Una de piratas

Juan Carlos Amigo
Recientemente la embajadora de Australia, entrevistada por un periodista de La Nación, expresó: “si las reglas fueran más claras, llegarían mas inversiones”. Dijo que si el gobierno eliminara la restricción a las importaciones y al giro de dividendos, lograría un mayor nivel de inversión. Poco después, en uno de los puntos del documento del Foro de Convergencia Empresarial se reclama la previsibilidad, estabilidad y formalidad de las reglas de juego para promover la inversión privada en todas las actividades económicas. Esos pronunciamientos pueden leerse según un documento de APYME como “terminar con las regulaciones estatales en la economía, dejar que medren la especulación, la fuga de divisas y el flujo de capitales internacionales sin control alguno”.

Ni la señora embajadora ni los poderosos empresarios se refirieron a la restricción externa que aqueja a la Argentina y gran parte de cuyo origen fue la fuga de capitales de las últimas décadas que se calcula en más de doscientos mil millones de dólares que seguramente habrán hecho escala en alguno de los llamados “paraísos fiscales”.

Según la ONG Tax Justice Network con sede en el Reino Unido se denomina así a los “lugares que procuran atraer negocios ofreciendo instalaciones políticamente estables que ayuden a personas o entidades a eludir reglas, leyes y regulaciones establecidas en otras jurisdicciones”. Como vemos, poco que ver con los reclamos de formalidad en las reglas de juego antes citadas.

En el libro Las islas del tesoro. Los paraísos fiscales y los hombres que se robaron el mundo (publicado en inglés en 2011) el investigador británico Nicholas Shaxson determina que “más de la mitad del comercio mundial pasa, al menos en los papeles, por los paraísos fiscales a través de un mundo extraterritorial cuyos centros son la city londinense y Wall Street y que ayudan a los grandes a hacerse enormes”.

Otro estudio publicado por la Tax Justice estima que en 2010 el monto de fondos de la riqueza privada en más de ochenta jurisdicciones extraterritoriales, fluctúa entre veintiuno y treinta y dos billones de dólares (millones de millones). El 61% de ese monto corresponde a un grupo de diez países entre los que se encuentran Brasil, México, Venezuela y la Argentina, y agrega que se trata principalmente de rentas financieras acumuladas desde los años setenta por las elites privadas de esos países.

En una entrevista a la Agencia latinoamericana ALAI, el abogado estadounidense David Spencer reconoce que existe una fuerte resistencia de las economías avanzadas para abordar el tema con seriedad teniendo en cuenta que importantes instituciones financieras dependen fuertemente de los depósitos de latinoamericanos ricos y no quieren detener el flujo de fondos, lo que se traduce en presiones sobre sus gobiernos para que las cosas no cambien.

Versión ampliada de la publicación en Revista Acción Nº 1147 - Primera quincena junio de 2014

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