Los documentos aportados por Nino de Negri, víctima de la coordinación represiva que brindó testimonio ante la jueza Graciela Gatti, revelan que su detención en Buenos Aires y su traslado clandestino, el “vuelo cero”, fue posible por la comunicación que la cancillería envió a la Policía Federal argentina, por valija diplomática. La defensa de Bordaberry apela a insólitas chicanas que demoran el inminente pronunciamiento judicial: solicita que se interrogue a Isabelita Perón.

Había logrado escapar, casi desnudo, de la casa de sus padres, como había eludido días antes su captura, por minutos, cuando los militares fueron a buscarlo primero a la planta de Funsa, donde trabajaba, y después a la casa de su suegra. Con su documento de identidad se atrevió a correr el riesgo –no tenía otra alternativa– de embarcarse en un avión en Carrasco hacia Aeroparque. Llegó a Buenos Aires el 1 de junio de 1974 y obtuvo refugio en la casa de una tía, hermana de su padre. Comenzó a trabajar en una tienda de bebidas de la avenida Callao, se reencontró con compañeros de militancia en el Movimiento 26 de Marzo y finalmente se integró a la estructura del mln-Tupamaros en Buenos Aires.
En diciembre de 1974 supo que las Fuerzas Conjuntas uruguayas habían comunicado públicamente una orden de captura. Sabía que por entonces agentes de inteligencia de la Policía uruguaya vigilaban puntos estratégicos, como plaza Once, Chacarita, plaza Constitución, y estaba enterado, como todo uruguayo refugiado, del secuestro de sus compañeros del mln cuyos cadáveres aparecieron en los accesos a la ciudad de Soca.

Su situación era precaria. Más después de que le robaran su billetera y con ella el documento legal uruguayo. Optó por agenciarse un documento falso, que no resistía el menor análisis, y siguió viviendo en forma precaria. Lo que no sabía era que en diciembre de 1974 la cancillería uruguaya había enviado a la embajada en Buenos Aires, para su entrega en Coordinación Federal de la Polícía argentina, la “relación número 8” con los nombres de 23 uruguayos requeridos; la lista llegó a la embajada en la valija diplomática número 1 del 3 de enero de 1975. Su nombre, Mario Nino de Negri Puga, aparecía en la mitad de la lista, con el número 1023. Acababa de cumplir 20 años.

Medio “colgado” de la militancia, subsistiendo, Nino de Negri se encontraba ocasionalmente con Enrique Gaucher, un refugiado uruguayo a quien conocía de antes, que millitaba en un grupo de propaganda del prt, el partido que dirigía al Ejército Revolucionario del Pueblo (erp). En la tarde del 1 de diciembre de 1975 accedió a acompañarlo a una concentración de Smata, sindicato de los obreros mecánicos, que resistía los intentos de absorción del sindicato de metalúrgicos uom. Era una lucha entre burocracias sindicales que asombró a Nino por su virulencia: los manifestantes quemaban efigies del dirigente metalúrgico Lorenzo Miguel, un puntal del ala peronista que respaldaba a Isabelita Perón y a su ministro de Bienestar Social, José López Rega, el creador de la Triple A. Cuando la seguridad del acto detectó a los jóvenes del prt y los señaló ante los policías, Nino marchó preso a la Comisaría 10. Fue desnudado y torturado, como el resto de los detenidos, y por la noche fue conducido a Coordinación Federal, donde quedó fichado. A la mañana siguiente los detenidos fueron trasladados en una camioneta cerrada, maniatados y vendados, a un centro clandestino, casa o taller, presumiblemente en la zona de Palermo, donde fueron torturados durante cinco días. Nino reconoció su verdadera identidad. Cuando el grupo fue devuelto a Coordinación Federal, Nino fue separado del resto. Permaneció hasta el 9 de diciembre. Vendado y maniatado, fue trasladado en un Ford Falcon hasta un aeropuerto. Se iniciaba el “vuelo cero”.

Al subir la escalerilla, una voz le preguntó: “¿Me reconocés?”. Nino no podía verlo. “Soy uruguayo, ahora estás con las Fuerzas Conjuntas uruguayas; a los argentinos los cagaste, pero con nosotros no jodés, si no hablás te tiramos del avión.” Nino permaneció vendado durante los siguientes cinco meses pero escuchaba periódicamente la voz, que llegaría a identificar como “302”; después supo que 302 era José Gavazzo.

En un auto con la sirena encendida, conducido por el mismo 302, Nino fue llevado esa mañana del 9 de diciembre a la planta alta de una casa relativamente cercana al aeropuerto de Carrasco, que llegaría a conocer como base de operaciones clandestinas denominada “300 R” y a ubicarla perfectamente. Primero fue un plantón, y después golpes y submarino. Los torturadores tenían información precisa sobre su militancia anterior y querían saber sobre las actividades de los comandantes del mln en Buenos Aires y sus relaciones con el erp. Nino no sabía, pero no le creyeron. Manejando datos viejos, mintiendo, trató de capear la tortura, que se prolongó durante todo el día. Finalmente optó por señalar a dos antiguos amigos, Alejandro y Adriana, con quienes tuvo militancia legal en Uruguay y que reSIDían, en forma legal, en Argentina; fue una opción dolorosa, en un intento de dejar una pista que condujera a denunciar su propio secuestro.

