Los primeros años que la gran minería del cobre estuvo bajo la responsabilidad del gobierno del presidente Allende fueron difíciles, como son todos los comienzos de las grandes obras. Hay que recordar los inmensos volúmenes de material estéril que hubo que remover en Chuquicamata, dejados por Anaconda como testimonio de su intención de sabotear la nacionalización mediante el "floreo" de la mina; la falta de agua que padecía El Teniente para procesar la mayor producción, consecuencia de la imprevisión de la Kenecott; la renuncia masiva de los técnicos extranjeros; el retiro de los manuales de operación; las demandas judiciales de las compañías en el extranjero para apoderarse de las exportaciones; las maniobras para bloquear el abastecimiento de insumos y repuestos importados; el intento deliberado de ciertos técnicos de boicotear la producción, como parte de los planes golpistas; y la venta ordenada por Nixon del stock gubernamental de cobre para hacer descender abruptamente el precio del metal. Sin embargo, todas esas dificultadas fueron superadas, gracias, en primer término a los sacrificios y la comprensión de trabajadores, supervisores y ejecutivos. La producción de las minas nacionalizadas fue aumentada, a pesar de todo, desde 541 mil toneladas obtenidas en 1970 hasta 615 mil toneladas en 1973, según cifras reconocidas por el Banco Mundial. De inmediato continuaron las inversiones y fueron completadas las obras del plan de expansión; se abrieron nuevos mercados externos; nuestros geólogos descubrieron importantes yacimientos como El Abra y Los Pelambres; se puso fin a los sueldos millonarios en dólares y a los irritantes privilegios del rol oro; lujosas mansiones destinadas a los gerentes norteamericanos fueron destinadas a fines sociales; se inició la participación de los trabajadores en la gestión de las empresas; se dieron los primeros pasos para el desarrollo de una tecnología nacional.

Las concesiones violan la Constitución
A partir del sangriento golpe militar de 1973, los acérrimos enemigos de las nacionalizaciones se hicieran cargo de ellas. Su odio irracional contra la gran obra del gobierno de Salvador Allende los llevó a masacrar o hacer desaparecer a jóvenes y brillantes dirigentes de las minas, como David Silberman, Ricardo García, David Miranda, Haroldo Cabrera, Carlos Berger y Benito Tapia, crímenes cometidos por los esbirros del general Arellano, bajo las instrucciones de Pinochet. En los minerales fue implantado el terror. Dirigentes sindicales y miles de trabajadores fueron exonerados, encarcelados, lanzados al exilio forzado. Muchas de las conquistas sociales logradas antes y durante la Unidad Popular fueron liquidadas, pero los trabajadores del cobre se sobrepusieron al terror. En 1983, el llamado de los nuevos dirigentes sindicales, especialmente de El Teniente, a las Jornadas Nacionales de Protesta, fue decisivo para desencadenar las luchas masivas por la reconquista de la democracia que tuvo un hito victorioso en el plebiscito de 1988. En este 30º aniversario es justo rendir un homenaje de gratitud y reconocimiento a los mártires que cayeron por la defensa del patrimonio de todos los chilenos y hacerlo extensivo a todos los mineros que, a riesgo de sus vidas y empleos, contribuyeron a la derrota de la tiranía.

Ya en los primeros meses de la dictadura, su ministro Fernando Léniz propuso terminar con la nacionalización, sin lograrlo. Más tarde, se redoblaron los esfuerzos especialmente durante la redacción de la Constitución pinochetista. Ellos tampoco prosperaron debido a la oposición de militares que defendieron con patriotismo el carácter estratégico para la nación que posee la gran minería cuprífera. De allí que continúen vigentes hasta ahora los principios constitucionales promulgados por el presidente Allende que dicen: "El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable, e imprescriptible de todas las minas, comprendiéndose en éstas, las covaderas, las arenas metalíferas, los salares, los depósitos de carbón e hidrocarburos y las demás sustancias fósiles...". Sin embargo, a pesar del carácter categórico y absoluto de la propiedad estatal que establece la Constitución vigente, Pinochet y su ministro de Minería José Piñera dictaron normas para otorgar concesiones de nuestras reservas que contemplan privilegios y garantías excepcionales al capital extranjero, sin precedentes en la legislación internacional. Las disposiciones de la llamada ley Piñera constituyen una burla a los principios constitucionales ya citados. Distinguidos juristas nacionales así lo han sostenido y entre ellos el recordado Radomiro Tomic que hizo de esta materia una de sus últimas batallas en la defensa de nuestro cobre.

