Sin la RUFO

Julián Blejmar
Rights Upon Future Offers es el nombre completo de la que tal vez haya sido la sigla más mencionada en la economía argentina durante 2014, la RUFO, cuya traducción castellana significa “derechos sobre mejor oferta futura”. Se trata, en efecto, del derecho que tenían los bonistas que aceptaron la reestructuración de la deuda –caída en cesación de pagos en 2001– a reclamar por una compensación en caso de que el país hiciera una mejor oferta de reestructuración a otro grupo de bonistas.

Concretamente, en los canjes de 2005 y 2010 un total de 92,4% de acreedores de la Argentina aceptaron un descuento que en los hechos implicó un 35% del valor de sus bonos. Por eso, la demanda de los fondos buitre de cobrar el 100% del monto nominal de estos bonos en cesación de pagos hubiera implicado que, a raíz de la cláusula RUFO, este 92,4% tuviera derecho a ser compensado por la diferencia del pago efectuada a los buitres.

Hasta hace tres días. En efecto, la cláusula RUFO tenía fecha de vencimiento el 31 de diciembre de 2014, por lo que el fantasma de la misma ya ha quedado en el olvido. Pero lejos está esto de solucionar el pleito que nuestro país mantiene con los fondos buitre. Por empezar, los principales fondos que han obtenido fallos favorables de la Justicia norteamericana (NML Capital, Aurelius, Blue Angel) son sólo una parte de los denominados holdouts, es decir aquel 7,6% que no aceptó la reestructuración, muchos de los cuales tampoco han iniciado juicios contra el país (por eso no se los denomina “buitres”). Aquí existe un verdadero escollo para llegar a un acuerdo, ya que el Gobierno ha reiterado en varias oportunidades que sólo arribará a un entendimiento que implique a la totalidad de los holdouts, pues de llegar a un arreglo sólo con los buitres que litigan con nuestro país (como NML, Aurelius, Bracebridge Capital y EM Limited, que en conjunto demandan cerca de 5.000 millones de dólares) podrían aparecer nuevas demandas judiciales en el futuro, con lo cual el pago efectuado no eliminaría el riesgo de volver a la situación anterior.

Por eso, si la estrategia del Gobierno era no efectuar ninguna negociación hasta que venciera la cláusula RUFO, el nuevo objetivo es lograr un acuerdo judicial que involucre al 7,6% de los holdouts, un tema no menor por la complejidad jurídica y organizativa que implicaría esta sentencia.

Pero además, el conflicto que ha provocado a nuestro país el tándem conformado por los fondos buitre y la Justicia norteamericana se sigue extendiendo en el presente año a la totalidad de los acreedores. Sucede que el 92,4% que había aceptado la reestructuración y quita ya no puede accionar mediante la cláusula RUFO, pero sí mediante la denominada opción de “aceleración de pagos”, una opción que tienen los bonistas que no reciben en tiempo y forma los pagos de sus títulos. Algo que está sucediendo desde julio pasado, debido a la decisión de la Justicia norteamericana de bloquear los pagos que efectúa la Argentina para estos acreedores, hasta tanto no se llegue a un acuerdo con los fondos buitre.

Para reclamar la “aceleración de pagos”, los bonistas deben reunir un mínimo de 25% de los acreedores de alguno de los títulos cuyos pagos están actualmente bloqueados por la Justicia norteamericana. Así, estos bonistas podrían demandar al Gobierno el pago total de las acreencias para el 100% de los titulares de estos bonos, por fuera del cronograma original de compromisos.

De hecho, ya existen fondos, como Owl Creek Asset Management LP, que comenzaron campañas para sumar bonistas y llegar al 25% necesario para efectuar la demanda de aceleración de pagos.

