Qué lindo volver al pago

El viernes 19 la prelatura del Opus Dei en el Vaticano se vio fuertemente conmocionada por el estreno mundial de la película El código Da Vinci. Pero no fue el único golpe que recibió ese día: en Coral Gables -en las afueras de Miami, Estados Unidos- fue arrestado Juan Peirano Basso, considerado el cerebro del grupo Velox y requerido sin mucho éxito por la justicia uruguaya desde hacía casi cuatro años. Juan Peirano preso en Miami a la espera de su extradición. Guillermo Waksman Fuente: BRECHA

El grupo Velox -también conocido como grupo Peirano- no sólo tuvo un papel decisivo en el derrumbe de la plaza financiera uruguaya en 2002, sino que además provocó la caída de varias instituciones bancarias e importantes empresas de la región y la ruina de muchos inversionistas, sobre todo uruguayos, argentinos y paraguayos. La familia Peirano, que llegó a ser la de mayor fortuna del país, era además la flor y nata del Opus Dei uruguayo. Su estrepitosa caída a consecuencia de los fraudes bancarios que se le imputan -estimados en 800 millones de dólares, más de la mitad de lo que le costó a Uruguay el derrumbe de todo el sistema financiero- significó para "la Obra" un desprestigio irreparable y provocó graves dificultades financieras a muchas de sus instituciones, sobre todo las vinculadas con la enseñanza. En materia religiosa, Juan Peirano tenía "doble militancia": no sólo pertenecía al Opus Dei sino que además era "caballero" de la Soberana Orden de Malta, una institución de rancio abolengo y ultraconservadora, con veleidades de Estado, que se creó en los tiempos de las Cruzadas.

Vasso en Miami

Curiosamente la pregunta más frecuente en Montevideo cuando se conoció el arresto de Juan Peirano fue cómo hicieron para encontrarlo. En realidad, teniendo en cuenta lo que suelen demorar las capturas internacionales solicitadas por intermedio de Interpol, la interrogante debió haber sido cómo no lo habían encontrado hasta ahora. En La cacería del caballero, un libro del periodista Claudio Paolillo oportunamente publicado 40 días antes de la detención, el autor revela que en realidad ya había sido ubicado con anterioridad por empresas estadounidenses de detectives contratadas por el Banco Central uruguayo, en distintas ciudades de ese país (Clarksville, en el estado de Tennessee, Chicago, Nueva York y Coral Gables). Aunque Paolillo no lo menciona, Peirano habría sido visto en varias oportunidades también fuera de Estados Unidos; según afirmó el martes 23 el director nacional de Policía, Sidney Ribeiro, "de tanto en tanto, por comentarios, se lo veía en distintos países, ya sea Argentina, Brasil, Paraguay o acá mismo, en Uruguay". Sobre todo al principio hubo versiones muy verosímiles de su presencia en Uruguay; se dijo, por ejemplo, que estaría en la estancia Santa Emilia, propiedad de la familia Peirano y ubicada a mitad de camino entre Cardona y Colonia Miguelete, que fue finalmente rematada.

Paolillo incluye en su libro, además de una serie de detalles de gran interés, otras dos revelaciones de enorme importancia. Una es que Juan Peirano usaba un nombre falso: John P Vasso; la otra es que obtuvo, a principios de este año, la "Green Card", es decir el permiso de residencia en Estados Unidos. Tenía, es cierto, uno de los requisitos que las autoridades migratorias exigen para conceder el beneficio: su hijo Juan Salustiano Peirano Vejo, de 28 años, doctorado en educación, tiene la ciudadanía estadounidense. Pero la condición de requerido por las autoridades judiciales de otro país le hubiera impedido, a cualquier extranjero, obtener ese preciado documento, sobre todo a partir de los atentados de setiembre de 2001, que llevaron al gobierno de George W Bush a extremar las medidas de seguridad a un grado próximo a la paranoia. Más allá de que pudo contratar los servicios de una agencia especializada en casos migratorios difíciles, uno de los grandes misterios de esta historia tan abundante en ese rubro es cómo logró Juan Peirano ese documento. ¿Habrá sido un error de las autoridades migratorias o habrá tenido que formular, en su perfecto inglés, la clásica pregunta "Y cómo podríamos arreglar esto"?