Lo que Chile gana con la nacionalización lo pierde con las concesiones privadas
Como consecuencia de la inconstitucional gestión Piñera y al amparo del D.L 600 sobre inversiones extranjeras, el capital transnacional ha convertido las concesiones en virtual propiedad de cuantiosos yacimientos, comprándolos y vendiéndolos, con suculentas ganancias, en algunos casos sin extraer un gramo y pudiendo hasta exigir al estado el pago total del valor comercial de las reservas, en caso de renacionalización. Con la anunciada medida de suprimir el impuesto a las ganancias de capital, el estado no recibirá un centavo de estas transacciones especulativas. Solamente entre 1985 y 1990 mediante las normas de la dictadura se transfirieron al dominio del capital extranjero, depósitos por unos 70 millones de toneladas de cobre fino, cuyo valor se estima en 154.000 millones de dólares. De esta manera se ha llegado en apenas una década a una situación en la que el capital extranjero controla más del 60% de todo el cobre exportado.

Para desplazar y minimizar a CODELCO y ENAMI, las compañías multinacionales no compiten en condiciones igualitarias, sino que gozan de ventajas y libertades de las que se ha privado a las empresas estatales. Entre estas ventajas cabe mencionar: un régimen tributario notablemente más favorable que incluye la exención del 10% sobre las ventas a favor de las fuerzas armadas, impuesto discriminatorio que sólo grava a CODELCO; severas limitaciones a las empresas estatales para disponer de sus propios recursos y efectuar inversiones, normas aplicadas por los ministros de Hacienda, bajo presiones del Fondo Monetario Internacional y un régimen de control general sobre las actividades de las compañías foráneas que les permite eludir tributos y obligaciones de seguridad y realizar prácticas antisindicales y antilaborales.

A lo anterior hay que agregar la libertad de que gozan las compañías privadas de exportar mineral sin elaborar, que ha significado un aumento constante del granel desde el 6% en 1970 hasta 33% en 1998, lo que ocasiona grandes pérdidas para Chile en materias de impuestos, fuentes de trabajo e ingresos en divisas. La Comisión Chile del Cobre ha calculado que en el último decenio Chile habría podido recibir 4.538 millones de dólares adicionales si todo su cobre se hubiera exportado en forma de refinados. Como lo ha demostrado el experto Carlos Tomic, Chile se está privando de cuantiosas fuentes de ingreso fiscal, de puestos de trabajo y de producciones y servicios complementarios, por el sólo hecho de negarse a tener en el país la fundición y refinación del metal. La refinación en Chile generaría nuevas inversiones en generación eléctrica, servicios bancarios y seguros, nuevas construcciones, vías de transporte, puertos, elaboración de subproductos, servicios de ingeniería y otros. En todo esto se podrían emplear más productivamente los Fondos de Pensiones, en vez de destinarlos a negocios especulativos en el exterior. En cambio, todas esas actividades productivas, debido a la política actual de exportar concentrados, se desarrollan en el exterior y benefician a países desarrollados. La falta de decisión en esta materia demuestra que la llamada Segunda Fase Exportadora y los reiterados pronunciamientos de exportar productos con mayor valor agregado sólo quedan en el papel y en las palabras, pero no en los hechos.

