La renacionalización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (16 de abril de 2012) estuvo acompañada de la implementación de un nuevo marco regulatorio hidrocarburífero en la República Argentina. Citamos a propósito: 1) la Ley 26.741 (4 de mayo de 2012) y con ella la creación del Consejo Federal de Hidrocarburos y la declaración de Interés Público Nacional al autoabastecimiento; 2) el Decreto 1277/2012 (25 de Julio 2012) o Reglamento del Régimen de Soberanía Hidrocarburífera, el cual crea el Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas y la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica; 3) vinculado a los dos anteriores, diversas medidas y programas contra-cíclicos como el Plan Gas (se sumó al Gas Plus, lanzado en 2008) y el Programa de Estímulo a la Producción de Petróleo Crudo (sumado también al Petróleo Plus, de 2008).

“El gas no sube solamente porque es más liviano que el aire. Sube también cuando la democracia es más liviana que el poder económico”

Entre las medidas que el nuevo gobierno argentino ha tomado en estos 7 meses de gestión, el aumento en las tarifas energéticas (electricidad y gas) tuvo un impacto social de proporciones. Las subas jaquearon directamente los presupuestos familiares y de pequeños y medianos empresarios en tal magnitud que ganó el centro de la escena política.

El acelerado crecimiento de la Argentina en la década pasada provocó un fuerte incremento de la demanda de energía. Para satisfacerla, se optó por focalizar la inversión en centrales de generación térmica. Esto trajo consigo un aumento muy importante de la demanda de gas, el cual no fue acompañado por la producción nacional. Así, la importación tanto de gas como de gasoil y fueloil se multiplicó, lo que impactó sobre las cuentas externas y, debido a los subsidios, también sobre las fiscales. El presente artículo analiza el impacto del déficit energético sobre la situación macroeconómica argentina en los últimos años y esboza ciertas líneas de acción para recuperar el equilibrio en la balanza energética.

No es discutible hoy día la relevancia que en todo el mundo revista la prestación y promoción de servicios ferroviarios, como herramienta para el desarrollo nacional y regional. Ejemplo de sus virtudes son, entre otros, bajo consumo de combustible, posibilidad de uso de energías renovables, baja emisión de contaminantes, alta seguridad de traslado y baja accidentalidad. Se constituye así en un modo que justifica (y así es reconocido en la mayoría de los países desarrollados) los altos costos demandados en su inversión, mantenimiento y porqué no, subsidios, montos que correctamente aplicados y en tiempo, son ampliamente recompensados por ahorros y calidad de vida en los sectores medioambiental y socioeconómico.

La uniformidad optimista de la prensa hegemónica sobre el futuro de la economía tiene como paso previo el consenso de las consultoras económicas. Se sabe que estas empresas trabajan para sus clientes, pero ello no invalida que sus análisis representan la visión mainstream del funcionamiento de la macroeconomía. El consenso augura, con discrepancias en el margen, que la economía caerá durante el primer semestre de 2016 debido a la contracción del consumo privado, una dinámica originada por el traslado a precios del shock devaluatorio a mayor velocidad y magnitud de la suba de salarios.

El 16 de diciembre de 2015 será recordado como la fecha oficial de un nuevo cambio de régimen de acumulación, oscilación cíclica que diferencia al país de otras economías de la región más homogéneas en los objetivos de largo plazo de sus elites. Pero aunque tenga el sello de los modelos FMI para todo tiempo y lugar, la novel restauración ortodoxa no es exactamente igual a las anteriores.

El principal objetivo del plan presentado por el ministro de hacienda y finanzas, Alfonso Prat Gay, es generar un marco de negocios para el gran capital que opera en el país, tanto nacional como extranjero. Ese negocio debe ser sustentable en el tiempo, esto es, reproducirse permanentemente, y para ello debe realizarse en un marco interno favorable, por lo que la oposición al plan debe ser neutralizada, si es posible con el menor grado de conflicto, para lo cual se plantea la captación, no otro es el fin de la invitación a los candidatos presidenciales, a los gobernadores, y dejarle la administración de las obras sociales a la CGT Balcarce (Caló de la UOM, Andrés Rodríguez de UPCN, Gerardo Martínez de Uocra, Pignanelli de Smata, Cavalieri por Comercio, Lingieri de Obras Sanitarias, entre otros) con la designación de Luis Scervino como presidente de la Superintendencia de Servicios de Salud, entre las primeras medidas políticas adoptadas por el nuevo gobierno.

Yo se lo voy a explicar. Es muy sencillo, si presta atención. Mire: ve allá, ese botoncito rojo, sólo es cuestión de apretarlo. Apoya el dedo índice derecho, le pone un poco de presión y ya está. En poco tiempo, todo se arregla.
–Ehhh... usted dice... que si aprieto ese botoncito... no sé... a mí me da un poco de cuiqui.
–Sí, por supuesto, es lo habitual, es comprensible. No se preocupe. Pero yo le garantizo que va a estar todo bien. Todo cambio implica riesgo, incertidumbre, sensación de abismo. Un psicólogo se lo explicaría mejor que yo. Pero quédese tranquilo. Relájese.

“Se pagan tarifas irrisorias”, sostuvo la candidata a vicepresidenta por Cambiemos, Gabriela Michetti. “Van a tener que ir bajando los subsidios”, agregó Patricia Bullrich. Juan José Aranguren, ex presidente de Shell y probable ministro de Energía de un gobierno de Mauricio Macri, batalló desde siempre contra los subsidios a los servicios públicos y trabaja en un esquema para suprimirlos, preservando la asistencia estatal a sectores carenciados. Dentro del sciolismo, el economista Miguel Bein también plantea la necesidad de recortar una porción de esos beneficios que estableció el kirchnerismo desde 2003. El sistema fue mutando todos estos años, pero conserva su razón de ser: abaratar costos a las familias y a las empresas que les pagan los sueldos, ya que los subsidios constituyen un aporte indirecto al poder adquisitivo de los salarios por parte del Estado.

En el ingreso del tramo en que la campaña empieza a tomar más intensidad, las definiciones económicas adquieren mayor relevancia en el debate electoral. Si bien por ahora no se han convertido en el centro de las propuestas para seducir a los votantes, ya hubo promesas y señales sobre lo que piensan en materia económica los principales candidatos a ocupar la Casa Rosada a partir del 10 de diciembre de 2015. Mauricio Macri dijo que al otro día de iniciado su gobierno liberaría la compra de dólares provocando críticas de propios y extraños, como la de Roberto Lavagna, uno de los varios economistas que tiene Sergio Massa, que lo calificó de “irresponsable”. Además del dólar, otros temas económicos que estarán en la discusión electoral serán los subsidios, el gasto público, el conflicto con los buitres, la inflación y los salarios.