Rebelde sin causa

Apostar a que Juan Peirano estará en Montevideo "en pocas semanas", como pronosticó el canciller Reinaldo Gargano (La República, martes 23), parece bastante arriesgado. Para empezar, hay un problema formal que podría llegar a ser un callejón sin salida. La legislación penal uruguaya no prevé el procesamiento en rebeldía, es decir en ausencia del procesado. Por la trascendencia que se otorga al auto de procesamiento y por sus consecuencias, se entiende que esa medida no se puede dictar sino en presencia del imputado y su defensor. Se considera que dictar un procesamiento en rebeldía supondría una restricción del derecho de defensa. En cambio, en la mayor parte de los países -Estados Unidos incluido- no se asigna tanta importancia a la apertura del proceso, entre otras cosas porque ésta no da lugar a la privación de libertad del imputado, a menos que haya una fuerte presunción de que éste no se presentará a las audiencias judiciales posteriores. A partir de esta concepción, en principio no hay acusación formal si no existe auto de procesamiento y, en caso de extradición, ésta no podría concederse si no existe tal acusación. Esta es precisamente la situación de Juan Peirano, quien en agosto de 2002 optó por no presentarse a la justicia uruguaya, pasar a la clandestinidad, huir del país y finalmente establecerse en Estados Unidos. Está prófugo desde el punto de vista de la justicia uruguaya, pero no tiene esa condición según la de Estados Unidos.

El trámite de extradición puede durar años. Mientras la solicitud es completada por Uruguay, permanecerá arrestado hasta un máximo de 45 días, plazo que vencerá en la primera semana de julio. El viaje a Montevideo de dos fiscales estadounidenses, hace un par de semanas, para informar a la jueza Graciela Gatti sobre los detalles formales que debe contener un pedido de extradición, permite inferir que la Casa Blanca tiene una suerte de cola de paja por no haber detenido antes al célebre prófugo, a pesar de haber ubicado su paradero y de existir un pedido de captura con fines de posterior extradición, y por haberle concedido el permiso de residencia. Es muy probable, además, que como sostiene el propio Paolillo, la publicación de su libro, al dejar en evidencia estos hechos, haya precipitado los acontecimientos.

Esperen que ya vuelvo

La esperanza no sólo es lo último que se pierde; para los damnificados por el grupo Peirano es también lo único que les queda. Los especialistas en este tipo de asuntos entienden que es difícil que alguien tan avezado como Juan Peirano, en estos 44 meses de franquicias, no haya logrado poner a buen recaudo ("mal recaudo" habría que decir) el saldo de la fortuna familiar.

Si Estados Unidos lo entrega a Uruguay, aunque los damnificados no recuperen alguna parte adicional a lo muy poco que hasta ahora lograron rescatar, se hará justicia. Se evitará que quede impune el cerebro del delito económico de mayor monto de la historia uruguaya. ¿Pero qué otras consecuencias podría tener la venida a Uruguay de Juan Peirano para los tres hermanos que siguen presos? ¿Los beneficia? ¿Los perjudica?

Consultado el abogado Diego Camaño -que junto a Pablo Donnangelo asumió en febrero de 2005 la defensa de José, Dante y Jorge Peirano Basso- dijo que la incorporación de Juan al expediente no modificaría en nada la situación de sus tres hermanos. Brecha había recibido en medios forenses otra versión: si bien al principio los hermanos menores habrían considerado oportuno que Juan saliera a buscar fondos por el mundo, no sólo para salvar lo que se pudiera del patrimonio de la familia sino también para reparar una parte de los perjuicios económicos -lo cual constituye un atenuante en este tipo de delitos-, una vez transcurrido un tiempo más que prudencial sin que llegaran esos fondos, habrían sentido que el cerebro del grupo se habría preocupado únicamente por salvar su propio pellejo.

Por otra parte, el hecho de que mantuviera su condición de prófugo perjudicaba la situación de quienes seguían presos. Por un lado porque, aunque fuera subjetivamente, su actitud obstaculizaba los pedidos de excarcelación provisional de los tres, ya que podía sospecharse que una vez en libertad también se mandarían mudar. Por otro, porque la ausencia de quien había sido el número uno del grupo impedía determinar con precisión las reales responsablidades de cada uno, lo cual -por ejemplo en el caso de Jorge- le hubiera permitido mejorar su situación: aunque siempre estuvo en la toma de decisiones (sabía lo que sucedía en cada momento y estampó su firma cada vez que se lo requirió su hermano Juan), su actividad principal era la académica, y la cumplía en la Universidad de Montevideo.