La campaña de sectores interesados por la privatización de CODELCO no cesó con el fin de la dictadura. Ahora se emplean argumentos demagógicos, como sostener que de la venta de la empresa estatal se obtendrían los recursos para resolver los problemas de la educación y la salud. Pretenden que el estado se desprenda de activos que proporcionan ingresos presupuestarios con los cuales se financian buena parte de esas necesidades. Ocultan que por muy altos que sean los precios a obtener por la venta de los activos mineros, al gastarlos en consumo corriente al poco tiempo ellos se agotarían, dejando al estado más pobre que antes, desprovisto de los beneficios que proporciona la explotación de los yacimientos durante su larga vida útil. Lo que estos empresarios y economistas de pacotilla jamás harían con sus patrimonios personales, o sea transformar bienes de capital para gastarlos en bienes y servicios de consumo, quieren que lo haga el estado, en perjuicio de todos los chilenos. Es precisamente lo que ha sucedido con todas las privatizaciones de las grandes empresas públicas. El estado y todos los chilenos perdieron importantes patrimonios, fuentes de ingresos que nunca se reemplazaron. Otros argumentan que con la privatización se podría crear un fondo financiero que supuestamente rendiría tanto o más que las utilidades de CODELCO. Nada más falso. Ni los intereses ni los dividendos ni las ganancias especulativas ocasionales que puedan rendir estos fondos financieros, jamás llegan a equiparar en el largo plazo la rentabilidad directa de la inversión minera. De lo contrario, no habría interesados en adueñarse de CODELCO.

Los aportes al estado de CODELCO y los menores de las compañías extranjeras
Entre los enormes beneficios que ha traído la nacionalización de las minas está la suma total que ha ingresado al Presupuesto Público desde su comienzo hasta nuestros días. Esa suma es superior a los 25.000 millones de dólares. De no haberse nacionalizado, Chile habría recibido solo una modesta parte de esa suma. Para comprobarlo, nada más categórico que comparar lo que actualmente entregan al Erario Nacional las compañías extranjeras, con lo que proporcionan las divisiones de CODELCO. En efecto, en 1996, mientras CODELCO aportó a la Caja Fiscal 515 dólares por cada tonelada producida, La Escondida, por cada tonelada entregó 295 dólares. Las demás compañías aportaron mucho menos de esta cifra y en el caso de la transnacional Exxon que explota La Disputada, no aportó ni un solo dólar. Una consecuencia de la extranjerización llevada a cabo en el último decenio, se puede observar en las siguientes cifras: mientras en 1989 cuando todavía las compañías foráneas no estaban operando, el estado chileno recibió en ingresos el equivalente al 50% del valor total del cobre exportado, con un volumen físico de un millón quinientas mil toneladas. Diez años después, en 1999, cuando la exportación ha llegado a 4,3 millones de toneladas, por la privatización de nuestros yacimientos, el estado recibió ya no el 50% de diez años antes, sino apenas el 5% del valor exportado. En otras palabras mientras más minas son puestas en explotación mientras más mineral se extrae, mientras más metal se exporta por el capital transnacional, menor es la participación del estado y del conjunto de los chilenos.

Sobreproducción y falta de una política nacional para el cobre
La política de favorecer ante todo al capital multinacional, dejándolo hacer y desahacer a su antojo, tiene una contrapartida nefasta: la ausencia de una política nacional para el cobre chileno. Su consecuencia es la actitud pasiva e indiferente de nuestras autoridades frente a la sobreproducción creada por las compañías internacionales. Es un principio económico elemental el que cuando la producción u oferta de un producto excede la demanda, el precio tiende inevitablemente a la baja. Es tanto más necesario tomar en consideración este principio, cuanto más concentrada esté la producción en un país o grupo de países, en comparación con la demanda mundial. Es el caso chileno. Nuestro país es el primer productor del planeta y concentra la mayor oferta en el mercado mundial. Incluso, si Chile modificara su oferta ajustándola a la demanda mundial, tendría mayor impacto que el grupo de países de la OPEP, el cual ha ejercido con pleno éxito su capacidad de limitar la oferta. Al alentar al capital extranjero a exportar concentrados de cobre sin limitaciones, no se tomó en cuenta el efecto que el aumento desorbitado tenía que generar al deprimir los precios del metal, a la luz de la evolución más moderada de la demanda. Desde hace cuatro años el economista Orlando Caputo y otros expertos vienen denunciando esta situación. Los porfiados hechos le dan la razón. Después de haber llegado hasta 1,20 dólares por libra, el precio ha bajado continuamente hasta los 71 centavos en junio del presente año. Estos hechos demuestran que los técnicos y las autoridades gubernamentales encargados de la materia han estado cometiendo error tras error, al tener que corregir sus pronósticos a la baja una y otra vez. Ahora bien, a las compañías transnacionales esta baja no les afecta porque se compensa con las ganancias que les reporta abastecerse de la materia prima a un precio cada vez más barato. En cambio la caída del precio perjudica a CODELCO puede traer pérdidas a El Teniente y a otras divisiones, implantación de medidas que afecten a los trabajadores, menores ingresos para el fisco, alza del dólar y aumento del costo interno del petróleo y otras importaciones básicas. Está en interés de todos los chilenos el poner en práctica una política de regulación de la exportación que permita mejorar los precios del metal.