En la mañana del 10 de diciembre fue conducido hasta Carrasco y obligado a abordar nuevamente a un avión. Era la segunda fase del “vuelo cero”. Sorprendido, comentó la discrecionalidad con que aquellos militares utilizaban aviones de la Fuerza Aérea; los oficiales y soldados que lo acompañaban en el vuelo se rieron. Nino comprendió que ese grupo de inteligencia contaba con todos los recursos del Estado.
En la base militar contigua a Aeroparque aguardaba otro Ford Falcon. Sin perder tiempo, recorrieron los puntos de la ciudad que él había indicado. En los asientos de adelante viajaban dos agentes argentinos. Atrás, Nino estaba flanqueado por Gavazzo y por “304”, un capitán que no llegaría a identificar. Hoy se sabe que 304 era Carlos Ventura Martínez, alias el “Cui”, un oficial que en 1975 revistaba en el regimiento 9 de Caballería y que en 1976, ya como mayor, fue destinado al SID.

Nino permaneció la noche del 10 de diciembre atado de pies y manos con sogas en un garaje vacío, solo y sin guardia. En la mañana del día 11, enojados por la falta de resultados, 302 y 304 lo trasladaron hasta Aeroparque. Lo torturaron ahí mismo, en el furgón de una camioneta estacionada junto al avión militar, que tenía un tanque de 200 litros para aplicar submarino. Un taxista que presenció la tortura fue amenazado. El hombre se retiró asustado.
En la madrugada de ese día, Adriana y Alejandro fueron secuestrados en su domicilio. Fueron depositados en un garaje cercano a Plaza de Mayo, vendados y atadas las manos. Después, sobre el mediodía, fueron conducidos hasta el avión que esperaba en Aeroparque, donde Nino fue utilizado por un soldado, apodado el “Boquita”, para enseñarle al piloto del avión cómo golpear sin dejar marcas.
El avión partió nuevamente hacia Carrasco con los tres prisioneros. Se completaba así la tercera fase del “vuelo cero”, tres viajes que significaban una conSIDerable inversión para tan magros resultados. El gobierno de Bordaberry no ahorraba, tratándose de coordinación represiva.
Durante cinco meses, Nino, Alejandro y Adriana permanecieron vendados y esposados con alambres en la “casa de Punta Gorda”. Tenían guardia a la vista y la orden de no hablar entre ellos. Adriana ideó un sistema de señales con los dedos para comunicarse con Alejandro, mirando por debajo de la venda. Nino pudo comunicarse repujando con un trozo de alambre palabras en los envoltorios de cajas de cigarrillos, que obtenía en una cesta de basura en el baño, y que “imprimía” refregando el cartón sobre el polvo del piso. Con el tiempo llegaron a conocer toda la planta alta de la casa, cuatro habitaciones, tres de las cuales daban a una terraza, más un baño y un murete que resguardaba la escalera; y por supuesto la sala de torturas en el patio interno de la planta baja, junto a la cocina y el amplio líving. Por los ruidos de la rambla, por fugaces miradas corriendo las venecianas de las ventanas, pudieron orientarse: estaban frente a uno de los extremos de la Playa de los Ingleses, cerca de la plaza Virgilio.
Los continuos comentarios de los soldados les permitieron saber que 300 R era atendido por tres guardias de oficiales y soldados del SID que se rotaban cada 24 horas. Pero Nino pudo leer en una hoja mimeografiada dejada en un escritorio que en la “casa de Punta Gorda” funcionaba también “300 M”, una estructura que respondía a los servicios de contrainformación. Por las conversaciones de los guardias, Alejandro, Adriana y Nino supieron que en ese mismo lugar habían SIDo torturadas y vejadas las tres mujeres capturadas en Buenos Aires en octubre de 1974 y después asesinadas en Soca. Los guardias solían rememorar el operativo de Buenos Aires; “Las balas del Mágnum 44 de la gorda Graciela nos hacían vientito en las orejas”, recordaban. Vinculando ese episodio con el asesinato del coronel Ramón Trabal, en París, los guardias comentaban que el voto del general Gregorio Álvarez había SIDo decisivo (sobre las muertes de Soca, véase nota adjunta “Vuelos y traslados”).
En el Fin de Año de 1975 por un momento aflojó la severidad en la casa de Punta Gorda. Adriana y Alejandro pudieron cenar solos en la cocina de la planta baja. Nino logró probar un poco de vino que le ofreció un guardia. En esos momentos de distensión, el soldado le contó que estaba allí porque ganaba más dinero: cuando salían del país cobraban sueldo y medio; él había SIDo mecánico, pero no le gustaba ensuciarse las manos con grasa.
Con el tiempo llegaron a identificar a algunos soldados: el “Jirafa”, chofer y ex jugador de básquet; un cabo enfermero; un escribiente rubio, estudiante de arquitectura; el “Enanico”, menudo y culto; el “Petizo”; y un sargento de apellido Velásquez, de voz ronca, a quien apodaban el “Viejo”.
