e intentar dar respuesta, a una multiplicidad de problemas que demandan, por un lado, urgentes soluciones y, por otro, creatividad y vocación de cumplir con el tradicional (y muchas veces bastardeado) juramento de “servir a la patria”.

Más de la mitad de la población en condiciones de pobreza, niveles de indigencia desconocidos en el país, tasas de desempleo y subempleo exorbitantes y de carácter estructural desde hace casi una década, cesación de pagos de una deuda externa impagable (que continuó renegociándose bajo condiciones que no han hecho más que seguir hipotecando el futuro de varias generaciones de argentinos), desarticulación y desintegración del tejido productivo, y crisis de numerosas economías regionales, emergen, sin duda, como asignaturas pendientes que, como tales, sólo podrán ser resueltas a partir de un cambio contundente en la orientación de las políticas públicas y, fundamentalmente, en sus bases de sustentación y validación social.

Entre esos tantos problemas cruciales a resolver está el que se relaciona con el tratamiento de los servicios públicos privatizados durante la gestión del Dr. Menem; resolución que trasciende la problemática regulatoria en tanto necesariamente involucra dos temas no menos relevantes: el de la propiedad y el del gerenciamiento, público o privado, de las empresas responsables de la prestación de tales servicios.