Una justa política nacional para nuestro cobre debe abordar de manera integral todos los aspectos en los que ella tiene incidencia. Así se necesita una política de expansión y nuevas inversiones tanto de CODELCO como de ENAMI que, dicho sea de paso, no se entiende por qué no hay una mayor coordinación entre ellas. Deben operar como empresas comerciales, mientras que las labores de fomento a la pequeña y mediana minería deberían separarse y estar a cargo de un servicio especial. No parece adecuado que las inversiones se dirijan a extraer más minerales en el exterior, sino esencialmente a desarrollar la producción de insumos para la minería que hoy son importados y que podrían fabricarse en el país. Otro tanto tiene que ver con la manufactura y elaboración de metales y otras sustancias minerales en las que Chile tiene ventajas comparativas. El ahorro de divisas que esto proporciona es equivalente a un aumento de los ingresos por exportación, con la ventaja de crear nuevos puestos de trabajo dentro del país. Otras áreas que deben impulsarse son el desarrollo de nuevas tecnologías, tanto de producción como de gestión, en lo que ya se ha demostrado capacidad nacional. Se debe también revisar cuidadosamente la política de externalizaciones y sus efectos en los trabajadores. Efectuar economías de operación, a expensas de los asalariados, como es el caso de un sinnúmero de servicios subcontratados, no son verdaderas economías, pues van en perjuicio de los seres humanos. Tampoco ha sido positiva la externalización, a costa del estado, cuando se ha tratado de privatización de servicios y abastecimientos necesarios para operar los minerales.

Propuestas para una nueva política del cobre
En consideración a lo expuesto anteriormente, las propuestas que formulamos se pueden resumir en los siguientes puntos:

1. Poner fin al impuesto arbitrario del 10% que grava las ventas de CODELCO a favor de las fuerzas armadas. Los mayores ingresos se tienen que incorporar al presupuesto nacional, de preferencia para abordar los problemas sociales más urgentes relacionados con la salud y el empleo de la población.

2. Establecer mecanismos para regular la producción y exportación procedente de los yacimientos dentro del país. Si es necesario, a partir de la experiencia exitosa de la OPEP, generar acuerdos con productores de otros países para asegurar la regulación del mercado.

3. Revisar a fondo la tributación que aportan las compañías privadas con el fin de elevar su contribución al presupuesto público. Estudiar la aplicación de royalties, como existe en Canadá y otros países. Considerar la apropiación pública de la renta diferencial que se establece por la calidad y el menor costo de la extracción en Chile. Estudiar el establecimiento del impuesto ecológico que permita compensar los perjuicios para el país del agotamiento de sus recursos no renovables. Reconocer la necesidad de una contribución del capital privado a las regiones y distritos mineros donde están establecidas las plantas extractivas, fondos destinados a crear nuevos puestos de trabajo y actividades económicas.

4. Poner límites a la exportación de concentrados. Proyectar un plan de fundición-refinación para la producción actual y futura de concentrados.

5. Impulsar por el Consejo de Defensa del Estado una demanda judicial por inconstitucionalidad a los actuales concesionarios privados de yacimientos y renegociación de los actuales contratos. A este respecto, la Confederación de Trabajadores del Cobre debería reafirmar la decisión -adoptada y luego suspendida- de llevar adelante la demanda por inconstitucionalidad.

6. Revertir la decisión de tener un triministro para las carteras de Economía, Minería y Energía. Reforzar las atribuciones de un Ministerio de Minería y encomendarle la misión de una nueva política nacional para el cobre. Revisar el funcionamiento de la Comisión Chilena del Cobre, a la luz de los fallos incurridos en sus estudios sobre la demanda y el mercado mundial.

Julio 2001

Notas
* Ex ministro del Gobierno de Allende