Los tres prisioneros del vuelo cero permanecieron compartimentados durante los cinco meses, pero pudieron saber que en ese lapso fueron allí torturados numerosos comunistas, entre ellos Jaime Pérez, y algunos militares seregnistas, como Víctor Licandro y Edison Arrarte, entre otros. También tuvieron posibilidad de entrever a dos jóvenes del Partido Comunista Revolucionario, a quienes torturaron salvajemente y que habrían SIDo trasladados desde Buenos Aires, según comentarios de la guardia. Podría tratarse de dos desaparecidos, Winston César Mazzuchi y Nebio Ariel Melo Cuestas, detenidos por oficiales uruguayos en el bar Tala, de Belgrano, el 8 de febrero de 1976.
Pronto los oficiales del 300 R comprobaron que Alejandro y Adriana estaban desvinculados de toda militancia, y podrían haber SIDo rápidamente liberados o “legalizados”, pero permanecieron junto con Nino los cinco meses porque los oficiales del 300 R pretendieron chantajear a la madre de Adriana, reclamando dinero a cambio de la liberación. La madre de Adriana se negó a un acuerdo mientras no pudiera ver a su hija. En mayo de 1976 Nino fue trasladado al “300 Carlos”, el centro clandestino de detención que funcionaba en predios del Batallón 13, y antes de ser “legalizado” pasó, junto con Alejandro, por el 9 y el 6 de Caballería, en una suerte de rotación que siempre terminaba en el 300 Carlos. Nino, Alejandro y Adriana fueron obligados a firmar un documento que fraguaba una detención, en Montevideo, en mayo de 1976.
El reciente testimonio de Nino de Negri ante la jueza Graciela Gatti permitió incorporar nuevos elementos que sustancian la responsabilidad del dictador Juan María Bordaberry en los hechos de aquellos años. ¿Puede Bordaberry sostener que su gobierno no tenía conocimiento de la utilización de aviones, casas, vehículos, documentos falsos y generosas partidas presupuestales para desplegar el terrorismo de Estado?
“El” argumento
¿Qué se espera de alguien que ocupa un cargo de responsabilidad? Que sea responsable. La responsabilidad implica, antes que nada, conducir y asumir los hechos que ocurren bajo su jerarquía. El jerarca puede ser sorprendido en su buena fe, engañado. Y por eso se espera que investigue, que rectifique, que castigue. Es la forma de dignificar y fortalecer su jerarquía, y de impedir la reiteración de los hechos. De lo contrario, se infiere que está de acuerdo con lo que ocurre.
Juan María Bordaberry ocupó el cargo de mayor responsabilidad, el de jefe de Estado. Durante su mandato ocurrieron los más aberrantes delitos del terrorismo de Estado. Su principal defensa consiste en argumentar que él no ordenó que se cometieran tales actos, y en algunos casos se justifica diciendo que no sabía lo que ocurría.
La justificación vale, relativamente, para un acontecimiento, para el inicial. Pero si los hechos se reiteran, y no se toman medidas, entonces se está avalando lo ocurrido. Bordaberry fue no sólo preSIDente de la República; fue también comandante supremo de las Fuerzas Armadas.
Que se sepa, Bordaberry nunca condenó ninguno de los crímenes ocurridos durante su mandato. Y tampoco ordenó investigarlos, y menos castigar a quienes los cometieron. Respecto de las tempranas denuncias sobre torturas masivas y continuadas en los cuarteles, Bordaberry expresamente las negó, ante requerimientos internacionales; adujo, por el contrario, que los presos políticos recibían un trato digno. Acaso podía no estar enterado en detalle de las primeras muertes bajo tortura, pero su gobierno sí se enteró porque los familiares de las víctimas recorrieron todo el espinel, indagando y denunciando. El argumento de la ignorancia se desploma cuando aparecen los cinco cadáveres de Soca, un asesinato masivo. Bordaberry guardó silencio y no asumió la responsabilidad. Después sobrevinieron los asesinatos de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz. Más silencio. Se mantuvo en su puesto, no renunció. Hasta que los militares lo sacaron.

Al cumplirse un año de los asesinatos de Soca, Wilson Ferreira Aldunate declaró en México: “Cuando se produjo el asesinato en París del coronel Ramón Trabal, los altos mandos se reunieron con Bordaberry y con el ministro de Defensa, Walter Ravenna. Se decidió en esa reunión asesinar a algunos uruguayos de izquierda, luego se fijó el número: cinco, y luego se discutió si los asesinados debían ser presos políticos o militantes de izquierda que se encontraran en el extranjero. Primó esta última solución, cinco uruguayos jóvenes, todos menores de 30 años, que habían SIDo secuestrados en Buenos Aires, aparecieron muertos en suelo uruguayo”.

Hoy Bordaberry pretende diluir su responsabilidad con un solo argumento: él no ordenó. Tienen razón algunos de los militares hoy presos, de que hubo una corresponsabilidad civil.