Preguntado acerca de otra versión que ha circulado en medios judiciales en el sentido de que la estrategia de la defensa ha sido la de interponer recursos ante cada decisión judicial, a fin de evitar que llegue la etapa de la acusación a cargo del Ministerio Público, Camaño negó terminantemente que eso haya sido así. Atribuyó la demora en el diligenciamiento de las actuaciones al juez que actuó hasta principios de este año, Pablo Eguren, quien finalmente aceptó un planteo de recusación por prejuzgamiento efectuado por la defensa. Dijo Camaño que ese recurso se debió a que, en un informe de la cancillería a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se afirmó, bajo la firma del canciller Gargano, que el juez de la causa había sostenido que los hermanos Peirano Basso eran autores de los delitos por los cuales habían sido procesados y encarcelados, una afirmación que ningún magistrado puede hacer hasta que no haya sentencia firme de condena.

Una carrera contra el tiempo. Hasta el momento, el delito que se imputa a Dante, José y Jorge Peirano es el de fraude en las sociedades anónimas, que se castiga con un máximo de cinco años. Esa tipificación es la que el fiscal Rafael Ubiría y el juez Pablo Eguren consideraron pertinente en agosto de 2002, con los elementos probatorios disponibles en ese momento. Si se llega a agosto de 2007 sin modificar esa tipificación, los tres hermanos deben ser excarcelados, ya que -aunque no haya sentencia- la preventiva no puede superar el máximo de la pena del delito que se les imputa. Pero según las fuentes consultadas por BRECHA en medios forenses, ya habría elementos más que suficientes para cambiar la carátula, por lo menos, por la de "insolvencia societaria fraudulenta", delito que se castiga con un máximo de diez años de penitenciaría. El expediente de los Peirano, que ya llega casi a las tres mil fojas (sin contar las piezas agregadas, correspondientes a las investigaciones del Banco Central), se convirtió en una carrera contra el tiempo.

En esa carrera, más allá de la estrategia de la defensa, es notorio que la actuación del juez Eguren no se caracterizó por la diligencia. Un par de ejemplos.

En expedientes de ese volumen y con muchos procesados los jueces, para evitar que cada pedido de excarcelación paralice las actuaciones, suelen formar piezas separadas. Eguren no procedió de ese modo, lo que enlenteció considerablemente el trámite, sobre todo en los casos en que hubo intervención del tribunal de apelaciones. El pedido de excarcelación de los Peirano por sus actuales defensores, por ejemplo, paralizó la investigación desde agosto de 2005 a marzo de 2006.

Por otra parte, Eguren cometió un grave error cuando el fiscal Ubiría le solicitó una pericia contable a cargo del Instituto Técnico Forense. El juez dejó pasar algunos meses y finalmente hizo lugar al pedido, pero omitió notificar a la defensa. En consecuencia, cuando se incorporó el resultado de la pericia la defensa pidió su nulidad. El fiscal reconoció que el error de procedimiento obligaba a hacer lugar a ese pedido y el juez así lo dispuso. Pero precisamente para no demorar más las actuaciones, el fiscal Ubiría renunció a que se pidiera una nueva pericia y Eguren siguió su criterio. La defensa entonces apeló esta decisión, lo que llevó el expediente una vez más al tribunal de apelaciones.

Pero quizás la decisión más llamativa de Eguren haya sido la de aceptar la recusación y apartarse del caso, a pesar de que el prejuzgamiento que se le imputa surgiría de afirmaciones del canciller, y no de él mismo. Es muy común que los abogados recusen a los jueces. En este caso, más allá de cuál haya sido la intención de la defensa, es claro que resultaba muy difícil, para quien asumiera competencia a casi cuatro años de iniciado el sumario, ponerse rápidamente al tanto de todos los vericuetos de un expediente tan intrincado y voluminoso, aunque fuentes vinculadas con la investigación dijeron que la jueza Gatti lo ha logrado en estos pocos meses.