Sobre la factibilidad de esta posibilidad, las opiniones de los especialistas en finanzas están divididas. Para algunos, entre los tenedores podrían encontrarse fondos buitre, con lo que la demanda de aceleración sería otra medida para eventualmente negociar pagos más favorables. Otros, sostienen que la demanda de aceleración implicaría un nuevo laberinto jurídico, pues la Argentina podrá argumentar que en ningún momento dejó de efectuar los pagos, y que los bonistas podían haber canjeado sus bonos por similares que ofreció el Gobierno a fines del año pasado, cuyo pago estaba garantizado.

Así, la demanda de aceleración sólo tendría como resultado para estos bonistas la entrada en una compleja disputa judicial y por consiguiente en una mayor demora para la recepción de sus acreencias.

De cara a 2015. Como es posible observar, la caída de la RUFO no elimina las incertidumbres sobre la novela de la deuda. Una novela que tendrá de alguna forma implicancias sobre la economía, dentro de un 2015 en el que existen vencimientos de deuda por cerca de 12.500 millones de dólares.

Desde el Estudio Bein plantearon tres escenarios posibles. El primero de ellos sería un arreglo inmediato con los holdouts, lo que llevaría a una nueva apertura de los mercados de crédito para la Argentina, a tasas similares a las de la región (6% o 7%), lo cual resultaría en una vuelta al crecimiento de la economía con un PBI (la totalidad de lo producido por el país) que aumentaría un 3% en relación con el año 2014. Agregan, además, que en ese caso la inflación sería del 27% y el dólar se situaría en torno de los 11 pesos. Por el contrario, señalaron desde este estudio que de no haber negociación hasta 2016, y por ende tampoco un acceso a los mercados, se experimentaría una caída del PBI del 3%, con una inflación cercana al 34% y un dólar oficial a 12,50 pesos. Como tercera opción, dieron cuenta de un escenario intermedio, es decir con negociaciones con los holdouts pero sin acuerdos en el corto plazo, con lo cual durante ese transcurso se podría lograr algún acceso al mercado de capitales pero a una elevada tasa (12% anual) para mediados de año. En este caso, el PBI aumentaría un 1,5%, la inflación rondaría el 30% y el dólar oficial llegaría a11,50 pesos.

Por cierto, cualquiera de estos escenarios se podría modificar sobre la base de dos variables clave para la economía argentina: los precios internacionales de la soja y el petróleo. Mientras que la primera es el principal producto de exportación, los costos del petróleo resultan claves para un país cuya balanza energética (diferencia entre exportaciones e importaciones) ha sido deficitaria en los últimos tres años por cerca de 18.000 millones de dólares. Por lo pronto, la mala noticia es que la soja descendió durante este año de 500 a 350 dólares la tonelada, pero la buena es que la caída en el precio del barril del petróleo, que pasó de 100 dólares a 60 durante el último año, podría aliviar la necesidad de divisas para importaciones energéticas.

Lo cierto es que, más allá del conflicto con los fondos buitre y las variables cotizaciones de las materias primas, persiste de fondo el problema estructural de la “restricción externa”, es decir la carencia de dólares en la economía nacional una vez que la misma adquiere una cierta capacidad de industrialización. En efecto, desde fines de los cincuenta la demanda industrial de maquinarias de producción extranjeras e insumos importados llevó a que, a medida que crecía la economía, se necesitasen más divisas para cumplir con los pagos al exterior de estos dos elementos. Mientras la producción agropecuaria podía proveer estas divisas, se experimentaba el crecimiento, pero una vez que esta producción llegaba a su límite, volvía a experimentarse la restricción externa.

Si bien los altos precios de las materias primas durante la última década permitieron al país una fuerte entrada de dólares, la destrucción del tejido industrial –y energético– operada durante la fase neoliberal (1976-1983 y 1989-2001), junto a la globalización productiva y algunas postergaciones de necesarias medidas durante el actual ciclo económico, tornó a la industria aún más dependiente de las importaciones.

Es éste el escenario que permite que un pleito judicial con fondos ultraespeculativos, o el variable precio de la soja, tengan un peso tan determinante para la economía argentina.

Miradas al Sur - 4 de enero de 2015