Reflexiones en torno a la regionalización del “conflicto Vicentín”

Silvia Gorenstein * (Especial para sitio IADE-RE) | La resolución de un proceso de final abierto. El anclaje territorial de Vicentín como factor para analizar su devenir.

Numerosos interrogantes y un fuerte ruido político se han instalado a partir de las revelaciones y recientes definiciones en torno al conglomerado empresarial Vicentín. Frente a su cesación de pagos y el anuncio del gobierno – intervención y proyecto de estatización  hoy suspendido-, una vez más y como parte la disputa discursiva desde uno de los sectores se propaga un relato condenatorio sobre el Estado, como arquitecto de esta reconversión empresarial, contrastando, paradójicamente, las  desventajas económicas o los mayores riesgos de una empresa pública versus una privada.

Esta perspectiva se complementa con la asimilación de la dimensión regional-local transformada en una herramienta funcional a la conflictividad que se acopla y escala en el escenario político y económico nacional. En este vuelco hacia el campo regional, en el contexto de la crisis económica endogeneizada por el quiebre de Vicentín, se derivan tres aspectos a remarcar:

  • la legitimación de su histórico arraigo como empresa familiar que ha podido crecer y convertirse en un jugador importante del mercado agroexportador nacional
  • la exclusión o invisibilidad de la conflictividad y dinámicas contradictorias derivadas de la expansión de la empresa en el marco de sus estrategias a escala global
  • el supuesto de que su estatización puede deteriorar ventajas  sociales y económicas para el conjunto de la población regional 

Sin desconocer el trasfondo político de la confrontación que se implanta en el territorio de origen del grupo Vicentín  (en adelante GV), parece necesario reflexionar en torno a la “sorpresiva” reacción social desatada en la región reelaborando componentes que tienen un rol crítico bajo el intento fragmentado de co-producción de políticas (nacionales-provinciales) e implicación estatal y que, como es bastante habitual, se dejan de lado a la hora de delinear políticas sectoriales.

El análisis tiene como punto de partida el reconocimiento de una lógica extendida en el mercado mundial de los commodities, tanto agrícolas como energéticos o minerales,  marcada por las estrategias que despliegan los grandes jugadores globalizados y financiarizados. Se trata de un marco analítico breve, pero significativo, para entender las estrategias productivas y organizacionales adoptadas por el GV en las últimas décadas y, al mismo tiempo, comprender por qué su potencial estatización estaría lejos de convertirse en un regreso al funcionamiento de un ente regulador como la Junta Nacional de Granos. Esta afirmación no significa desconocer el rol potencial que podría ejercer, tras su transformación a través de la participación del Estado,  como “empresa testigo” en el canal agro-exportador  (de alta opacidad)  y en  la captación estratégica de divisas.

Operando en este contexto, el GV no es un rara avis; su salto en escala económica y las estrategias que han definido su transnacionalización reflejan el acoplamiento a las condiciones montadas con la reestructuración del sector agro-exportador del país en los últimos 50 años. Un escenario signado por políticas públicas, especialmente aquellas que generaron instrumentos sectoriales y específicos (privatización portuaria y de los ferrocarriles; disolución de la Junta Nacional de Granos; entre otras) que, en las sucesivas etapas, fueron perfilando las diversas correas de transmisión económica “hacia adentro y hacia  afuera” del sistema productivo-portuario santafecino. Es aquí donde el GV ha desplegado su anclaje territorial, tema que nos ocupa en esta nota, desarrollando diversas actividades de producción (molienda de granos, carnes, algodón, vinos, agroquímicos, y otros negocios) y exportando más del 80% de la misma.

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* Investigadora del CONICET en el Centro de Estudios Urbanos y Regionales (CEUR-CONICET), miembro del comité académico de la Maestría en Desarrollo y Gestión Territorial (UNS) y en el de la Maestría en Territorio y Políticas Públicas (UNSJ). La autora agradece los valiosos comentarios de Graciela Gutman, Jorge Hernández y Martín Schorr eximiéndolos de toda responsabilidad sobre los contenidos del texto. 

17-07-2020

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