¿Por qué aceptó la recusación el juez Eguren, que estuvo muy involucrado en la investigación, al extremo de haber viajado a Estados Unidos y más de una vez a Buenos Aires en busca de Juan Peirano? Hay varias hipótesis. La primera es que se trata de un asunto muy delicado, cuya definición, en cualquier sentido que sea, lo haría objeto de duros cuestionamientos. Otra es que el seguimiento de un expediente cuyo trámite puede demorar varios años lo retuviera en su actual cargo y le impidiera ascender a un tribunal. La tercera es que habría actuado así por razones de delicadeza: desde hace un tiempo, Eguren mantiene una relación sentimental con una abogada que estuvo notoriamente vinculada al Opus Dei y, según dijeron fuentes del entorno del magistrado, ambos habrían decidido casarse. Esta circunstancia coloca al magistrado en una situación incómoda para seguir a cargo del caso Peirano. Habría, a su entender, una clara implicancia y la recusación de la defensa habría sido para el juez un verdadero puente de plata.

La Soberana Orden de Malta

Entre tinieblas

Juan Peirano Basso, el primogénito de Jorge Peirano Facio, es caballero de la Gracia Maestral de la Soberana Orden de Malta. Peirano Facio, que se incorporó a la orden en octubre de 1968, también lo fue y llegó a integrar su Consejo en Uruguay, junto a su gran amigo -y director del Banco Comercial hasta su primera intervención- Hugo Eguiluz Paullier.

La Orden de Malta es reconocida como Estado por muy pocos países y no tiene más territorio que una elegante mansión de un exclusivo barrio de Roma. Sus súbditos pertenecen a los sectores más conservadores de la Iglesia Católica, y en el pasado reunió a muchos jerarcas del régimen nazi y a la primera división de la Logia Propaganda Due. Esta última -la famosa P-2, que encabezaban Licio Gelli y Umberto Ortolani- se instaló en el Río de la Plata en 1973. Gelli actuó en Argentina y Ortolani en Uruguay, donde compró el Banco Financiero Sudamericano (Banfisud). Ortolani, que llegó a ser el número uno de la orden en Uruguay, fue requerido por Interpol a raíz del escándalo del Banco Ambrosiano, en Italia, y abandonó el país en 1981.

Uruguay era, a la salida de la dictadura, uno de esos pocos países que mantenían relaciones diplomáticas con la Soberana Orden de Malta. El 2 de octubre de 1985 el entonces presidente Julio María Sanguinetti visitó a su alteza eminentísima fray Angelo di Mojana di Cologna, gran maestre de la Orden de Malta, según consta en una foto publicada por el diario La Mañana, aunque esa visita no figuró en la agenda oficial de su gira europea. Dos años después fue un senador colorado, Justino Carrere Sapriza, quien propuso sugerir a la cancillería que "cancele cordialmente una relación diplomática altamente discutible". En su intervención, Carrere Sapriza señaló que "los máximos dirigentes de la Orden de Malta son en su mayoría de clara extracción nazi-fascista" y recordó que el presidente argentino Raúl Alfonsín había denunciado un intento de golpe militar, en noviembre de 1985, encabezado por el general Carlos Suárez Mason, miembro de la P-2.

En la misma legislatura hubo otras dos iniciativas de legisladores oficialistas en el mismo sentido que la de Carrere Sapriza: una fue planteada por el diputado Honorio Barrios Tassano y otra por el senador Pedro Cersósimo. Sin embargo, veinte años y una docena de cancilleres después, fuentes de la cancillería consultadas informaron que Uruguay sigue manteniendo relaciones diplomáticas con la Soberana Orden de Malta.

La Soberana Orden de Malta, integrada fundamentalmente por miembros de la nobleza y la aristrocracia católica europea, nunca admitió a judíos, protestantes ni musulmanes, ni tampoco a divorciados o separados. Fue en cambio muy generosa para aceptar como miembros a criminales de guerra nazis. Como "Estado soberano", además de acuñar moneda e imprimir sellos, libraba pasaportes, que en los años siguientes a la Segunda Guerra Mundial fueron utilizados por miles de ex jefes nazis.

Los miembros montevideanos más prominentes de la Orden de Malta tenían con frecuencia vinculaciones empresariales. Por ejemplo, en la segunda mitad de los ochenta se desempeñaba como embajador el abogado argentino Raymundo Podestá Wilmart, vinculado con los supermercados Disco de Argentina, el Cambio Velox, las Estancias Santa Rosa y otras empresas del vecino país que eran propiedad del grupo Peirano. Otra coincidencia es que entre los 16 caballeros de la Orden en Uruguay, cuatro eran banqueros cuyos bancos habían quebrado: Jorge Peirano Facio, del Mercantil; Mario Ortolani, de Banfisud; Hugo Eguiluz Paullier, del Comercial; y Gastón Barreiro Zorrilla, de La Caja Obrera.